Varios países, principalmente en el Caribe, siguen debiendo sumas a Venezuela a raíz de programas como Petrocaribe. Imagen: Guacamaya.
Guacamaya, 1 de octubre de 2026. La discusión sobre las finanzas internacionales de Venezuela suele centrarse en el país como deudor, sobre todo desde la apertura iniciada el 3 de enero de 2026 y la eventual reestructuración de su deuda. Pero Venezuela ocupa también la posición inversa, la de acreedor.
Durante los gobiernos de Hugo Chávez y la primera etapa de Nicolás Maduro, Caracas tejió una red de cooperación energética, financiamiento bilateral y créditos concesionales que le dio a otros países petróleo, dinero y proyectos en condiciones preferenciales, como parte de una política exterior pensada para ampliar su influencia regional y contrapesar a Estados Unidos.
Varios Estados y entidades públicas extranjeras acumularon así obligaciones con Venezuela, PDVSA, el Bandes u otros vehículos del Estado venezolano. Algunas fueron pagadas, reestructuradas o condonadas; otras siguen vigentes; en otros casos el saldo no puede establecerse con la información pública.
Este reportaje reconstruye esa otra dimensión de las finanzas internacionales venezolanas, hablamos de los países que todavía mantienen obligaciones con Caracas, el origen de esas deudas, los mecanismos mediante los cuales fueron generadas y el estado actual de cada una. El objetivo es distinguir entre deuda soberana, obligaciones de empresas estatales y compromisos derivados de mecanismos como Petrocaribe, así como separar los saldos actualmente identificables de aquellos que corresponden a obligaciones históricas o cuya situación permanece en disputa.
La petrodiplomacia de Chávez
Chávez usó parte de los ingresos de los años de precios altos para construir alianzas con gobiernos y comunidades fuera de sus fronteras y ofrecer una alternativa a la relación tradicional de la región con Washington y los organismos financieros internacionales. El alcance fue muy variado.
Petrocaribe fue el principal mecanismo de esta estrategia: parte de las facturas petroleras se convertía en préstamos de largo plazo, mientras Caracas obtenía vínculos políticos y respaldo diplomático. Sin embargo, no se limitó a las pequeñas naciones del Caribe ni al contacto con gobiernos. En un caso, por ejemplo, Chávez envió combustible a poblaciones incluso dentro de Estados Unidos.
En 2005, a través de CITGO, filial estadounidense de PDVSA, Venezuela suministró combustible de calefacción con descuentos cercanos al 40% a comunidades de bajos ingresos. En el Bronx se beneficiaron unos 8.000 residentes de unas 75 edificaciones. El programa tenía un componente simbólico, debido a que el petróleo venezolano asistía a pobres dentro del territorio estadounidense.
La lógica era convertir la riqueza petrolera en influencia y alianzas. La diferencia entre lo ejecutado y lo anunciado es clave para medir el verdadero alcance de la estrategia. El programa emblemático fue Petrocaribe.
¿Qué fue Petrocaribe?
Para Caracas el retorno no era solo comercial. Obtuvo apoyo político, a veces suficiente para bloquear en la OEA propuestas críticas contra el chavismo, en un momento en que los beneficiarios no encontraban ese financiamiento en Occidente. El economista Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, ha señalado que el costo se hizo evidente cuando los precios cayeron en 2014 y Venezuela ya no podía sostener esos términos.
Maduro siguió enviando crudo en condiciones generosas hasta que el programa se detuvo en 2019, cuando Estados Unidos sancionó a la industria petrolera venezolana. Para entonces se habían acumulado cerca de US$6.000 millones en cuentas por cobrar de Petrocaribe y acuerdos bilaterales asociados, según EMFI Securities, sin contar a Cuba, cuyo convenio separado nunca hizo públicos sus términos.
Haití
Haití se incorporó a Petrocaribe en 2006 y empezó a usarlo en 2007. Una parte de la factura se pagaba de inmediato y el resto se convertía en préstamo de largo plazo a bajo interés. Tras el terremoto de enero de 2010, Venezuela condonó unos US$395 millones acumulados hasta entonces.
Haití siguió comprando combustible con Petrocaribe durante la reconstrucción y la deuda volvió a crecer. Parte de esos recursos financió infraestructura, vivienda y gestión de escombros; el Banco Mundial señala que Petrocaribe fue una de las principales fuentes de inversión pública en 2010–2011. Después surgieron en Haití investigaciones y controversias sobre el manejo de esos fondos, que convirtieron a Petrocaribe en uno de los grandes temas de la política haitiana de la década de 2010.
A fines de 2018 el FMI calculaba la deuda vinculada a Petrocaribe en US$1.825,5 millones (20,2% del PIB), y en 2019 Venezuela concentraba cerca de 86% de la deuda externa pública haitiana asociada a importaciones petroleras.
Es el caso más grande y mejor documentado del programa. Bloomberg reportó en 2024 un pasivo de US$2.300 millones antes de un pago de US$500 millones, hecho desde una cuenta de garantía bloqueada tras una licencia de la OFAC. Casi dos años después, Forbes México citó un informe del Banco Mundial según el cual las obligaciones petroleras de US$2.200 millones “se extinguieron”: Haití pagó los 500 millones y Caracas condonó los 1.700 millones restantes. Para Haití, el país más pobre del hemisferio, saldar el pasivo era un paso para avanzar con el FMI hacia un posible paquete de préstamos. Tras el acuerdo, Venezuela pasó de principal acreedor externo a una proporción mucho menor de la deuda haitiana. La misma nota de Forbes ubica un saldo remanente de US$56 millones, sin aclarar si es un componente distinto o un ajuste posterior.
Belice
La deuda nació en 2005, cuando Belice se incorporó como país fundador de Petrocaribe y suscribió el acuerdo multilateral en junio y un convenio bilateral con Venezuela en septiembre. Cerca de la mitad de la factura se pagaba de inmediato y el resto se financiaba a largo plazo, de modo que las compras de combustible se convirtieron en deuda pública con Venezuela, que pasó a ser un acreedor bilateral importante. Para Belice, el acuerdo significó combustible en condiciones concesionales cuando los precios eran altos.
Según datos del Banco Mundial recogidos por Forbes México, Belice cerró 2025 como el mayor deudor de Venezuela bajo estos acuerdos, con US$233 millones. La cifra contrasta con los US$129–164 millones de las negociaciones de 2024 reportadas por Bloomberg. En diciembre de 2022, el entonces primer ministro John Briceño había anunciado una renegociación que redujo los pasivos acumulados en más de US$250 millones y alivió la relación deuda/PIB entre seis y siete puntos.
República Dominicana
Santo Domingo recibió petróleo venezolano con financiamiento preferencial —cuota de 50.000 barriles diarios a 25 años y 1% de interés— y entre 2005 y 2014 el saldo superó los US$4.000 millones, lo que convirtió a Venezuela en uno de sus principales acreedores. El financiamiento también liberó recursos para otros gastos e inversiones.
El punto de inflexión fue en enero de 2015, cuando el gobierno de Danilo Medina acordó con PDVSA recomprar cerca del 98% de la deuda, de unos US$4.000 millones nominales, por alrededor de US$1.930 millones, con un descuento de 52%. La operación se financió con bonos soberanos y redujo la deuda pública en unos US$2.094 millones (3,1% del PIB). El FMI la consideró un ahorro significativo, aunque cambió una deuda muy concesional por bonos con tasas más altas. El grueso de la deuda histórica quedó cancelado en 2015.
Queda un remanente en disputa. El diario Acento situó en 2024 la deuda con Venezuela en US$214,3 millones, congelada desde 2019 porque las sanciones impiden procesar el pago, mientras que Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez citaron US$350 millones. Según el mismo análisis, solo US$54,3 millones de los 214,3 corresponden a Petrocaribe; los US$160 millones restantes provendrían de otras fuentes de financiamiento venezolano, sin origen documentado.
Guyana
Guyana y Venezuela firmaron el acuerdo de Petrocaribe el 6 de septiembre de 2005; los primeros embarques llegaron en mayo de 2007. Según el Ministerio de Finanzas guyanés, los términos eran tasas de 1% a 2%, dos años de gracia y hasta 23 años de plazo, según el precio del crudo. Entre 2007 y julio de 2015 Venezuela desembolsó unos US$720 millones.
Una particularidad fue la compensación comercial con el que Guyana amortizaba deuda con exportaciones de arroz y arroz en cáscara a Venezuela. Según su gobierno, se firmaron acuerdos por unos US$551,3 millones de arroz, lo que redujo mucho el saldo sin pagos en efectivo. El mecanismo se deterioró con la disputa territorial por el Esequibo y en 2015 Venezuela suspendió de facto los nuevos suministros financiados y Guyana no ha contraído nueva deuda bajo Petrocaribe desde entonces. El FMI confirmó en 2023 que el país siguió pagando con arroz y otras compensaciones.
Guyana figura con una deuda de US$147 millones. No hay claridad sobre si corresponde a petróleo subsidiado o a una inyección de capital venezolana.
El estatus es el de una deuda histórica en amortización, no una línea de financiamiento nueva. Sobre la relación pesa además el Esequibo, que tuvo una última ronda de audiencias en la Corte Internacional de Justicia en mayo de 2026.
Surinam
Surinam se incorporó en 2005 y estructuró un “modelo Surinam”: la estatal Staatsolie compraba el combustible venezolano y una parte quedaba financiada a largo plazo. En el esquema inicial pagaba cerca de 60% de la factura y el 40% restante se convertía en préstamo con dos años de gracia, 2% de interés y hasta 23 años. La deuda se acumuló por los pagos diferidos; en 2016, el Gobierno usó parte de una emisión internacional de bonos por US$550 millones para pagos a PDVSA vinculados a Petrocaribe.
En febrero de 2022 reconocía más de US$17 millones pendientes de compensar con Venezuela, y buscaba reactivar la cooperación, incluso con intercambios de arroz por fertilizantes.
La disputa no está cerrada. En septiembre de 2026, la presidenta Jennifer Simons planteó ante Delcy Rodríguez una controversia por un embargo judicial sobre activos de PDVSA en Surinam, vinculado al mecanismo de compensación de Petrocaribe. El Gobierno surinamés indicó que los procedimientos continúan sin decisión definitiva.
Jamaica
Jamaica ingresó a Petrocaribe en agosto de 2005 y recibía unos 23.000 barriles diarios, casi la mitad de su consumo, con parte de la factura convertida en préstamo concesional. La deuda llegó a unos US$3.250 millones, según el ministro de Finanzas de la época. En julio de 2015 emitió eurobonos por US$2.000 millones, con vencimientos en 2028 y 2045, y destinó US$1.500 millones a saldar una deuda de US$2.920 millones con PDVSA: un descuento de 48,6% (otras coberturas, como El Estímulo, hablan de 53%). Fue la segunda operación de este tipo, tras la dominicana; entre ambas, Venezuela dejó de recibir más de US$4.000 millones, según El Estímulo.
Quedó un remanente y en 2018 el director del Fondo Petrocaribe jamaiquino decía que aún se debían unos US$120 millones. El dato más reciente, del Jamaica Gleaner del 25 de septiembre de 2026, es que Jamaica mantiene US$45 millones en una cuenta segregada del Bank of Jamaica que no puede transferir a Venezuela por las sanciones, según un documento presentado ante la SEC con saldo a julio de 2026. Es un aumento fuerte frente a los US$2,7 millones reportados en septiembre de 2023, sin explicación en el documento. En 2019 el Parlamento disolvió la estructura del Fondo Petrocaribe y pasó sus saldos al Fondo Consolidado. Jamaica no recibe petróleo venezolano desde hace más de tres años.
Parte de ese dinero ya fue a terceros acreedores de Venezuela. Tras la nacionalización de 2007 de sus participaciones en proyectos como Petrozuata y Hamaca, ConocoPhillips obtuvo en 2018 un laudo de la Cámara de Comercio Internacional contra Venezuela y entidades de PDVSA y buscó activos en terceros países. En febrero de 2021 el Tribunal Supremo de Jamaica designó un administrador judicial sobre activos venezolanos, y en julio lo extendió a los fondos de Petrocaribe, que ConocoPhillips estimaba en al menos US$115 millones. Desde entonces se han transferido unos US$28,3 millones a esa administración judicial, con una licencia específica de la OFAC.
En 2007 PDV Caribe compró 49% de la refinería Petrojam por US$63,7 millones, para modernizarla y ampliarla de unos 36.000 a 50.000 barriles diarios. El proyecto nunca se materializó, y en 2019, con PDVSA bajo sanciones, Jamaica adquirió forzosamente esas acciones. PDV Caribe fue a arbitraje. Los documentos ante la SEC identifican una reclamación de unos US$84,7 millones, mientras que reportes de 2026 hablan de unos US$250 millones. Esa cifra no es un monto reconocido por Jamaica, sino una pretensión en arbitraje. Jamaica tampoco ha dicho cuándo ni cómo podría transferir los fondos a Caracas.
Las Antillas Menores
En abril de 2022, Venezuela anunció una reducción de las obligaciones de varios países de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) en el marco de la reactivación de la cooperación energética. Según el analista de derecho internacional Mariano De Alba, Venezuela se comprometió a reducir 50% las deudas de Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Cristóbal y Nieves. Escribió en X el 27 de abril de 2022:
“Esos países son Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Cristóbal y Nieves. Antigua debe aprox. $354 millones, Dominica $70 millones, Granada $102 millones y San Cristóbal y Nieves $83 millones. La condonación total sería por un monto aproximado de $370 millones.”
El mismo día, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, informó que Venezuela había condonado los cerca de US$70 millones que su país mantenía con Petrocaribe: la totalidad de esa deuda, con un efecto de alrededor de 9% en la deuda nacional.
Antigua y Barbuda firmó Petrocaribe en 2005 y creó PDV Caribe Antigua and Barbuda Ltd. (PDVCAB), una sociedad formalmente privada pero propiedad del Gobierno, para administrar el programa. PDVCAB compraba combustible a PDVSA, pagaba de inicio entre 40% y 50% de cada cargamento y financiaba el resto a 25 años, con dos años de gracia y 1% de interés.
No era simplemente petróleo a crédito, ya que PDVCAB revendía el combustible en el mercado local y usaba los recursos liberados para comprar bonos y otros activos, cuyos rendimientos financiaban programas sociales. El FMI señalaba que, aunque se contabilizaba como crédito comercial privado, tenía vencimiento a 25 años y una garantía implícita del Gobierno central, por lo que pesaba en las finanzas públicas; en 2014 advertía que una reducción del financiamiento era un riesgo fiscal.
La obligación sigue como deuda histórica pendiente. El último saldo específico del FMI es de EC$395,8 millones en julio de 2014, y las estadísticas de 2026 no desagregan lo correspondiente a Venezuela.
Granada mantiene una deuda reportada de US$146 millones. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y tras la licencia de la OFAC, la visitó para discutir un plan de pago, y su ministro de Exteriores, Elvin Nimrod, respondió que el país respaldaría la posición venezolana en el diferendo con Washington. Fue además el primer país que visitó Rodríguez como presidenta interina, el 9 de abril de 2026, en su primera visita de Estado.
Las otras deudas: ALBA, BANDES y FONDEN
Petrocaribe no fue el único canal por el que Venezuela financió a sus aliados durante el boom petrolero. En paralelo operaron el Fondo Alba-Caribe, préstamos bilaterales directos del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden), y hasta compras de bonos soberanos de otros países. Estos mecanismos generaron pasivos independientes de los de Petrocaribe, casi siempre menos documentados que este último.
Paraguay
La deuda nació de un acuerdo de suministro de petróleo firmado en 2009, bajo la presidencia de Fernando Lugo, entre Petropar y PDVSA, luego ratificado por los congresos de ambos países. Paraguay compró combustible con pago diferido. Según el diario ABC Color, entre 2006 y 2012 Petropar firmó 15 contratos con PDVSA por US$1.881 millones, con unos US$269 millones impagos.
La disputa no es sobre si Paraguay contrajo la deuda, sino cuánto debe. En 2012 se hablaba de unos US$250 millones; en 2016 PDVSA reclamaba entre US$273 y 287 millones; en 2019, cuando se rompieron las relaciones diplomáticas, Paraguay reconocía cerca de US$280 millones; en 2023 PDVSA hablaba de más de US$300 millones; y en enero de 2025 Cabello habló de más de US$400 millones. Asunción reconoce hoy alrededor de US$300 millones. El desacuerdo se concentra en los intereses moratorios y en un acuerdo posterior que Paraguay sostiene que no modificó las condiciones originales. El caso está en la Cámara de Comercio Internacional en París, condicionado por la ruptura entre ambos países.
En septiembre de 2026, el canciller Rubén Ramírez confirmó que la obligación sigue pendiente y que la diferencia es técnica y de intereses. Días después el presidente Santiago Peña viajó a Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez, en un diálogo para avanzar hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares; la deuda con PDVSA vuelve así a la agenda bilateral.
Honduras
La obligación viene de la cooperación energética durante el gobierno de Manuel Zelaya, tras la incorporación de Honduras a Petrocaribe en 2008 bajo el que se pagaba parte de la factura y el resto quedaba financiado a largo plazo. Tras el golpe de Estado de 2009, Honduras fue suspendida del mecanismo y luego volvió con Porfirio Lobo. Con el deterioro de PDVSA, la relación petrolera perdió peso.
Honduras debe a dos instituciones venezolanas, y las cifras que circulan se suman, no se acumulan. El informe de deuda pública de Finanzas de Honduras al cierre de 2025 registra unos US$42 millones con PDVSA y US$24,8 millones con el Bandes, cerca de US$66,8 millones, frente a una deuda pública total de unos US$17.674 millones. Zelaya ha reconocido que esos créditos no se pagaron y sostiene que su gobierno no gastó los fondos. La mayor parte de la deuda externa hondureña está hoy con organismos multilaterales.
Nicaragua
Es uno de los casos más opacos. Desde el regreso de Daniel Ortega en enero de 2007, la cooperación petrolera se canalizó no hacia el Estado sino hacia Albanisa (Alba de Nicaragua, S.A.), empresa mixta con 51% de PDV Caribe y 49% de la estatal Petronic. Al no ser una entidad pública plena, nunca estuvo obligada a publicar cuentas, y por eso jamás se supo con precisión cuánto de lo recibido era financiamiento y cuánto donación, según investigaciones nicaragüenses y análisis académicos citados por el Council on Hemispheric Affairs.
Albanisa pagaba a PDVSA toda la factura en 90 días, y luego el equivalente a 50% del valor FOB se canalizaba por cuenta de PDVSA a la cooperativa financiera Caruna como préstamo a hasta 25 años, con dos de gracia y 2% de interés. Parte financió programas sociales, subsidios y transferencias; otra, proyectos productivos. A fines de 2016 el FMI estimaba los préstamos externos privados dentro del esquema en unos US$3.200 millones (cerca de 24% del PIB). La deuda era formalmente privada, pero su importancia llevó al FMI a evaluar escenarios en que el Estado la asumiera.
Desde 2016 la cooperación se redujo: el petróleo bajo el acuerdo pasó de unos 30.000 a 10.000 barriles diarios y el componente financiado de 50% a 25%. Los pagos empezaron a superar los desembolsos, y el FMI indica que la deuda privada externa sigue bajando a medida que se amortiza. Los cálculos varían entre unos US$3.500 millones recibidos en nueve años, según Confidencial con documentos filtrados, y US$4.932,4 millones acumulados desde 2007, según La Prensa de Honduras. La deuda continúa amortizándose, sin el volumen del auge. El Banco Central de Nicaragua reporta para marzo de 2026 una deuda externa total de US$16.352,6 millones, sin presentar a Venezuela entre los principales acreedores públicos, reflejo de la naturaleza privada de buena parte de las obligaciones.
Cuba
Cuba es el principal beneficiario documentado, además de su propio convenio petrolero. Según la lista del Bandes de 2011, el banco financió el cable submarino de telecomunicaciones entre Cuba y Venezuela por US$47 millones y la creación de 100 empresas gemelas; la misma denuncia añade un plan de bombillos ahorradores por US$26 millones para Cuba y Bolivia y proyectos eléctricos vía Fonden.
Francisco Rodríguez, en su documento de trabajo Venezuela’s Economic Collapse: Implications for Latin America and the Caribbean, señala que los acuerdos petroleros suelen describirse como trueque, pero esa caracterización “es incompleta”: fijaban cantidades de petróleo, una parte de las ventas se financiaba con préstamos de largo plazo y no todo era donación. Operaron bajo tres acuerdos: Petrocaribe, el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas y el Convenio Integral de Cooperación (CIC). Cuba operó bajo el CIC bilateral de 2000, aunque luego sus intercambios quedaron vinculados de facto a Petrocaribe. El modelo tenía un antecedente en el Acuerdo de San José entre Venezuela y México en los años ochenta.
Las estimaciones de deuda son externas y muy distintas. HispanoPost publicó en abril de 2023 una cifra de más de US$21.000 millones, atribuida a fuentes anónimas del sector energético: unos 60.000 barriles diarios durante 22 años, a US$50 por barril, para una factura de US$24.000 millones de la que se descontaron unos US$2.400 millones en servicios cubanos como médicos, entrenadores deportivos, personal de puertos, registros y centrales azucareros.
Es un cálculo periodístico, no una cifra oficial, y no equivale necesariamente a un saldo contable convencional. Francisco Rodríguez, entonces en Torino Economics, estimó en agosto de 2020 la deuda en unos US$11.700 millones al cierre del primer trimestre de ese año, y calculó que en los primeros siete meses de 2020 Venezuela envió un promedio de 32.147 barriles diarios (unos US$230 millones).
No hay reportes verificables de pagos cubanos. La única afirmación disponible, de 2011, es que no se había pagado ninguno, y no hay datos posteriores a enero de 2026.
Bolivia
La deuda nació sobre todo de la compra de diésel venezolano durante el gobierno de Evo Morales, para cubrir el déficit de producción interna, en el marco de acuerdos de hidrocarburos desde 2006 y de empresas conjuntas YPFB–PDVSA como Petroandina. En 2009 la deuda bilateral llegó a unos US$292,5 millones (US$229,5 millones a fines de 2008) y luego bajó: US$166,8 millones en 2010 y US$91,8 millones en 2011. Ese año Bolivia pagó US$473,4 millones a PDVSA por diésel (US$426,6 millones de capital y US$46,8 millones de intereses), en operaciones de corto plazo con plazo de 90 días.
La obligación está prácticamente extinguida. El Banco Central de Bolivia registró un saldo de apenas US$0,5 millones al 31 de diciembre de 2025, sin desembolsos ni amortizaciones ese año, y el mismo saldo al 31 de mayo de 2026: menos de 0,01% de la deuda externa pública.
El Salvador
El Estado salvadoreño no fue el deudor directo. Cuando el presidente Elías Antonio Saca (ARENA) rechazó sumarse a Petrocaribe, el FMLN, entonces opositor, canalizó el acuerdo a través de sus alcaldías. Nació así Alba Petróleos de El Salvador (Albapes), sociedad mixta con 60% de PDV Caribe y 40% de la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (Enepasa). Según Connectas, gestionó más de US$1.100 millones en préstamos petroleros venezolanos bajo Chávez y Maduro. El Salvador suscribió formalmente Petrocaribe en 2014.
Albapes canalizó parte de esos recursos a un conglomerado de compañías en alimentos, fertilizantes, gas, transporte y servicios financieros, incluida una aerolínea, Vuelos Económicos de Honduras (VECA), que quebró en 2017 dos años después de arrancar con una inversión cercana a US$100 millones. Según Connectas, entre 2010 y 2019 la Fiscalía salvadoreña detectó transacciones que activaron alertas de lavado. Una investigación de No-Ficción concluyó que el consorcio no pudo explicar el destino de al menos US$600 millones, y la de Expediente Público cita al Departamento de Estado de EE. UU., según el cual más de US$400 millones habrían sido desviados a empresas de fachada.
Del lado venezolano, el Informe del Comisario de PDVSA de 2021 fija en US$1.250 millones la deuda pendiente que se busca recuperar. Debe presentarse como una reclamación o saldo identificado por PDVSA, no como deuda soberana de El Salvador ni como un monto que siga íntegro en 2026.
Fuera de las Américas: la incógnita de Bielorrusia
Entre 2010 y 2012, en medio de las tensiones entre Minsk y Moscú por el petróleo ruso, Bielorrusia recurrió a Venezuela y PDVSA entregó más de 9,2 millones de toneladas, por más de US$7.000 millones. Chávez cerró personalmente el acuerdo con Alexander Lukashenko con el que Minsk pagaría 80% de cada cargamento en 35 días, y el 20% restante quedaría como obligación cuyo mecanismo debían definir después ambos gobiernos, algo que nunca se concretó. Cuando Venezuela dejó de suministrar en 2012, ese 20% sumaba unos US$1.400 millones.
Documentos bielorrusos obtenidos por OCCRP, Armando.info y el Belarusian Investigative Center muestran que Minsk decidió considerar esa obligación una “ayuda” venezolana y no una deuda exigible. Acá hay que ser especialmente cuidadoso, pues no hay evidencia pública de que Bielorrusia pagara esos US$1.400 millones; PDVSA la registró como activo no corriente en su informe de 2011, y funcionarios bielorrusos niegan que exista deuda pendiente. Tampoco hay una reclamación pública reciente de Caracas que permita fijar un saldo reconocido oficialmente en 2026.
Países como Brasil, Chile e India aparecen como beneficiarios de proyectos del Bandes, sin evidencia de deuda pendiente.
El intento de cobro tras los acuerdos de Doha
Venezuela retomó el cobro cuando Washington concedió un alivio parcial de sanciones a cambio de la promesa de Maduro de encaminar el país hacia las elecciones de 2024. En 2023, el entendimiento con Estados Unidos, mediado por Catar, abrió una vía para pagar obligaciones vinculadas a Petrocaribe. La Licencia General 44 de la OFAC autorizó ciertas operaciones petroleras y permitió entregar crudo y gas venezolanos a acreedores del Gobierno o de PDVSA como forma de pago. Eso no significaba que los deudores pudieran transferir dinero sin restricciones, puesto que las operaciones que involucraban al sistema financiero estadounidense seguían sujetas a las sanciones y, cuando correspondía, a licencias específicas.
El primer gran caso fue Haití cuando en febrero de 2024 Venezuela informó haber recibido US$500 millones por suministros de combustible bajo Petrocaribe, según Reuters, que añadió que Caracas negociaba con otros países. La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez viajó a Granada para discutir un plan de pago, y Caracas negociaba con Belice un acuerdo que, según Bloomberg, rondaría entre US$129 y 164 millones. El caso haitiano mostró que las sanciones condicionaban no solo la capacidad de Venezuela para vender petróleo, sino también la forma de recuperar cuentas por cobrar, algo que sigue siendo relevante hoy. Ese proceso quedó interrumpido por el vuelco político de 2024 con los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.
El 3 de enero, una operación militar de Estados Unidos en Caracas terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, trasladados a territorio estadounidense; Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo ante un tribunal federal en Nueva York.
El gobierno interino heredó una deuda externa mucho mayor que la de Petrocaribe. En mayo de 2026 anunció una reestructuración de la deuda pública externa y de PDVSA que, según Reuters y el Financial Times, podría situarse entre US$150.000 y 240.000 millones entre 180% y 200% del PIB estimado, con Centerview Partners como asesor. Frente a esa cifra, las acreencias de Petrocaribe son una fracción mínima y han quedado en segundo plano.
Un capítulo que se cierra
Durante los años de mayor disponibilidad de recursos, Caracas convirtió el financiamiento, la cooperación energética y el crédito concesional en instrumentos para ampliar sus vínculos políticos y económicos. Petrocaribe, el ALBA, los acuerdos bilaterales y mecanismos como el Bandes le permitieron construir una red que trascendía lo comercial y que, según la literatura académica, aumentó su influencia regional y redujo en ciertos espacios la dependencia de sus socios respecto de Estados Unidos. Dos décadas después, algunas obligaciones fueron pagadas, renegociadas o condonadas; otras siguen registradas como compromisos de gobiernos, empresas estatales o entidades financieras; y en varios casos los montos exactos no son verificables públicamente.
Hoy Estados Unidos mantiene una influencia decisiva sobre el gobierno interino y sobre aspectos centrales de la recuperación económica y del sector energético, mientras Caracas negocia la reestructuración más importante de su historia contemporánea. La recuperación o liquidación de lo que estos países deben podría cerrar uno de los capítulos financieros de la política exterior de la Revolución Bolivariana. Washington busca reconfigurar las relaciones de Venezuela y reducir los espacios de influencia de sus antiguos socios estratégicos, como China y Rusia, y el destino de estas deudas forma parte de esa transición más amplia. Queda por ver si Estados Unidos lo empleará para moldear un nuevo orden energético hemisférico con Venezuela como socio clave del suministro global.
