Guacamaya, 10 de mayo de 2026. Feliciano Reyna es un arquitecto venezolano y reconocido defensor de derechos humanos, fundador y presidente de la organización Acción Solidaria. Su trayectoria está profundamente marcada por su activismo en el área de salud pública, particularmente en la respuesta al VIH/SIDA en Venezuela, donde ha impulsado un enfoque centrado en la educación, la prevención y el acceso a tratamientos.
Fundó Acción Solidaria, desde donde se creó la primera línea de atención telefónica para personas afectadas por el VIH en el país y se desarrollaron campañas nacionales de concienciación a través de medios audiovisuales. Posteriormente, participó en la creación de CODEVIDA, una coalición de organizaciones dedicada a la defensa del derecho a la salud y a la vida en Venezuela.
Su labor ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional. En 2002 fue seleccionado como miembro de Ashoka, y en 2006 resultó finalista del Premio Lazo Rojo en la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Toronto. En 2017, su trabajo fue distinguido por Amnistía Internacional Venezuela con el premio “La Llama de la Esperanza”, uno de los máximos reconocimientos de la organización por su compromiso sostenido con los derechos humanos.
En el ámbito internacional, Reyna ha mantenido una activa interlocución con mecanismos de las Naciones Unidas y organizaciones globales de derechos humanos. Su trabajo ha sido clave en la documentación de la emergencia humanitaria en Venezuela y en la articulación de respuestas internacionales frente a la crisis.
En 2023 fue galardonado con el prestigioso Martin Ennals Award, a veces llamado “el Premio Nobel de los derechos humanos”, considerado uno de los reconocimientos más importantes a defensores de derechos humanos en el mundo, otorgado por una coalición de organizaciones internacionales que incluye a Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Actualmente, además de su rol en Acción Solidaria, integra el Foro Cívico, un espacio de articulación de diversas voces de la sociedad civil venezolana, desde el cual promueve el diálogo, la incidencia internacional y la construcción de consensos en medio de la compleja coyuntura política del país. Recientemente ha anunciado su incorporación al Programa para la Paz y la Convivencia Democrática en Venezuela.
P:¿Qué es Acción Solidaria y cómo inicia Feliciano Reyna en el mundo del trabajo humanitario?.
R: Nosotros empezamos en el año 95, acabamos de cumplir 30 años, en un momento en el que había algunos vacíos entre las organizaciones que habían empezado ya a trabajar en el tema. Además, en un momento en el que no solo en Venezuela, sino globalmente, el lema era “el silencio es igual a muerte”.
Estaba completamente, digamos, tratado de una manera entre oculta por un lado y, por otro lado, con muchísima carga estigmatizante el tema del VIH. Pero había unos vacíos importantes y quizás el mayor era que ya en ese año 95, a mitad de año, en una conferencia internacional, aparecen las investigaciones sobre el uso combinado entre algunos antirretrovirales de los que ya se habían probado.
El uso combinado estaba dando resultados muy importantes para las personas con VIH. Y esos antirretrovirales, a su vez, estaban disponibles en Europa occidental, Estados Unidos y Canadá. Así que estábamos, vamos a decir, muy a distancia todavía de que las personas con VIH aquí pudieran tener ese acceso.
Así que creamos un mecanismo para hacerles llegar los tratamientos, que fue muy impresionante, porque todas las semanas personas con VIH, que sabían que teníamos un mecanismo para obtener esos antirretrovirales en Estados Unidos, llevaban a casa los dólares en efectivo, en tiempos de control de cambio, cuando el gobierno de Rafael Caldera, en el año 95 o 96.
Y después, todas las semanas, después de que una persona querida, voluntario en Miami, compraba esos antirretrovirales con récipe de especialistas de aquí, entonces venía con otro voluntario u otra voluntaria, en un vuelo, con los antirretrovirales.
Eso duró todo ese período. Pudimos facilitar el tratamiento a unas 250 personas durante más de un año.
Y de las cosas interesantes que van apareciendo cuando uno teje esas redes es que quien nos facilitó la entrada en Estados Unidos fue un grupo del Hospital Mercy de Miami, que estaba manejado por religiosas católicas y que tenían un servicio de atención para personas con VIH. Como digo, en ese período en que el tema era ese, se silenciaba y ocultaba todo, muy cubierto por ese manto de silencio y provocado por el estigma fue tan increíble que por allí pudiéramos entrar.
Además de que mi papá —ya yo allí, como le decía— estaba trabajando como voluntario con ellas, porque ese mismo año, en julio, había muerto quien en ese momento era mi pareja, Rafa, por el tema del SIDA.
Así que fue una entrada tardía; yo estaba cumpliendo a fin de ese año los 40 años. Y digo que siempre me maravilla cuando veo personas mucho más jóvenes entrando en el terreno de la defensa de los derechos humanos, su promoción y ahora también en la acción humanitaria desde 2016 para acá.
Pero bueno, así fue el inicio, y después, poco a poco, por supuesto, fuimos ampliando el campo de acción de la organización.
“He estado entre quienes abogan para que haya una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela.”
P: ¿Cómo evalúa Acción Solidaria la implementación del Plan de Optimización de Hospitales anunciado por el gobierno, y qué garantías concretas deberían establecerse —en términos de transparencia, rendición de cuentas y monitoreo independiente— para asegurar que este esfuerzo realmente mejore el acceso equitativo a la salud y las condiciones del personal sanitario en el país, en línea con las recientes recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos?
R: Bueno, Luis Alejandro, un tema muy importante que creo que en todo lo que llevó a lo que en algún momento dado llamamos emergencia humanitaria compleja —quizás ya deja de ser emergencia porque ya tiene unos años instalada la situación de necesidad humanitaria; sería una crisis a estas alturas—, pero ese tema es el de la corrupción.
Porque todavía, hasta 2019, había una serie de mecanismos en el ámbito de la salud que funcionaban. Nosotros mismos, un grupo de organizaciones, creamos una red llamada CODEVIDA, que era la coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida, con organizaciones más allá del VIH: mujeres con cáncer de mama o sobrevivientes, personas trasplantadas, personas con hemofilia.
Y pudimos hacer algunas gestiones entre el Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la Defensoría del Pueblo, la Organización Panamericana de la Salud. Le hicimos, en un momento, de hecho, la única protesta que se le había hecho a la Organización Panamericana de la Salud en todas las Américas, diciéndole que ellos tenían una responsabilidad también con la salud en el país.
Pero lo cierto es que en 2019 empieza una supuesta remodelación nacional de hospitales, creo que eran unos 52 al mismo tiempo y siete años más tarde, no había ningún avance en esa remodelación, a cosas parciales aquí y allá. Fue un tema muy dramático y fue parte de algunas de las expresiones de la corrupción en las que incurrieron, por supuesto, personas que estaban en la función pública.
Entonces ahí comienza un deterioro sostenido, porque recuerdo que en algún momento, un poco después, hablando con una viceministra de Salud, nos decía: “Bueno, pero usted tiene que ver que como no hay recursos, la salud no puede ser universal”.
Y yo decía: “Pero mire, doctora, tenemos una situación que pasó con esta restauración de hospitales y todo esto”. Entonces, bueno, ahí se fue parando y, desafortunadamente, sí, fue degenerando en un daño a la estructura misma hospitalaria de distintos niveles, de grandes hospitales y de atención en otros terrenos.
Recordemos también que se va a crear Barrio Adentro. Hay una declaración del entonces presidente Chávez en la que dice que él reclama que, de los módulos que se habían planificado, solo la mitad había llegado a construirse y que solo la mitad de esa estaba operando. Él mismo hace allí un llamado de atención muy importante, pero bueno, eran unos recursos que se estaban poniendo en un sistema paralelo al de la salud pública y el de la seguridad social.
Así que eso se mantuvo. Entramos en el momento muy complicado ya de lo que empezamos a definir como emergencia humanitaria compleja, que fue 2015 y 2016. Llegamos hoy con ese deterioro sostenido de muchos años, de desinversión, de, desafortunadamente, pérdida de un personal capacitado.
En un análisis que hemos hecho con una plataforma de organizaciones muy importante, que ha hecho estudios en terreno con encuestas de hogar, nos daba que más o menos un 70 % del personal médico especializado y del personal de enfermería había dejado el sistema de salud pública entre la migración, la salida del país y también la ida a otros sectores, porque, bueno, el tema salarial no trataba de alcanzar.
Y después se fue perdiendo capacidad también con equipos de todo tipo. La gente que tiene que ir a un laboratorio hasta para hacerse una prueba de sangre, hasta las más sofisticadas. Y parte del drama que eso trae es que entonces alguien que va a la salud pública esperando alguna atención, le dicen: “Bien, pero traiga esto, esto, esto y esto de fuera”, y entra el tema del llamado gasto de bolsillo, que es que no lo tienes y entonces no puedes tratarte en ese hospital público hasta que nos lleven los insumos.
Así que sí ha sido un reto inmenso. Supongo que hay quienes sí tienen investigaciones en términos de la inversión para recuperar todo esto que se ha perdido, y ojalá que efectivamente sea posible, imaginando ya algún influjo de recursos importantes para el país que se puedan orientar hacia el sistema de salud y el educativo. Son dos áreas de gran importancia, además, de por supuesto, los servicios públicos.
P: ¿Cuál es la importancia de la presencia sobre el terreno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, por qué algunos sectores parecen boicotearla y cuáles deberían ser los ejes de cooperación en este momento?
R: En efecto, he estado entre quienes abogan porque el personal de la oficina del Alto Comisionado esté en el país y no solo eso, sino que ojalá sea posible instalar una oficina formalmente ya, no solamente que se le dé entrada al personal, sino que haya una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela.
Creo que una de las cosas más importantes es que le daría estabilidad a la situación. No debería ocurrir que, en un momento dado, un gobierno pueda decir: “Se van de Venezuela de hoy para mañana”, dando apenas unas horas para abandonar el país. Una oficina formal le otorgaría un estatus distinto y mayor permanencia.
Pero, además, quien realmente quiere resolver un problema tiene que estar dispuesto a escuchar a quienes están levantando señales de alarma. Desde la oficina del Alto Comisionado, incluso desde la época de Michelle Bachelet—así como desde el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema universal, con sus relatorías y otros procedimientos especiales— se parte de un análisis riguroso de lo que ocurre en el terreno: alimentación, niñez y adolescencia, libertad de expresión, entre muchos otros temas.
A partir de ese análisis, se pueden encender alertas y señalar áreas que requieren atención inmediata. También, como se ha visto, cuando hay avances, estos se reconocen; de eso se trata actuar con responsabilidad. En ese sentido, estos mecanismos terminan orientando acciones tanto en Venezuela —ojalá así sea— como en otros países.
Por supuesto, generan incomodidad, porque a ningún gobierno le resulta fácil que en un informe aparezcan señalamientos derivados del escrutinio internacional, ya que tienen atención, y eso ha pasado aquí en el país, especialmente con temas como personas detenidas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles. Están, por ejemplo, los informes de la Misión de Determinación de Hechos, así como los informes de Volker Türk sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
Pero, al final, a quienes hay que prestar atención es a estos mecanismos que, desprovistos de intereses particulares o políticos —aunque actúan dentro de marcos legítimos—, parten de un análisis riguroso de lo que significa la dignidad humana y de las condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Y, en ese sentido, van señalando lo que no está funcionando.
Ahora bien, yo realmente espero —y es parte de lo que he sostenido, como tú bien decías— que estos mecanismos puedan estar en el país, que se les permita una presencia plena.
Hubo un acuerdo firmado con la Oficina del Alto Comisionado que nunca se hizo público, pero del cual sí conocemos algunos elementos, tanto por conversaciones directas como por documentos posteriores, por ejemplo en el examen periódico universal. En ese acuerdo se garantizaba, entre otras cosas, la posibilidad de acceder a centros de detención en cualquier lugar del país, algo que sigue siendo altamente relevante.
También es fundamental que puedan ir a zonas remotas, ver qué está pasando con poblaciones indígenas, analizar los temas ambientales y muchos otros aspectos que, como mencionabas, atañen directamente a la sociedad civil.
A mí me gusta hablar precisamente de organizaciones de la sociedad civil, porque son expresiones de colectivos que se organizan en torno a intereses y problemáticas comunes. Y esas organizaciones cumplen un papel clave al señalar aquello que afecta a la sociedad desde distintos ámbitos.
Esa voz que surge desde la sociedad civil, junto con toda la documentación que producen estos mecanismos internacionales, termina siendo una especie de faro para quienes ejercen el poder. Si desde distintos sectores —incluyendo comunidades organizadas— se están levantando alertas sobre problemas como la basura, el acceso al agua o incluso abusos dentro de espacios comunitarios, lo lógico sería que esas voces sean escuchadas y orienten la acción pública.
Así que, volviendo al punto inicial, creo firmemente que es muy importante que estos mecanismos estén presentes en el país. Ojalá también se avance en la implementación de recomendaciones hechas en el Examen Periódico Universal y se faciliten las visitas de los procedimientos especiales de Naciones Unidas.
Y, por otro lado, como también se ha planteado, sería deseable que Venezuela pudiera reincorporarse plenamente al sistema interamericano de derechos humanos, del cual se retiró hace algunos años.
P: Me permito hacer un inciso para cerrar el tema de Naciones Unidas, mencionaste a Michelle Bachelet, ahora candidata a la Secretaria General. Naciones Unidas se encuentra en un proceso de elección interno para escoger a su máxima autoridad y hay tres latinoamericanos entre las opciones. En tal sentido, me gustaría conocer tus expectativas respecto a eso.
R: En relación con el proceso de elección del nuevo Secretario General de la ONU —que, además, tiene una presencia importante de candidatos latinoamericanos—, sí tengo expectativas, sobre todo porque se trata de una oportunidad que toca directamente a nuestra región.
Me parece particularmente interesante lo que se ha visto en estos días al escuchar los planteamientos de figuras como Rebeca Grynspan y también de Michelle Bachelet. Creo que traen trayectorias muy sólidas y visiones que pueden ser relevantes en este momento.
En general, estamos ante una elección importante: tres de los principales candidatos provienen de América Latina, junto a Rafael Grossi, lo que refleja tanto el peso de la región como la expectativa de una rotación geográfica en el liderazgo de Naciones Unidas.
A mí, particularmente, me ha resultado interesante la postura que han expresado algunos de estos candidatos, por su experiencia y por la forma en que abordan el multilateralismo. Creo que, para Venezuela y para la región, podría ser una oportunidad importante incluso para reconstruir o reducir ciertas desconfianzas que se han acumulado frente al sistema multilateral.
Es cierto que ha habido tensiones —por ejemplo, a raíz de informes o posicionamientos internacionales en momentos específicos—, pero uno esperaría que eso no derive en rupturas, sino en la posibilidad de abrir espacios de conversación, expresar diferencias profundas cuando existan, pero sin cerrar las puertas.
Porque, al final, el multilateralismo en este momento —y particularmente para un país como Venezuela— sigue siendo clave. No solo como espacio de presión o escrutinio, sino también como canal de diálogo, acompañamiento y eventualmente de solución.
“A veces se señala al Foro Cívico como si asumiera la representación total de la sociedad, y eso es absurdo.”
P: Existe un planteamiento que ha generado ruido en el debate público actual en nuestro país, y es la idea de que en Venezuela existe un conflicto entre dos bandos extremos y profundamente polarizados. ¿Qué significa este planteamiento en el contexto de Venezuela en 2026?
R: Una de las grandes virtudes del Foro Cívico, lo que me llevó incluso a formar parte de este espacio que fue ensanchándose cada vez más con el tiempo desde que lo he visto en 2021, ha sido esa diversidad de voces representadas. Además, siempre con el foco en esta idea de que el Foro Cívico es una expresión más de la sociedad civil.
A veces se señala como si asumiera la representación total de la sociedad, y eso es tan absurdo como lo que hablábamos antes. Si la sociedad civil es todo este conjunto de expresiones de intereses diversos, de gente que se va organizando para llevarlos al ámbito público, no hay ninguna de ellas que pueda asumirse como la voz única de esa multiplicidad de espacios, encuentros y discusiones.
No hay sindicato que pueda asumir la voz de todo el mundo sindical; cada uno lleva sus programas particulares. Entonces, también es absurda esa descalificación.
Pero, digamos, lo que ha sido muy importante dentro de ese espacio —que ha funcionado casi como una gran “universidad” de diálogo— es ir caminando juntos y creando espacios, incluyendo disensos importantes sobre cómo vemos la situación del país. Al final, es una manera muy pedagógica de decir que, a pesar de todo, somos capaces de estar allí, viniendo de distintos ámbitos, incluso geográficos, de edades, hombres y mujeres, y de diferentes áreas de la vida.
Ha sido posible conversar, dialogar y reflexionar en estos encuentros, en las mesas de convergencia que se han realizado recientemente. Es cierto que a veces surge una palabra que incomoda, y de inmediato se centra la atención en esa palabra, perdiéndose la riqueza del debate, porque puede ocurrir que a alguien no le guste el uso de un término, pero también forma parte del esfuerzo de análisis que se está haciendo.
Por ejemplo, el tema de la polarización. Si hay discursos muy extremos, muy intransigentes, que ven la situación del país desde posiciones antagónicas, en el medio existe un mundo que no necesariamente se ve representado por esos extremos. Ese mundo está buscando formas de resolver los problemas de su vida cotidiana, que son muchos, especialmente el tema del ingreso, de cómo no alcanza.
Nosotros, por cierto, con esta plataforma que mencionaba, habíamos visto que en 2025 el ingreso había llegado más o menos a 237 dólares, pero en ese momento, hacia junio o agosto del año pasado, la canasta alimentaria estaba en 550 dólares.
Digamos, por supuesto, estas situaciones afectan a una gran cantidad de familias y personas. En este proceso reciente de excarcelaciones, por ejemplo, o en el hecho de no contar con buenos servicios públicos, uno se pregunta cómo hacer para que estas cosas que hacen que la vida esté tan desestructurada, que generan tanto esfuerzo, puedan mejorar.
Digo que es un universo muchísimo mayor y que también requiere cambios políticos, por supuesto, pero las formas de lograr esos cambios políticos parecen estar bastante distantes de los extremos que muchas veces plantean una lógica de “todo o nada”.
Y eso, al final, en este momento, es lo que nosotros pensamos que no puede ni debe ocurrir, además, para que el país pueda encontrar un rumbo en momentos en los que creo, además, que se abren muchos espacios de oportunidad.
“Si hay discursos muy extremos, muy intransigentes, que ven la situación del país desde posiciones antagónicas, en el medio existe un mundo que no necesariamente se ve representado por esos extremos.”
P: El Foro Cívico ha sido un actor con una importante interlocución internacional con la Unión Europea, Suiza y varios países latinoamericanos. Sin embargo, ha recibido señalamientos de algunos sectores —que también se identifican como parte de la sociedad civil— y de actores políticos, quienes lo acusan de intentar suavizar las posturas internacionales frente a Nicolás Maduro y ahora frente a Delcy Rodríguez. ¿Qué ha planteado el Foro Cívico en sus giras de incidencia internacional y cuál es su mensaje en este momento para la comunidad internacional?
R: Yo justamente viví esas circunstancias, y diría del Foro Cívico y de personas que hacemos vida en él —podría decir algo que implique hacer un mea culpa—, es que en una entrevista de finales de 2024 en la que, por cierto, yo señalaba que me parecía muy importante que, a pesar de los resultados de julio, se hiciera un esfuerzo por participar en las elecciones de 2025.
Consideraba necesario promover esa participación porque, con todos los obstáculos, era posible abrir espacios en alcaldías, gobernaciones y la Asamblea Nacional.
Recuerdo además que eso no era un consenso dentro del propio Foro Cívico. Por eso, cuando te respondo ahora —y ya vuelvo al tema de la actividad internacional, Luis Alejandro—, insisto en que algunos tenemos miradas distintas.
Volviendo a estas situaciones, hoy hay quienes dicen: “Pero cómo es posible que se haya planteado no ir a elecciones si en 2025 se decía lo contrario”. Sin embargo, la discusión partía de la posibilidad de lograr una representación más plural y diversa en los espacios institucionales del país, como la Asamblea Nacional y las gobernaciones.
También, allí se han discutido temas como la ley de amnistía y otros elementos relevantes para todos los sectores del país, no solo para quienes están en el exilio.
Evidentemente, todo eso también puede diluir, en cierto modo, la representatividad si se ve desde una sola óptica. Una opción única de representación social podría haber tenido —no sé— gobernaciones y Asamblea Nacional con una composición más plural, lo que también le permitiría medirse con las mayorías resultantes de la elección de 2024.
Entonces, cuando se plantean opciones dentro de la complejidad del momento que no se reduzcan a un esquema de “todo o nada”, hay sectores que escuchan.
Es decir, no se trata solo de lo que uno propone, sino también de que existen interlocutores que te llaman. Hemos escuchado esas posiciones, nos parecen planteamientos posibilistas, y allí se abren espacios incluso de participación y acompañamiento desde la comunidad internacional.
¿Qué podemos hacer con nuestra presencia? ¿Cómo podemos también contribuir a favorecer algunas de estas situaciones? Nos dicen “Las iniciativas que ustedes proponen nos parecen realistas y razonables ¿quién más está en el terreno?”
Esa es una de las cosas que más hemos dicho: no hay aquí solamente dos polos con los cuales tener interlocución. Aquí hay mucho más ocurriendo en el medio en este país, que de todas maneras, de nuevo, no es solamente una sola representación ni un solo actor. Está pasando mucho en distintos sectores y también en otras zonas del país. Por eso insistimos en algo fundamental: escuchen esas voces. Esa es una parte importante de lo que hemos planteado.
Afortunadamente, existe una estructura de interlocución que permite ese acercamiento. Puede estar aquí y ahora en Caracas, en conversaciones como las que hemos tenido o a partir de distintas noticias recientes, o de los diversos interlocutores que han estado trabajando en estos espacios.
En paralelo, existen también proyectos concretos. Por ejemplo, hubo en su momento un apoyo de la Unión Europea para desarrollar lo que el Foro Cívico ha llamado la “Agenda Social y de Derechos”. Son dos elementos que están ocurriendo de manera simultánea: por un lado, la articulación interna de la sociedad civil y, por otro, el acompañamiento internacional.
“El conflicto no debe temerse. Al contrario, en una situación tan compleja como esta, lo importante es incorporar múltiples reflexiones y voces en la agenda pública.”
P: ¿Y qué tan importante es el papel de esos actores internacionales? Porque también han sido cuestionados y atacados como parte del proceso.
R: Yo creo que su virtud es precisamente que no son actores directamente involucrados en la dinámica cotidiana del conflicto. Eso les permite abrir espacios para escuchar otras voces y ampliar la mirada sobre lo que está ocurriendo.
El conflicto no debe temerse. Al contrario, en una situación tan compleja como esta, lo importante es incorporar múltiples reflexiones y voces en la agenda pública.
Para los actores internacionales, además, es muy valioso poder complejizar la comprensión del país: entender qué está pasando, dónde está ocurriendo y en qué sectores. Incluso comprender cómo evolucionan las conversaciones en distintos ámbitos.
Y lo que hemos visto también es que, por ejemplo, en el mundo sindical ha habido dinámicas interesantes de acercamiento, después de momentos en los que prácticamente no existía posibilidad de interlocución. Al final, temas como el ingreso y las reivindicaciones laborales forman parte de una agenda común que obliga a sentarse a conversar y a presentar propuestas, por ejemplo, al Ejecutivo o al Ministerio del Trabajo. Ha habido, en ese sentido, una labor de articulación importante dentro del trabajo del Foro Cívico.
Y es interesante también, Luis Alejandro, porque muchos han criticado estas dinámicas e igual han terminado coincidiendo en viajes, invitaciones o participación en actividades en Bruselas, Ginebra, Berna, Washington, o en países de la región como Brasil o Chile.
Existen múltiples espacios de sociedad civil que están entrando en esos ámbitos como parte de programas de incidencia internacional. Desde hace tiempo, iniciativas como CIVICUS han promovido lo que hoy se denomina diplomacia ciudadana.
Desde mi primera participación en su foro global en Glasgow, en 2005 o 2006, ya se hablaba del derecho y del valor de que la ciudadanía organizada pudiera llevar su voz a espacios internacionales. Esa ha sido, en definitiva, otra dimensión importante de este trabajo.
Y, una vez más, eso significa también un gran esfuerzo de búsqueda de consensos para que unos pocos, representando este espacio —que de nuevo es muy plural— puedan plantear algunas formas de mirar lo que está pasando en el país, y otra vez, probablemente no siempre en un consenso único que reúna al conjunto.
P: Se anunció hace algunas semanas su incorporación como miembro al Programa para la Paz y la Convivencia Democrática impulsado por Delcy Rodríguez. Por ello, ha sido blanco de ataques de algunos sectores de la oposición venezolana.
¿Qué lo motiva a incorporarse ahora, luego de que el programa ya tiene un par de meses en funcionamiento? ¿Qué rol espera que juegue este espacio en un momento tan complejo para el país y cómo ha sido la dinámica de trabajo que ha encontrado?
R: La verdad es que uno no puede dejar de pensar que un espacio como este, del Programa de Paz y Convivencia Democrática, resulta de un hecho muy traumático en muchos sentidos, que fue el del 3 de enero, y que venía también de una serie de situaciones muy graves ocurridas durante la segunda parte del año 2025: desde el maltrato a la población venezolana en Estados Unidos, gravísimo por ese estigma de ser todos, la suspensión del estatus de protección temporal “TPS”, los reencuentros familiares, y después los bombardeos que hubo en el Caribe.
El tema del CECOT fue terrible para las personas que estuvieron allí. Hay testimonios recogidos, por ejemplo, por el New York Times y Human Rights Watch que dan cuenta de lo terrible y de lo ocurrido.
Todo eso va llevando además a una especie de imposibilidad de poder encontrar formas de superar conflictos. El país, por supuesto, también estaba gravísimamente afectado por el bloqueo del naval y de transporte de petróleo. Fue en un momento realmente muy grave para la población.
Pasa lo del 3 de enero, y empiezan a abrirse allí unas posibilidades, unas oportunidades para ver qué se puede aprender de esto y cómo se puede transitar el camino a futuro.
Entonces se crea este programa. Hay algunas personas que conocía de antes, con las que he tenido trato y comunicación, justamente en esta manera de ver cómo nos imaginamos el país y sus posibilidades dentro de sus complejidades, como Michael Penfold, Ricardo Cusanno y Ana María Sanjuan.
Hay otras que no conocía. Había tratado, por supuesto; fue muy interesante el trabajo con Larry Devoe, porque Larry estaba en el programa y ahora es fiscal general. Pero siempre estuvimos en lados opuestos de la mesa: él representaba al Estado y yo estaba en audiencias, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, o en sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Estábamos en espacios distintos, pero también he tenido trato con Indira Urbaneja, quien en 2022 apoyó una propuesta que yo estaba haciendo públicamente de que se permitiera la entrada del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela, que en ese momento no tenía autorizada esa entrada.
En fin, lo he visto como una oportunidad de tener un espacio que habría que ir balanceando más, y siempre ha sido incluso una preocupación interna, ya que una mayoría de sus miembros vienen del mundo, vamos a llamarlo oficialista —por poner algún término— y menos de un espacio independiente como el que yo represento.
El espacio de interlocución ha resultado realmente muy, muy provechoso. Se fue tejiendo algo importante por el tipo de reuniones que se plantearon cuando yo todavía no estaba; yo estaba en España. Regresé el 14 de marzo y había dicho que me interesaba incorporarme, pero en persona, justamente porque no conocía a la mayoría de las personas que integran el programa. Y bueno, eso hice al llegar: tengo cuatro semanas.
Pero yo imaginaría que una de las iniciativas más importantes fue haber recibido a familiares de personas privadas de libertad, entre la promulgación de la ley de amnistía. Y la verdad es que hay situaciones muy graves. La valentía de las familias —madres, esposas, abuelas— reclamando la libertad de sus familiares. De verdad, sabemos que venimos de un terreno de enormes agravios.
Fíjate, ahí se recogieron —y los datos han sido muy importantes— más de 353 registros que se hicieron, no de personas únicamente, porque vinieron más que esas, pero el grupo se organizó para recoger esos testimonios y documentarlos bien. Incluso todo el grupo que hizo el proceso de trabajo fue voluntario, de manera voluntaria.
Al recoger esto, después se creó la posibilidad de ponerlos en línea. Al final se recogieron más de 1.120 testimonios. Y a eso se le ha venido haciendo seguimiento, y hay el interés —que yo creo que es importantísimo, y ojalá podamos lograrlo pronto— de que haya una reunión también con organizaciones que hacen una labor de seguimiento tan importante como “Justicia, Encuentro y Perdón”, Foro Penal, Provea, que también ha recibido tantos casos, y Cecodap, que maneja el tema de adolescentes detenidos de manera urgente, y ha hecho un trabajo importantísimo.
Muchas de ellas trabajan también con personas detenidas que no tienen dolientes, digamos, los casos desconocidos. Hay, por supuesto, casos muy reconocidos de prisión por razones políticas, pero hay una serie de otros hechos que también se están visibilizando.
Y en ese sentido, volviendo al programa, fue como: “quizás este es un espacio donde vale la pena y es importante, nos van a escuchar, ¿qué podemos ir llevando?”.
En total, ha sido —cuando yo no estuve— una de las convocatorias más importantes: de recoger, de escuchar primero, convocar, tener interlocución y recoger recomendaciones de distintos sectores.
Desde derechos de las mujeres, el mundo del trabajo, por ejemplo en condominios y asociaciones de vecinos. Hay un trabajo increíble que está haciendo una de las integrantes que conocí solo una vez, pero que tiene un trabajo extraordinario, que es Lankin González. Y Lankin viene también de todo ese trabajo magnífico que había hecho Elías Santana con “Mi Condominio”.
Entonces, le doy muchísimo valor a esto. Hay tres áreas que para mí son importantes y sobre las que estoy impulsando posibles respuestas, sabiendo que viene todo a una deuda acumulada.
El otro día, en una reunión muy grande de jóvenes, hablábamos del espacio humanitario, y ojalá recibamos pronto el equipo humanitario del país. Allí hay unos alivios muy importantes que pueden producirse para la población desde la respuesta humanitaria, que además cuenta con más de 120 organizaciones desplegadas por todo el país, junto con las agencias del sistema.
Después está el tema normativo, que sabemos que leyes como la de fiscalización implican unas trabas para que las organizaciones —incluso nosotros en Acción Solidaria— puedan trabajar con plena fluidez y autonomía. Porque si no, terminan de pasar unos requisitos y se levanta un embudo en el SAREN. Además, la forma de asociación civil que es la que usamos la tienen cantidad de organizaciones, es la que tienen por ejempolo los condominios. Así que allí se represó mucho ese trabajo.
En tercer lugar está el tema de derechos humanos más gruesos, como el de las personas detenidas de manera arbitraria. Me parece muy importante el número de personas a las que ya se les han levantado cargos. Lo publicaba Jorge Arreaza como parte de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía: más de 8 mil casos.
P: La Ley de Amnistía ha sido descrita por algunos sectores como insuficiente y excluyente. Por otro lado, también ha permitido la excarcelación de cientos de personas y la liberación de varios presos políticos; sin embargo, aún quedan muchas personas detenidas y, en varios casos, la amnistía ha sido negada. También hay exigencias importantes respecto a las garantías para el libre ejercicio de la libertad de expresión. ¿Cómo están abordando este tema dentro del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática?
R: Yo creo que aquí hay una idea de fondo que siempre he planteado: cuando uno encuentra que una puerta se cierra o no se abre como debería, se tiene que insistir por las vías posibles. Yo espero que la ley siga teniendo vigencia. Entiendo que lo que habría cambiado es el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, pero la ley en sí se mantiene.
En todo caso, hay reclamos importantes que deberían poder encontrar respuesta en la Fiscalía, y también hay una intención —por lo que se ha escuchado recientemente— de avanzar en ese sentido.
En la Defensoría ha habido reuniones con Eglée González Lobato, a quien conocemos desde hace tiempo, con el compromiso de que la institución vuelva a ser una institución que genere confianza en la población.
Ya no recuerdo cual era la persona que ocupaba ese cargo, la Defensoría del Pueblo en algún otro país de América Latina, pero era alguien que andaba por la calle, y que iban saludando para tomarse una foto. Pero ese no es el punto: estos cargos deben sustentarse en confianza real y no en gestos superficiales. Espero que eso sea posible.
Y, de nuevo, estos casos que siguen siendo denunciados son muy importantes en un espacio de deliberación pública que se ha ido abriendo en los últimos tiempos, después de un período de mayor cierre hasta finales del año pasado.
Ver que, aunque no se logre todo, organizaciones puedan acudir a la Asamblea Nacional a plantear diferencias sobre la ley de amnistía, o que el mundo sindical haga reclamos como el salario, es muy relevante.
En ese contexto más abierto, con instituciones como la Fiscalía que van adquiriendo otro perfil, y la Defensoría, donde existen mecanismos de apelación cuando no se está conforme con una decisión.
Y una cosa que creo que es muy importante también, Luis Alejandro, es que muchas veces se plantea que la idea es normalizar todo esto y que no importen los casos que han ocurrido. Es clave que uno olvide que han ocurrido estas situaciones, pero también el proceso de ir caminando hacia la justicia, la memoria y las reparaciones es algo que no se puede detener.
No hay manera de frenarlo cuando también hay, de nuevo, familiares y víctimas que dicen: “nosotros queremos que esto ocurra”.
Es parte de un camino que está lleno de enormes desafíos, pero que no excluye de ninguna manera este tipo de reivindicaciones que, por supuesto, una parte de la población está exigiendo.
P: El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, impulsado en Venezuela por Delcy Rodríguez, se inscribe en un contexto en el que existen diversos antecedentes históricos de iniciativas similares en el mundo —al menos en el plano declarativo— orientadas a la reconciliación, la reforma institucional o la gestión de crisis sociales. En algunos discursos, Delcy Rodríguez ha hecho referencia a experiencias como la Ley de Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación en Sudáfrica, vinculada a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en 1995, así como a la Ley de Amnistía de 1977 en España.
No obstante, algunos expertos han señalado que estas comparaciones no serían plenamente equivalentes ni directamente trasladables al caso venezolano. En ese sentido, quisiera preguntarle: ¿cuál es su visión del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática dentro del contexto del proceso político actual en Venezuela, y qué elementos o aprendizajes considera pertinentes —si alguno— de otros marcos de referencia internacionales como los mencionados?
R: En la instalación de la comisión que hará seguimiento a la reforma del sistema de justicia penal, se decía —y está recogido en el documento— que ha sido un sistema que realmente no le ha respondido a la población en absoluto. Eso está documentado, y se señala también cómo ha sido incluso discriminatorio, en el sentido de que el más pobre tiene muchísimas menos posibilidades de acceder a la justicia, tal como han estado las cosas en el país.
Se requiere una reforma profunda, como ha sido planteado, y esperemos que pueda transitarse ese camino.
El otro día el doctor Arteaga, en una muy buena entrevista, decía que nunca hemos tenido un sistema que realmente funcione como debería. Y partía de la idea de que uno de los elementos más importantes es la honorabilidad de quienes ocupen cargos en estos espacios del sistema de justicia.
Yo creo que ese es un punto realmente muy importante y que ojalá pueda producirse ese cambio en poco tiempo.
Respecto a experiencias en otros países, creo que también es importante mirarlas y ver qué podría aprenderse de ellas. Yo, por razones puramente fortuitas, pero siendo parte de CIVICUS, me tocó compartir en varias ocasiones, y una vez pasamos una semana en una finca grande en Sudáfrica, propiedad de Jay Naidoo.
Jay Naidoo fue desde joven parte de COSATU, la Confederación de Sindicatos Sudafricanos, y lideró luchas muy importantes contra el apartheid. Él me decía: “Imagínate haber crecido en un contexto en el que de la mitad de la calle para allá unos podían vivir con miedo y de la otra mitad para acá otros no”. Fue una experiencia muy dura.
Pero él fue parte del proceso posterior, de la transición, y estuvo vinculado a la comisión de reconciliación. Evidentemente, el proceso no es el mismo, porque los daños fueron gigantescos.
Una de las cosas que me contaba Jay es que, cuando sale Mandela de la cárcel —y él estuvo entre las personas que lo acompañaron en ese proceso, su esposa es la escritora canadiense Lucie Basset—, se vivieron momentos muy tensos. Hubo un período de gran violencia, porque había sectores que querían desviar el proceso de construcción de paz y reconciliación.
Pero Mandela mantenía con mucha claridad la idea de que había que llegar al poder y, desde allí, impulsar transformaciones sin caer en la tentación de la violencia. Y él insistía en algo fundamental: no podíamos darle la razón a quienes decían que éramos violentos.
Nos decía que la vía era la reconstrucción institucional y democrática del país.
Hay distintas maneras de resolver las situaciones complejas. Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje, de entender qué ha pasado.
Tú mismo acabas de hacer una publicación importante, Luis Alejandro, sobre uno de estos procesos, sobre cómo además usar la palabra, ¿no es cierto?, cómo empezar por el cambio justamente en la forma en que se narra lo que está pasando, para ir después llegando a esos cambios posibles. Yo creo que estamos en un momento de oportunidad para eso.
“Ha sido un sistema que realmente no le ha respondido a la población en absoluto. Eso está documentado, y se señala también cómo ha sido incluso discriminatorio, en el sentido de que el más pobre tiene muchísimas menos posibilidades de acceder a la justicia, tal como han estado las cosas en el país.”
P: Usted ha señalado en varias ocasiones que durante el proceso de negociaciones en Ciudad de México experimentó una profunda frustración debido a que el acuerdo social orientado a atender la emergencia humanitaria no logró avances sustanciales. A su juicio, esto se debió, por un lado, a la falta de voluntad del gobierno para mantener un comportamiento plenamente democrático y, por otro, a la resistencia de algunos voceros de la oposición, quienes se oponían a la aprobación de esos fondos al considerar que podrían contribuir a estabilizar al chavismo en un contexto electoral.
¿Qué reflexión le deja hoy, en el contexto actual, esa oportunidad perdida en torno al Fondo Social que pudo haberse creado en la negociación de México? ¿Considera que esa lógica de “tierra arrasada” sigue presente en algunos actores políticos y qué mensaje les enviaría a quienes aún insisten en esa forma de abordar el conflicto venezolano?
R: Desafortunadamente se perdió una oportunidad, se hablaba de unos 3.000 millones de dólares en fondos del Estado venezolano que estaban siendo utilizados además —según se planteaba— por la estructura que se mantenía todavía en el poder, en el contexto del llamado interinato de Juan Guaidó.
Entonces, eso fue de nuevo muy frustrante, porque la solicitud de recursos para el Plan de Respuesta Humanitaria del país ha estado anualmente entre los 600 y tantos y los 700 y tantos millones de dólares.
Cuando se hablaba de ese fondo social, y de que eventualmente pudiera entrar un monto cercano a los 3.000 millones de dólares, aunque fuera una parte de eso —mil, un tercio—, se habría podido cubrir completamente lo que se requería para el plan de respuesta humanitaria.
Ese plan, que se ha desarrollado cada año desde 2019, ha ido logrando entre un 35% y, en el año más alto, en 2023, alrededor de un 55% de financiamiento.
Con esos recursos, aunque limitados, se ha podido atender a más de 3 millones y medio de personas. Estamos hablando de una cifra equivalente a la población total de un país como Uruguay.
Tres millones de personas es un número muy grande, en el marco de unas 5 millones y medio de personas en situación de necesidad extrema.
Entonces, claro, uno se pregunta cómo no va a generar frustración que, siendo recursos de la nación, no pudieran ponerse en marcha. Entiendo que había incumplimientos entre las partes, pero en ese caso en particular hubo obstáculos muy grandes, especialmente de quienes tenían acceso a la administración en Estados Unidos que dificultaron enormemente la posibilidad de mover esos recursos.
Se había avanzado incluso con la idea de que ese fondo fuera administrado por la Oficina del Secretario General de Naciones Unidas. Ese fue un momento de gran frustración.
Al no haberse concretado eso, llegamos al año pasado, que fue un año terrible también en términos de cooperación internacional, tanto en lo humanitario como en el desarrollo y en temas de migración.
El programa de respuesta humanitaria en Venezuela, que había logrado en su mejor momento alrededor de un 35% de financiamiento, apenas llegó al 20%, aunque Europa aportó fondos adicionales hacia finales de año.
Vamos a ver cómo ocurre este año. Ya se ha ido recuperando. Yo espero que esta relación distinta con Estados Unidos, que vuelve a movilizar recursos para la cooperación, el desarrollo y lo humanitario, junto con Europa y varios países europeos —no solo la Unión Europea, que ha sido un sostén importante, sino también distintos países— permita fortalecer nuevamente la respuesta.
Pero ha habido momentos en los que se pierde la oportunidad de actuar, y la apuesta de algunos ha sido cerrar espacios, cuando al final eso no afecta a los gobiernos, sino a la población, especialmente a la más vulnerable.
Y uno se pregunta si no sería mejor, si es posible construir fuerza social —como se evidenció en 2024—, llegar eventualmente a un momento de cambio democrático en el país con mejores condiciones.
¿No es mejor si llegas al gobierno que tengas ya una serie de capacidades levantadas, reconstruidas, para que entonces, si llegas al gobierno, ya tengas por lo menos una base institucional y operativa que funcione?
P: El análisis de las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela suele abordarse principalmente desde una perspectiva política y económica; sin embargo, con frecuencia la dimensión humanitaria queda en segundo plano, y sus efectos documentados son incluso negados por buena parte de la clase política. El propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado esta problemática en distintos informes. En este contexto, el analista sénior del International Crisis Group, Delaney Simon, en su investigación titulada “El sobrecumplimiento de las sanciones de Estados Unidos perjudica los esfuerzos de paz”, plantea la necesidad de establecer exenciones ampliadas dentro de los regímenes de sanciones para no obstaculizar procesos de paz y acción humanitaria.
Usted, como actor humanitario que ha escrito sobre este tema en un capítulo de un libro y ha trabajado durante años en un contexto de emergencia humanitaria y alta conflictividad política, ¿qué consecuencias han tenido las sanciones —principalmente las impuestas por Estados Unidos— en los esfuerzos humanitarios en Venezuela? ¿Podría ofrecer algunos ejemplos concretos?
Asimismo, a la luz de las reflexiones de Delaney Simon y del debate sobre el sobrecumplimiento de sanciones, ¿qué lecciones podrían extraerse para el caso venezolano en esta nueva etapa política posterior al 3 de enero, especialmente en lo que respecta al diseño de exenciones que no obstaculicen los esfuerzos de diálogo, estabilización y construcción de paz, incluso en escenarios donde las sanciones se mantengan o se levanten parcialmente
R: Como saben, yo me he manifestado públicamente en contra de las sanciones. Siempre creo que es importante recordar —y esto también lo dicen muchos colegas— que la situación venía deteriorándose desde antes, eso es verdad.
De hecho, cuando presentamos informes en 2016 para el Examen Periódico Universal, ya aparecía —porque el examen cubre los cuatro años anteriores— una situación de colapso en capacidades de protección de la población, salud, educación y transporte. Era algo tan serio y estructural que nos llevó a buscar otras definiciones para lo que estaba pasando.
De manera muy fortuita, en un diccionario sobre acción humanitaria elaborado por un grupo en Navarra, encontramos el término “emergencia humanitaria compleja”, que describía precisamente cómo ese colapso era producto del conflicto político, y también incluía la corrupción como uno de los factores importantes.
Al perderse además las capacidades del Estado para gestionar conflictos con la población, empieza a aparecer también la represión: “mejor callar las voces, no escuchar”. Y eso va sumiendo al país en una situación de enorme dificultad.
El daño empieza antes. No por nada la caída del producto interno bruto y todo lo que ya se ha analizado. Pero cuando llegan las sanciones individuales en 2017, que afectan más directamente a personas y funcionarios, y luego con mayor gravedad las sanciones sectoriales y generales, nosotros lo vimos y lo vivimos de manera directa.
En agosto de 2019, el presidente Trump, en su primera administración, emite una orden que establece que no se puede hacer ningún tipo de transacción con el Gobierno venezolano, entendiendo por Gobierno el Estado y sus instituciones.
En ese momento íbamos a hacer una inversión para el espacio humanitario en un hospital materno infantil. Eso implicaba recuperar una unidad de cuidados intensivos. Pasamos más de tres meses intentando hacer esa inversión, porque la compra de equipos era a un proveedor internacional que no se atrevía a concretarla por el tema del “sobrecumplimiento”.
Incluso cuando se trataba de actividades humanitarias, medicinas o alimentos, el problema era el mismo: aunque existieran licencias, muchos actores no se atrevían a operar.
Y una de las cosas más graves de estas sanciones es que, cuando pasan a ser leyes, su reversión se vuelve mucho más compleja, porque ya no depende solo de una decisión ejecutiva, sino del Congreso.
Eso hace que el levantamiento pueda tardar mucho tiempo. Y mientras tanto se generan daños colaterales muy serios.
Por ejemplo, incluso para apoyar a organizaciones no podías transferir pequeñas cantidades de dinero para proyectos humanitarios básicos. Se fue creando un entorno de restricciones muy fuerte.
Es cierto que no crearon por sí solas la situación de colapso, pero sí la exacerbaron, profundizaron y mantuvieron muchos de esos daños sociales. No hay manera de negar eso.
“Hay que entender que lo que nos toca como gran tarea es ir creando un espacio de encuentro desde el paraguas de la democracia, el respeto y el reconocimiento de la dignidad de la otra persona.”
P: Según la encuesta del PNUD “Lo que nos une: La voz de las venezolanas y los venezolanos sobre el diálogo y la convivencia”, el principal límite para la cohesión aparece en el debate público. Solo el 18,6 % conversa frecuentemente con personas que piensan distinto en temas políticos o sociales, mientras que el 54,7 % cree que no existe suficiente respeto para debatir sin agresiones . Además en la opinión pública parece haberse instalado una matriz de “estado general de sospecha” hacia todo aquel que tenga algún tipo de interlocución con sectores vinculados al chavismo.
¿Qué implica esto de cara a la necesidad de convivencia y al momento político actual que atraviesa Venezuela?
R: Es un desafío tremendo, ojalá tuviera más respuesta pero en algunos de estos espacios que se han abierto para la paz y la convivencia democrática
Recientemente estuvimos con comunidades indígenas y afrovenezolanas, y salía a partir del hecho tan lamentable que hemos visto en Madrid con los cánticos racistas.
Entonces tú ahí ves en esas comunidades una reivindicación de su identidad, que además va siendo reconocida desde los inicios del gobierno de Hugo Chávez, en el que se van reconociendo una serie de derechos, y esa identidad está allí y no puede ser borrada.
Y la tentación es siempre generalizar, y eso no debería ocurrir para ningún lado. No toda persona que estuvo en Madrid, de ninguna manera, se hizo parte de eso. Ahí además, con toda libertad y legitimidad democrática, pueden estar y apoyar la opción que representa María Corina Machado, sin ninguna duda.
Tampoco es cierto que los grupos que tuvieron esas reivindicaciones tan importantes se mantengan allí por ningún otro motivo que no sea el económico o el interés. Sintieron que fueron reconocidos y además hubo una cantidad de espacios de organización y participación claves.
Poder entender que lo que nos toca como gran tarea es ir creando un espacio de encuentro desde el paraguas de la democracia, el respeto y el reconocimiento de la dignidad de la otra persona.
Eso puede llevarnos, en este período que tendrá muchos desafíos, a llegar a eventuales elecciones donde puede haber ganadores y perdedores, con todas las garantías para seguir haciendo vida política.
Tenemos el tiempo para ir fortaleciendo y hacer crecer ese espacio de encuentro y reconocimiento dentro de esas diferencias.
Hay unas palabras del libro “Anatomía de un instante”, que escribe Javier Cercas, cuando dice que Adolfo Suárez —que venía de la representación franquista— y Santiago Carrillo, presidente del Partido Comunista español, el pacto que hicieron no fue el del olvido, sino el del recuerdo, pero fueron capaces, por responsabilidad política, de estacionar y de poner temporalmente a un lado los agravios, porque entendieron que primero tenían que construir unas condiciones de camino hacia el futuro que impidieran la repetición de los horrores de la Guerra Civil y del franquismo, que tantas heridas habían creado.
Tenemos una situación que a todos nos involucra en términos de responsabilidad. No podemos perder de vista que en el medio hay tanta gente que exige que las soluciones sean bien construidas.
