Aunque el ingreso es custodiado por Washington, diversos análisis señalan la falta de eficiencia a favor de los beneficiarios finales en relación a millonarias provenientes de la renta energética. Fotografía: EFE/Rayner Peña.
Guacamaya, 18 de noviembre de 2026. Recientemente fue publicado el Report on Venezuela Custody Account Operations, un documento de 53 páginas elaborado por la firma de servicios financieros KPMG por encargo del Departamento de Estado de Estados Unidos. El informe, autorizado para su divulgación pública, ha puesto números exactos a la mayor operación de flujo financiero del país en la última década.
Entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026, la Cuenta de Custodia administrada por el Tesoro estadounidense en Citibank (Nueva York) captó un total de US$ 12.263 millones provenientes de las exportaciones tuteladas de recursos naturales venezolanos. De ese total, la abrumadora mayoría —US$ 12.107 millones (98,7%)— fue devuelta y desembolsada a solicitud del Banco Central de Venezuela (BCV).
Sin embargo, el dinero del petróleo venezolano no se transformó en obras de infraestructura ni en crédito productivo, sino que alimentó una auténtica «aspiradora cambiaria». US$ 11.767 millones (el 97% de los fondos desembolsados) se destinaron a inyectar divisas en el mercado bancario nacional con el objetivo formal de contener la depreciación del bolívar, sin precisamente mucha eficacia.
La aspiradora cambiaria y la adjudicación desigual
La canalización de los US$ 11.767 millones al sistema financiero se ejecutó mediante tres vías. Una fue la subasta de divisas, operada entre enero y marzo, que adjudicó US$ 2.087,7 millones. Otra fue la intervención cambiaria electrónica, implementada a partir del 31 de marzo a una tasa fija fijada por el BCV, que absorbió US$ 9.322,0 millones. Por último, la inversión en billetes, inoducida en julio, que despachó US$ 549,8 millones.
Cinco bancos concentraron el 83 % de los dólares cambiarios: Banco de Venezuela (US$ 2.879,3 M), Banesco (US$ 1.846,9 M), Mercantil (US$ 1.712,6 M), BBVA Provincial (US$ 1.693,7 M) y BNC (US$ 1.671,9 M). Sin embargo, aunque el BCV entregó a KPMG el registro de receptores por RIF, el informe no detalla la identidad final de las corporaciones beneficiadas en las subastas bancarias.
Lo que sí se sabe es que el 77% (US$ 9.366,6 millones) fue absorbido por personas jurídicas (empresas) y el 23% (US$ 2.873,2 millones) por personas naturales, Asimismo, tres sectores concentraron el 72% del cupo empresarial y ellos fueron Alimentos y consumo masivo (35,8 %), Servicios empresariales y administrativos (23,7 %) y Agricultura (12,6 %).
Es en este punto donde la economista Isabel Cristina Ávila Moreno, integrante del equipo de análisis de Ecoanalítica, señala la distorsión del mecanismo. «La concentración de las divisas en las personas jurídicas afecta sobre todo a las personas naturales y a las pequeñas empresas, que quedan relegadas al mercado paralelo», expone.
Por su parte, el economista Manuel Sutherland, coordinador de posgrado del Cendes-UCV, coincide en el diagnóstico. «Los grandes supermercados y las cadenas vinculadas con sectores de poder acceden a divisas con fluidez, mientras que las pequeñas empresas deben pagar primas más altas, lo que distorsiona la competencia y termina mermando el poder adquisitivo», señala.
El subsidio implícito y la trampa de la traslación de precios
El nudo central del debate económico radica en la brecha entre la tasa a la que el BCV vende los dólares y las tasas a las que se cotizan los bienes en el mercado final. Sobre si tiene sentido que el Estado venda dólares a un precio regulado mientras el sector privado fija sus precios tomando como referencia tasas más altas, también fueron consultados los expertos.
«En efecto, se trata de un subsidio. Al vender las divisas a una tasa oficial inferior a la de mercado, el Estado recibe menos bolívares de los que obtendría a la cotización libre, y esa diferencia queda en manos de quienes acceden al mercado oficial. En otras palabras, cada dólar vendido con brecha cambiaria implica una transferencia implícita de recursos públicos hacia los compradores», señaló Ávila.
Manuel Sutherland profundiza en la mecánica de esta transferencia y en la falla de la traslación de precios. «Estamos hablando de un subsidio tremendamente regresivo. Los actores que obtienen dólares preferenciales no venden más barato; todos fijan sus precios contra la tasa más alta del mercado para defenderse del arbitraje y cubrir la incertidumbre», sentencia.
Los bolívares del cambio fueron centralizados en salarios
En medio del debate provocado por la filtración del informe de KPMG en la prensa internacional, la plataforma oficial Transparencia Soberana reactivó de forma intempestiva sus publicaciones El portal fue anunciado inicialmente el 17 de enero de 2026 por Delcy Rodríguez e ingresado en línea en marzo con primeros movimientos parciales de US$ 300 millones por ventas de fueloil.
Las cifras publicadas en el portal al 12 de noviembre de 2026, sin actualización hasta el momento, muestran un balance centralizado casi en su totalidad en sueldos y salarios. La plataforma, no obstante, representa una divulgación histórica, ya que según distintos medios, es la primera vez en 17 años que el Ejecutivo detalla abiertamente las cifras petroleras y mineras del país.
Según la plataforma, el Estado tuvo un total de ingresos acumulados de US$ 15.603 millones, en 26 registros. El 97,1% (US$ 15.148 millones) proviene de la venta de petróleo y derivados. Mientras tanto, se muestran unos egresos acumulados en US$ 14.860 millones, en 19 registros, con un saldo en cuenta de US$ 743,1 millones.
El dato más revelador del portal oficial estriba en la asignación del gasto que oficialmente muestra que el 99,0 % de los egresos (US$ 14.710 millones) se destinó a salarios de trabajadores del sector público y pensionados. Apenas el 1,0% (US$ 150,5 millones) se clasificó como gastos de funcionamiento de gobierno, mientras que el Fondo de Infraestructura Nacional no tiene actividad registrada.
Costo de oportunidad y parálisis productiva
La inyección masiva de divisas ciertamente logró amortiguar la aceleración inflacionaria —según el BCV, la inflación mensual bajó de 32,6% en enero a 6,2% en octubre y la brecha cambiaria se redujo a cerca del 15%—, pero los economistas advierten sobre los sacrificios macroeconómicos que conlleva este modelo.
Para Isabel Ávila, el problema no radica en vender divisas en sí, sino en la persistencia del diferencial. «En la medida en que persista una brecha cambiaria, cada venta de divisas genera un subsidio que hoy se otorga de manera desmedida. Ese es el verdadero costo de oportunidad», expresó.
La economista agrega que a ello se suman la renuncia a reconstituir las reservas internacionales y el hecho de que los bolívares se destinaron al gasto corriente y no a la inversión. Ávila concluye que financiar el gasto corriente con venta de divisas petroleras «no es sostenible ante una eventual caída de los precios del petróleo» porque ante dicho contexto luego no se puede cubrir ese gasto.
Manuel Sutherland, por su parte, objetó con dureza la tesis del financiamiento de nómina y cuestionó la prioridad asignada al mercado cambiario, la cual calificó como un «analgésico temporal». Señala que, en su lugar, «ese dinero debió ir a la inversión productiva, al crédito industrial y a la modernización del sistema eléctrico, hospitales y carreteras».
Además, Sutherland afirma que «es falso» que la renta petrolera sea la que paga la nómina, ya que el Estado recauda bolívares masivos vía emisión e impuestos agresivos —con hasta 192 trámites fiscales que asfixian a las empresas—. Agrega que «depender de la liquidación de divisas para el gasto corriente es el clímax del rentismo».
Entre el monitoreo técnico y la ausencia de una auditoría real
El rol de KPMG operó bajo el amparo de la Orden Ejecutiva 14373 emitida por Washington, la cual protege los activos venezolanos frente a embargos de acreedores y condiciona cada movimiento a la autorización estadounidense. No obstante, el propio documento se encarga de aclarar que la labor de KPMG no constituye una auditoría formal.
El servicio, que se limitó a la revisión de contrapartes, la evaluación de riesgos antilavado y el rastreo operativo, cobró una factura directa de US$ 18,2 millones, pagada con fondos venezolanos. El cobro superó holgadamente el monto desembolsado para la compra de medicamentos e insumos médicos críticos ($11,6 millones) o lo ejecutado en recuperación del sistema eléctrico ($8,3 millones).
La opacidad persiste en un punto neurálgico, como lo es el de los compradores de crudo, ya que en la versión pública del informe, los nombres de los 20 depositantes autorizados por el Departamento de Estado aparecen cubiertos con barras negras. Reportes periodísticos revelan, sin embargo, que tan solo dos comercializadoras globales, Trafigura y Vitol, concentraron el 61% del dinero depositado (más de US$ 7.480 millones).
Un modelo que liquida la riqueza
La radiografía conjunta del informe de KPMG en Estados Unidos y los datos locales de Transparencia Soberana confirma una paradoja estructural: el país ha recuperado un flujo de caja petrolero superior a los US$ 15.000 millones de dólares en 2026, pero la arquitectura del gasto público se encuentra atascada en un ciclo rentista y con opacidades clave.
Al quemar más del 90% de las divisas captadas en mesas de cambio bancarias para contener el tipo de cambio y financiar el consumo corriente de importaciones, el Estado ha terminado otorgando un subsidio implícito al sector corporativo. Mientras, los precios son elevados a razón de la brecha cambiaria, el consumo real no despega y la reconstrucción del aparato productivo nacional sigue postergada.







