Guacamaya, 25 de agosto de 2026. Las Licencias Generales 61 y 62 de la OFAC abren la puerta a proveedores occidentales en CANTV, Movilnet y Conatel, pero cierran explícitamente el paso a China, Rusia, Irán, Cuba y Corea del Norte. La medida no es un gesto aislado hacia Caracas; es, de hecho, la extensión al sector digital de una doctrina que Washington ya aplicó al petróleo y que ahora se declina también en Buenos Aires, Santo Domingo y el resto del hemisferio.
El 21 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó las Licencias Generales 61 y 62, que autorizan a personas y empresas estadounidenses a suministrar bienes, tecnología, software y servicios para la instalación, mantenimiento, reparación, modernización y operación de infraestructura de telecomunicaciones en Venezuela. La autorización alcanza directamente a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), a su filial móvil Movilnet y al regulador Conatel, y cubre desde conectividad a internet y telefonía hasta transmisión satelital y cables submarinos.
Se trata, en apariencia, de una apertura. En la práctica, es una frontera. La letra de la licencia excluye expresamente cualquier transacción que involucre a personas o entidades de China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, así como a compañías controladas por ellas o vinculadas a través de empresas conjuntas. A eso se suman restricciones a los pagos en oro o criptoactivos —una referencia directa al fallido Petro— y la prohibición de constituir nuevas empresas mixtas, además de obligaciones de reporte cada 90 días al Departamento de Estado. La flexibilización, en otras palabras, viene fuertemente condicionada: Washington no está liberalizando el sector, está tratando de recablearlo.
Una doctrina ya ensayada en el petróleo
La arquitectura no es nueva. Las autorizaciones previas que reabrieron parcialmente el sector petrolero venezolano —permitiendo a operadoras como Chevron o, más recientemente, a Hunt Oil, SLB y Crossover Energy, en el marco de IMAGE 2026, retomar la actividad— siguieron exactamente el mismo molde: alivio selectivo, condicionado y con exclusión explícita de contrapartes chinas. La administración Trump ha encontrado en la licencia general de alcance limitado un instrumento quirúrgico: permite oxigenar sectores estratégicos venezolanos sin entregarle ese oxígeno a un rival geopolítico de primer orden. Extender ese mismo diseño a las telecomunicaciones sugiere que Washington no está improvisando caso por caso, sino aplicando una plantilla replicable a cualquier sector que considere de interés nacional.
La diferencia es que, en telecomunicaciones, la presencia china es hoy mucho más profunda que en energía. Durante dos décadas, CANTV ha construido su columna vertebral de red en torno a Huawei y ZTE, buscando la modernización de fibra óptica, expansión de banda ancha, y probablemente componentes centrales del despliegue 5G que Venezuela ha intentado avanzar en los últimos años. Desplazar a esos proveedores no es un simple cambio de catálogo; implica renegociar arquitectura de red, contratos de mantenimiento y, en algunos casos, hardware que ya está físicamente instalado.
El otro frente: la ofensiva discursiva de Segura
La licencia no llegó sola. Días antes, Juan Pablo Segura, el nuevo responsable para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, difundió un mensaje señalando directamente a Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI, y advirtiendo que la legislación china obliga a estas empresas a cooperar con los servicios de inteligencia de Pekín, lo que —según Washington— genera riesgos de espionaje, ciberataques e interrupción de redes. Segura instó a los socios americanos de Estados Unidos a migrar “rápidamente” hacia proveedores de confianza, en un mensaje que embajadas estadounidenses en la región, desde Buenos Aires hasta Santo Domingo, replicaron casi de inmediato.
Ese doble movimiento —licencia administrativa por un lado, presión diplomática pública por otro— es la firma característica de esta etapa de la política hemisférica de Washington. Analistas han enmarcado la ofensiva de Segura y la del embajador en Argentina, Peter Lamelas, como parte de un relanzamiento explícito de la Doctrina Monroe bajo el segundo mandato de Trump que sostiene la idea de que el hemisferio occidental es una esfera donde Washington reclama prerrogativa de veto sobre la presencia de potencias extrarregionales, ya no solo en términos militares o de seguridad, sino en infraestructura crítica digital.
La respuesta de Pekín
China no dejó pasar el episodio. El portavoz de la Cancillería, Lin Jian, calificó las advertencias estadounidenses de “acoso tecnológico flagrante” y acusó a Washington de “fabricar hechos y tergiversar la realidad”, exigiendo que Estados Unidos deje de interferir en el derecho de los países soberanos a elegir libremente sus socios de cooperación. Lin defendió que las tecnológicas chinas cumplen las leyes de los países donde operan y han contribuido al empleo y desarrollo económico regional, y devolvió el golpe acusando a Washington de vigilancia y ciberataques históricos en la región, sin presentar evidencia concreta durante la rueda de prensa.
La embajada china en Washington, por su parte, prometió defender a las empresas afectadas, y la legación china en Santo Domingo ya había respondido este fin de semana a la difusión de las advertencias de Segura por parte de la embajada estadounidense en República Dominicana. El patrón revela que esto ya no es un asunto bilateral Washington-Caracas: es un capítulo más de una disputa sistémica que se libra simultáneamente en Venezuela, Argentina, República Dominicana y, previsiblemente, en cualquier país de la región donde Huawei o ZTE tengan contratos activos.
Lo que está en juego para Venezuela
Para Caracas, el dilema es estructural. CANTV depende de proveedores chinos no por afinidad ideológica exclusivamente, sino porque durante los años de aislamiento financiero casi total, Huawei y ZTE fueron de los pocos actores dispuestos a operar bajo el riesgo de sanciones. Sustituir o ampliar esa infraestructura por proveedores occidentales exige inversión, tiempo y, sobre todo, la voluntad política de Miraflores de aceptar un reordenamiento tecnológico impuesto desde fuera como condición de acceso a financiamiento y tecnología estadounidenses.
Inicialmente no parece que la intención plena de Washington sea desmontar la infraestructura tecnológica china que ya opera en Venezuela, pero sí puede inicialmente cerrar la puerta a una nueva fase de expansión de Beijing en las telecomunicaciones y otros segmentos estratégicos de la infraestructura digital venezolana
El gobierno venezolano no ha comentado públicamente el alcance de las nuevas licencias ni su impacto sobre los acuerdos vigentes con las firmas chinas, un silencio que en sí mismo es revelador que sugiere que Caracas está evaluando el costo de mantener ambas relaciones simultáneamente, algo que la propia arquitectura de la licencia parece diseñada para hacer cada vez más difícil. La pregunta de fondo ya no es si Venezuela puede modernizar su red de telecomunicaciones, sino con qué potencia decide quedarse atada tecnológicamente para la próxima década, y qué margen real de maniobra le queda a la sesgada “neutralidad activa” que Caracas ha intentado sostener entre Washington y Pekín en otros frentes, como el energético y el de minerales críticos.
Las telecomunicaciones son un caso particularmente sensible dentro de esta discusión. El Estado venezolano mantiene un peso considerable en un sector que, durante buena parte de las últimas dos décadas, estuvo marcado por la presencia directa del Gobierno. El ejemplo más evidente es la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), nacionalizada en 2007 bajo el gobierno de Hugo Chávez, junto con su filial móvil Movilnet. Desde entonces, ambas empresas han constituido una pieza central de la infraestructura de telecomunicaciones del país y de la capacidad del Estado para intervenir directamente en un sector considerado estratégico.
Ese dominio, sin embargo, ha comenzado a experimentar cambios. En los últimos años se han producido mecanismos de apertura parcial al capital privado y, más recientemente, el Gobierno de Delcy Rodríguez ha impulsado un proceso más amplio de evaluación, reorganización y eventual privatización de activos públicos. En abril se creó una comisión para estudiar la liquidación, privatización y otras fórmulas de participación privada en empresas estatales, mientras que distintos reportes han señalado que cientos de compañías públicas podrían entrar en procesos de reorganización, asociaciones estratégicas o venta.
En ese contexto, las telecomunicaciones adquieren una importancia que va mucho más allá de su valor comercial. CANTV, Movilnet y la infraestructura asociada representan activos estratégicos por su capacidad para conectar al país, transportar datos y sostener buena parte de la arquitectura digital venezolana. Por ello, cualquier proceso de apertura, privatización o transferencia de participación en estas compañías tendría también implicaciones sobre quién controla y quién financia la infraestructura tecnológica del país.
La relación con la restructuración de la deuda
Esto resulta especialmente relevante frente a la discusión sobre la reestructuración de la deuda venezolana. Diversas fuentes y reportes habían planteado la posibilidad de utilizar activos públicos como parte de un eventual esquema de canje de deuda. Si ese mecanismo llegara a materializarse, las empresas estatales de telecomunicaciones podrían encontrarse entre los activos considerados, particularmente en un momento en que Caracas parece estar reconsiderando el papel del Estado como propietario directo de empresas estratégicas.
La coincidencia temporal es significativa. Venezuela enfrenta la necesidad de reestructurar una deuda externa enorme y, al mismo tiempo, está comenzando a abrir activos que durante años estuvieron bajo control estatal. Esto crea una pregunta central: ¿la apertura de estos activos responderá exclusivamente a una estrategia para atraer inversión y modernizar la economía, o también podría convertirse en una herramienta para satisfacer a acreedores y reorganizar las obligaciones financieras del Estado y corresponder los intereses geopolíticos de Washington o de la actual administración?
La dimensión geopolítica se vuelve todavía más evidente cuando se incorpora a China. Beijing es el principal acreedor bilateral de Venezuela y, además, ha tenido una presencia significativa en la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones venezolana. Por eso, la batalla por la deuda venezolana no se reduce a determinar cuánto dinero debe Caracas, quién lo cobrará y bajo qué condiciones. También puede convertirse en una disputa por quién tendrá influencia sobre los activos estratégicos que sostienen la economía venezolana del futuro.
En otras palabras, la reestructuración de la deuda y la eventual privatización de activos públicos podrían terminar siendo dos caras de un mismo proceso. Si Venezuela comienza a transformar la propiedad de sus empresas estatales, la pregunta ya no será únicamente quién recuperará su dinero, sino quién terminará controlando los activos estratégicos que quedarán disponibles. Y en el caso de las telecomunicaciones, eso significa discutir no solo sobre empresas y deuda, sino también sobre la futura arquitectura digital del país y sobre el espacio que China conservará —o perderá— dentro de ella.
