Delcy Rodríguez arribó a Nueva York durante la madrugada y fue recibida por John Barrett, encargado de Negocios de los Estados Unidos de América en Venezuela; Oliver Blanco, vicecanciller primero de Venezuela; y Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela. Fotografía: X/@delcyrodriguezve
Guacamaya, 21 de septiembre de 2026. La presidenta encargada encabeza la delegación venezolana en el 81.° período de sesiones de la Asamblea General, con reuniones bilaterales con el BID y el Reino Unido, y una agenda centrada en energía, deuda y minería de cara a Estados Unidos.
El regreso de un jefe de Estado venezolano al pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), previsto para esta semana con la participación de Delcy Rodríguez, se produce tras ocho años de ausencia presidencial en Nueva York. Su intervención en el 81.° período de sesiones coincide con un contexto inédito para la diplomacia venezolana: el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, una reunión prevista con Donald Trump y el hecho de que Nicolás Maduro permanece detenido en esa misma ciudad desde su captura por fuerzas estadounidenses en enero de este año. La cita, por tanto, no solo marca un retorno formal al escenario multilateral, sino que se inscribe en un reacomodo más amplio de la posición internacional del país.
Acercamiento al BID: un plan de dos años en el radar
La reunión estuvo centrada en explorar posibles mecanismos de cooperación entre el Gobierno venezolano y el organismo financiero regional, particularmente en áreas vinculadas con la recuperación económica y el desarrollo productivo del país.
El encuentro se produjo en la sede de Naciones Unidas, donde Rodríguez también revisó los principales puntos de la agenda institucional que desarrollará durante su participación en el período de sesiones de la AGNU.
La reunión con Goldfajn se enmarca en los esfuerzos del Gobierno venezolano por ampliar sus vínculos con organismos multilaterales y evaluar nuevas vías de financiamiento y cooperación internacional para distintos sectores de la economía.
Es clave recalcar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabaja en la elaboración de un plan de colaboración de dos años con Venezuela, que contemplaría iniciativas relacionadas con el sector eléctrico y la protección social, según informó Reuters.
El presidente del BID, Ilan Goldfajn, explicó a Reuters que el organismo está retomando el contacto con Venezuela y que actualmente mantiene misiones en el país para evaluar la situación, revisar el marco macroeconómico y analizar los datos disponibles. Este proceso busca establecer una hoja de ruta sobre las áreas en las que el BID podría colaborar durante los próximos dos años.
El BID, considerado el principal prestamista multilateral de desarrollo de América Latina y el Caribe, está integrado por 48 países miembros, incluidos 26 países prestatarios de la región. La institución suspendió la aprobación de nuevos préstamos para Venezuela en mayo de 2018, luego de que el país incurriera en atrasos en sus pagos.
Venezuela todavía mantiene alrededor de 2.000 millones de dólares en préstamos pendientes con el organismo. Goldfajn no precisó cómo serían atendidos estos compromisos financieros ni estableció una fecha para una eventual reanudación del financiamiento del BID al país.
La reunión adquiere relevancia en momentos en que Caracas busca reactivar canales de cooperación con instituciones financieras internacionales y avanzar en mecanismos destinados a atender necesidades de inversión en sectores estratégicos.
Banco Mundial y FMI: Venezuela amplía su acercamiento financiero internacional
La presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo reuniones con los máximos representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Rodríguez se reunió con Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, y posteriormente con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en el marco de la nueva etapa de acercamiento de Caracas con las instituciones financieras internacionales.
Los encuentros adquieren relevancia después de que el FMI anunciara en abril la reanudación de sus relaciones con Venezuela, que habían permanecido suspendidas desde marzo de 2019 debido a cuestiones relacionadas con el reconocimiento del gobierno. La reapertura permite retomar mecanismos de supervisión económica, asistencia técnica y, bajo las políticas del organismo, evaluar eventualmente el acceso a apoyo financiero.
En este contexto, las reuniones con el Banco Mundial y el FMI amplían el alcance de la agenda económica de Rodríguez en Nueva York. Además de las negociaciones bilaterales con Washington, Caracas busca restablecer vínculos con organismos multilaterales que pueden aportar asistencia técnica, evaluación macroeconómica y, eventualmente, instrumentos de financiamiento para la recuperación y reconstrucción del país.
Londres y la agenda de derechos humanos
En paralelo, el canciller venezolano, Félix Plasencia, se reunió con Chris Elmore, ministro del Reino Unido para las Américas. El encuentro abordó los avances hacia una transición democrática, la situación de los derechos humanos y los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras los terremotos registrados en Venezuela este año.
Tras el encuentro, Elmore señaló: “Tuve la oportunidad de reunirme hoy con el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia. Conversamos sobre los avances hacia una transición democrática y la situación de los derechos humanos, así como sobre la recuperación y reconstrucción tras los terremotos ocurridos este año. El Reino Unido seguirá apoyando estos esfuerzos mediante un compromiso constructivo”.
En días recientes se ha llegado a comentar sobre la posibilidad de establecer una ruta aérea entre para conectar directamente al Reino Unido y a Venezuela
Energía, deuda y minería: los tres ejes frente a Estados Unidos
Según informó Reuters, la delegación venezolana —encabezada por Rodríguez— ha previsto abordar específicamente tres asuntos durante su participación en la AGNU: energía, deuda soberana y minería. De acuerdo con el reporte, representantes venezolanos mantendrán conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre estos sectores estratégicos, en el marco del proceso de acercamiento entre Caracas y Washington.
La industria petrolera ocupará un lugar relevante en la agenda, especialmente ante las discusiones sobre la recuperación de la producción venezolana, el futuro del sector energético y la eventual incorporación de empresas internacionales a proyectos de exploración y desarrollo de hidrocarburos. En paralelo, las conversaciones podrían incluir el tratamiento de la deuda soberana venezolana, un elemento central para la eventual recuperación del acceso al financiamiento internacional y la atracción de nuevas inversiones.
La minería también figura entre los asuntos de interés, por su potencial para captar capital extranjero y ampliar las fuentes de ingresos de la economía venezolana, incluyendo la eventual participación de compañías internacionales y las condiciones para desarrollar proyectos en el sector.
Los contactos se desarrollan en Nueva York, aprovechando el espacio diplomático de la Asamblea General para abordar asuntos económicos y bilaterales. Aunque las conversaciones podrían abrir la puerta a nuevos entendimientos entre ambos países, cualquier acuerdo dependerá del desarrollo de las negociaciones entre Caracas y Washington.
Lo que distingue esta AGNU de las anteriores es el trasfondo político. Venezuela no había tenido representación presidencial en el pleno de la Asamblea General desde hace ocho años. Esta vez, el regreso ocurre bajo circunstancias sin precedentes. Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 en Caracas y trasladado a Nueva York, donde permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras enfrenta cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
¿Puede Delcy Rodríguez participar a pesar de la deuda de Venezuela con la organización?
Acá es fundamental precisar que la participación de Delcy Rodríguez o de cualquier alto representante del Ejecutivo venezolano en el debate general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a pesar de que el país mantiene suspendido su derecho al voto es un fenómeno plenamente amparado por el marco legal de la institución multilateral. Para comprender este escenario, es necesario analizar cómo funcionan los reglamentos del organismo, el historial de morosidad de Venezuela, sus causas y la viabilidad del uso de recursos petroleros para cancelar dichos compromisos.
La arquitectura legal de las Naciones Unidas establece una distinción clara y rigurosa entre el derecho a votar y el derecho a hacer uso de la palabra. De acuerdo con el Artículo 19 de la Carta de la ONU, un Estado miembro pierde temporalmente su derecho al voto en la Asamblea General cuando la suma de sus cuotas atrasadas iguala o supera el monto que debía haber aportado durante los dos años anteriores completos. Sin embargo, esta sanción es estrictamente financiera y se limita de forma exclusiva a las votaciones dentro del pleno; los estatutos de la ONU no contemplan bajo ninguna circunstancia la revocación de la voz, la expulsión ni la pérdida del asiento de la delegación diplomática de un país. Mientras el Estado esté reconocido y sus credenciales de representación sean aceptadas por el comité correspondiente, sus delegados oficiales pueden ocupar su lugar en el hemiciclo y subir a la tribuna del debate general para pronunciar discursos y fijar posturas políticas.
Esta suspensión del voto en el caso venezolano no es reciente, sino que se ha convertido en una situación recurrente desde el año 2016. Salvo breves periodos en los que el Estado ha ejecutado abonos parciales para colocarse temporalmente por debajo del umbral de penalización del Artículo 19, Venezuela ha figurado en la lista anual de países morosos elaborada por la Secretaría General de la ONU debido a un acumulado de impagos que asciende a varias decenas de millones de dólares.
Las razones detrás de esta deuda sostenida responden a una combinación de factores económicos, políticos y bancarios. Por un lado, la profunda contracción del Producto Interno Bruto y de la industria petrolera a partir de la década pasada provocó un reordenamiento de las prioridades del gasto público nacional, donde las contribuciones administrativas a organismos multilaterales perdieron prioridad frente a otras obligaciones internas e internacionales. Por otro lado, la administración venezolana ha sostenido formalmente ante la Secretaría General que el principal impedimento para saldar la deuda no es la falta de voluntad, sino las sanciones financieras internacionales y los bloqueos impuestos sobre el sistema bancario estatal y las cuentas del Banco Central de Venezuela, los cuales dificultan o impiden la ejecución de transferencias bancarias internacionales en divisas hacia las cuentas bancarias asignadas por la ONU.
Los críticos del gobierno argumentan que la situación se debe a una falta de voluntad sistemática del Estado venezolano.
Es importante precisar que el cálculo de la cuota que cada país miembro debe aportar al presupuesto ordinario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se rige por un principio de proporcionalidad basado en la capacidad económica de cada nación. El sistema emplea criterios fundamentales como el Producto Interno Bruto (PIB), evaluado a través de un promedio móvil de tres y seis años para mitigar fluctuaciones económicas abruptas, y aplica ajustes por la renta per cápita, otorgando una desgravación o descuento a los países que se encuentran por debajo de la media mundial, además de considerar reducciones menores por la carga de la deuda externa en naciones en desarrollo.
Para mantener el equilibrio financiero del organismo, la fórmula contempla límites estrictos en ambos extremos. Por un lado, establece un techo máximo del 22% del presupuesto ordinario —lo que limita la contribución de economías masivas como la de Estados Unidos— y, por otro, fija una tasa piso del 0,001% como cuota mínima obligatoria para los países con menor capacidad económica.
Bajo este esquema, la contribución asignada a Venezuela representa un porcentaje reducido del presupuesto administrativo general de la ONU. No obstante, la acumulación de impagos durante varios años consecutivos —impulsada por la priorización del gasto interno y las complejidades operativas para mover fondos públicos bajo restricciones bancarias internacionales— ha generado una deuda abultada. Esta situación mantiene suspendido el derecho al voto del país conforme al Artículo 19 de la Carta de la ONU, aunque la tribuna de la Asamblea General permanezca formalmente abierta para que sus delegados ejerzan su derecho de palabra.
