Venezuela enfrenta el reto de construir sobre ruinas, ante la urgencia por brindar soluciones habitacionales que se conviertan en techos seguros y evitar dilatar la herida en la estructura social del país. | Fotografía: Complejo Residencial “Ciudad Tiuna” (Créditos: Prensa Presidencial)
Guacamaya, 26 de julio de 2026. Luego de un mes de la catástrofe provocada por el doble terremoto del 24 de junio, Venezuela enfrenta una crisis humanitaria y de infraestructura que no tiene comparación en el último siglo. La política gubernamental, con numerosas limitaciones, intenta hacer frente a la emergencia, apalancada en planes integrales de reconstrucción y de la mano de reformas legales y el apoyo extranjero.
Los eventos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5 ya han dejado una herida profunda en el país, con un saldo oficial que ha ascendido a 5.398 fallecidos y 16.740 heridos. La devastación también se traduce en cifras alarmantes, con 17.907 personas que se encuentran actualmente damnificadas tras el colapso de 190 edificios y daños estructurales en otros 856.
Esto ha originado que la presión sobre el sistema de refugios sea crítica. Existen a la fecha al menos 107 campamentos transitorios operativos en el territorio nacional, los cuales albergan a unas 24.477 personas. El estado La Guaira, considerado la zona cero del desastre, concentra la mayor carga con más de 12.700 personas bajo resguardo en 28 refugios, seguido por Caracas y los estados Miranda y Aragua.
Entregas de viviendas y promesas bajo la lupa
En medio de esta emergencia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha liderado la entrega de soluciones habitacionales. Recientemente, adjudicó apartamentos equipados a unas 200 familias en las torres del complejo «Ciudad Tiuna» en Caracas. Aunque en otra información oficial se señaló que eran 240 las familias beneficiadas, se desconoce si la cifra también equivale a viviendas.
En contexto, el Ejecutivo ha anunciado un cronograma de entregas mensuales con la meta de otorgar 4.000 viviendas para diciembre de 2026. A mediano plazo, las proyecciones gubernamentales apuntan a superar las 10.000 viviendas recuperadas o culminadas para el año 2027, aunque estima que se necesitan inicialmente 25.000 soluciones habitacionales para cubrir el déficit generado por el doblete sísmico.
Estas cifras, no obstante, han sido recibidas con escepticismo por diversos sectores. Analistas como Asdrúbal Oliveros y Zulma Bolívar han advertido públicamente que la falta de holgura fiscal y la magnitud del déficit hacen que las metas parezcan más un “deseo” que una “realidad factible”. José De Viana, a su vez, considera que, dada la experiencia internacional, una reconstrucción real podría tardar años y no meses.
El “Plan Venezuela Renace” y las reformas legales
La respuesta oficial se articula a través del Plan Venezuela Renace, que incluye inspecciones técnicas masivas. En La Guaira, se evalúan geológicamente más de 40 predios, que contemplan unos 584.000 metros cuadrados. Simultáneamente, se supervisan obras en fase final en zonas como Charallave (Miranda) y sectores de Brisas de Maiquetía y El Junquito para acelerar reubicaciones.
Para organizar la demanda, el Ministerio de Hábitat y Vivienda impulsa el Registro Único de Vivienda, que hasta el 24 de julio y en 11 días de despliegue, había logrado censar a 13.674 familias que perdieron sus hogares. La cifra se traduce en más de 46.000 personas, contabilizadas por un equipo de 250 registradores distribuidos en las principales regiones afectadas.
En paralelo, el Ejecutivo también activó el Censo Nacional de Hábitat y Vivienda a través de habitable.gob.ve, aunque a la presente fecha el enlace se encuentra inaccesible. Al momento de su anuncio, el proceso digital consistía en el reporte de daños mediante un “semáforo de riesgo” y la posterior obtención de un certificado con QR inmutable para evitar irregularidades.
Esto se acompaña con el impulso, desde la Asamblea Nacional, de reformas urgentes para reactivar el mercado inmobiliario primario y secundario. Las propuestas incluyen la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que busca facilitar la construcción, y la nueva Ley de Arrendamiento, que propone un marco más favorable a los arrendadores para reactivar el mercado de alquileres.
La cooperación internacional y la factura de la reconstrucción
El apoyo técnico y financiero se ha diversificado. El experto mundial en ingeniería estructural, Kit Miyamoto, por un lado, colabora en la capacitación de obreros y en la evaluación de estructuras aptas para reparación. A su vez, la Cámara Venezolana de la Construcción ha propuesto medidas drásticas como el IVA 0 % para materiales por 18 meses y la liberación de encajes legales para financiar el sector.
En el ámbito multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) han ofrecido ayuda no reembolsable. Aunque no fueron asomados los montos de dichos beneficios, el propio Banco Mundial estima los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares, cifra respaldada por expertos que sitúan la necesidad de financiamiento entre $12.000 millones y $15.000 millones, casi el 11 % del PIB nacional.
Mientras tanto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha abierto una convocatoria para la adquisición masiva de viviendas prefabricadas modulares de rápido ensamblaje, adaptadas a las condiciones climáticas del país. La ONU, a través de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ha solicitado 300 millones de dólares adicionales, a 15 millones iniciales, para atender las necesidades inmediatas de 1,3 millones de personas afectadas.
¿Qué esperar?
Venezuela se encuentra en una encrucijada en la que la urgencia humanitaria choca con la debilidad institucional y financiera. Si bien el despliegue del Plan Venezuela Renace y el uso de tecnologías censales muestran una voluntad de organización, la magnitud de la inversión requerida (superior a los 12.000 millones de dólares) sobrepasa la capacidad del Estado de forma independiente.
El éxito de la reconstrucción dependerá de tres factores críticos: la transparencia en el manejo de los fondos multilaterales, la capacidad de integrar al sector privado mediante las reformas legales en curso y la efectividad de la asignación de viviendas en tiempo efectivo para vaciar los campamentos antes de que estos se conviertan en asentamientos permanentes de pobreza.
