La reactivación de la Planta Centro en Carabobo por una empresa china pone en la mira a decenas de proyectos de infraestructura que se firmaron hace ya más de diez años, pero que quedaron, en su mayoría, inconclusos. Fotografía: Instagram / @arquitecturavzl.
Guacamaya, 26 de octubre de 2026. La puesta en marcha de una unidad de 600 megavatios en Carabobo, ejecutada por la estatal china CMEC, reabre un expediente que Venezuela arrastra desde la década pasada y es el de las obras, plantas y líneas férreas financiadas o contratadas con empresas chinas que se paralizaron, se completaron a medias o nunca produjeron lo prometido.
Con Washington convertido en el socio económico preferente de la nueva etapa y con licencias que suelen dejar fuera a las empresas chinas, el caso de Planta Centro plantea una pregunta que va más allá de la electricidad: ¿puede esta reactivación abrir la puerta a que esos proyectos se rescaten, con transparencia y en un entorno de menos sanciones, bajo un enfoque cooperativo entre China y Estados Unidos?
Cuando Bloomberg informó, el 24 de octubre de 2026, que la empresa estatal china China Machinery Engineering Corporation (CMEC) trabaja para poner en funcionamiento la unidad 6 de la Planta Centro, la noticia podía leerse como un anuncio más del sector eléctrico, pero no lo es.
Ocurre en plena apertura económica hacia Estados Unidos y sobre un historial de cooperación con China que merece ser examinado con rigor, y es que durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se anunciaron decenas de proyectos con empresas chinas, algunos respaldados por préstamos de miles de millones de dólares, otros mediante contratos de construcción y otros a través de simples acuerdos de cooperación.
Muchos quedaron paralizados, se ejecutaron parcialmente o nunca alcanzaron los objetivos anunciados,
Antes de recorrer esos casos conviene una precisión que ordena todo el análisis. No todos los proyectos son iguales. Algunos se abandonaron a medio construir; otros se terminaron, pero no cumplieron sus objetivos productivos; otros funcionaron durante un tiempo y se deterioraron después; y hay memorandos de entendimiento que jamás se convirtieron en contratos ejecutables.
Tampoco puede afirmarse que todo lo que falló fue financiado directamente por Pekín, porque en varios casos participaron empresas de otros países o recursos venezolanos. Con esa salvedad, el balance es lo bastante amplio como para preguntarse si la reactivación de Planta Centro es una excepción o el inicio de algo distinto.
Planta Centro: una central que se inauguró, se apagó y ahora vuelve
La Planta Centro es una central termoeléctrica ubicada en Punta Morón, en la zona de Puerto Cabello, uno de los puertos más importantes de Venezuela ubicado estado Carabobo en el centro occidente del país. Es un complejo de generación a vapor de gran tamaño en la región central del país, clave para la estabilidad del sistema eléctrico en uno de sus corredores industriales más importantes. La unidad 6, de 600 megavatios, fue construida por CMEC, una compañía estatal china de ingeniería, adquisiciones y construcción con operaciones en varios países de África, Asia y América Latina, que es además filial del grupo estatal Sinomach, al que también pertenece CAMC Engineering, protagonista de otros proyectos de este recorrido.
Según el registro de AidData, CMEC y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) firmaron el 23 de diciembre de 2010 el contrato para construir la unidad. Las obras comenzaron el 31 de mayo de 2012, y se financiaron con un préstamo de unos 840 millones de dólares del Fondo Conjunto China-Venezuela, con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) como agencia financiadora y Petróleos de Venezuela (PDVSA) como proveedor de la garantía.
En 2015, CMEC organizó en China una capacitación para 30 técnicos venezolanos que operarían la planta, y la ceremonia de entrega se celebró el 18 de mayo de 2016. Aquel año, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, anunció la incorporación de la unidad y aseguró que con ella la termoeléctrica podría alcanzar 7.600 megavatios, según recoge el perfil de proyecto de la Fundación Andrés Bello.
El auge fue breve. Ese mismo perfil indica que la unidad funcionó unos tres años, que un incendio en 2019 afectó alrededor del 30 % de sus instalaciones y que, a finales de enero de 2020, los planes de reactivación aún no habían comenzado.
En 2021, la central se había quedado sin generación y, en enero de 2023, trabajadores de la industria eléctrica denunciaron que contratistas extranjeros estaban desmantelando las unidades 1, 2, 3 y 4 bajo la apariencia de mantenimiento, una denuncia que se pudo contrastar de forma independiente. La Planta Centro se convirtió así en símbolo de una crisis eléctrica más amplia.
El giro llegó en 2026. El 4 de agosto, según reportó la prensa, Delcy Rodríguez visitó la central termoeléctrica en Puerto Cabello, donde la empresa china CMEC ha venido trabajando en labores de modernización. Tras los sismos del 24 de junio, medios oficiales señalaron que los esfuerzos en la planta se concentraban en la rehabilitación integral de la unidad 6, un equipo calificado como estratégico. Corpoelec informó después de la instalación de un autotransformador de 450 MVA en la subestación de la planta para evacuar los 600 megavatios hacia el Sistema Eléctrico Nacional, y el Gobierno proyecta incorporar 1.300 megavatios adicionales antes de que termine el año, con la unidad 6 como pieza central. Todas estas cifras son oficiales y no han sido verificadas por una fuente independiente.
A diferencia de Tocoma o del ferrocarril Tinaco-Anaco, la unidad 6 sí se construyó y sí se entregó. Lo que ocurrió después fue la caída de su operatividad, por falta de combustible, mantenimiento, repuestos y estabilidad de la red, además del incendio de 2019. Su reactivación no demuestra, por tanto, que un proyecto chino inconcluso se esté terminando, sino algo quizá más relevante y es si una obra china ya existente puede recuperarse y sostenerse en un entorno institucional distinto. Completar una obra, ponerla en servicio y mantenerla funcionando de forma continua son tres resultados diferentes, y Planta Centro ya superó el primero. El desafío es el tercero.
Para medir lo que está en juego conviene empezar por el sector eléctrico, donde Planta Centro se inscribe.
El caso más grande: la central hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma)
Las obras comenzaron en 2007, con una capacidad prevista de 2.160 megavatios y una fecha de culminación fijada para 2012.
Tocoma debía ser el último eslabón del complejo hidroeléctrico del bajo Caroní, aguas abajo de Guri, Caruachi y Macagua, y recibió financiamiento vinculado a los mecanismos de cooperación financiera entre Venezuela y China. AidData documenta que el proyecto fue suspendido y registra desembolsos y costos contractuales que no se tradujeron en la culminación de la central. Quedó paralizada sin entrar plenamente en operación.
Sobre las empresas, la información que figura en registros públicos señala que el consorcio constructor principal estuvo integrado por compañías extranjeras no chinas, entre ellas la italiana Impregilo, hoy Webuild, y la brasileña Odebrecht, junto a la venezolana Vinccler; este dato no proviene de los documentos base de este trabajo y debe verificarse antes de publicarse. Si se confirma, Tocoma ilustra un punto incómodo y es que el financiamiento chino no fue el único actor, y la obra fracasó con contratistas de varias nacionalidades.
A la sombra de Tocoma quedó otra pieza del mismo rompecabezas.
La línea de transmisión entre Tocoma y Uribante-Caparo
Un proyecto que debía llevar electricidad generada en el Caroní hacia la región occidental del país y que quedó con obras sin terminar y detenido. Los documentos consultados la atribuyen a un consorcio de empresas chinas sin precisar los nombres de las compañías, un vacío que el propio reportaje debería llenar con una solicitud de información a Corpoelec. La importancia de esta línea es que ilustra la lógica de interdependencia entre obras entre una central sin red que evacúe su energía, o una red sin la generación que debía alimentarla, es una inversión que no rinde. Es exactamente la razón por la que, en Planta Centro, el anuncio de la reactivación de la unidad 6 vino acompañado de la instalación de un autotransformador para sacar los 600 megavatios hacia el sistema.
Más cerca de Planta Centro en el tiempo y en la forma están las termoeléctricas que sí se construyeron, pero cuyo desempeño ha sido cuestionado.
La planta Luis Zambrano, en el estado Mérida
Fue una obra ejecutada por CAMC Engineering, filial de Sinomach, con financiamiento a través del Fondo Conjunto China-Venezuela y recursos del Banco de Desarrollo de China, según la Fundación Andrés Bello. En 2022 el entonces gobernador de Mérida, al presentar su informe de 100 días, no mencionó avances de reactivación, lo que, según el mismo perfil, evidencia que la planta no estaba en funcionamiento.
El caso de la termoeléctrica José Félix Ribas
Fue un proyecto a cargo de Sinohydro, una de las mayores constructoras hidroeléctricas del mundo, hoy integrada en PowerChina, y la planta Termocarabobo, también estuvo bajo la conducción de Sinohydro.
El perfil de la Fundación Andrés Bello para Termocarabobo II registra como empresa china a CAMC Engineering, no a Sinohydro, y la describe como un proyecto concluido con inicio en 2010, un monto aproximado de 1.116 millones de dólares y financiamiento del Fondo Conjunto China-Venezuela con el Banco de Desarrollo de China; la misma fuente indica que la planta no se encontraba en funcionamiento.
Estas tres plantas son relevantes porque son las más parecidas a Planta Centro ya que son infraestructuras terminadas que no sostienen la generación. No son proyectos inconclusos en sentido estricto, y es importante no confundirlos, porque la distinción entre un incumplimiento y un cuestionamiento sobre costos cambia la naturaleza de lo que se denuncia. Una central puede haberse construido y haber operado, aunque existan controversias sobre cuánto costó o cómo se ejecutó el contrato. Pero el desenlace práctico es el mismo para el usuario que se queda sin luz, y por eso el desempeño de Planta Centro será leído como una prueba para todo el conjunto.
El transporte: miles de millones en rieles que no llegaron a rodar
De la electricidad se pasa naturalmente al transporte, donde se concentra el caso emblemático por el monto comprometido.
Era una red ferroviaria que debía conectar los estados Cojedes y Anzoátegui a lo largo de 468 kilómetros por los Llanos venezolanos. El contrato fue firmado en 2009 con China Railway Engineering Corporation (CREC), una constructora estatal china especializada en ferrocarriles, vinculada al grupo China Railway, por un valor anunciado de aproximadamente 7.500 millones de dólares.
El proyecto prometía reducir tiempos de transporte, estimular el desarrollo de regiones interiores y facilitar el movimiento de mercancías y pasajeros entre el Occidente y el Oriente venezolano sin pasar por Caracas. Del lado venezolano, la contraparte habría sido el Instituto de Ferrocarriles del Estado.
Las obras comenzaron en 2009, con una fecha prevista de finalización en 2012, pero se interrumpieron de forma reiterada y el contratista terminó retirándose sin completar el ferrocarril. Una investigación de Diálogo Chino y Armando.info documentó que el avance fue de alrededor del 31 % y que el proyecto nunca se materializó como el sistema prometido. Entre los problemas figuraron las dificultades de financiamiento, las disputas laborales, los obstáculos burocráticos y los problemas de coordinación entre las partes, además de incumplimientos relacionados con las obligaciones de contratación local y las normas ambientales.
La suerte del Sistema Ferroviario Centro Occidental no fue mejor. Estaba concebido bajo un proyecto de rehabilitación a cargo de Yankuang Group, con obras paralizadas y material rodante abandonado. Yankuang es un grupo estatal chino conocido sobre todo por la minería de carbón. Con este caso, la imagen del transporte ferroviario se completa marcada por un ferrocarril nuevo que no se terminó y una red existente cuya rehabilitación se detuvo.
Venezuela y su reactivación económica pasan por la existencia de una infraestructura moderna para generar cadenas de suministro y comunicación entre las distintas regiones del país y los ferrocarriles podrían jugar un rol fundamental para ello.
La industria y el campo: instalaciones sin la producción prometida
La misma lógica aparece en el campo. En 2010 se acordó con CAMC Engineering, la filial de Sinomach especializada en proyectos llave en mano en el exterior, un complejo agroindustrial en Delta Amacuro, cuya planta procesadora de arroz tenía un monto contractual de unos 200 millones de dólares. El proyecto contemplaba mucho más que la planta, pues incluía silos, canales de riego, carreteras e instalaciones agrícolas destinadas a construir una cadena productiva capaz de abastecer el mercado nacional y de impulsar la agricultura regional.
Una investigación de Reuters, recogida también por Euronews, documentó que varias obras previstas no se completaron, que los sistemas de procesamiento no se utilizaron según lo planificado y que la producción quedó muy por debajo de los objetivos originales. Hubo componentes construidos e incluso una ceremonia de culminación en 2019, pero eso no significó que se materializara el sistema agrícola integral prometido. AidData también recoge deficiencias en la ejecución y resultados productivos limitados.
La refinería Batalla de Santa Inés, en el estado Barinas
Fue concebida para ampliar la capacidad de refinación venezolana, con inicio previsto en 2010 y una inversión reportada de aproximadamente 2.900 millones de dólares. Involucró a la surcoreana Hyundai Engineering & Construction y a la china Wison Engineering, una empresa privada con sede en Shanghai especializada en ingeniería química y energética.
Por eso no debe presentarse como un acuerdo exclusivamente chino. La refinería no llegó a completarse. La planta eléctrica que debía servir a las instalaciones sí fue construida, pero la refinería como tal permaneció inconclusa.
Acueducto Bolivariano de Falcón: una obra terminada que no resolvió el problema del agua
Se concibió para ampliar el acceso al agua potable en una región históricamente afectada por la escasez.
La obra aparece registrada como culminada. Se concibió para ampliar el acceso al agua potable en una región históricamente afectada por la escasez, con una inversión reportada de 450 millones de dólares y de nuevo CAMC Engineering como contratista. Es la tercera vez que esta empresa aparece en el recorrido.
El acueducto prueba que la terminación física de una infraestructura no garantiza que preste el servicio público.
Mantener canales con China sin cerrar la puerta de Estados Unidos
Venezuela entra en una etapa en la que Estados Unidos tendrá un peso decisivo en su economía, como socio preferente en petróleo, minería, finanzas y reconstrucción. Sería ingenuo ignorarlo.
Desde enero de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido más de una docena de licencias generales que han ido reabriendo sectores. Pero esa arquitectura tiene una característica que importa a este debate y es que varias de esas licencias excluyen expresamente a personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, según el recuento de Guacamaya, que menciona licencias como la 47B, sobre diluyentes, y la 54B. Además, la Licencia General 49, que permite negociar contratos de inversión condicionados en petróleo, gas, petroquímica y electricidad, exige la aprobación separada de OFAC para cada contrato, según el análisis de Foley & Lardner. No hemos podido confirmar bajo qué autorización opera CMEC en Planta Centro, y esa es una de las preguntas abiertas más relevantes de esta historia.
Pese a ello, hay razones sólidas para que Caracas mantenga abiertos sus canales con Pekín. La primera es que la necesidad es objetiva dado que Venezuela requiere infraestructura eléctrica, ferroviaria, hídrica y agroindustrial a una escala que ningún socio puede proveer por sí solo en el corto plazo, y los proyectos que quedaron a medias representan activos físicos, estudios, equipos y miles de millones de dólares ya comprometidos. Abandonarlos por completo sería perder esa inversión hundida.
La segunda es que China es uno de los mayores constructores de infraestructura del mundo. Su Iniciativa de la Franja y la Ruta ha financiado y levantado puertos, ferrocarriles y plantas energéticas en decenas de países, y Venezuela firmó un memorando de adhesión en 2018. Pekín ha dicho en años recientes que busca proyectos más pequeños y ágiles y esa orientación encajaría mejor con una recuperación escalonada de obras existentes que con nuevos megaproyectos como los de 2009 a 2012.
La tercera razón es que el problema nunca fue China. Los casos documentados apuntan a una combinación de fallas con una responsabilidad importante por parte del Estado venezolano, hablamos de contratos opacos, garantías atadas al petróleo, controles débiles, sobrecostos, corrupción, las sanciones internacionales y falta de supervisión por parte venezolana. Un nuevo esquema de administración con instituciones reformadas y mecanismos reales de transparencia podría exigir condiciones distintas, con auditorías independientes, publicación de contratos, cronogramas verificables y cláusulas de desempeño, y en ese escenario los mismos proyectos que fracasaron podrían tener otro destino.
A ello se suma un cuarto factor y es que un país con menos sanciones y menos restricciones tiene más posibilidades de concretar y finalizar estos proyectos, porque parte de lo que se paralizó en la década pasada se explica por el colapso financiero y por el cerco de sanciones, y el alivio actual reduce el peso del financiamiento, los repuestos y los pagos como cuellos de botella.
Queda la tensión geopolítica, y ahí el caso de la Planta Centro puede tener su mayor valor simbólico. Cada vez que Washington emite una licencia para Venezuela, tiende a precisar que sus beneficios están restringidos para empresas chinas. Que una unidad de 600 megavatios sea reactivada por una empresa estatal china, en plena apertura hacia Estados Unidos, sugiere que ese filtro podría suavizarse en la práctica, al menos en sectores donde el beneficio para la estabilidad del sistema eléctrico es evidente. Eso es una hipótesis, no un hecho, y dependerá de cómo evolucionen las licencias y de cómo interprete Washington la presencia china. Pero ofrece un terreno de prueba para que la apertura venezolana sea real para todos los actores que quieran quedarse y materializar sus proyectos algo que debe estar en el interés nacional de Venezuela.
El escenario más favorable para Venezuela no es elegir entre Washington y Pekín, sino que ambos decidan apostar por un enfoque cooperativo, con empresas estadounidenses en energía, minería y finanzas, empresas chinas en infraestructura donde tienen experiencia y activos ya instalados, y una institucionalidad venezolana capaz de exigir resultados a todos. Un país que necesita despegar económicamente con urgencia no puede permitirse que la competencia entre las dos mayores economías del mundo se libre sobre sus propias obras inconclusas.
La tesis más sólida, entonces, no es que los acuerdos con China fracasaron, sino que Venezuela tiene antecedentes documentados de proyectos en los que el financiamiento, los contratos y los anuncios oficiales no garantizaron la culminación, la producción prevista ni la sostenibilidad operativa. El precedente de Planta Centro ofrece la oportunidad de comprobar si esos problemas se están resolviendo y, si ocurre, podría ser la primera señal de que la cooperación con China, bajo reglas más transparentes y en un marco menos hostil, forma parte de la recuperación y no solo de lo que salió mal.
La deuda con China y la oportunidad de convertir los proyectos abandonados en un acuerdo de estabilización
La recuperación de los proyectos inconclusos también debe analizarse a la luz de la deuda que Venezuela mantiene con China y de los intereses estratégicos de Pekín en América Latina. Durante las primeras décadas del siglo XXI, Venezuela se convirtió en uno de los principales receptores de financiamiento chino en la región y, durante la década de 2010, fue el mayor beneficiario de los préstamos de los bancos estatales chinos en América Latina. Buena parte de estos recursos se canalizó mediante mecanismos de financiamiento respaldados por petróleo y destinados a proyectos de infraestructura, energía, transporte e industria. Sin embargo, la crisis económica venezolana, las dificultades para cumplir con los compromisos financieros, la corrupción, las sanciones y la paralización de numerosas obras dejaron una relación que requiere una revisión integral.
En este contexto, el quinto punto comprende que la reestructuración de la deuda venezolana con China no debería limitarse a discutir plazos de pago, intereses o eventuales períodos de gracia. También podría abrir la puerta a una negociación sobre el destino de los proyectos que quedaron inconclusos, las obligaciones pendientes de las empresas contratistas y las inversiones necesarias para recuperar infraestructuras estratégicas. Un eventual acuerdo tendría que distinguir entre las obligaciones soberanas, los contratos comerciales y los compromisos de inversión, sin asumir que todos pueden renegociarse bajo un mismo mecanismo. La prioridad debería ser identificar qué proyectos son técnica y económicamente recuperables, cuáles requieren nuevos recursos y cuáles convendría cerrar definitivamente.
Para Pekín, además, abandonar por completo estas iniciativas también puede tener un costo reputacional. Los proyectos paralizados constituyen una referencia para otros gobiernos que evalúan contratar empresas chinas o recurrir al financiamiento de sus instituciones estatales. Si las experiencias venezolanas se consolidan como ejemplos de obras inconclusas, inversiones improductivas y compromisos incumplidos, podrían afectar la percepción regional sobre la capacidad de China para ejecutar proyectos de largo plazo. En un momento en el que Estados Unidos busca reafirmar su influencia en el hemisferio occidental y limitar la expansión estratégica de sus competidores, la credibilidad de los proyectos chinos en América Latina y el Caribe adquiere una dimensión que va más allá de Venezuela.
No obstante, los intereses de Washington y Pekín no tienen por qué ser necesariamente incompatibles en todos los ámbitos. Estados Unidos puede buscar una Venezuela más estable, con mayor capacidad de producción energética, infraestructura funcional y mejores condiciones para la inversión, mientras China procura proteger sus acreencias, preservar sus intereses comerciales y evitar que sus proyectos se conviertan en pasivos reputacionales. Existen diferencias geopolíticas evidentes, pero la recuperación de instalaciones eléctricas, la rehabilitación de infraestructura y la reactivación de actividades productivas podrían generar beneficios compartidos si se establecen condiciones transparentes, viables y compatibles con las prioridades de estabilización venezolana.
Esto no significa que Washington deba respaldar automáticamente las inversiones chinas ni que Pekín esté dispuesto a aceptar cualquier reestructuración de sus créditos. Supone reconocer que la competencia estratégica no impide necesariamente alcanzar acuerdos específicos cuando existen intereses convergentes. Una negociación que combine la reestructuración ordenada de las obligaciones financieras, la evaluación independiente de los proyectos pendientes y la incorporación de nuevos mecanismos de supervisión podría contribuir a reducir los costos de la crisis y a recuperar activos que hoy representan una carga económica para el país. La prosperidad de Venezuela podría ser rentable para ambos actores
La experiencia de Planta Centro puede servir como punto de partida para esta discusión. Si la cooperación con China permite recuperar capacidad de generación eléctrica y garantizar su funcionamiento sostenido, el resultado podría beneficiar a la población venezolana, contribuir a la recuperación económica y demostrar que algunos compromisos heredados todavía pueden convertirse en activos productivos. Adicionalmente, la electricidad juega un rol fundamental para la producción petrolera que es el principal interés de Estados Unidos en Venezuela, si China contribuye a su recuperación, Washington podría ser un gran beneficiario de esas acciones. Pero para que esto ocurra, los anuncios deben traducirse en resultados verificables y los acuerdos deben contemplar financiamiento, mantenimiento, responsabilidades contractuales y continuidad operativa.
En definitiva, la prioridad de los actores políticos venezolanos debería ser evitar que la infraestructura abandonada y la deuda acumulada se conviertan en instrumentos adicionales de confrontación geopolítica. La estabilización del país exige una estrategia que combine la negociación financiera, la recuperación de activos y la búsqueda de inversiones sostenibles. En lugar de plantear la cooperación con China y el acercamiento económico con Estados Unidos como caminos necesariamente excluyentes, Venezuela podría explorar acuerdos específicos que protejan sus intereses, amplíen su margen de negociación y contribuyan a una recuperación económica duradera. La cuestión no es qué potencia obtiene una victoria simbólica, sino si los compromisos internacionales pueden traducirse, finalmente, en electricidad, producción, inversión y mejores condiciones de vida para los venezolanos.
Una oportunidad para repensar la cooperación internacional de Venezuela
La experiencia latinoamericana ofrece algunas lecciones que Venezuela debería considerar al momento de redefinir su política exterior. Pese al avance de gobiernos y actores políticos que mantienen una estrecha alineación con Washington y especialmente con Donald Trump, varios países de la región han preservado sus vínculos comerciales y financieros con China, conscientes de que la cercanía política con Estados Unidos no exige necesariamente desmantelar las relaciones económicas con la segunda mayor economía del mundo. Argentina, Perú y otros países latinoamericanos muestran, con sus particularidades, que la competencia geopolítica entre ambas potencias no ha eliminado la interdependencia económica que caracteriza a la región. Para Caracas, esta realidad constituye una referencia importante y es que la cooperación con China puede seguir ofreciendo oportunidades para recuperar infraestructura, atraer capital y desarrollar sectores productivos, incluso en un escenario de mayor acercamiento estratégico con Estados Unidos.
Esto resulta especialmente relevante para una Venezuela que deberá reconstruir su capacidad energética, modernizar sus servicios públicos y generar condiciones para una recuperación económica sostenible. Las empresas chinas cuentan con experiencia en proyectos de generación eléctrica, infraestructura, transporte, telecomunicaciones y desarrollo industrial, ámbitos en los que el país acumula necesidades de inversión. La participación de estas compañías, bajo contratos transparentes, evaluaciones técnicas independientes y mecanismos efectivos de supervisión, podría contribuir a recuperar activos existentes y desarrollar nuevas capacidades productivas.
Al mismo tiempo, mantener la cooperación con Pekín no significa menospreciar las oportunidades que puede ofrecer una relación económica más estrecha con Washington. Por el contrario, en el escenario de reconfiguración política y económica que se abre para Venezuela, Estados Unidos probablemente ocupará un lugar central y prioritario en la política exterior del país, tanto por su proximidad geográfica como por la importancia de sus mercados, su capacidad financiera y su influencia sobre las condiciones de acceso a los circuitos internacionales de inversión. La recuperación del sector petrolero, la normalización de las relaciones financieras y la atracción de capital internacional estarán condicionadas, en buena medida, por la evolución de esa relación. En ese contexto, la cooperación con China podría funcionar como un mecanismo complementario para ampliar las alternativas disponibles, facilitar la recuperación de determinadas infraestructuras y contribuir a una estrategia de diversificación económica, sin sustituir el acercamiento con Estados Unidos.
Existen, además, precedentes internacionales que demuestran que la presencia económica de distintas potencias puede coexistir incluso en países donde Washington mantiene una influencia política y estratégica considerable. Irak constituye un ejemplo relevante, aunque no deseable en su totalidad. Pese a la influencia estadounidense sobre sus instituciones políticas, sus relaciones de seguridad y buena parte de su entorno económico, China se ha consolidado como un actor fundamental en el comercio y el sector petrolero iraquí, mientras que empresas rusas también han mantenido intereses en la industria energética. Esta coexistencia no elimina las tensiones ni implica que Washington considere irrelevante la presencia de sus competidores. Más bien, evidencia que los intereses comerciales, las necesidades de inversión y las particularidades de cada país pueden abrir espacios de interacción que no se corresponden necesariamente con una división absoluta entre las esferas de influencia de las grandes potencias.
Venezuela, sin embargo, deberá abordar esta posibilidad sin ingenuidad.Washington considera que determinadas inversiones chinas en sectores estratégicos —como energía, telecomunicaciones, infraestructura crítica y recursos minerales— pueden tener implicaciones para su seguridad nacional y para su posición en el hemisferio occidental. Por ello, la expansión de la cooperación económica venezolana con Pekín podría generar fricciones con Estados Unidos, especialmente si involucra activos considerados sensibles o mecanismos de financiamiento que Washington juzgue contrarios a sus objetivos estratégicos. Al mismo tiempo, China tendrá sus propias prioridades como lo son proteger las acreencias acumuladas, preservar el acceso a oportunidades comerciales y evitar que sus inversiones se conviertan en ejemplos de incumplimiento o de pérdida de influencia regional. Cualquier estrategia venezolana deberá reconocer estos intereses y sus posibles incompatibilidades.
Precisamente por ello, la recuperación de los proyectos inconclusos y la reestructuración de la deuda con China podrían convertirse en componentes de una negociación más amplia sobre la estabilización del país. En lugar de abordar cada iniciativa exclusivamente desde la competencia entre Washington y Pekín, Caracas debería evaluar qué acuerdos permiten recuperar activos, reducir obligaciones insostenibles, atraer inversiones productivas y mejorar las condiciones de vida de la población. Allí donde existan intereses convergentes, podrían explorarse mecanismos de cooperación que favorezcan la continuidad de proyectos económicamente viables, siempre que sean compatibles con las prioridades venezolanas y con las obligaciones internacionales aplicables. No se trata de asumir que ambas potencias respaldarán una misma estrategia, sino de identificar espacios concretos en los que la competencia geopolítica no impida alcanzar resultados favorables para el país.
En última instancia, Venezuela necesita recuperar capacidad de negociación y evitar que su reconstrucción económica quede subordinada a una lógica de alineamiento automático. La relación con Estados Unidos y la cooperación con China plantean oportunidades, condicionamientos y riesgos diferentes, pero no tienen por qué convertirse en alternativas mutuamente excluyentes en todos los ámbitos. La responsabilidad de los actores políticos venezolanos consiste en establecer prioridades nacionales, evaluar rigurosamente los proyectos, negociar condiciones sostenibles y preservar el mayor margen de autonomía posible. La reactivación de Planta Centro puede ser una oportunidad para comenzar a demostrar que los compromisos internacionales todavía pueden transformarse en resultados concretos. El desafío es que esta vez la cooperación no se mida por la cantidad de acuerdos firmados ni por la potencia que consiga mayor influencia, sino por su contribución efectiva a la estabilización económica, la recuperación de los servicios públicos y el desarrollo de Venezuela.
