Venezolanos protestan contra el fin del “TPS”. Fotografía: Venezuelan-American Caucus.
Guacamaya, 12 de junio de 2025. Una abrupta decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración Trump ha puesto en jaque a unos 500 mil migrantes, al revocarles los permisos de permanencia obtenidos mediante el programa de parole humanitario impulsado durante la era Biden. Entre los afectados se encuentran cerca de 120 mil venezolanos, quienes ahora enfrentan una inminente orden de salida del país, en medio de la incertidumbre migratoria.
El gobierno del presidente Donald Trump, en su retorno a la Casa Blanca, ha ordenado la revocatoria masiva del programa de parole humanitario, una medida que afecta a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que ingresaron a Estados Unidos durante la administración Biden. Aunque se estima que al menos 120 mil venezolanos forman parte del grupo impactado, las autoridades no han precisado cuántos de ellos han logrado cambiar su estatus migratorio—por ejemplo, obteniendo asilo—lo que les permitiría permanecer legalmente en el país a pesar de la anulación del parole.
El panorama se complica por la incertidumbre jurídica que rodea otras formas de protección, como el Estatus de Protección Temporal (TPS). Este fue concedido por primera vez a los venezolanos en marzo de 2021 por el presidente Biden, en respuesta al deterioro de la situación política y humanitaria en Venezuela, y ampliado nuevamente en 2023 hasta 2026. Sin embargo, un reciente fallo judicial limita el alcance de esa extensión, afectando directamente a quienes se acogieron al TPS tras su última designación, prorrogada en enero de este año.
Más allá del plano legal, el impacto de esta medida podría ser significativo también en lo económico. Los venezolanos con TPS, por ejemplo, destacan por su alta formación académica: entre el 40% y el 54% poseen título universitario. Además, sus tasas de participación en el mercado laboral oscilan entre un 80% y un 96%, superando incluso a la media nacional.
La medida representa un giro drástico en la política migratoria estadounidense y plantea interrogantes sobre el destino inmediato de cientos de miles de migrantes que habían logrado establecerse legalmente y contribuir activamente a la economía del país.
