Deportados venezolanos aterrizan en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el 10 de febrero de 2025. Fotografía: Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Guacamaya, 7 de marzo de 2025. El viernes, los fiscales generales de 18 Estados demócratas interpusieron un recurso para mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los venezolanos, la acción legal, presentada a través de sus fiscales generales, se basa en el argumento de “amicus curiae”, una figura que permite a terceros ofrecer argumentos en un litigio en curso.
Un total de 600.000 venezolanos se benefician del TPS para residir en los Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Esta medida previene su deportación, argumentando que su país de origen no es seguro para la repatriación.
Los Estados involucrados en el recurso legal serían el Distrito de Columbia, Washington, Vermont, Rhode Island, Oregón, Nueva Jersey, Nevada, Minnesota, Michigan, Massachusetts, Maryland, Maine, Illinois, Hawái, Delaware, Connecticut, Nueva York y California. La información fue confirmada por el abogado internacional Leopoldo Martínez Nucete, quien detalló los estados involucrados.
La documentación fue introducida en una corte federal en California, donde se lleva a cabo el juicio contra la revocatoria del TPS para los venezolanos. La demanda principal fue impulsada el 20 de febrero por la Alianza Nacional TPS (Ntpsa) y otras organizaciones de defensa de los migrantes, alegando que la eliminación del beneficio es ilegal y motivada por discriminación.
Según el documento, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, tomó la decisión de anular una extensión del estatus apenas tres días después de asumir su cargo, pese a que la medida ya había sido publicada oficialmente en el Registro Federal.
El TPS designado para los para venezolanos en 2023, que previene su deportación, terminará el 7 de abril de 2025. El DHS hizo el anuncio el 5 de febrero.
La administración Trump considera que la permanencia de los beneficiarios del TPS es “contraria al interés nacional”. Esta postura se contrapone a la situación de miles de venezolanos, donde aquellos que obtuvieron el estatus en 2023, específicamente 384.202 personas, se verán afectados por la medida. En contraste, aquellos que lo recibieron en 2021 mantendrán su protección hasta el 10 de septiembre.
