En una misma actualización, la OFAC afectó la Corte Penal Internacional y una de las empresas petroleras con mayor producción en Venezuela. Fotografía: Sealy J.
Guacamaya, 18 de agosto de 2026. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el 18 de agosto actualizaciones sobre su ofensiva contra la Corte Penal Internacional y la nueva configuración de la industria petrolera en Venezuela.
Por un lado, incluyó en su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a dos altos cargos de la CPI, los jueces Tomoko Akane y Abdoulaye Seye, en una decisión que reaviva la tensión entre Estados Unidos y la corte con sede en La Haya.
En paralelo, la OFAC sancionó a la empresa Bluewave Properties, vehículo mediante el cual el empresario de Florida, Harry Sargeant III, mantenía una participación en North American Blue Energy Partners (NABEP), en sociedad con el venezolano Alejandro Betancourt, quien quedaría finalmente con la propiedad plena de la empresa.
La campaña contra la CPI
En el primer caso, la OFAC sancionó a la jueza Tomoko Akane —de nacionalidad japonesa y presidenta de la División de Cuestiones Preliminares del CPI— y al juez Abdoulaye Seye, de nacionalidad senegalesa.
Estados Unidos ya había impuesto sanciones sobre el tribunal al rechazar sus investigaciones contra los intereses de Estados Unidos, y especialmente contra Israel. La CPI ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
Venezuela es uno de los pocos países que se ha vuelto partícipe de esta campaña. El 24 de julio, el canciller Félix Plasencia anunció la retirada del país de la Corte, siendo el primer país en hacerlo tras el inicio de la ofensiva diplomática de Rubio.
La designación de Akane y Seye llega acompañada de una licencia temporal que permite la liquidación ordenada de operaciones vinculadas a ellos, una medida habitual en este tipo de sanciones para evitar efectos colaterales no deseados en terceros que mantuvieran vínculos comerciales o institucionales con los designados.
Este movimiento refuerza el mensaje de la Casa Blanca de que cualquier funcionario de la CPI que impulse investigaciones contra ciudadanos estadounidenses o aliados estratégicos, como Israel, será objeto de represalias económicas y restricciones migratorias.
La pugna por el botín venezolano
Recientemente el presidente Donald Trump, al hablar sobre Venezuela, citó una máxima de la antigua Roma: “Al vencedor le corresponden las riquezas”. Tras el 3 de enero, se ha estado librando una batalla por este botín, que incluye los negocios petrolero, minero y de reestructuración de deuda.
La sanción a Bluewave Properties —empresa de inversión con sede en las Islas Vírgenes Británicas— tiene un matiz más corporativo. Según la OFAC y fuentes de prensa, Bluewave era el vehículo a través del cual Harry Sargeant III mantenía su participación en NABEP.
Sargeant, quien ha sido descrito por medios como un influyente empresario vinculado al Partido Republicano y con negocios en América Latina, habría sido presionado para vender su participación accionarial a Alejandro Betancourt, ciudadano venezolano que ya controlaba la mayoría de NABEP.
Según reportes de la prensa internacional, Betancourt se habría aliado con Mauricio Claver-Carone, calificado como “virrey informal de Venezuela”, para sacar a Sargeant de la ecuación. Mientras tanto, el último habría resistido durante meses la presión para vender.
La semana anterior, Sargeant habría sido presionado a vender su participación bajo la amenaza de la OFAC, y finalmente vendió por 300 millones de dólares al mismo Betancourt, según Bloomberg.
Es notable que la empresa fue sancionada tras la venta. Anteriormente a esta designación, ni Sargent ni sus activos figuraron en la “lista negra” de la OFAC. Paradójicamente, esto ocurre en una etapa de flexibilización de sanciones.
La inclusión de Bluewave en la lista SDN implica el congelamiento inmediato de activos que tenga en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses, lo que en la práctica aísla financieramente a la compañía y complica cualquier intento de recuperar su valor en los tribunales o en los mercados.
Petróleo, deuda y política
NABEP ha sido un gigante silencioso. Es la segunda empresa privada con mayor producción petrolera en Venezuela, con casi 200.000 barriles diarios, repartidos en tres grandes áreas: Petrozamora en el lago Maracaibo, y Petrocedeño y Junín Sur en la Faja del Orinoco.
Según fuentes cercanas a la información, podría estar cerca de firmar nuevos campos petroleros en el país, como parte de un acuerdo de reestructuración de la deuda, en el que estarían sobre la mesa canjes de activos por pagarés.
Claver-Carone y Betancourt estarían, por tanto, en el centro de varios de los nuevos negocios petroleros y mineros en Venezuela, bajo la configuración establecida tras el 3 de enero.
Según Reuters, el propio Claver-Carone también habría influido en la selección de Centerview Partners como asesor de Caracas para la reestructuración de la deuda. En este caso, se ha criticado que el contrato no incluya un tope a su comisión, por lo que la empresa podría cobrar 240 millones de dólares, asumiendo una deuda de 240.000 millones de dólares. Esta sería la asesoría más cara de la historia, cuando la anterior había sido de 25 millones.
Simultáneamente, fuentes políticas señalan que el ex alto funcionario Claver-Carone es, además, el principal promotor del proceso político entre el gobierno venezolano y la Asamblea Nacional de 2015.
En conjunto, el anuncio de la OFAC de hoy tiene un alcance doble donde por un lado, endurece la disputa con la CPI y sus funcionarios; por otro, expone una trama empresarial en la que las presiones accionariales y los intereses energéticos se cruzan con la política exterior y las sanciones económicas.
La administración estadounidense deja claro que ambas vías —la judicial internacional y la empresarial— forman parte de un mismo tablero de presión geopolítica.
