El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang anunció que la CPI cerrará su oficina en Caracas aunque continuará sus investigaciones sobre denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2014. Fotografía: Corte Penal Internacional.
Guacamaya, 1 de diciembre de 2025. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el lunes el cierre de su oficina en Caracas, alegando falta de avances sustanciales en los esfuerzos nacionales de investigación. Aún así, los expedientes Venezuela I y Venezuela II permanecerán abiertos y bajo análisis en La Haya.
La oficina fue instalada en 2024 para la cooperación técnica con el Estado venezolano. El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang informó la decisión durante su intervención en la 24ª Asamblea de Estados Parte, señalando que, pese a un “compromiso sostenido” con las autoridades, “el progreso real en complementariedad sigue siendo un reto”.
El anuncio también sigue declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien dijo que la opinión de varios diputados “es que esa Corte Penal Internacional no sirve para nada, y yo creo que Venezuela debería salirse de esa institución, que se tragó la lengua en el caso de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe”.
El principio de complementariedad establece que la jurisdicción internacional actúa solo cuando los Estados no investigan adecuadamente los presuntos delitos. Según Niang, la evaluación de la Fiscalía indica que aún no se han producido avances suficientes en ese ámbito. Ante la necesidad de gestionar de manera eficiente los recursos del organismo, se decidió retirar la presencia física en el país. No obstante, la investigación continuará desde la sede de la CPI en La Haya con un equipo dedicado al caso.
Venezuela I: denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad desde 2014
El expediente Venezuela I, presentado en 2018 por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, se centra en el análisis de presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el marco de manifestaciones y operativos de seguridad desde el 12 de febrero de 2014.
Durante el examen preliminar, la entonces fiscal Fatou Bensouda señaló en 2020 que había “fundamentos razonables” para considerar que, al menos desde las protestas de 2017 —que dejaron 127 muertos según cifras oficiales—, podrían haberse cometido actos tipificados como crímenes de lesa humanidad. Entre los elementos examinados figuraban detenciones arbitrarias, restricciones graves a la libertad personal y otros comportamientos contrarios al derecho internacional.
En 2021, el fiscal Karim Khan decidió avanzar hacia una investigación formal y suscribió un memorando de entendimiento con el Gobierno venezolano para enmarcar la cooperación. Un año después, Venezuela solicitó el diferimiento de las actuaciones a favor de los procesos internos, pero la Fiscalía estimó que las medidas adoptadas por las autoridades no resultaban suficientes y solicitó reactivar el caso. La Sala de Apelaciones respaldó esta petición en marzo de 2023.
El Ejecutivo venezolano ha rechazado reiteradamente las acusaciones y sostiene que no se han cometido crímenes de lesa humanidad, afirmando que la actuación de la CPI tiene un sesgo político.
En agosto de 2025, Khan fue separado del expediente debido a la identificación de un posible conflicto de interés. Aunque expresó reservas respecto al razonamiento de la decisión, acató la medida y solicitó su inhibición formal del caso..
Venezuela II: investigación solicitada por el Estado venezolano sobre el impacto de las sanciones
En paralelo, la CPI mantiene abierto Venezuela II, una investigación distinta en origen y alcance. Este expediente fue iniciado a solicitud del propio Gobierno de Venezuela en 2020, que pidió a la Fiscalía evaluar si las sanciones estadounidenses podrían constituir crímenes de la competencia de la Corte. Desde entonces, el caso permanece en fase de examen preliminar, en la que la Fiscalía analiza la información disponible para determinar si existen bases razonables para avanzar hacia una investigación formal.
La CPI no ha anunciado conclusiones sobre Venezuela II ni ha determinado si las medidas económicas o sus efectos pueden considerarse crímenes bajo el Estatuto de Roma. El proceso continúa abierto y sujeto a evaluación.
El cierre de la oficina en Caracas supone un cambio operativo, pero la Fiscalía insistió en que las investigaciones seguirán activas y que la decisión no implica una variación en la postura jurídica del organismo.
Por su parte, el Gobierno venezolano ha mantenido su desacuerdo con las actuaciones de la CPI, alegando que se intenta aplicar criterios políticos a situaciones que, en su opinión, corresponden al ámbito interno.
Mientras tanto, ambas partes entran en una fase en la que la cooperación continuará, aunque ya no cuente con presencia física permanente en Venezuela. La Fiscalía asegura que seguirá evaluando la información relevante con independencia y conforme a los estándares del Estatuto de Roma.
