Recientes sucesos resaltan los continuos problemas de seguridad que enfrentan las localidades limítrofes entre ambas naciones sudamericanas, en medio de la creciente presión de Washington por cambiar esa realidad. | Fotografía: Zodi Apure.
Guacamaya, 02 de noviembre de 2026. El mapa de seguridad en la franja fronteriza entre Colombia y Venezuela atraviesa tensiones geopolíticas y militares tras fuertes acontecimientos ocurridos en los últimos días. Lo que desde Caracas durante décadas se mantuvo bajo una dinámica de coexistencia y complicidad tácita con organizaciones guerrilleras colombianas ahora ha tenido un vuelco.
El punto de inflexión más reciente se registró en la madrugada del viernes 30 de octubre, cuando el Ejército venezolano ejecutó un ataque aéreo contra un campamento estratégico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Apure. Este operativo militar, marcado por un espeso silencio oficial en Caracas, se entrelaza con una violenta ofensiva paramilitar en Cúcuta que obligó su militarización.
Drones, helicópteros y fuego contra el ELN en Apure
La operación militar venezolana tuvo lugar en el sector Buena Vista del Meta (frecuentemente identificado en reportes locales como Guafillas de El Meta), dentro del municipio Pedro Camejo del estado Apure, una franja boscosa y estratégica adyacente al departamento colombiano del Vichada.
Fuentes locales y defensores de derechos humanos confirmaron que la incursión fue dirigida contra una instalación de la guerrilla que servía como centro de acopio de sustancias estupefacientes, resguardo de combustibles de aviación y base de operaciones para pistas clandestinas de narcotráfico.
A diferencia de despliegues del pasado, la acción armada destacó por la incorporación de tecnología de precisión y drones de ataque, combinados con el fuego de helicópteros artillados. La descarga destructiva neutralizó aeronaves del ELN camufladas entre la vegetación y arrasó las estructuras del campamento.
Pese a la magnitud del despliegue en el cajón del Arauca y el traslado de aeronaves Cessna 208 Grand Caravan a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez no ha emitido ningún comunicado formal o parte de guerra que aclare los objetivos específicos o el alcance institucional de la misión.
Bajas, nacionalidades y el hallazgo en la morgue
La cifra de muertos en Buena Vista del Meta asciende a al menos 19 personas, aunque reportes militares de la zona sugieren que el saldo final podría superar la veintena.
Los primeros balances de la ONG FundaRedes documentaron la llegada de nueve cadáveres a la morgue del hospital Luis Herrera y del centro asistencial Pablo Acosta Ortiz en San Fernando de Apure durante el viernes 30 de octubre. Un día después, diez cuerpos adicionales fueron recuperados e ingresados al mismo recinto, además de traslados y sepulturas posteriores en Camaguán, Guárico.
Entre las víctimas fatales destacan diversas nacionalidades que exponen el entramado del crimen organizado en la región. La mayoría de los combatientes caídos eran hombres jóvenes de nacionalidad venezolana, hallándose entre sus pertenencias cédulas de identidad, licencias de conducir y carnets de la patria.
También se confirmó la identificación de al menos dos ciudadanos de República Dominicana que portaban licencias de conducir y documentos de identificación venezolanos falsificados o tramitados irregularmente. Por otros lados, reportes de Alianza Rebelde Investiga (ARI) señalan la presencia de ciudadanos colombianos y mexicanos entre las bajas recabadas.
Entre los restos fue localizado, además, el cuerpo de una mujer identificada preliminarmente como Olinda Moraima Camacho de Solórzano, presunta compañera de un piloto militar o civil de la estructura. La víctima llevaba consigo múltiples cédulas de identidad venezolanas, papeles colombianos y credenciales norteamericanas.
La huella de Washington y la reconfiguración geopolítica
Aunque pueda parecer, el bombardeo en Apure no es un hecho aislado. El hecho sugiere responder directamente a las presiones y a la estrecha colaboración operativa entre Caracas y Washington tras los acontecimientos del pasado 3 de enero de 2026, cuando la captura de Nicolás Maduro abrió paso al gobierno encargado de Delcy Rodríguez.
Una fuente militar presuntamente vinculada directamente al operativo en Apure reveló a la agencia AFP que la incursión contó con un soporte decisivo de agencias estadounidenses. “Nos ayudó gente de la CIA y el FBI. Esto fue una orden de Estados Unidos”, declaró, aunque ni la Casa Blanca ni el Palacio de Miraflores han ratificado oficialmente estas declaraciones.
No obstante, el movimiento de inteligencia ya se venía gestando. Semanas antes, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió explícitamente a las autoridades encargadas sobre la urgencia de desmantelar los santuarios del ELN en suelo venezolano. Esto coincidió además con el rastreo por parte de FlightRadar24 de aviones militares estadounidenses modelo C-146A Wolfhound sobrevolando los límites entre Táchira y Amazonas
La dinámica se alinea con lo analizado previamente en Guacamaya en el reportaje sobre la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Venezuela. Desde el restablecimiento de canales con el director de la CIA, John Ratcliffe, y la reunión de septiembre entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, el Ejecutivo en Caracas ha acelerado procedimientos atípicos.
Entre ellos destaca la extracción del empresario Álvaro Pulido Vargas a manos de la DEA en la cárcel El Rodeo I, como la previa y letal operación combinada en Las Claritas donde cayó el máximo líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.
El bombardeo contra el ELN en Apure ratifica así un cambio de doctrina militar impuesto desde Washington para erradicar a la guerrilla de los corredores estratégicos.
La oleada de violencia en la frontera colombiana
En paralelo a los recientes hechos, la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, vivió una semana de conmoción tras dos atentados consecutivos perpetrados en menos de 24 horas.
Uno de ellos fue el asesinato del candidato Miguel Castellanos, el 26 de octubre. El dirigente era exsecretario de Gobierno de Cúcuta, mayor retirado de la Policía Nacional y la figura con mayor proyección para ganar la Alcaldía en las elecciones de 2027. Fue emboscado por sicarios cerca de una estación de servicio en el Anillo Vial Occidental.
Castellanos, hermano del exsenador Jairo Castellanos y del exfutbolista Leandro Castellanos, transitaba sin su esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección junto a su hijo menor cuando fue acribillado. El ataque fue atribuido inicialmente al ELN, aunque hasta el momento no ha habido confirmación oficial.
Al día siguiente, el 27 de octubre, se produjo un atentado con explosivos contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el barrio El Escobal, a metros del puente internacional Francisco de Paula Santander que comunica con Ureña. Una maleta bomba fue activada detrás de la sede institucional, lo que provocó destrozos en viviendas, vehículos y causó heridas a cuatro uniformados de la Policía y cuatro civiles.
Las investigaciones de la Policía colombiana señalan como responsable a un integrante del ELN identificado como alias “David”, quien se habría disfrazado de habitante de calle para colocar la carga antes de huir hacia territorio venezolano.
Ante la oleada violenta impuesta por nueve bandas criminales y guerrilleras, el presidente conservador de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el 29 de octubre la militarización inmediata y temporal de Cúcuta. El despliegue abarca a más de 500 soldados de Fuerzas Especiales Urbanas, apoyados por la activación de la campaña “Esparta” y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) convirtiendo a Cúcuta en la segunda urbe militarizada bajo su mandato tras Santa Marta.
Pendientes por resolver ante el nuevo escenario
Mientras Apure y Cúcuta concentran las acciones directas de la Fuerza Pública, en el sur de Venezuela la crisis de seguridad sigue afectando a la población civil. En el municipio minero de Cedeño, estado Bolívar, presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia de las FARC tomaron las instalaciones de una escuela de Fe y Alegría en las comunidades indígenas de La Batea y Punta Brava, cerca del enclave minero de Los Pijiguaos.
La denuncia formulada por Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, confirmó que docentes y familias enteras tuvieron que abandonar la zona debido al asedio armado, dejando a los niños sin un espacio educativo seguro. Esta incursión es el reflejo de la feroz sangría territorial entre las disidencias de las FARC y el ELN por el control de las minas de oro (como la mina El Burro), coltán y bauxita.
En agosto pasado, esta misma facción de las FARC secuestró y asesinó al líder indígena Julio Rodríguez con el uso de drones y explosivos, lo que provocó semanas después sobrevuelos militares venezolanos que paralizaron las operaciones de la empresa estatal CVG Bauxilum.
Por un lado, el ataque en Apure, sumado al despliegue masivo en el departamento de Norte de Santander, dibuja una maniobra envolvente. Por primera vez en décadas, el ELN y las disidencias de las FARC enfrentan una “tenaza” fronteriza coordinada por la presión estratégica de Washington y ejecutada a ambos lados de la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela.
No obstante, el silencio institucional en Caracas y la falta de garantías constitucionales en estos operativos militares dejan en completa vulnerabilidad a las comunidades indígenas y rurales, atrapadas en medio del fuego cruzado de una disputa que se sigue reescribiendo.
