El debate sobre el ingreso laboral llega en medio de una economía que muestra señales de reacomodo, pero con una remuneración que sigue rezagada frente a la inflación y a la devaluación.
Guacamaya, 06 de abril de 2026. A poco menos de un mes para el próximo 1° de mayo, Día de los Trabajadores, crecen las expectativas sobre posibles ajustes de ingresos laborales en Venezuela. Hasta la fecha, más allá de un simbólico incremento reportado recientemente en las bonificaciones estatales, no ha habido anuncios significativos en favor de la clase trabajadora, pese a proyecciones positivas para la economía venezolana en 2026.
El denominado Ingreso Mínimo Integral (IMI) para el sector público se ubica en 190 dólares, lo que contempla 150 dólares del Bono Contra la Guerra Económica y 40 del Bono de Alimentación, pagados a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). La última variación se presentó a mediados de marzo, con un incremento de 30 dólares en el llamado “Bono de Guerra”, previamente ubicado en 120 dólares.
Sin embargo, dicha figura de remuneración por bonificaciones no está sujeta a las mismas condiciones contractuales que el salario pues no tiene incidencia en prestaciones sociales o utilidades. Precisamente, el salario base legal, permanece en un mínimo de 130 bolívares (equivalente a 0,27 dólares a tasa oficial) desde marzo de 2022, sin incrementos posteriores.
A esto se le suma otra dificultad que enfrentan los trabajadores, la cual es la brecha cambiaria persistente entre el dólar BCV y el mercado USDT, referencia clave para transacciones alternativas en divisas, índice que roza actualmente el 40 %. Este disparidad, que se ha sostenido y acentuado por más de un año, sigue erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que eleva las demandas de ajustes.
Cambio gubernamental y promesas iniciales
Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada el 5 de enero, hecho que vino acompañado por un restablecimiento progresivo de relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos. El 15 de enero, en su Mensaje a la Nación, creó un Fondo de Protección Social, que ya recibió unos 300 millones de dólares en marzo, por ingresos petroleros, destinados a la mejora de ingresos vía bonificación.
Sin embargo, persiste la falta de claridad sobre los ingresos reales del Estado. Pese a que fue creado un portal de transparencia, se han anunciado subidas en las ventas de petróleo e inversiones, sin que haya claridad presupuestaria que permita crear proyecciones realistas de la esquematización de los ingresos salariales.
La estructura del fondo, sobre la base de la información disponible en dicho portal, permanece opaca, y hasta ahora solo ha servido para conocer la transferencia de esos 300 millones de dólares de forma inmediata a la bonificación del Ingreso Mínimo Integral. Algo que suele esperarse de este tipo de recursos financieros es que sean acumulados para generar rendimientos a largo plazo, pero no ocurrió así.
Por otra parte, Rodríguez propuso una Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, en búsqueda de proteger el poder adquisitivo. Aunque avances legislativos incluyen la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la actual discusión de la Ley de Minas en favor de incentivar la inversión extranjera, aún no ha habido medidas concretas en pro de los trabajadores y los consumidores.
Cambios en el Ministerio de Trabajo
Para febrero de 2026, el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, anunció próximas novedades sobre salarios, condicionadas al aumento de ingresos petroleros, sin adelantar detalles. “Esperemos el aumento de los ingresos del país por la vía del ingreso petrolero y otras fuentes, y esperaremos para que se den esos anuncios”, señaló.
Pocas semanas después, Piñate sería relevado en el cargo por el hasta entonces magistrado Carlos Alexis Castillo, proveniente de la Sala de Casación Social del TSJ, experto en derecho laboral y conflictos de trabajo. Este giro sugiere que el gobierno busca manejar con más cuidado técnico y político la relación con los sectores laborales y eventuales reformas.
No obstante, Piñate acaba de ser designado como nuevo Comisionado Presidencial para la Constituyente Laboral y los Consensos Laborales. En palabras de Delcy Rodríguez, ha sido confiada en él la “capacidad para impulsar el diálogo, la organización y las propuestas que fortalezcan los derechos laborales”, lo que permite dar por sentado la continuidad en el diálogo directo con la clase trabajadora.
El cargo de Comisionado Presidencial es una figura estratégica, con tareas más políticos y de articulación que normativos directos. La instancia no es un ministerio regulador (como Trabajo), sino un enclave presidencial para consensos entre el gobierno, sindicatos, consejos productivos y comunas, lo que brinda influencia directa en decisiones de alto nivel, aunque depende de la AN pa generar cambios.
Voces de la Oposición y la sociedad civil
Ante un reciente paro de transporte en Caracas, el diputado opositor Henrique Capriles alertó que la macroeconomía está “desconectada” de los ingresos populares, por lo que exigió mejoras salariales para tarifas más justas. “El país necesita soluciones y acuerdos de fondo: recuperar el poder adquisitivo del venezolano y reactivar de verdad los sistemas públicos”, añadió en su momento.
La discusión no es menor, porque el costo de la canasta alimentaria sigue muy por encima de los ingresos formales. El Cendas-FVM reportó que la canasta alimentaria se ubicó en $645,67 para febrero de 2026, lo que implica que se requiere hasta 1.934 salarios mínimos, 3,4 IMI o 4,40 Bonos de Guerra para cubrirla. Esa brecha resume por qué cualquier ajuste salarial se ha convertido en una demanda urgente.
En medio de este contexto, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores entregó al gobierno una propuesta que contempla un aumento trimestral equivalente a 50 dólares, además de bonos compensatorios para vacaciones y aguinaldos. Si no ocurre una mejora directa del salario, el gremio plantea aumentar el Bono de Guerra y el de Alimentación en 50 dólares trimestrales, además de otras mejoras.
Entre $80 y $100 se estaría barajando el incremento
Teorías apuntan a posibles incrementos en el salario base con reducción de bonificaciones, algo que mantendría el ingreso total similar al vigente, pero orientado hacia reformas legales en un contexto de reinstitucionalización. Entre las supuestas propuestas del Estado figura llevar el salario mínimo de la administración pública entre 80 y 100 dólares, según información difundida en redes sociales.
El aparente planteamiento detalla que la compensación se basaría en la profesionalización o escalafón académico que ocupe el trabajador. Las pensiones, por su parte, quedarían en 50 dólares (monto similar a su ingreso actual por bonificación), mientras que las bonificaciones estarían entre 50 y 70 dólares, lo que reequilibrara un ingreso con mayor peso en el salario base legal y cotizaciones.
Por su parte, el diputado opositor, Reinaldo Sifuentes, señaló recientemente que podría haber un incremento del salario mínimo en el país, el cual se sumaría al Ingreso Mínimo Integral establecido. “No hay nada oficial todavía, pero se rumora que habrá un incremento del salario, y que estaría cercano a los $80, como salario mínimo”, expuso durante una entrevista televisada.
Mientras tanto, Luis Vicente León, economista y analista político, aseveró publicamente que “va a haber un anuncio de aumento de ingresos, no de salarios”, aunque también se contempla “un mecanismo mixto donde hay un aumento del salario mínimo y un aumento a través de bonos”. Al respecto, esperaría como fecha máxima de anuncio justamente el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.
Señales de resistencia entre el empresariado
Sin embargo, un aumento en los rangos en los que se está manejando, encuentra resistencia, principalmente entre economistas y empresariado. El economista Oscar Doval advirtió que elevar el salario mínimo a 100 dólares mensuales sería inviable, porque ello “se llevaría por completo el dinero extra que está entrando al país por ingresos petroleros” y empujaría al Estado a financiar gasto sin respaldo suficiente.
Durante sus declaraciones, ofrecidas en una entrevista audiovisual, aseveró que una medida así podría generar un efecto pasajero, que terminaría siendo neutralizada por presiones inflacionarias. Además, Doval agregó que si las bonificaciones ancladas al dólar, que ya ofrece el sector privado a los trabajadores, son salarizadas esto terminaría por “quebrar” a las empresas.
Asimismo, el economista Asdrubal Oliveros, destacó durante una entrevista radial que actualmente existe un esquema de compensación “desequilibrado” que plantea que “para que el trabajador gane bien tu quiebres la empresa y el Estado sea inviable”. Destacó que no es que se busca la eliminación del régimen prestacional sino una reforma para que la empresa y el Estado sea sostenible.
En consonancia con esta postura, Jorge Roig, representante patronal ante la Organización Internacional del Trabajo, apuntó que urge una reforma laboral para optimizar los sistemas de compensación: “Hoy la Ley del Trabajo no es útil ni para los trabajadores, ni para los empleadores ni para el Gobierno”. A su juicio, se busca evitar que los derechos alcanzados por el trabajador bloqueen su ingreso actual.
El empresariado venezolano argumenta que no es viable elevar de golpe los salarios, pero esta postura choca con la realidad regional. A finales de 2025, el salario promedio en Venezuela rondaba los $262, según Fedecámaras, cuando se estimó un PIB per cápita de $3.103, según el Fondo Monetario Internacional. Países como Nicaragua y Honduras con estimaciones similares, contaban con sueldos promedios de $384 y $689 respectivamente.
La dolarización informal del sector privado, que maneja también una bonificación de los ingresos, no se traslada al grueso de la fuerza laboral que hace vida en él, ni mitiga la canasta básica (~600+ USD). Esto revela que el límite no es solo fiscal, sino también que demuestra una disparidad estructural frente a pares centroamericanos con economías similares en cuanto a ingresos.
Ingresos petroleros vs. distribución salarial
Los ingresos petroleros brutos de Pdvsa en 2024 y 2025 fueron aproximadamente 18 mil millones de dólares anuales cada uno, basado en datos reportados por BCV y otras fuentes, lo que equivale a unos 1.5 mil millones mensuales promedio. Para el 2026, economistas estiman que estos ingresos superarían los 25 mil millones de dólares y alcanzarían hasta los 35 mil millones si se suman ingresos no petroleros.
Al tomar como referencia el escenario más conservador, los ingresos mensuales promedios estarían por encima de los 2 mil millones de dólares. Parte de estos ingresos estarían destinados al Fondo de Protección Social, aunque se desconoce cuanto. Sin embargo, según lo reflejado en los últimos presupuestos anuales más del 70% está destinado a la inversión social, lo que prevé una tendencia similar.
Frente a este escenario, Venezuela cuenta con alrededor de 5,5 millones de empleados públicos, según la nómina estatal central reportada en presupuestos recientes como el de 2022, cifra que se mantiene estable como referencia ante la falta de datos actualizados al 2026. Además cuenta con más de 5,8 millones de jubilados y pensionados, de acuerdo con reportes del IVSS.
Así, Venezuela contaría con más de 11 millones de personas que reciben ingresos y bonos estatales, desglosados de la siguiente manera: aproximadamente 5,5 millones de empleados públicos, y más 1,6 millones de jubilados del sector público y 4,2 millones de pensionados, según proyecciones alineadas con estimaciones oficiales donde pensionados representan un 74% por políticas de universalización.
Entonces, los $300 millones ingresados en el Fondo de Protección Social se distribuyeron así: 5 millones de empleados públicos pasaron de 120 USD a 150 USD (+30 USD c/u, $150 millones totales), 1,56 millones de jubilados subieron de 110 USD a 130 USD (+20 USD c/u, $31,2 millones), y 4,24 millones de pensionados aumentaron de 50 USD a 60 USD (+10 USD c/u, 42,4 millones), sumando 223,6 millones y dejando un excedente de 76,4 millones de dólares.
Escenarios de ajustes salariales y su impacto en la economía
La consultora AIA Contadores, señala que el aumento del IMI, que pasó de $160 a $190 ($150 de Bono de Guerra + $40 de Bono de Alimentación), no debería generar presiones inflacionarias inmediatas en la economía. En primer lugar, porque el sector privado ya venía absorbiendo costos similares, y porque al tratarse de bonos sin incidencia salarial, este aumento no impacta el presupuesto nacional.
Además, el aumento está respaldado en ingresos petroleros introducidos al Fondo de Protección Social vía ingresos petroleros, que de mantenerse en el mismo valor aproximado de $300 millones mensuales, el Estado no tendría la necesidad de generar dinero inorgánico para sostener el incremento. En consecuencia, la estabilidad de los precios no debería verse afectada.
Si se cumplen las estimaciones de un aumento de $80, puede preverse que a los $30 agregados al llamado Bono de Guerra, se sumen otros $50 para alcanzar $240 en total. Aunque esto representa un incremento aproximado del 25% sobre el ingreso actual, sería casi de un 50% con base en los $160 anteriores. Frente a esto, AIA Contadores también plantea distintos escenarios de incrementos y sus impactos económicos, cuyos porcentajes y montos han sido ajustados por Guacamaya, ante el incremento reciente de marzo en el Bono de Guerra.
En el primer escenario, sobre la base del ingreso actual ($190) y un incremento de $50, manteniendo la politica de bonos, el empleado podría disfrutar de 33,3% más de lo que ya percibe por Bono de Guerra. Sin embargo, al no tener incidencia salarial sobre prestaciones sociales, utilidades y vacaciones, el efecto en el presupuesto nacional y en el precio de bienes y servicios sería mínimo.
En el segundo escenario, si lo que sube es el salario mínimo base a $50, aunque al empleado ve un aumento del 33,3% sobre lo percibido por el Bono de Guerra, al Estado le cuesta realmente un 45,3% debido a los pagos adicionales que debe desembolsar. Al aumentar el salario mínimo, la empresa privada se ve obligada a ajustar sus costos, lo que se traslada de inmediato a un aumento en el precio de los productos, y se traduce en inflación.
En el tercer escenario, no se prevé aumento, pero sí una salarización completa del Bono de Guerra. Aunque el trabajador vea los mismos $150 con los que ya cuenta mensualmente, el incremento presupuestario para el Estado sería de entre 28 y 35%, según la fuente y cálculos propios. El trabajador percibiría $300 de utilidades, $300 en prestaciones sociales y $75 de bono vacacional, pero el costo se trasladaría a todo el presupuesto nacional y generaría inflación en bienes y servicios.
En conclusión, la fuente sugieren que, dada la situación de recuperación económica, es preferible aumentar el ingreso mensual más rápido que el salario mínimo para evitar un impacto inflacionario inmediato que afecte el poder adquisitivo. Esto dejaría el ajuste del salario mínimo para cuando la economía esté más estable, haciendo el panorama más viable tanto para el Gobierno como para las empresas.
Lo que está en juego
La posibilidad más comentada, al menos en el corto plazo, es que el Ejecutivo opte por una combinación de ajuste parcial del salario base y mayor peso de las bonificaciones, en vez de un aumento lineal que reordene por completo la estructura remunerativa. También se habla de reformas legales para sostener ese cambio y de una negociación más amplia sobre prestaciones, salud, transporte y convenciones colectivas.
Sin embargo, el dato más firme, es que no existe todavía un anuncio significativo para la clase trabajadora, pese a que el debate ya está instalado y a que las presiones por una mejora son cada vez más visibles ante expectativas positivas de crecimiento económico. A pocos días del 1 de mayo, la pregunta no es si habrá demandas, sino si el gobierno estará dispuesto a convertir la recuperación macroeconómica en recuperación del ingreso.
