La expansión de las deportaciones exprés causa profunda preocupación entre defensores de derechos humanos. Fotografía: Voz de América.
Guacamaya, 15 de julio de 2025. Un reciente memorando de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), expone que migrantes detenidos podrían ser deportados a terceros países con apenas seis horas de aviso previo. La medida sería aplicada “en circunstancias apremiantes”, de acuerdo al documento del director interino de la agencia, Todd Lyons.
Según la comunicación, a la que tuvo acceso Reuters, ICE podrá enviar a migrantes a naciones distintas de su país de origen, con los que se han establecido acuerdos para no perseguir ni torturar a la persona deportada. Por lo general, lo que dicta el protocolo es un plazo de 24 horas de preaviso, pero el plazo podrá reducirse a sólo seis en los casos señalados, siempre que el afectado haya contactado un abogado.
Anteriormente, los traslados requerían de procedimientos de revisión para descartar riesgos de persecución en el destino, pero tras un fallo de la Corte Suprema en junio pasado dichos requisitos ya no son necesarios. De esta manera, queda el camino despejado para que el gobierno de Donald Trump, a través de ICE, pueda enviar a migrantes detenidos a otros países, casi de forma inmediata.
La política de deportar migrantes a terceros países tuvo un ensayo a gran escala por primera vez en marzo de 2025, cuando al menos 238 venezolanos fueron deportados a El Salvador. Las autoridades estadounidenses alegaron que los venezolanos pertenecían a la megabanda criminal Tren de Aragua e invocaron a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para su expulsión.
Los venezolanos deportados fueron inmediatamente trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), megacárcel salvadoroñea dada a conocer por sus estrictas condiciones de reclusión. Distintas organizaciones de derechos humanos en todo el mundo, así como la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, denunciaron la desaparición forzada de los migrantes.
La semana pasada, la administración de Trump envió a ocho migrantes de Cuba, Laos, México, Myanmar, Sudán y Vietnam a Sudán del Sur, país al que el mismo Estados Unidos desaconseja viajar por sus delitos violentos y conflictos armados. A su vez, el Gobierno presionó a funcionarios de Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Maurtiania y Gabón, para que aceptaran a los deportados de otros lugares.
Defensores y abogados migratorios señalan que los migrantes podrían ser enviados a países en los que no hablan el idioma, no tienen redes de apoyo, o podrían enfrentarse a nuevos peligros. Las deportaciones a terceros países se han hecho en el pasado pero, con la eliminación de barreras judiciales, ahora podría usarse con más frecuencia e incrementar las deportaciones a niveles récord.
