La directora de la ONG Control Ciudadano, fue arrestada en febrero de 2024 en el aeropuerto de Maiquetía bajo acusaciones vinculadas al caso conocido como “Brazalete Blanco”. | Fotografía: Redes Sociales.
Guacamaya, 02 de octubre de 2026. El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en Terrorismo dictó sentencia absolutoria a favor de la abogada y activista Rocío San Miguel, al declararla libre de toda responsabilidad penal en relación al caso “Brazalete Blanco”. Sin embargo, el mismo tribunal dictó sentencias condenatorias contra diez procesados tras dar por acreditada su participación en los hechos.
La absolución de San Miguel se configura como un hito judicial e institucional que cierra uno de los tantos denunciados episodios de criminalización contra defensores de derechos humanos en Venezuela. La medida, acordada la noche del 1 de octubre tras una solicitud formal del propio Ministerio Público, pone fin a más de dos años de una cuestionada actuación judicial y restricción de libertades.
En relación con las diez personas que resultaron condenadas, los detalles revelados por el Ministerio Público y por organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos establecieron penas que van desde los 3 a los 18 años de prisión. Según el fiscal general Larry Devoe, se logró acreditar formalmente la responsabilidad de estos diez ciudadanos durante el debate del juicio oral y público.
Una activista dos décadas bajo la lupa del poder
Con 60 años de edad, abogada de profesión y especialista en seguridad, defensa nacional y asuntos militares, Rocío del Carmen San Miguel Sosa se consolidó durante dos décadas como una de las voces independientes de mayor autoridad técnica en el país. Su trayectoria, marcada por el rigor analítico y la vocación institucional, la convirtió en blanco recurrente del acoso estatal.
En 2004, San Miguel fue despedida del gubernamental Consejo Nacional de Fronteras tras firmar la solicitud del referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez, lo que la llevó a integrar la conocida “Lista Tascón”. A comienzos de 2005 fundó la ONG Control Ciudadano, desde la cual ejerció una sistemática contraloría social sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Debido al prolongado hostigamiento y amenazas sufridas por su labor defensora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección en enero de 2012.
Detención en Maiquetía y el caso Brazalete Blanco
La persecución escaló de forma dramática el 9 de febrero de 2024, cuando agentes de seguridad la aprehendieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía mientras se disponía a abordar un vuelo con su hija. Durante las 48 horas posteriores ocultaron su paradero, un patrón de desaparición forzada temporal denunciado por más de 600 organizaciones civiles y órganos internacionales de derechos humanos.
La arremetida incluyó la detención de su entorno familiar inmediato: su hija Miranda, sus hermanos Miguel Ángel y Alberto, su padre Víctor Díaz Paruta y su exesposo, el coronel retirado Alejandro José González Canales. Aunque sus familiares recibieron medidas cautelares sustitutivas con prohibición de declarar a la prensa y presentaciones periódicas, San Miguel y González Canales permanecieron privados de libertad.
El entonces fiscal general Tarek William Saab vinculó públicamente a la activista con la denominada Operación “Brazalete Blanco” —un supuesto entramado conspirativo contra Nicolás Maduro y autoridades militares en Táchira. En comparecencias televisadas, la Fiscalía la acusó formalmente de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, tildándola infundadamente de “espía”.
Como supuestas “pruebas criminalísticas”, agentes de inteligencia incautaron en su residencia iPads y 18 mapas cartográficos antiguos sobre zonas de seguridad de Venezuela, mapas que San Miguel utilizaba legítimamente para impartir clases en institutos de altos estudios militares.
Indefensión, prisión en El Helicoide y la reacción internacional
Rocío San Miguel fue recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, calificado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU como un centro sistemático de torturas. Alejandro González, por su parte, fue trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta.
Durante meses se denunció de forma continuada la vulneración de su derecho al debido proceso y a la defensa técnica legítima. El Juzgado 2° de Control en Terrorismo le impuso defensores públicos y bloqueó sistemáticamente el traslado a tribunales para juramentar a sus abogados privados de confianza, Joel García y Juan González Taguaruco.
A escala internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Misión de Determinación de Hechos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la OEA exigieron su liberación inmediata. La firmeza de las denuncias de la ACNUDH derivó incluso en que el gobierno venezolano expulsara del país a sus funcionarios en febrero de 2024.
Excarcelación, exilio en España y el retorno a Venezuela
El escenario político dio un vuelco determinante tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense y el posterior inicio de un proceso de excarcelaciones encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El 8 de enero de 2026, tras 700 días de reclusión, Rocío San Miguel fue excarcelada bajo medidas cautelares sustitutivas y trasladada directamente en un vuelo a España.
En el vuelo estuvieron otros ciudadanos europeos, en un proceso facilitado por gestiones diplomáticas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de encontrarse a salvo en Madrid, San Miguel tomó la determinación de no permanecer en el exilio. Amparada en las garantías de la Ley de Amnistía, regresó voluntariamente a Venezuela el 27 de mayo de 2026.
Su objetivo era categórico: reencontrarse con su familia, rearmar su expediente e impulsar el juicio oral hasta lograr la clausura definitiva del proceso y su absolución total en los tribunales.
El fallo del Tribunal: Retiro de cargos y absolución plena
El desenlace definitivo se concretó este jueves 1 de octubre de 2026. Durante la fase de debate del juicio oral y público, el Ministerio Público —ahora bajo la titularidad del Fiscal General Larry Devoe— solicitó formalmente la sentencia absolutoria al concluir, tras un análisis objetivo de las pruebas, que no existía elemento alguno que incriminara a la activista.
A las 11:26 p.m. del jueves 1 de octubre, Rocío San Miguel fijó posición pública a través de su cuenta en la red social X, confirmando el cierre definitivo de su persecución judicial: “Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente. Durante este tiempo fueron puestas a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”.
En su mensaje, la presidenta de Control Ciudadano expresó su profundo agradecimiento a su equipo legal, a las ONG de derechos humanos (como Amnistía Internacional, Front Line Defenders y Human Rights Foundation), a las misiones diplomáticas y al expresidente Rodríguez Zapatero por el acompañamiento brindado
Asimismo, declinó dar por concluida la causa por los derechos humanos en Venezuela mientras persista la arbitrariedad sobre otros ciudadanos. “Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales (…). En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas”, dijo.
Los 10 condenados y las penas impuestas
Mientras que Rocío San Miguel, Alejandro González Canales, Luis Camacaro y Guillermo López recibieron la absolución plena, el tribunal dictó sentencias condenatorias contra diez procesados. Según los registros recabados por organizaciones como Foro Penal, las condenas se distribuyen de la siguiente manera:
- Por el delito de conspiración:
- Ángelo Julio Heredia González: Exmilitar/excapitán cuya detención inicial en 2023 fue utilizada por la Fiscalía como el origen de las acusaciones del caso. Fue condenado a 18 años de prisión. Permanece recluido en el centro penitenciario El Rodeo I.
- Guillermo Enrique César Siero: Oficial militar, señalado originalmente en el expediente fiscal por presuntamente poseer la orden de operaciones de la trama. Fue condenado a 12 años de prisión.
- Ronald Ferrer: Condenado a 12 años de prisión.
- Por el delito de encubrimiento (pena de 3 años de prisión):
- Karen Gomez (Primer Teniente)
- Carlos Sánchez (Coronel del Ejército, excarcelado el pasado 9 de junio)
- Guillermo Henry César (Sargento Mayor, excarcelado el pasado 9 de junio)
- Diana Suárez
- Jesús Suárez (quien recibió una medida cautelar sustitutiva de libertad)
- Diana Victoria Justo (Mayor del Ejército).
- Tomás Martínez Chico Macías (Capitán del Ejército).
Sombras en la justicia y el contexto politico
El fallo que decreta la absolución plena de Rocío San Miguel, su exesposo Alejandro González Canales y los dirigentes políticos Luis Camacaro y Guillermo López representa un hito innegable en el camino hacia la reparación institucional, pero abre a su vez complejos interrogantes sobre el alcance real de las reformas judiciales en el país.
Esta dualidad en un mismo expediente pone de relieve un patrón de justicia diferenciada, donde la exoneración de figuras de alta visibilidad internacional coexiste con la ratificación de condenas drásticas para otros imputados en el mismo entramado.
La decisión se enmarca en una dinámica de cambio político, caracterizada por la aplicación de la Ley de Amnistía, el impulso de excarcelaciones masivas y una reestructuración formal del Ministerio Público bajo la titularidad de Larry Devoe. Aunque las autoridades afirman haber otorgado medidas a más de mil personas en el marco del proceso de diálogo y flexibilización, organizaciones como Foro Penal advierten que aún permanecen tras las rejas al menos 328 presos políticos.
