En el primer evento de la organización estuvieron presentes el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar; el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Zimbabwe, Amon Murwira; la fiscal general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina; el ministro de Justicia de Serbia, Nenad Vujić; el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis; y el secretario general adjunto de las Naciones Unidas, Li Junhua. Fotografía: IOMed.
Guacamaya, 4 de junio de 2025. Con el apoyo de 33 naciones y el liderazgo de China, se lanza en Hong Kong la Organización Internacional para la Mediación (IOMed), un organismo intergubernamental creado para resolver conflictos de manera pacífica. Venezuela juega un papel importante al ser un país fundador, contribuyendo a la paz global.
Esta organización se podría alzar como una alternativa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), en especial para países no alineados con Occidente.
La creación de la Organización Internacional para la Mediación (IOMed) es un momento de atención para la diplomacia en el mundo moderno. La IOMed fue oficialmente establecida el 30 de mayo en Hong Kong, donde se firmó su convención fundacional, con la participación de representantes de 85 países y casi 20 organizaciones internacionales. Un total de 33 países se convirtieron en miembros fundadores, lo que la convierte en una nueva esperanza para la resolución de conflictos internacionales.
Respaldada por la República Popular China y con apoyo de varias naciones de Asia, África, Europa del Este y América Latina, la IOMed busca ofrecer una alternativa a los métodos tradicionales de arbitraje y justicia internacional. En lugar de centrarse en tribunales como la Corte Internacional de Justicia, esta nueva organización pone su énfasis en la mediación voluntaria, el respeto mutuo y el enfoque de “todos ganan”. Lo que hace especial a la IOMed es su compromiso con el diálogo y la conciliación, buscando resolver disputas entre países, empresas o inversores de una manera más pacífica según la diplomacia china
La elección de Hong Kong como sede no fue casualidad. La ciudad tiene una historia que actúa como puente entre Oriente y Occidente. Su sistema legal, basado en el common law británico, junto con su enfoque de “un país, dos sistemas”, la convierte en un lugar ideal para conectar diferentes tradiciones jurídicas. Además, ya cuenta con centros de arbitraje destacados como el HKIAC y el AALCO-HKRAC, lo que refuerza su rol como un centro de resolución de conflictos en la región.
El por entonces canciller chino Qin Gang destacó cuatro principios importantes que guiarán la IOMed: respeto entre naciones, cooperación inclusiva, apertura hacia diferentes culturas y tradiciones, y asegurar que los países en desarrollo tengan voz en el proceso. Con el respaldo de estos principios, Venezuela ha tomado un papel protagónico en esta nueva aventura diplomática. El presidente Nicolás Maduro anunció la inclusión de Venezuela en la IOMed, lo que la Asamblea Nacional ha respaldado, considerando que esta participación es un avance estratégico para la diplomacia del país.
Maduro comentó que “la incorporación de Venezuela es un paso firme hacia una diplomacia de paz y diálogo”. Además, resaltó que esta decisión se alinea con una visión de un mundo donde todos los países colaboran entre sí, especialmente desde la perspectiva del Sur Global. La diputada Ilenia Medina, quien fue una de las impulsoras del proyecto, describe este acuerdo como “un momento clave en la historia de la humanidad”.
Implicaciones geopolíticas y diplomáticas
La llegada de Venezuela a la IOMed tiene muchas implicaciones. Primero, le permite al gobierno de Maduro presentarse como un participante activo y positivo en la diplomacia de mediación global. Esto puede ayudar a contrarrestar las acusaciones de estar aislado. Segundo, al alinearse con China, Venezuela busca crear lazos más fuertes con nuevos poderes en el mundo que cuestionan el sistema internacional tradicional. Esto establece un nuevo enfoque basado en “la soberanía de las naciones” .
Por último, el gobierno podría utilizar la plataforma que ofrece la IOMed para comunicar su visión y crítica sobre las sanciones internacionales, así como para promover una diplomacia coordinada en otros foros multilaterales y contrarrestar la influencia de países occidentales hostiles hacia a Maduro a través de la cooperación con otras naciones en situación similar.
¿Qué implicaciones puede tener para el conflicto venezolano?
La IOMed puede también ayudar a cambiar la percepción internacional del conflicto en Venezuela. Al presentarse en este nuevo marco, dado que no está dominado por intereses estadounidenses o europeos, puede abrir un camino nuevo para el manejo del conflicto. La inclusión de actores no estatales, como miembros de la sociedad civil y la academia, podría dar lugar a un enfoque más democrático y colaborativo para la resolución de problemas.
Además, Venezuela podría utilizar la IOMed para solicitar apoyo en las negociaciones internas, especialmente en caso de que se enfrenten a un estancamiento con otros mediadores más tradicionales. También podría convertirse en un espacio propicio para que tanto el gobierno como la oposición se acerquen y exploren nuevas ideas sin el temor al juicio público, fomentando así un ambiente de confianza que facilite la búsqueda de soluciones creativas. No obstante, es importante señalar que el organismo podría ser utilizado para respaldar políticamente a los gobiernos que han formalizado su adhesión, en un contexto global marcado por importantes intereses geopolíticos.
A pesar de estas oportunidades, hay riesgos que no se pueden ignorar. Existe la posibilidad de que el gobierno aproveche la IOMed solo como herramienta de propaganda, sin dar pasos reales hacia una solución. También, si la oposición y aliados de occidente desconfían de la legitimidad de la organización, su utilidad podría disminuir. Además, la independencia y efectividad de la IOMed aún deben ser comprobadas para ganar la confianza de los diferentes actores involucrados.
Sin embargo, es pertinente tener en cuenta que, al tratarse de un organismo impulsado principalmente por la República Popular China —un actor clave en el caso venezolano—, los demás actores internos deben observar y analizar con atención para explorar oportunidades que faciliten una resolución del conflicto en el país en sus distintos niveles. Involucrar a la IOMed podría facilitar el respaldo de países como China o incluso Rusia a eventuales acuerdos para la protección de activos venezolanos o incluso humanitarios suscritos entre las partes del conflicto venezolano, especialmente aquellos que requieran la interlocución de Naciones Unidas, concretamente del Consejo de Seguridad, donde ambos países son miembros permanentes. Su apoyo podría ser crucial para otorgar mayor fuerza y legitimidad a dichos acuerdos, especialmente los relacionados a los activos venezolanos en el exterior.
Además, la IOMed podría fungir como un acompañante de confianza para el chavismo en futuros procesos de negociación. Asimismo, representa una oportunidad para involucrar más activamente a China en la resolución del conflicto venezolano, ya que, a diferencia de Rusia, Pekín no ha participado directamente en las mesas de negociación de México o Barbados, a pesar de la significativa deuda que mantiene Caracas con el gobierno de Xi Jinping.
En ese orden de ideas, en los últimos años, Venezuela ha sido objeto de una serie de demandas internacionales promovidas por empresas extranjeras que alegan expropiaciones y violaciones contractuales, especialmente en sectores estratégicos como el petróleo, la electricidad y la alimentación. Estos procesos, iniciados principalmente durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, han derivado en laudos arbitrales adversos para el Estado venezolano.
Empresas como ConocoPhillips, Crystallex, Tenaris y Gold Reserve han logrado fallos favorables ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y otros tribunales internacionales. A partir de estas decisiones, varias compañías han iniciado procesos legales para embargar activos venezolanos en el extranjero, con el objetivo de asegurar el pago de las compensaciones ordenadas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Crystallex vs. Venezuela, en el cual la minera canadiense obtuvo autorización para congelar acciones de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos, como medida de resarcimiento por la expropiación de un proyecto aurífero en el sur del país. La posible pérdida de CITGO ha generado alarma tanto en sectores oficiales y de oposición como en acreedores internacionales, ya que se trata de uno de los activos más valiosos de Venezuela fuera de su territorio.
Adicionalmente, Estados Unidos ha congelado reservas del Banco Central de Venezuela (BCV), oro depositado en el Banco de Inglaterra y diversas cuentas en bancos europeos. Aunque oficialmente estas acciones se enmarcan en sanciones y medidas de presión política, también responden —en parte— a la necesidad de preservar esos fondos ante posibles reclamos de inversionistas afectados.
Frente a este panorama, han existido propuestas que consisten en llevar la protección de activos venezolanos ante las Naciones Unidas, una estrategia que podría ofrecer nuevas herramientas jurídicas en favor del país. La ONU ha mantenido históricamente una postura más favorable hacia los países deudores, lo que abriría una ventana para evitar que los activos sean entregados unilateralmente a empresas occidentales.
Una eventual solicitud formal de protección podría recibir el respaldo de los cuerpos técnicos del sistema de Naciones Unidas, fortaleciendo así su consideración en instancias como la Asamblea General o incluso el Consejo de Seguridad. Si bien algunos temen que Rusia o China puedan vetar una medida de este tipo,es posible que ocurra lo contrario: como acreedores clave del Estado venezolano, Moscú y Pekín tendrían interés en que los activos externos del país no sean comprometidos en favor de inversionistas estadounidenses o europeos, ya que de estos recursos dependerá la capacidad futura de Venezuela para honrar sus compromisos bilaterales. Por ello, involucrar a Venezuela en esta organización podría ser una forma de llevar la situación en los casos que sea posible a un terreno más favorable o contar con un apoyo de confianza que podría ser aceptado en casos concretos si la organización crece con la proyección que estima China.
En medio de una guerra legal y financiera, el destino de los activos venezolanos en el extranjero se ha convertido en un campo de batalla geopolítico que trasciende el ámbito comercial y coloca a Caracas en una encrucijada entre sus obligaciones, sus aliados estratégicos y los tribunales internacionales.
En ese sentido, el organismo podría ser un apoyo y complementarse con otras instancias occidentales en un eventual proceso de negociación acompañado por la comunidad internacional. Es pertinente señalar que también podría ser una herramienta a utilizarse en el caso de la controversia con la Guayana Esequiba, ya que China tiene también importantes inversiones en Guyana.
La entrada de Venezuela en la Organización Internacional para la Mediación es un movimiento importante en el contexto de las nuevas instituciones multilaterales que están surgiendo gracias a potencias emergentes. Representa tanto una oportunidad para reubicar al país en el escenario internacional como para buscar soluciones pacíficas al conflicto interno. El éxito de esta iniciativa dependerá de la disposición política, la inclusión de diferentes grupos y la credibilidad que la organización logre establecer en el mundo.
