El Ejecutivo intenta reestructurar el orden público en un contexto marcado por crisis sociales y desastres naturales recientes. | Foto: Prensa Presidencial
Guacamaya, 25 de agosto de 2026. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este lunes 24 de agosto la eliminación de los puestos de control policial, conocidos popularmente como alcabalas, dentro de los cascos urbanos del país. La medida, que se muestra como un giro hacia la modernización de la seguridad ciudadana, busca erradicar prácticas irregulares y será sustituida por un sistema reforzado de patrullaje preventivo y vial.
Durante un mensaje a la nación, Rodríguez fue enfática al señalar que esta transición responde a la necesidad de garantizar la libre movilidad y el respeto a los derechos ciudadanos. “En los próximos días vamos a eliminar las alcabalas policiales en las ciudades; y en su lugar, para garantizar una seguridad integral, se reforzará el mecanismo de patrullaje”, afirmó la mandataria.
Esta decisión se produce tras años de denuncias sobre abusos de autoridad y extorsiones en estos puntos de control, los cuales habían proliferado especialmente después de las presidenciales de 2024. Según Rodríguez, el nuevo modelo debe estar “al servicio de las personas” y ejecutarse mediante mecanismos “eficaces, profesionales y respetuosos de los derechos de las personas”.
El marco de la reestructuración de la seguridad ciudadana
La suspensión de las alcabalas no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia integral de depuración institucional iniciada a mediados de este año. En junio fue lanzada la activación de la línea 0800-EXTORSIÓN (0800-398677466) para combatir la “matraca”. La meta expresada fue la de depurar las instituciones y proteger tanto al ciudadano como al funcionario honesto.
“No es justo que policías honestos paguen por aquel que extorsiona al ciudadano… quiero acabar con la matraca y la extorsión”, sentenció en aquella oportunidad, al subrayar la urgencia de sanear las fuerzas de seguridad estatales.
El Ejecutivo ha acompañado estas reformas con una fuerte carga simbólica mediante la transformación de recintos penitenciarios y policiales emblemáticos en centros de encuentro comunitario. Esta política de “justicia restaurativa” se materializó primero con el cierre definitivo de El Helicoide como prisión, anunciado el 30 de enero de 2026, para ser convertido en un centro social, deportivo y cultural
Bajo esta misma lógica, el Coliseo de La Urbina —que funcionaba como sede de la Policía del Municipio Sucre y centro de detención— ha sido entregado a la Misión Venezuela Bella para su recuperación. Rodríguez ordenó que el espacio sea adaptado totalmente para el deporte y la cultura, sustituyendo las áreas de confinamiento por espacios de “encuentro vecinal y paz”.
Hacia una Reforma Judicial permanente
Todas estas medidas convergen en la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, instalada formalmente en abril de 2026. Este proceso busca superar la etapa de medidas excepcionales —tras el fin de la Ley de Amnistía que benefició a más de 8.600 personas— para establecer un sistema penal permanente y transparente.
La reforma se estructura sobre nueve ejes estratégicos, que incluyen la política criminal del siglo XXI, el uso de herramientas tecnológicas y la garantía del debido proceso. Según el fiscal general de la República, Larry Devoe, secretario de la consulta, el objetivo es realizar un diagnóstico compartido para saldar una “deuda histórica” y construir un sistema judicial que garantice la tranquilidad del país.
Con la eliminación de las alcabalas, el gobierno de Delcy Rodríguez intenta no solo agilizar la movilidad urbana, sino también reconstruir la confianza institucional en un país que, tras sufrir desastres naturales recientes, busca en la reforma de sus leyes y cuerpos de seguridad un camino hacia la estabilización social.
