La última licencia forma parte del plan de la administración Trump para la recuperación económica de Venezuela, manteniendo el control de Washington. En la imagen, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fotografía: National Register of Historic Places.
Guacamaya, 5 de mayo de 2026. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos emitió el martes la Licencia General 58, que abre un preámbulo para la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela.
La última autorización sancionatoria permite transacciones con el Gobierno de Venezuela y PDVSA que sean necesarias para proveer servicios legales, de asesoría financiera y de consultoría en relación con una potencial resolución de los pasivos en incumplimiento.
Esta excepción a las sanciones se introduce a una medida de 2017, cuando la primera administración Trump prohibió la emisión nueva de deuda por parte del Estado venezolano y la petrolera nacional, cortando una fuente de financiamiento vital para cualquier país y bloqueando la posibilidad de una reestructuración.
Este paso es fundamental para empezar las conversaciones sobre la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela. El trabajo de los expertos es necesario para precisar el tamaño total de la deuda y ubicar sus tenedores, así como para estimar la capacidad presente y futura del país para repagar a los acreedores, teniendo en cuenta que la economía venezolana es hoy un tercio de lo que fue en 2012.
La noticia ha sido bien recibida por el mercado, mientras varios inversores se preparan para una de las reestructuraciones de deuda más grandes en la historia de los mercados emergentes, después de Argentina en 2001 y Rusia en 1998.
La principal concentración de deuda soberana está en los bonos de la República y de PDVSA emitidos en dólares en Nueva York, en incumplimiento o default desde 2017. Entre el Gobierno y la estatal petrolera, suman una deuda de 66.000 millones de dólares, a la que deben sumarse intereses moratorios, que podrían llevar el total entre 120.000 millones y 160.000 millones de dólares, según el cálculo.
La última cifra sería mayor al Producto Interno Bruto de Venezuela, que ronda los 100.000 millones de dólares en la actualidad. Sin embargo, no se espera que el país pague toda la deuda, sino que se llegue a un acuerdo entre acreedores y el Gobierno.
Ambos negociarían un descuento o haircut, que podría incluso reducir la deuda a menos de la mitad, en escenarios más extremos. A cambio, los acreedores podrían conseguir mecanismos para ganar más si a Venezuela le va bien, como un “Instrumento de Recuperación de Valor” o VRI, que podría estar ligado al crecimiento económico o las regalías petroleras.
Los bonos se han estado comercializando en el mercado internacional, aunque han tenido restricciones temporalmente. Entre 2017 y 2023, la OFAC mantuvo una prohibición sobre su compra para ciudadanos estadounidenses en el mercado secundario, lo que empujó los precios a la baja. Por esta razón, las cotizaciones han llegado a mínimos por debajo de los 10 centavos por dólar en los puntos más álgidos de sanciones y crisis económica, mientras que hoy pueden comercializarse entre 40 y 60 centavos por dólar.
Algunos fondos de capital riesgo habrían podido cuadruplicar el valor de su apuesta por la deuda venezolana, aún sin llegar a la reestructuración.
Esta licencia aún no permite la resolución de esta deuda, es decir, la reestructuración propiamente. Es exclusivamente para la contratación de asesores. Así como con otras autorizaciones recientes, se prohíben las transacciones con otras entidades sancionadas, o con aquellas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.
Venezuela también enfrenta otras deudas externas, entre ellas 23.000 millones en laudos arbitrales principalmente por las nacionalizaciones de Hugo Chávez, préstamos de instituciones multilaterales y deudas bilaterales con Rusia, China y Brasil.
El Estado, así como PDVSA, también tienen cuentas pendientes comerciales, como por ejemplo con las empresas petroleras, desde Chevron y Repsol hasta la China National Petroleum Corporation (CNPC).
La medida de la OFAC forma parte de la estrategia de Estados Unidos de revertir gradualmente las sanciones impuestas en la primera administración Trump, y de apoyar una recuperación económica alineada con Washington, DC.
Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, ya hemos visto licencias que permiten actividades de producción de comercialización de petróleo, la entrada en el sector minero, y las transacciones con el Banco Central de Venezuela y otros bancos estatales.
