Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionó los ataques mortales de Estados Unidos en el Mar Caribe. Fotografía: Prensa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos .
Guacamaya, 31 de octubre de 2025. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este viernes la serie de bombardeos realizados por Estados Unidos contra embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico, calificándolos de “violaciones del derecho internacional” y “ejecuciones extrajudiciales”. Los ataques, vinculados por Washington al combate contra el narcotráfico, han dejado más de 60 muertos en 15 operaciones en las últimas semanas.
La ONU exige el fin de los ataques y una investigación independiente
Türk instó al Gobierno estadounidense a detener de inmediato las operaciones aéreas y a abrir una investigación “rápida, independiente y transparente” sobre los hechos. Según el Alto Comisionado, los ataques no cumplen los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe el uso letal de la fuerza salvo ante una amenaza inminente.
“Los ataques y su creciente coste humano son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, señaló Türk, quien recordó que el país norteamericano es parte de los tratados internacionales sobre la lucha contra el narcotráfico y los derechos humanos, y por tanto está obligado a respetarlos.
Washington alega autodefensa y lucha contra el narcotráfico
El Pentágono, bajo la dirección del secretario de Defensa Pete Hegseth, ha defendido las operaciones como parte de una campaña “necesaria” para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. En un video difundido en redes sociales, Hegseth mostró el último ataque contra una supuesta “narcolancha” en el Pacífico oriental, donde murieron sus cuatro tripulantes.
La administración Trump sostiene que las acciones están amparadas por el derecho internacional humanitario, aplicable —según su interpretación— en el contexto de una guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, la ONU rechaza esta argumentación y considera que no existe un conflicto armado declarado que justifique el uso de la fuerza militar.
Venezuela, Colombia y las tensiones regionales
El despliegue naval estadounidense comenzó en agosto en el Caribe, con Venezuela en el centro de las tensiones, y posteriormente se extendió al Pacífico, involucrando también a Colombia. Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro como el de Gustavo Petro —ambos acusados por Trump de “narcotraficantes”— han denunciado los ataques como “asesinatos” y “ejecuciones extrajudiciales”.
El tema llegó al Consejo de Seguridad de la ONU por iniciativa de Rusia, a petición de Venezuela. En la sesión, Moscú y Pekín respaldaron las denuncias de Caracas, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido cuestionaron la legitimidad de Maduro, en un debate especialmente tenso.
Organizaciones de derechos humanos y obligación de rendición de cuentas
Diversas ONG, entre ellas Amnistía Internacional, han coincidido con las críticas de Naciones Unidas y exigieron que Washington rinda cuentas por los ataques. “Lo que corresponde en la lucha contra el narcotráfico son métodos policiales, no bombardeos”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Según la organización, ninguna de las personas que viajaban en las embarcaciones atacadas “parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas”. Por ello, la ONU sostiene que los hechos deben considerarse violaciones graves del derecho a la vida.
Una campaña con consecuencias diplomáticas
El endurecimiento de las acciones militares de Estados Unidos contra supuestas redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico ha tensado las relaciones con varios países latinoamericanos. Mientras Washington insiste en que se trata de una operación regional de seguridad, las críticas desde la ONU y América Latina la describen como una campaña unilateral que vulnera la soberanía y el derecho internacional.
Con más de 60 muertos en apenas dos meses, los llamados a una revisión urgente de la estrategia estadounidense crecen tanto dentro como fuera de la región. Naciones Unidas advirtió que la lucha contra las drogas no puede justificar violaciones de derechos humanos ni la militarización de los mares.
