Jaime Gilinski firma un acuerdo con el gobierno venezolano y PDVSA el 4 de septiembre de 2026, junto con la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao (centro) y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez (derecha). Fotografía: Prensa Presidencial.
Guacamaya, 20 de octubre de 2026. Mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez negocia con Washington la supervivencia del chavismo sin Maduro, la familia más rica de Colombia firma contratos petroleros por 25 años, compra la fábrica de helados más querida de Venezuela y observa, desde su tribuna en la revista Semana, cómo Caracas empieza a tender la mano hacia Israel.
Los Gilinski no son un actor neutral en ese tablero: son, a la vez, productores para el consumo masivo, banqueros, editores y, ahora, petroleros con intereses directos en que la apertura venezolana funcione.
Una dinastía judeo-lituana que se convirtió en el mayor holding de Colombia
Los Gilinski llegaron a Barranquilla en la década de 1920, huyendo de Lituania como parte de la migración judía hacia el Caribe colombiano. Isaac Gilinski Sragowicz nació el 19 de febrero de 1934 en esa ciudad, donde sus padres se habían establecido en su ruta desde Israel. El primer negocio familiar fue una curtiembre; más tarde, ya instalada en el Valle del Cauca, la familia fundó Productos Yupi y Plásticos Rimax, semillas de lo que hoy es un conglomerado multinacional.
El salto financiero decisivo lo dio Jaime Gilinski Bacal, nacido en Barranquilla en 1952, formado en ingeniería industrial en Georgia Tech y con un MBA de la Harvard Business School. En 1991 adquirió la filial colombiana del quebrado Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI), y tres años después, junto a inversionistas como George Soros —cuyo hijo fue compañero suyo en Harvard—, Barclays e ING, se quedó con el 75% del Banco de Colombia por 361 millones de dólares. Ese activo terminaría fusionado, tras una disputa societaria de más de una década, en lo que hoy es Bancolombia, propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), el archirrival histórico de los Gilinski.
Desde entonces, la familia construyó su verdadero músculo financiero alrededor del Banco GNB Sudameris, con el que en 2013 compró las operaciones de HSBC en Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay por 400 millones de dólares. La ofensiva más reciente y más ruidosa del grupo fue la disputa por el control del GEA entre 2021 y 2022, que terminó en 2023 con lo que en Colombia se conoce como “el enroque”: los Gilinski se quedaron con el Grupo Nutresa —el mayor conglomerado de alimentos del país, dueño de marcas como Zenú, Colcafé, Doria y El Corral— a cambio de devolver al GEA sus participaciones en Sura y Argos.
Ese movimiento disparó la fortuna de Jaime Gilinski de unos 4.400 millones de dólares en 2022 a 10.700 millones de dólares en 2025, según estimaciones de la revista Forbes, lo que lo consolidó como el hombre más rico de Colombia, por delante de David Vélez, fundador de Nubank.
El grupo, hoy liderado por Jaime junto a su hijo Gabriel Gilinski —presidente de Nutresa desde enero de 2025—, tiene además presencia bancaria en el Reino Unido a través del Metro Bank de Londres, controlado por otra hija de Jaime, Dorita Gilinski, y mantiene residencias familiares repartidas entre Londres, Nueva York, Miami, Panamá y Colombia.
Vínculos políticos: de la embajada colombiana en Israel al uribismo colombiano
El poder político de la familia no es un efecto colateral de su poder económico; es una estrategia deliberada y de largo aliento. Isaac Gilinski Sragowicz, patriarca del clan, se desempeñó como embajador de Colombia en Israel entre 2009 y 2013 y ante la Misión de Naciones Unidas en Nueva York, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Ese antecedente diplomático no fue un hecho aislado, dado que en agosto de 2026, Tania Gilinski Bacal —hermana de Jaime Gilinski, con estudios en Wellesley College y una maestría en Relaciones Internacionales de Stanford— fue designada embajadora de Colombia en Israel por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.
El nombramiento tiene, según reportó el medio Pluralidad Z, “un peso simbólico particular porque su padre, Isaac Gilinski, ocupó exactamente el mismo puesto entre 2010 y 2013”. Ese nombramiento se explica mejor en el contexto de la relación entre los Gilinski y el gobierno de De la Espriella, que se detalla más adelante.
El vínculo con Israel: origen, banca y ahora un puente hacia Caracas
El origen judío-lituano de la familia no es solo un dato biográfico: es una de las claves para entender por qué las nuevas inversiones de los Gilinski en Venezuela coinciden, en el tiempo, con el proceso de acercamiento diplomático entre Caracas y Jerusalén. La familia mantiene lazos institucionales con Israel que van más allá del servicio diplomático de Isaac y Tania Los Gilinski forman parte de la comunidad judía colombiana, con conexiones de negocios y filantrópicas que se extienden a instituciones y capitales israelíes y judíos internacionales.
Lo anterior no constituye un antecedente menor, pues contribuyó a posicionar a la familia como un interlocutor relevante en las relaciones entre Israel y Colombia. Su papel ha estado vinculado tanto a la promoción del intercambio comercial y de las inversiones israelíes en el mercado colombiano como a la consolidación de espacios de interlocución con potencial incidencia política. Esta dimensión trasciende el ámbito bilateral y adquiere una relevancia regional en un contexto que ha resultado particularmente favorable para Israel en América Latina y el Caribe, marcado por la llegada al poder de varios gobiernos ideológicamente afines y cercanos al primer ministro Benjamín Netanyahu.
Ese trasfondo cobra relevancia porque, en paralelo a la llegada del Grupo Gilinski al negocio petrolero venezolano, Caracas y Tel Aviv reactivaron su coordinación consular en agosto de 2026, diecisiete años después de que Hugo Chávez rompiera relaciones con Israel el 15 de enero de 2009, en solidaridad con la causa palestina.
El detonante inmediato fue humanitario: una delegación técnica israelí viajó a Venezuela para asistir en la evaluación de daños tras los terremotos de junio de 2026, y el 10 de agosto, el rabino principal de la Asociación Israelita de Venezuela, Isaac Cohen, entregó al canciller Félix Plasencia una carta dirigida a la presidenta interina Delcy Rodríguez, solicitando el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas y consulares.
El giro no está exento de lectura geopolítica. Delcy Rodríguez anunció el restablecimiento de relaciones consulares entre Venezuela e Israel, rompiendo con la política antiisraelí de Hugo Chávez, en una decisión que ese medio vincula directamente con la influencia que Washington ejerce sobre el gobierno interino tras la caída de Maduro.
En ese escenario, una familia colombiana de raíz judía, con embajadores propios ante el Estado de Israel en su historial y con inversiones petroleras y de consumo masivo recién desembarcadas en Venezuela, ocupa una posición poco común: es un actor privado con intereses simultáneos en que la normalización avance.
En Colombia, la relación de los Gilinski con el poder político ha oscilado según la coyuntura, pues fueron cercanos al gobierno de Uribe, mantuvieron una relación funcional con el de Gustavo Petro durante la disputa por Nutresa, y desde 2025 se convirtieron en uno de los principales motores financieros y mediáticos de la candidatura y, luego, del gobierno de Abelardo de la Espriella, elegido presidente de Colombia en junio de 2026 y posesionado el 7 de agosto de ese año.
De la financiación de campaña al Estado: los Gilinski y el gobierno de Abelardo de la Espriella
La relación entre los Gilinski y el poder político colombiano dio un salto cualitativo con la llegada de Abelardo de la Espriella —abogado penalista de 48 años, autodenominado “El Tigre”, de nacionalidad colombiana, estadounidense e italiana— a la Presidencia de Colombia. De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria en 2024, ganó la primera vuelta el 31 de mayo de 2026 con 43,74% de los votos y se impuso en el balotaje del 21 de junio frente al senador de izquierda Iván Cepeda por un margen mínimo (49,66% frente a 48,70%), la victoria más ajustada en la historia presidencial colombiana. Asumió el cargo el 7 de agosto de 2026, con José Manuel Restrepo como vicepresidente.
El respaldo del entramado Gilinski a esa candidatura no empezó con De la Espriella, sino con la precandidatura de Vicky Dávila, la propia exdirectora de Semana. Según reconstruyó el medio independiente La Silla Vacía, la campaña de recolección de firmas de Dávila costó 2.100 millones de pesos, de los cuales 700 millones se aportaron directamente a través de la revista Semana, propiedad de Gabriel Gilinski, en lo que el propio medio calificó como una maniobra que “mete financieramente al medio en política electoral”.
Cuando Dávila avanzó a la Gran Consulta por Colombia —la consulta de la centroderecha, que finalmente ganó la senadora Paloma Valencia—, volvió a gastar otros 2.000 millones de pesos, esta vez financiados mediante un préstamo del Banco GNB Sudameris, la entidad insignia del Grupo Gilinski.
Tras el naufragio de la candidatura de Dávila en esa consulta, tanto ella como su antigua gerente de campaña, Sandra Suárez —exgerente general de Semana durante los años de la compra del medio por parte de Gilinski—, se alinearon con Abelardo de la Espriella. El respaldo económico de los Gilinski no se detuvo, pues en la segunda vuelta presidencial, el Banco GNB Sudameris otorgó un crédito de 17.500 millones de pesos a la campaña de De la Espriella, reportado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), según documentó el portal Pluralidad Z a partir de registros oficiales.
En paralelo al respaldo financiero, Semana ejerció un respaldo editorial que generó cuestionamientos dentro del propio gremio periodístico colombiano. La Silla Vacía reportó que, entre la primera y la segunda vuelta, la revista reprodujo íntegramente 133 videos de propaganda electoral de De la Espriella —más de seis al día—, varios de ellos con instrucciones de voto o tarjetón incluido, sin advertir en ningún momento que se trataba de material de campaña.
Un análisis de opinión publicado por el portal 45 Segundos fue más allá y calificó la relación como “el Pacto de Semana“, describiendo al medio como una plataforma que “ha dejado de ser un medio de registro para convertirse en la jefatura de debate de De la Espriella”. Conviene precisar que esa expresión —”Pacto de Semana“— es la interpretación de un medio de opinión, no una constatación judicial ni una confirmación de las partes; los datos verificables y contrastados con registros oficiales son el crédito bancario reportado ante el CNE y el conteo de piezas audiovisuales documentado por La Silla Vacía.
La alianza se tradujo, tras la posesión presidencial, en nombramientos concretos dentro del nuevo gobierno. Sandra Suárez fue designada directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) mediante el Decreto 1147 del 10 de agosto de 2026, una entidad que administra buena parte de los subsidios y programas sociales del Estado colombiano.
Mientras tanto, fuentes citadas por La Silla Vacía ubican a Gabriel Gilinski dentro del “círculo de poder” de los grandes empresarios que acompañan el arranque del nuevo gobierno.
Tania Gilinski Bacal, como se mencionó antes, fue nombrada embajadora de Colombia en Israel, una designación que además encaja con la agenda diplomática de De la Espriella, quien ha priorizado el restablecimiento y fortalecimiento de relaciones con Israel, incluida la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén. Apenas tres días tras la toma de posesión, Colombia se convirtió también en el segundo país del mundo en reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, un territorio ocupado considerado como parte de Siria por el Consejo de Seguridad de la ONU y la gran mayoría de la comunidad internacional.
El vínculo tiene, además, una dimensión filantrópica que refuerza la cercanía personal entre el empresario y el presidente. Tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026 —con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y más de 289 muertos en un primer balance—, De la Espriella anunció en su cuenta de X que había hablado telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Kardonski, quienes le comunicaron su decisión de donar 150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, ciudad especialmente afectada por el sismo. La donación fue formalizada mediante una carta de los Gilinski dirigida al presidente y a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y ampliamente cubierta por Semana.
En conjunto, estos elementos —financiamiento de campaña reportado ante el CNE, cobertura editorial favorable documentada por un medio independiente, nombramientos de personas del círculo cercano al grupo y una donación filantrópica de alto perfil coordinada directamente con el presidente— dibujan una relación de proximidad estructural entre el Grupo Gilinski y el gobierno de Abelardo de la Espriella. Esa proximidad es, en sí misma, un dato de interés público independientemente de que no exista —ni se sugiere aquí que exista— ninguna irregularidad legal en las operaciones descritas, todas ellas reportadas ante las autoridades electorales o anunciadas públicamente por las propias partes.
El semanario
Ningún activo de los Gilinski ha generado tanta controversia periodística como la revista Semana, comprada progresivamente por Gabriel Gilinski desde 2019 hasta hacerse con el control total de Publicaciones Semana en noviembre de 2020. La operación provocó la salida de figuras históricas del semanario —María Jimena Duzán, Antonio Caballero, Rodrigo Pardo, Ricardo Calderón, Alejandro Santos y el caricaturista Vladdo, entre otros— y un giro editorial hacia la derecha que el columnista despedido Daniel Coronell describió, según recogió el diario español elDiario.es, como el intento de convertir a Semana en una suerte de “Fox News a la colombiana”: pugnaz y conservador.
Bajo la dirección de Vicky Dávila, quien encabezó Semana entre noviembre de 2020 y noviembre de 2024, la línea editorial del medio hacia Venezuela fue sostenidamente crítica del chavismo. Dávila ha calificado en entrevistas a Nicolás Maduro de “narcotraficante” y “una desgracia para Venezuela”, y ha asegurado que como eventual presidenta nunca se dejaría ver estrechando su mano. Cuando el propio Maduro la mencionó como su “candidata” en Colombia, Dávila respondió con sarcasmo en redes sociales. Ese historial de confrontación retórica marcó durante años la relación entre Semana y el chavismo, y contrasta de forma notoria con la cobertura reciente del medio sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
El punto de inflexión político-institucional fue la captura de Maduro por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero de 2026, un episodio calificado por la propia Casa Blanca como una operación contra el narcotráfico y por el chavismo como un secuestro y una violación de la soberanía venezolana. Dos días después, el Tribunal Supremo de Justicia designó a la entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, iniciando un gobierno de transición que ha combinado gestos de apertura económica hacia Washington con la defensa retórica de Maduro como “presidente legítimo”.
Es en la cobertura de ese gobierno interino donde el tono de Semana se ha vuelto notoriamente más informativo y menos confrontativo que el de la etapa de Dávila. El medio ha reproducido sin mayor cuestionamiento editorial las entrevistas de Delcy Rodríguez con Time y con NBC News, ha cubierto en detalle su gira diplomática y ha dado amplio espacio, en un tono cercano al comunicado institucional, a la firma del acuerdo petrolero entre el Grupo Gilinski y PDVSA el 4 de septiembre de 2026.
La nota de Semana sobre ese acuerdo describe la llegada de GeoPark al negocio petrolero venezolano como “una señal de confianza y una gran oportunidad para los dos países y los empresarios colombianos”, y recoge sin contrapeso crítico la invitación de Rodríguez a que más empresarios colombianos inviertan en Venezuela.
Los vínculos en Estados Unidos: de Miami a Wall Street
La huella estadounidense de los Gilinski es, sobre todo, bancaria. La familia fue propietaria del Eagle National Bank de Miami, entidad en la que Gabriel Gilinski comenzó a trabajar en 2008, en plena crisis financiera, y que la familia terminó vendiendo al banco español Sabadell —del que Jaime Gilinski también es accionista relevante— por unos 56 millones de dólares en la operación de Miami, después de haber adquirido el 5% de las acciones de Sabadell por 373 millones de dólares. Aquella operación dejó a Sabadell con 31 oficinas y un volumen de negocio de unos 8.000 millones de dólares en el sur de Florida.
Miami funciona, además, como una de las bases familiares, puesto que allí tiene su sede la Dori Gilinski Gallery, fundada por Dorita Gilinski, y Jaime Gilinski mantiene una de sus varias residencias en la ciudad, junto a las de Nueva York, Londres y Panamá. No se ha documentado en las fuentes consultadas para este artículo una relación directa y nombrada entre los Gilinski y figuras de la administración Trump o del Departamento de Estado; lo que sí está establecido es su condición de inversionistas privados con capital, bancos y activos radicados en territorio estadounidense, lo que los sitúa dentro del ecosistema financiero que Washington vigila de cerca en cualquier operación vinculada a Venezuela, dado el régimen de sanciones y la supervisión del Tesoro estadounidense sobre transacciones con PDVSA.
Las nuevas inversiones: Nutresa, Tío Rico y el “reingreso” a Venezuela
El regreso comercial del Grupo Gilinski a Venezuela se ha construido en oleadas sucesivas a través de Grupo Nutresa. Entre julio de 2025 y julio de 2026 la compañía completó cuatro adquisiciones en Colombia, Ecuador y Venezuela, comenzando por el control de Alimentos Yupi en Ecuador (junio de 2025), el de Inversionista Alcora y sus subordinadas —entre ellas Productos Yupi en Colombia— (octubre de 2025), la compra de Mimo’s (mayo de 2026) y la de Universal Sweet Industries (“La Universal”, en Ecuador, junio de 2026).
La pieza más simbólica de esa estrategia llegó el 21 de julio de 2026, cuando Nutresa anunció la compra del 100% de Industrias Tío Rico, la marca de helados con más de 55% de participación de mercado en Venezuela y “más de siete décadas de trayectoria”, según describió el portal financiero Valora Analitik. La operación —valorada en más de 30 millones de dólares— incluyó la marca, una planta de producción en Guacara, estado Carabobo, un complejo industrial de 210.000 metros cuadrados y cinco centros de distribución de cobertura nacional. Tío Rico había pasado por las manos de la familia Cisneros, luego por Unilever desde 1994, y en 2025 había sido vendida a Mack de Venezuela, una empresa del sector automotor, antes de terminar en el portafolio de Nutresa.
El director financiero de Nutresa, Andrés Bernal, explicó que la compañía registró ingresos cercanos a 14 millones de dólares en Venezuela durante 2025 y que, con la integración de Tío Rico, proyecta ventas mensuales de entre 8 y 10 millones de dólares para el cuarto trimestre de 2026, con una meta de 60 millones de dólares en ingresos para cierre de año y hasta 200 millones en 2027. Jaime Gilinski resumió el objetivo de la operación en una entrevista para Bloomberg con una frase que la prensa colombiana reprodujo ampliamente: “inundar Venezuela lo antes posible con productos de Nutresa”.
Nutresa llegó a concentrar históricamente entre el 20% y el 30% de sus ventas en Venezuela antes de que la crisis económica del país redujera esa participación a una fracción marginal. La compañía cuenta, además, con plantas cercanas a la frontera colombo-venezolana que facilitarían el abastecimiento, y ha señalado a inversionistas que Venezuela podría recuperar en tres a cinco años niveles de PIB per cápita comparables a los de hace 15 o 20 años, una proyección optimista que conviene contrastar con la extrema volatilidad reciente de la economía venezolana.
La entrada al petróleo: GeoPark y el bloque Bare
El movimiento más audaz del Grupo Gilinski en Venezuela no es alimentario, sino petrolero. El 3 de septiembre de 2026, GeoPark —compañía con operaciones en Colombia y Argentina, dirigida por el expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y de la que el Grupo Gilinski es accionista mayoritario— confirmó su ingreso al mercado petrolero venezolano mediante el desarrollo, durante 25 años, del bloque Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco.
El acuerdo se firmó al día siguiente, el 4 de septiembre de 2026, en Caracas, entre Jaime Gilinski y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
La estructura financiera de la operación es compleja, ya que el vehículo que controla el contrato con PDVSA pertenece en un 95% al Grupo Gilinski y en un 5% a GeoPark, pero la petrolera planea adquirir la totalidad de esa participación mediante la emisión de 42,1 millones de acciones a 12,22 dólares cada una, con un valor de 514 millones de dólares. Esto dejaría al Grupo Gilinski con entre el 56% y el 58% del capital ordinario de la compañía, según distintas estimaciones periodísticas que varían ligeramente entre sí y que aquí se reportan con esa salvedad.
El desarrollo del bloque se hará bajo el nuevo esquema de Contrato de Participación Productiva (CPP) que habilitó la reciente Ley Orgánica de Hidrocarburos venezolana, bajo el cual GeoPark operará el campo y financiará el 100% de las inversiones de capital, a cambio de una participación económica neta reportada por Semana en 65%.
Consultada por Guacamaya sobre los factores que inclinaron la decisión de entrar a Venezuela ahora, GeoPark describió al país como “una geografía naturalmente atractiva para este sector”, con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, buena parte de ellas en una Faja Petrolífera del Orinoco que “hoy produce apenas una fracción de su potencial”. La compañía afirmó que la decisión “fue el resultado de un análisis técnico, operativo, regulatorio y jurídico riguroso”, que incluyó múltiples visitas al campo y un trabajo cercano con los equipos técnicos de PDVSA, y que, tras revisar un portafolio amplio de oportunidades, Bare se convirtió en su prioridad por tres razones.
La primera es el activo, hablamos de un campo en producción, con infraestructura instalada y un gran potencial de reactivación, cuya historia productiva arrancó en 1982 y llegó a picos de 120.000 barriles diarios.
La segunda es su alineación con la estrategia de crecimiento de la empresa, ya que le permitiría aumentar de manera importante su producción y sus reservas en el largo plazo, junto con sus operaciones en Colombia y Argentina; GeoPark sostuvo, en su respuesta a Guacamaya, que cuenta con un equipo con experiencia en crudos pesados, en intervención y reactivación de pozos y en gestión de yacimientos, y que parte de su equipo directivo “conoce a profundidad la Faja del Orinoco”.
La tercera es el marco contractual: según la empresa, el Contrato de Participación Productiva le da “control operativo y una participación neta del 65% durante 25 años, un horizonte coherente con un desarrollo de largo plazo”, todo ello estructurado “en cumplimiento del marco de OFAC”.
Bare es un yacimiento de crudo pesado con cerca de 15.700 millones de barriles de petróleo original in situ, del que ya se han extraído más de 700 millones de barriles a lo largo de su historia; hoy produce apenas unos 11.000 barriles diarios repartidos en 1.100 pozos, muy por debajo de los más de 100.000 barriles diarios que llegó a alcanzar en el pasado. El plan de GeoPark apunta a elevar el factor de recobro de un rango de 4%-5% a uno de 8%-9%, con un potencial máximo de entre 85.000 y 95.000 barriles diarios, y una producción neta acumulada estimada en unos 400 millones de barriles para la compañía.
En su respuesta a las consultas de Guacamaya sobre las expectativas de desarrollo del bloque, GeoPark detalló una hoja de ruta por etapas para primero llegar a unos 20.000 barriles diarios en 2027, superar los 30.000 en 2028 y alcanzar entre 45.000 y 56.000 barriles brutos al cierre de esta primera fase, en 2030. A partir de 2031, con más perforación, la compañía aspira a acercarse a los 90.000 barriles diarios, una cifra que se ubica dentro del rango máximo de 85.000 a 95.000 barriles señalado arriba.
De los cerca de 1.100 pozos del campo, GeoPark espera reactivar inicialmente entre 400 y 500, y luego avanzar hacia la perforación de nuevos pozos, incluidos pozos horizontales; más adelante incorporaría tecnologías como la inyección de vapor en el yacimiento. Entre inversiones y gastos operativos, la empresa estima un total cercano a los 6.800 millones de dólares durante la vida del contrato, una inversión que, según explicó a Guacamaya, “empieza este año y crecerá a medida que aumente la producción”.
En materia de empleo, la compañía señaló que en Bare hay un equipo de PDVSA “con mucho conocimiento del campo” y que en Venezuela hay “talento petrolero muy valioso”; a medida que crezca la actividad, dijo, crecerá también la necesidad de personal, servicios y proveedores, y el objetivo es que los beneficios lleguen a las comunidades de las zonas de operación, “como lo hacemos en Colombia y en Argentina”. Como principal desafío operativo de los primeros años, GeoPark identificó la reactivación del campo, especialmente recuperar pozos, poner a punto la infraestructura y aumentar la producción “de manera segura y sostenida”. Es, añadió, un proceso que “tomará meses” y que exige “disciplina, conocimiento técnico y un trabajo conjunto con PDVSA”.
Durante la ceremonia de firma, Jaime Gilinski pronunció una frase que condensa el tono con el que el grupo ha querido presentar su apuesta venezolana: “Este acuerdo no es simplemente una transacción comercial, es una declaración de fe compartida en el futuro de Venezuela, en su gente y en el inmenso potencial de sus recursos naturales”. Delcy Rodríguez, por su parte, calificó la llegada del capital colombiano como un gesto que “fortalece la cooperación entre ambos países” y aprovechó el evento para invitar a más empresarios colombianos a invertir en Venezuela, en la misma jornada en que Chevron anunció una inversión de 7.000 millones de dólares para los próximos cinco años en los campos Carabobo 1 y Carabobo 2-South-A.
Preguntada por Guacamaya sobre el escenario creado por el acuerdo anunciado por la administración de Donald Trump con Venezuela, GeoPark no se refirió de manera directa a ese acuerdo. Respondió, en cambio, que su entrada a Bare se da mediante un Contrato de Participación Productiva “firmado directamente con PDVSA”, que refleja el nuevo marco legal aprobado por la Asamblea Nacional, y que todo el proceso se ha hecho “en cumplimiento de las regulaciones de OFAC”.
La compañía afirmó que “hoy existen condiciones para reactivar el sector petrolero venezolano” y que hay interés en traer capital, tecnología y experiencia operativa, algo que, según dijo, ha visto en “muchas empresas de la región, no solo del sector energético”, que buscan participar en la reactivación económica del país. Agregó que en PDVSA ha encontrado equipos técnicos y comerciales “con voluntad de aumentar la producción, aplicar tecnología y atraer más inversión”.
Sobre una eventual ampliación de su presencia más allá de Bare, GeoPark indicó que su atención “está en Bare”: tiene por delante un período de transición y un plan de desarrollo de largo plazo, y su prioridad es ejecutarlo bien, reactivando el campo de forma segura, cumpliendo los compromisos con PDVSA y demostrando resultados. Cualquier nueva oportunidad se evaluaría, según la empresa, con los mismos criterios que la llevaron a Bare: la calidad del activo, “un marco contractual que dé estabilidad y protección a la inversión”, el pleno cumplimiento regulatorio y la viabilidad logística y comercial, entre otros. “La disciplina de capital seguirá siendo la regla para cualquier decisión futura”, afirmó.
En referencia a la importancia estratégica de Venezuela dentro de su estructura de negocios, GeoPark respondió a Guacamaya que el país será “una pieza complementaria y de gran relevancia” en su portafolio.
Colombia, explicó, es su base de producción y opera allí desde 2012, buena parte de esa historia se explica por Llanos 34 —uno de los bloques más productivos del país en la última década, que la empresa descubrió, desarrolló y sigue operando— y, junto a otros bloques como Llanos 123 y CPO-5, el país es su operación más significativa, con una producción de 25.871 barriles equivalentes por día en el segundo trimestre de 2026. En Argentina, Vaca Muerta es su plataforma de crecimiento en no convencionales, y Venezuela suma, dijo, “una oportunidad de redesarrollo de crudo pesado de largo plazo, en una de las cuencas de hidrocarburos más grandes del mundo”.
Por su escala, sostuvo la compañía, Bare “será transformacional”: junto con el crecimiento del resto del portafolio, le permitiría pasar de los cerca de 28.000 barriles diarios que produce hoy a entre 75.000 y 85.000 en 2030, “casi tres veces nuestra producción actual”. “La escala cambia y la estrategia se mantiene”, añadió GeoPark: seguir siendo “un operador latinoamericano, enfocado en la excelencia técnica y en invertir donde podamos crear valor”, con tres activos que, según la empresa, se complementan y hacen de GeoPark una compañía más diversificada y resiliente.
El ecosistema de la derecha latinoamericana y la nueva interlocutora de Washington
El desembarco de los Gilinski en Venezuela no ocurre en el vacío, puesto que forma parte de un movimiento más amplio de capital colombiano y, en sentido más laxo, de un sector empresarial afín a posiciones de centroderecha y derecha regional que había mantenido distancia del chavismo durante casi dos décadas y que ahora ve en el gobierno interino de Delcy Rodríguez a una interlocutora viable, en buena medida porque cuenta con el respaldo tácito —o al menos la tolerancia activa— de Washington.
Las inversiones de Nutresa y GeoPark sitúan al Grupo Gilinski entre los principales actores privados que apuestan por la reapertura económica de Venezuela.
Su presencia combina intereses en energía y consumo masivo con conexiones políticas, mediáticas y diplomáticas en Colombia e Israel. La evolución de estos negocios dependerá de la recuperación productiva, la estabilidad jurídica y regulatoria y las condiciones geopolíticas que determinen el acceso de nuevos capitales al país.
