En días recientes Nayib Bukele visitó los Estados Unidos. Fotografía: Casa Presidencial de El Salvador
Guacamaya, 21 de abril de 2026. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ofreció intercambiar a 252 venezolanos detenidos en su país por la liberación de presos políticos en Venezuela, lo que desató una agria respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, que denuncia «secuestro», violaciones de derechos humanos y prácticas comparables al nazismo. La polémica escaló tras acusaciones cruzadas sobre el estatus legal de los migrantes y la falta de pruebas sobre sus vínculos con pandillas.
En una publicación en X este domingo, Nayib Bukele propuso un intercambio inédito: repatriar a 252 venezolanos actualmente recluidos en la megacárcel salvadoreña Cecot, deportados desde Estados Unidos, a cambio de la liberación un número equivalente de presos políticos en Venezuela. Según el mandatario, estos incluirían familiares de líderes opositores, entre ellos el yerno de Edmundo González Urrutia.
Sin embargo, la oferta fue rechazada de inmediato por Caracas, que calificó la detención de los migrantes como un acto de «neofascismo» y «tiranía».
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, respondió mediante un comunicado que Bukele «acepta que mantiene secuestrados» a los ciudadanos, quienes estarían en condición de «desaparición forzada» en un «campo de concentración». Acusó al líder salvadoreño de actuar «al margen de la ley» y de cometer crímenes de lesa humanidad, comparando el trato a los migrantes con «prácticas nazis del siglo XX».
El conflicto surge en un contexto de tensiones migratorias. Estados Unidos y El Salvador afirman que la mayoría de los venezolanos deportados están vinculados a pandillas como el Tren de Aragua o la MS-13, aunque no han presentado pruebas concluyentes. Varios estudios de agencias de inteligencia reseñados en la prensa estadounidense y declaraciones de jueces en ese país han determinado que la mayoría de los venezolanos enviados a El Salvador ni siquiera tienen antecedentes penales y por ende no tienen vínculos con el Tren de Aragua. La propuesta de las deportaciones ha sido respaldada por el actual Secretario de Estado, Marco Rubio.
Venezuela, por su parte, insiste en que son migrantes inocentes «secuestrados» y exige información urgente sobre su situación legal, acceso a abogados y condiciones de salud.
Saab anunció que ha interpelado formalmente a la Fiscalía y Corte Suprema de El Salvador para exigir respuestas sobre los cargos contra los detenidos, el debido proceso y su derecho a comunicarse con sus familias. Además, solicitó la lista completa de los recluidos, sus estados judiciales y evaluaciones médicas, mientras insiste en llevar el caso ante la ONU por violaciones al derecho internacional.
La propuesta de Bukele, importante aliado de los Estados Unidos y que cuenta con varios asesores venezolanos ligados a la oposición, reactiva el debate sobre los métodos de su gobierno y los derechos de los migrantes en medio de una crisis regional. Mientras El Salvador defiende su estrategia de seguridad, organizaciones humanitarias alertan sobre detenciones arbitrarias y la opacidad del sistema carcelario. La comunidad internacional sigue de cerca si este pulso diplomático escalará a instancias judiciales globales.
