Fotografía: vía redes sociales
Guacamaya, 21 de agosto de 2025. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció que reducirá a la mitad sus proyectos en Venezuela durante 2025 debido a la falta de financiamiento internacional. La medida afectará de forma directa a comunidades vulnerables, en especial a escuelas rurales donde la agencia había concentrado gran parte de sus esfuerzos en los últimos años.
La agencia de la ONU advierte que cuatro millones de venezolanos necesitan ayuda alimentaria urgente, pero la escasez de recursos limita su alcance.
En un comunicado, el organismo explicó que “el financiamiento no es suficiente” para mantener todas sus operaciones, pese a que Naciones Unidas estima que cerca de cuatro millones de personas requieren ayuda alimentaria urgente en el país.
Uno de los casos emblemáticos se encuentra en Arismendi, una población remota del estado Barinas a la que solo se accede por vía fluvial. Durante tres años, el personal del PMA viajó cada dos meses para entregar asistencia a las escuelas locales. Sin embargo, los recortes han interrumpido este apoyo en 2025.
La reducción impactará también en los programas de comidas escolares en los estados Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas. “Ha sido una decisión muy difícil que hemos tomado luego de explorar e intentar muchísimas opciones”, explicó Lucía Ruz, asociada del programa, en un video difundido por la organización en Instagram.
El PMA había alcanzado a 400.000 beneficiarios en distintas regiones del país, aunque la meta planteada en su Plan Estratégico 2023-2025 era superar el millón de personas atendidas para finales de 2025. Para sostener sus operaciones este año, la agencia necesitaba 47 millones de dólares adicionales, recursos que no logró recaudar.
Según expertos, la crisis alimentaria venezolana se ha visto agravada por la disminución del poder adquisitivo, la ineficiencia gubernamental el colapso de la industria alimentaria y el impacto de las sanciones internacionales. La investigadora Ana María Georgi advierte en el libro sobre las Sanciones en Venezuela publicado por la UCAB que las medidas restrictivas han limitado el acceso a materias primas, equipos e insumos, elevando los costos de producción y reduciendo la variedad de alimentos disponibles.
Por su parte, el activista Feliciano Reyna en el Libro sobre las Sanciones publicado por la UCAB señala que el déficit de financiamiento en la respuesta humanitaria reduce de manera drástica el alcance de la ayuda: de los 7,6 millones de personas que requieren asistencia, la meta era llegar a 5,1 millones, pero hasta octubre de 2024 solo se había atendido a 2,4 millones.
El organismo de Naciones Unidas reiteró su compromiso de permanecer en Venezuela y priorizar a las poblaciones más vulnerables, aunque advirtió que sin el financiamiento adecuado su labor será limitada frente a la magnitud de la crisis alimentaria.
Estados Unidos había sido hasta ahora el mayor donante individual de la respuesta humanitaria en Venezuela a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Sin embargo, el cierre de esta oficina en 2025 dejó un vacío crítico de financiamiento que ha golpeado directamente a programas como los del PMA.
La salida de USAID no solo redujo el flujo de recursos financieros, sino que además debilitó la coordinación de asistencia internacional en sectores clave como alimentación, salud y protección social. En el caso del PMA, la falta de esos fondos impide mantener la cobertura en comunidades apartadas y obliga a priorizar a una fracción de la población que enfrenta inseguridad alimentaria severa.
