El economista Francisco Rodríguez es el fundador de Petróleo para Venezuela, una iniciativa sin ánimos de lucro para buscar soluciones a la crisis humanitaria del país. Fotografía: Arnaldo Espinoza.
Guacamaya, 18 de junio de 2025. Francisco Rodríguez es un reconocido economista venezolano, que hoy se encuentra como profesor en la Escuela de Estudios Internacionales Josef Korbel, de la Universidad de Denver. Durante años ha buscado incidir en la política de su país natal y buscar soluciones para la crisis humanitaria, aún desde Estados Unidos. Acaba de publicar el libro El colapso de Venezuela: política de tierra arrasada y declive económico, 2012-2020 este año.
Su principal iniciativa hoy es Petróleo para Venezuela, de la que hablamos ampliamente en la entrevista. También se ha desempeñado como asesor de economía y finanzas para la Asamblea Nacional de 2000 a 2004; Jefe del Equipo de Investigación de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2008 a 2011; y Economista Jefe de la Región Andina para Bank of America, de 2011 a 2016.
Es el autor de varias investigaciones y análisis académicos sobre el declive económico de su país, mientras que recientemente se ha enfocado en las sanciones y el conflicto político, temas de los que hay mucho que hablar. Entre sus publicaciones destacan: Venezuela antes de Chávez: Anatomía de un colapso económico (2014) y Las consecuencias humanas de las sanciones económicas (2024).
P: Quiero hacer referencia al programa “Petróleo por Alimentos” de la ONU. Fue una iniciativa del Consejo de Seguridad para aliviar la situación humanitaria en Irak tras las severas sanciones impuestas en contra del gobierno de Saddam Hussein, luego de la invasión a Kuwait en 1990 y la Guerra del Golfo en 1991. En el libro Respuestas Cooperativas a la Crisis de Venezuela, del cual usted es coautor, se menciona este caso como un antecedente del planteamiento que usted desarrolló. ¿Qué lecciones extrae de para el caso venezolano?
El programa de Petróleo por Alimentos es un precedente muy relevante para el caso venezolano. Cuando el Consejo de Seguridad impuso sanciones a Irak en 1990, se pensaba que se lograría una resolución rápida del conflicto, ya fuera porque Saddam Hussein dimitiría o porque accedería a las demandas en torno a la inspección de instalaciones. Pero esto no ocurrió, y las sanciones se mantuvieron en el tiempo, desencadenando una crisis humanitaria de grandes magnitudes en Irak.
La creciente preocupación por los efectos humanitarios de estas sanciones llevó al Consejo de Seguridad a repensar el esquema. Fue clave aquí la presión de otros países de la región y también el surgimiento de evidencia académica que mostraba cómo las sanciones estaban afectando seriamente las condiciones de salud y nutrición en el país. Esto desembocó en una demanda cada vez más amplia por una reforma del régimen de sanciones, que culminó con la creación en 1996 del programa Petróleo por Alimentos.
Este programa permitió a Irak vender petróleo bajo un sistema de monitoreo y supervisión internacional que aseguraba que los ingresos se utilizaran exclusivamente para la compra de bienes y servicios esenciales. Los resultados fueron concretos y medibles: se produjo un aumento del consumo calórico y mejoras significativas en las condiciones de salud y nutrición. El programa demostró ser una alternativa viable y produjo mejoras sustanciales para los iraquíes en contraste con el régimen de sanciones indiscriminadas que le había precedido.
Lamentablemente, el programa también se vio manchado por un escándalo de corrupción que involucró a altos funcionarios de Naciones Unidas, lo que dejó una percepción negativa en algunos sectores. En nuestro libro Respuestas cooperativas a la crisis venezolana contextualizamos ese episodio dentro de su verdadera dimensión y estudiamos cómo se podría y debería rediseñar un programa de este tipo para el caso venezolano, con el fin de minimizar los riesgos de corrupción.
Es interesante notar que hoy, en el caso venezolano, nos encontramos justo a seis años de la imposición inicial de sanciones sectoriales sobre el sector petrolero, exactamente el mismo período que transcurrió en Irak entre la imposición de sanciones y la adopción del programa de Petróleo por Alimentos. A pesar del reciente endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos, percibo una toma de conciencia creciente —tanto en la comunidad internacional como dentro del país— sobre los efectos muy dañinos que estas sanciones han tenido sobre las condiciones de vida de los venezolanos.
“No quiero que la riqueza petrolera venezolana sea ni de los estadounidenses ni de los chinos: quiero que sea de los venezolanos.”
P: En referencia a la suspensión de las licencias petroleras, Juan González, entonces asesor para el Hemisferio Occidental del expresidente Biden, dijo que el único ganador sería China. Y recientemente hemos visto mayores acercamientos con Rusia, Irán y China. ¿Crees que González tenía razón?
R: No sé si China es realmente la que va a salir ganando, pero de lo que sí estoy convencido es de que quien va a salir perdiendo es Venezuela.
En cuanto al caso específico de China, hay dos visiones. Una es la que ha expresado Juan González, entre otros, que sostiene que el endurecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos está dejando el camino abierto para China. La otra visión, generalmente sostenida por defensores de una línea dura, argumenta que el período anterior de máxima presión —en particular alrededor de 2020— no condujo a un aumento significativo de la inversión china en Venezuela. Según este argumento, el apetito de China por invertir en Venezuela se redujo considerablemente debido a experiencias pasadas.
Mi impresión es que la realidad está en algún punto intermedio. Es evidente que si Estados Unidos prohíbe comprarle petróleo a Venezuela y restringe que sus empresas inviertan en el país, está dejando el terreno libre para que lo hagan empresas de otras naciones, especialmente aquellas —como las chinas— que no consideran las amenazas de sanciones secundarias como un obstáculo significativo. Dicho esto, también reconozco que no hemos visto señales claras de que China, u otros actores, estén planeando inversiones masivas en el país.
Debo confesar que, como venezolano, hay algo en esta discusión que me molesta. Pareciera que el único debate relevante es si los recursos petroleros venezolanos van a terminar en manos de los estadounidenses o de los chinos. De hecho, ha habido una estrategia clara por parte de algunos sectores que se oponen al endurecimiento de sanciones, que han tratado de enmarcar el debate en términos de la visión de America First para convencer a la administración Trump de que debe actuar para garantizar que Venezuela permanezca dentro de la órbita estadounidense.
Yo, por mi parte, no quiero que la riqueza petrolera venezolana sea ni de los estadounidenses ni de los chinos: quiero que sea de los venezolanos. Me parece que este episodio es otro ejemplo más de la tragedia en la que ha caído el país como consecuencia del conflicto destructivo entre dos sectores políticos que se disputan el control de la nación, en una lógica reminiscentemente propia de la Guerra Fría, en la que los actores internos ofrecían los recursos del país a potencias extranjeras con la esperanza de conseguir el mejor postor.
En todo caso, tengo la convicción de que, cuando Venezuela tenga la oportunidad de reconstruir su economía, lo hará con el esfuerzo de los propios venezolanos, los mismos que fueron capaces de construir una industria petrolera nacional que, en su momento, se convirtió en una de las más eficientes y rentables del mundo.
P: En 2019, usted en conjunto con la Fundación Petróleo por Venezuela planteó un Acuerdo Petrolero Humanitario ¿Cómo llevaría usted esa propuesta para el contexto de la Venezuela de 2025 tras la suspensión de las licencias a empresas occidentales?
R: La propuesta del Acuerdo Petrolero Humanitario fue justamente un intento de diseñar una estructura institucional que permitiera reinsertar a Venezuela en el mercado petrolero internacional, aprendiendo al mismo tiempo de las lecciones del programa de Petróleo por Alimentos de Irak, con el objetivo de no repetir sus errores.
Parte del planteamiento respondía a la realidad institucional de aquel momento. En 2019, había dos gobiernos que se disputaban el reconocimiento internacional. Uno de ellos, el llamado gobierno interino, tenía en ese momento el control de los activos externos del país y el reconocimiento de decenas de países. Esa realidad ha cambiado, aunque no ha vuelto del todo a la situación previa. Hoy el gobierno interino ha desaparecido, pero sigue siendo cierto que Estados Unidos reconoce a la Asamblea Nacional electa en 2015 como la representación legítima del Estado venezolano.
Hay, sin embargo, un elemento de aquella propuesta que considero muy vigente para el contexto actual, y es la idea de construir soluciones basadas en esquemas de cogobernanza. Esto implica lograr acuerdos humanitarios en los cuales las partes en conflicto acepten la creación de instituciones autónomas que cuenten con representación de ambas partes o, al menos, con un acuerdo sobre los perfiles y características de quienes deben estar a cargo de esas instituciones. Se trata, en esencia, de reconstruir partes del Estado venezolano —especialmente aquellas encargadas de la administración de recursos— sobre la base de acuerdos cooperativos, priorizando la atención a los problemas urgentes de la población por encima del conflicto político.
A pesar de que no estoy de acuerdo con la suspensión de las licencias, creo que la coyuntura actual podría abrir una oportunidad interesante. Entre las dos visiones encontradas —quienes abogan por la suspensión total de las licencias y el retorno a la estrategia de “máxima presión”, y quienes desean volver a un régimen de flexibilización o levantamiento progresivo de sanciones— podría explorarse una vía intermedia. Por ejemplo, podríamos acordar mecanismos mediante los cuales los recursos generados por la venta de petróleo —incluyendo aquellas ventas que se realizan bajo licencias específicas en Estados Unidos— sean gestionados bajo supervisión internacional, en el marco de instituciones surgidas de acuerdos políticos amplios.
Naturalmente, estos acuerdos tendrían que adaptarse a una realidad distinta a la de 2019, porque los actores relevantes —los stakeholders— han cambiado. Pero el principio sigue siendo válido: crear estructuras de gobernanza compartida que permitan dar respuesta a la emergencia humanitaria sin subordinarse a la lógica del conflicto.
“Estamos en un conflicto donde todos estamos perdiendo: pierde la nación, pierden los ciudadanos, y también pierden las propias partes enfrentadas. Y cuando el conflicto está generando pérdidas generalizadas, hay más espacio para pensar en soluciones cooperativas.”
P: En el libro Respuestas Cooperativas a la Crisis de Venezuela se plantea que “las tensiones existentes entre Rusia y el mundo occidental, que se intensificaron con la guerra en Ucrania en 2022, pueden generar incertidumbres que obliguen a modificar la propuesta inicial de ‘Petróleo por Venezuela’”. Esta fue una iniciativa humanitaria promovida por usted, cuyo objetivo era aliviar la crisis venezolana, con un énfasis claro en que no debía convertirse en rehén de la geopolítica internacional ni de los intereses comerciales de ningún socio extranjero. No obstante, en ese mismo análisis se sugiere que Rusia podría no oponerse a un esquema de este tipo en el Consejo de Seguridad, e incluso llegar a apoyarlo activamente.
¿Qué le hizo pensar que Rusia no se opondría a una iniciativa de esa naturaleza? ¿Qué modificaciones ha considerado necesarias en la propuesta, dados los cambios en el contexto geopolítico que envuelve actualmente a Venezuela? ¿Qué papel considera que podrían desempeñar países como Rusia, Turquía o China en el marco de una propuesta humanitaria de este tipo?
R: La realidad del conflicto entre grandes potencias —en particular entre Rusia y Estados Unidos, pero también entre Estados Unidos y China— es cambiante, y ha evolucionado significativamente desde 2019. También es cierto que la posición de la actual administración de Donald Trump, en este segundo mandato, es mucho más proclive a buscar entendimientos con Rusia. Por eso, no me parece que haya razón para pensar que no podría prosperar una iniciativa orientada a construir apoyo internacional para avanzar en la resolución de la crisis humanitaria venezolana.
Hay que recordar que la postura de Estados Unidos hacia Venezuela, al menos desde 2017, se ha centrado en promover un cambio de régimen. Cuando esa es la meta declarada, es lógico que un gobierno como el de Maduro se acerque a aquellas potencias que estén dispuestas a protegerlo y a incluirlo en su esfera de influencia. En ese contexto, cualquier propuesta que busque un cambio de gobierno difícilmente contará con el apoyo de actores como Rusia o China, que se oponen a la estrategia de aislamiento impulsada por Washington.
Pero aquí la lógica es distinta. No se trata de una iniciativa para promover un cambio de régimen, sino de una propuesta orientada a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos y a protegerlos de los efectos colaterales del conflicto, tanto interno como internacional. En ese sentido, es una propuesta que beneficia a todas las partes. Y creo que tanto actores nacionales como internacionales deberían estar dispuestos a apoyarla.
“Las partes en conflicto adoptan lo que llamo estrategias de tierra arrasada: hacen daño deliberadamente a la economía pensando que eso les da ventajas en su lucha por el poder.”
P: ¿Qué tipo de reformas pueden impulsarse para proteger a los venezolanos de los daños colaterales provocados por las sanciones? Parte de las propuestas en las que usted ha participado se basan en el principio de poder compartido. Existe el caso del economista Dragoslav Avramović, que a pesar de oponerse al presidente yugoslavo, aceptó ser nombrado gobernador del Banco Nacional para combatir la hiperinflación y mitigar los efectos de las sanciones. Pero luego fue destituido por chocar con intereses radicales del círculo de poder de Slobodan Milošević. ¿Qué aprendizajes pueden extraerse desde su punto de vista como economista de antecedentes como este para el caso venezolano?
R: La idea de las iniciativas de poder compartido, o lo que también llamo la creación de instituciones de cogobernanza, se basa en un diagnóstico que he desarrollado en mi trabajo y que está resumido en mi libro más reciente, The Collapse of Venezuela’s: Scorched Earth Politics and Economic Decline 2012-2020 (University of Notre Dame Press, 2025). Una parte significativa del problema venezolano tiene que ver precisamente con el conflicto político, y con nuestra incapacidad para diseñar instituciones que limiten los efectos que ese conflicto tiene sobre las condiciones de vida de la gente.
Uno de los argumentos que desarrollo en ese libro es que hay contextos en los cuales las partes en conflicto adoptan lo que llamo estrategias de tierra arrasada: hacen daño deliberadamente a la economía pensando que eso les da ventajas en su lucha por el poder. Entonces parte de la pregunta que me he hecho es cómo podemos sobreponernos a esa lógica tan letal, tan tóxica y destructiva del conflicto político venezolano.
Ahí entra un elemento central: la idea de reducir lo que en inglés se llaman the stakes of power, es decir, los beneficios relativos de estar en el poder y los costos de estar fuera de él. La cogobernanza es una forma de reducir esas asimetrías, para que la lucha por el poder no se vuelva una lucha existencial, y para que los perdedores no sientan que reconocer la derrota equivale al aniquilamiento político o incluso algo peor.
He planteado que estas iniciativas pueden darse en distintos niveles. Un nivel es el de acuerdos sectoriales, como podría ser un acuerdo petrolero humanitario. También lo fue el planteamiento para el financiamiento del sector eléctrico, promovido por CAF en 2019, o la iniciativa conjunta para abordar el tema de las vacunas durante la pandemia. A esto se suma el llamado acuerdo social firmado en México en 2022, que lamentablemente nunca llegó a implementarse. Todos estos son ejemplos de acuerdos sectoriales cooperativos.
Y luego está la idea más ambiciosa: la de un acuerdo global de poder compartido, en el contexto de una negociación política central, con la creación de instituciones que garanticen la posibilidad de coexistencia entre las partes del conflicto.
Por supuesto, hay otras experiencias internacionales de poder compartido. No todas han sido exitosas, pero creo que el caso venezolano —por las características de su conflicto— tiene elementos que lo hacen propicio para un enfoque de este tipo. Se trata, en esencia, de un conflicto donde todos estamos perdiendo: pierde la nación, pierden los ciudadanos, y también pierden las propias partes enfrentadas. Y cuando el conflicto está generando pérdidas generalizadas, hay más espacio para pensar en soluciones cooperativas.
De hecho, yo me inspiro en el ejemplo de Polonia en 1989: un país que pudo haber caído en un conflicto muy destructivo y donde ocurrió lo contrario. Incluso desde un gobierno que había perdido apoyo popular y había sido derrotado en elecciones, se lograron construir acuerdos que permitieron una transición basada en garantías mutuas. Esa transición terminó siendo una de las más exitosas hacia una democracia de mercado en Europa Oriental.
P: En un artículo publicado en Foreign Policy, usted destacó el papel que tuvo Irán en 2020 para que el gobierno de Nicolás Maduro logrará resistir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Además, afirmó que “Irán ha estado sancionado desde 1979 y los primeros años posteriores a las sanciones se asemejan bastante a la situación actual de Venezuela, ya que también experimentó un desplome de la producción petrolera. Posteriormente, Irán comenzó una recuperación paulatina a medida que el país se adaptaba”. Asimismo, señaló que el gobierno venezolano ha imitado medidas adoptadas por Irán, como la decisión de noviembre de 2019 de reducir los subsidios tradicionales al combustible, buscar ingresos de exportaciones no petroleras, o darle un papel mayor al sector privado.
¿Qué importancia tienen hoy, en el escenario de 2025, ese tipo de alianzas internacionales para el gobierno de Maduro? ¿Sigue siendo el modelo iraní una referencia válida para Venezuela?
R: Más que un modelo, yo diría que es parte de la evolución natural de los países sancionados. Las sanciones tienen un efecto muy fuerte en el momento en que son aplicadas, pero con el tiempo las economías se ajustan. Y se ajustan porque, naturalmente, van haciéndose menos dependientes de los actores con los que se ha bloqueado el comercio.
Lo que vemos en el caso iraní es que Irán se vio muy golpeado por las sanciones de 1979, porque era una economía altamente dependiente de Estados Unidos y Europa. Pero a lo largo del tiempo fue reorientándose hacia Asia, en particular hacia el comercio con India y China, y eso la hizo menos vulnerable.
También creo que el caso venezolano, durante los últimos años, ha mostrado una racionalidad creciente en la política económica. Esto no me parece sorprendente; más bien me parece normal. Es lo que hacen los países cuando se quedan sin dinero. Las experiencias de política económica populista no ocurren en contextos de escasez, sino en contextos de abundancia. Y ese fue el caso de Venezuela durante el período de Chávez.
Todavía está por verse, por supuesto, cuál será el resultado de este nuevo episodio de caída de ingresos petroleros, asociado con la reciente reducción de licencias. Pero lo que observo hasta ahora apunta a que el gobierno de Maduro va a intentar adoptar un esquema centrado en la reducción del déficit mediante recortes de gasto y aumento de impuestos, y no un esquema basado en mayor intervención o en distorsiones de precios, como ocurrió en 2016 frente a la anterior caída de ingresos.
No dudo que haya comunicación y aprendizaje entre estos países. Pero creo que se cumple, una vez más, una lógica básica: son países que tienden a tomarse en serio la corrección de las distorsiones macroeconómicas cuando se quedan sin recursos, entre otras cosas como resultado de las sanciones.
“La verdad es que esta figura de los aranceles secundarios a Venezuela es, desde un inicio, una política sin pies ni cabeza.”
P: El gobierno de Estados Unidos ha impuesto aranceles del 25% a los bienes importados desde cualquier país que compre petróleo a Venezuela, ya sea de forma directa o a través de terceros. En 2020, el impacto de las sanciones secundarias impuestas a Rosneft fue particularmente significativo: en 2019, Rosneft manejaba aproximadamente el 75% de las ventas de petróleo venezolano y, además, suministraba casi toda la gasolina importada ese año. Posteriormente, el país enfrentó una aguda escasez de combustible. ¿Cómo evalúa las consecuencias que una medida de esta naturaleza puede tener sobre la economía venezolana, tanto en términos de ingresos fiscales como en el impacto sobre la actividad productiva, el transporte y la vida cotidiana de la población?
R: Sí, ciertamente las sanciones secundarias son el instrumento más poderoso de coerción económica que tiene Estados Unidos. Que Estados Unidos no te compre petróleo, en sí, sería un problema menor. Lo más relevante es que Estados Unidos utiliza su poder económico para disuadir a otros países de comprar petróleo venezolano.
Por cierto, esto me recuerda algo que siempre repito cuando tengo oportunidad: Estados Unidos es el único país en el mundo que ha impuesto sanciones económicas a Venezuela. Hay un consenso bastante fuerte en el resto del mundo de no imponer sanciones que dañen la economía venezolana y, por ende, a los venezolanos. Pero claro, Estados Unidos no es cualquier país: emite la moneda de reserva mundial, y la amenaza de quedarse sin acceso al sistema financiero estadounidense es suficiente para disuadir a muchas compañías de hacer negocios con Venezuela.
Por eso, el movimiento de sanciones secundarias en 2020 fue muy significativo y jugó un papel importante en la generación de la escasez de combustible y en el colapso continuado del sector petrolero venezolano.
Ahora bien, creo que estamos en un momento distinto. Tú mencionas el tema de los aranceles del 25% a bienes importados desde cualquier país que compre petróleo a Venezuela. Pero Estados Unidos no ha impuesto ese arancel. Lo que hizo el presidente Trump fue otorgar al secretario de Estado, Marco Rubio, la potestad para imponerlo. Sin embargo, ese arancel no ha sido aplicado. Por tanto, no ha pasado de ser una amenaza no cumplida.
Y eso nos lleva a preguntarnos por qué no se ha cumplido. La verdad es que esta figura de los aranceles secundarios a Venezuela es, desde un inicio, una política sin pies ni cabeza (aunque, siendo justos, no sería la primera política de la administración Trump que carece de ellos). Imponer un arancel del 25% a todas las importaciones de China, porque China compra petróleo venezolano, es una sobrerreacción que pierde totalmente el sentido de proporcionalidad. Es, esencialmente, como castigar a los compradores de Walmart porque China le compra petróleo a Venezuela.
Hace apenas una semana, un fallo judicial suspendió otra medida de la administración Trump basada en argumentos similares de retaliación indirecta. Aunque esa sentencia no menciona directamente los aranceles secundarios a China, todo indica que cualquier intento de imponerlos sería rápidamente declarado ilegal y contrario a esa decisión.
Por tanto, creo que esta amenaza quedará en nada: no se va a implementar.
También hay que entender el contexto más general y cómo este difiere del de 2020. Las sanciones secundarias sólo son efectivas si son disuasivas, y para que lo sean, necesitas tener relaciones comerciales amistosas con los actores a los que quieres disuadir. Y ese no es el caso actualmente con China.
Estados Unidos ha llegado a imponer aranceles de hasta 245% a China, que son esencialmente prohibitivos. En ese contexto, una amenaza de arancel del 25% pierde relevancia, porque ya si los aranceles llegan a 245% es irrelevante si amenazas subirlos a 270% — nadie va a comprar.
En este contexto, en el que la administración Trump ha decidido desatar una guerra comercial contra buena parte del mundo, es muy difícil que tenga el leverage que tuvo en 2020 para disuadir al resto de la economía global de comprar petróleo venezolano.
Por supuesto, todavía puede haber presión sobre algunas compañías europeas, como Repsol y ENI. Pero incluso ahí, Estados Unidos tiene que actuar con cautela. Recordemos que existe el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, que protege a las empresas europeas de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, como las aplicadas a Cuba, Irán o Siria. No me sorprendería que, si Estados Unidos decidiera escalar su presión sobre Europa en este tema —en el marco de un conflicto comercial más amplio como el que algunos sectores de la administración Trump parecen dispuestos a impulsar—, la Unión Europea decidiera incluir a Venezuela entre los países cubiertos por el Estatuto de Bloqueo.
“Para mí el tema es claro: si tu estrategia es destruir la economía venezolana, entonces los venezolanos huirán de una economía destruida.”
P: En el estudio “Sanctions and Venezuela Migration”, usted concluye que una política de “reenganche” con Venezuela, en lugar de aislamiento, podría ser más efectiva para controlar la crisis migratoria y promover una estabilización económica. También puntualiza que el colapso económico y las sanciones internacionales tienen una relación con la migración venezolana, que según ACNUR ya alcanza la cifra de 8 millones de personas. ¿Cómo se relacionan las sanciones y el colapso económico con la migración?
R: En realidad, el vínculo es bastante claro. Primero, está el hecho de que la emigración venezolana está impulsada por un colapso económico. Venezuela pasó de ser un país con bajos niveles de emigración neta a experimentar, en el período de su colapso económico, una pérdida del 71% de su producto interno bruto por habitante —la mayor caída documentada en tiempos de paz en cualquier economía del mundo. Eso generó un éxodo masivo, porque las oportunidades económicas colapsaron.
Un estudio reciente de Datanálisis reafirma esto: los venezolanos encuestados dicen que su decisión de emigrar es fundamentalmente una decisión económica. En mi investigación, documentada en varios trabajos publicados en revistas arbitradas, he mostrado que las sanciones han jugado un papel significativo en el colapso económico venezolano. No son el único factor, pero sí uno importante. De hecho, en el capítulo 10 de mi libro Venezuela’s Collapse: Scorched Earth Politics and Economic Decline (Notre Dame Press, 2025), presento estimaciones que atribuyen el 52% del colapso económico venezolano a la adopción de sanciones y otras restricciones a la inserción internacional de Venezuela, como resultado de la política exterior de Estados Unidos.
Cuando se juntan estos dos elementos, queda claro —y ese es el argumento central que he hecho— que existe un impacto muy significativo de las sanciones sobre la emigración. De los aproximadamente ocho millones de personas que han emigrado, estimo que podemos atribuir alrededor de cuatro millones al efecto de las sanciones.
Es importante señalar que no son sólo mis investigaciones las que sustentan esta tesis. Existe una literatura establecida que muestra que las sanciones tienen efectos económicos muy significativos sobre los países sancionados: pueden producir colapsos económicos comparables en magnitud a la Gran Depresión de Estados Unidos, aumentos en la mortalidad y deterioro generalizado de las condiciones de vida. Hay también evidencia directa de que las sanciones afectan la emigración, en particular en un trabajo de Jerg Gutmann y coautores, que presenta evidencia muy convincente en ese respecto.
Lamentablemente, hace un par de meses se publicó un trabajo que sostenía una tesis contraria: que el regreso a una política de máxima presión reduciría la emigración, al reavivar la esperanza de un cambio de régimen. Ese trabajo fue publicado por Ricardo Hausmann y Dany Bahar. Digo que es lamentable porque posteriormente se evidenció que sus resultados estaban basados en un error metodológico que ya los propios autores han reconocido, y al corregir ese error, la significancia estadística de esos resultados desaparecía. También lo digo porque, a pesar de que esos resultados han sido desacreditados, el argumento continúa repitiéndose en algunos círculos.
Creo que es importante que haya seriedad y transparencia cuando se utiliza la evidencia científica en el debate público. Y por eso considero fundamental el proceso de revisión por pares, el arbitraje, que es una garantía para que las afirmaciones basadas en investigación estén validadas por la comunidad académica. El trabajo de Bahar y Hausmann no pasó por ese filtro.
En todo caso, para mí el tema es claro: si tu estrategia es destruir la economía venezolana, entonces los venezolanos huirán de una economía destruida. No es sorprendente que la estrategia de máxima presión y daño económico haya ido acompañada de máximo sufrimiento para los venezolanos y de un éxodo masivo.
P: En Venezuela, la retirada de las licencias petroleras y la aplicación de aranceles al crudo coincidirá con una profundización de la crisis. Al mismo tiempo, el financiamiento internacional para asuntos humanitarios —que ya presentaba un déficit importante— se verá aún más reducido tras las decisiones de la Administración Trump de recortar estos gastos. Por su parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, que también son importantes contribuyentes en el financiamiento de programas humanitarios, verán afectados sus presupuestos en esta materia debido a la creciente necesidad de inversión en defensa, derivada de la guerra en Ucrania.
Por otro lado, la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro ha sido señalada como una razón para que varias organizaciones no gubernamentales cesen sus operaciones en el país, como fue el caso de Alimenta La Solidaridad hace algunas semanas.
¿Cómo observa usted el panorama? Algunos expertos temen un nuevo colapso social. ¿Usted teme que algo así ocurra?
R: Más que hablar de un nuevo colapso social, yo hablaría de la continuación del colapso social. En realidad, en términos de niveles de vida, la recuperación que Venezuela experimentó entre 2020 y 2024 ha sido muy leve. La brecha entre los niveles de ingreso y de vida que teníamos en 2012 y los que tenemos hoy sigue siendo masiva. Es cierto que el punto más bajo en prácticamente todos los indicadores fue 2020, pero también es cierto que, a pesar de que ha habido una leve recuperación, no estamos muy lejos de ese nivel.
Sí creo que es muy dañino lo que está ocurriendo con las organizaciones humanitarias, por las razones que tú señalas: la caída de la asistencia internacional, los fuertes recortes de la administración Trump, y también las decisiones del gobierno venezolano en este tema. Aquí yo volvería a insistir en la necesidad de poner este tema en el centro de la discusión: cómo buscamos formas para que el conflicto político no contamine la labor de las organizaciones humanitarias.
Condeno de la forma más enérgica las limitaciones que el gobierno de Maduro está imponiendo sobre estas organizaciones, y más generalmente, la persecución a muchas de ellas, que además ocurre dentro de un marco de represión política mucho más generalizada e indiscriminada. Pero también hay que recordar que la oposición venezolana ha hecho una politización enorme del tema humanitario. Recordemos que en 2019 se planteó que iba a haber una intervención humanitaria, y se intentó organizar una supuesta entrada de ayuda a través de la frontera, con la idea de que esa iniciativa iba a provocar un colapso del apoyo militar a Maduro.
Aquí volvemos otra vez al tema esencial: ambos lados del conflicto político han politizado el tema humanitario, y quienes han pagado el costo son los venezolanos. La pregunta, entonces, es cómo podemos despolitizar el tema humanitario, de forma que la ayuda llegue a los venezolanos que tanto la necesitan.
“Yo fui muy crítico de la negociación de Barbados, porque no puedo entender cómo puede tener sentido centrar una negociación únicamente en unas elecciones presidenciales, cuando lo que hacen esas elecciones es simplemente determinar quién va a manejar el poder absoluto en Venezuela.“
P: ¿De qué manera debería actuar la comunidad internacional respecto al aislamiento de Venezuela? ¿Pueden ayudar a la lucha por la democracia de los venezolanos?
R: Yo creo que el tema de la lucha por la democracia hay que tratarlo con mucha ponderación, prudencia y franqueza. Venezuela hoy vive bajo un régimen autoritario, de eso no tengo ninguna duda, y creo que debe decirse con claridad. De hecho, tan claro es este tema que la posibilidad de yo decirlo abiertamente depende del hecho de que resido fuera del país. Si no viviera fuera, mis posibilidades de decirlo —y quién sabe si también tus posibilidades de publicarlo— serían muy diferentes.
Ahora, ¿cómo se transita de un sistema autoritario a una democracia? En el liderazgo de la oposición venezolana hay quienes proponen que es planteando una lucha hasta el final contra quienes están en el poder. Y yo creo que esa narrativa lo que ha hecho es hundirnos más en la deriva autoritaria. Porque esa deriva tiene mucho que ver con el hecho de que las partes del conflicto lo ven como existencial: su victoria es condición para su existencia, y su proyecto político es la aniquilación del otro.
Lamentablemente, en Venezuela tenemos dos polos del conflicto político que lo ven así, que no han sido capaces de plantearse la coexistencia. Y por lo tanto, no es sorprendente que sigamos sumidos en esta trampa del conflicto.
Yo verdaderamente no sé a quién se le puede ocurrir que una transición a la democracia va a lograrse declarando a los cuatro vientos que se va a meter a Maduro y a todos los chavistas presos. Así no ocurren las transiciones democráticas, al menos no las pacíficas. Y si lo que se plantea es una salida no pacífica, les tengo noticias a quienes piensan así: quien tiene todas las de ganar si no hay una salida pacífica es Maduro, porque él es quien tiene el monopolio de la fuerza.
No pretendo tener la respuesta a cómo se llega a la democracia. Pero sí tengo la intuición de que, si queremos llegar allí, el objetivo tiene que ser entablar una negociación —y aquí sí creo que la comunidad internacional podría jugar un rol importante — que no esté centrada en determinar quién se queda con el poder, sino en sentar las bases de la coexistencia.
Yo fui muy crítico de la negociación de Barbados, porque no puedo entender cómo puede tener sentido centrar una negociación únicamente en unas elecciones presidenciales, cuando lo que hacen esas elecciones es simplemente determinar quién va a manejar el poder absoluto en Venezuela. Una negociación centrada en la pregunta de quién le corta la cabeza a quién, por supuesto que no va a llegar a un acuerdo viable.
Una negociación distinta sería aquella en la que como sociedad acordamos instituciones que garanticen que nadie le corta la cabeza a nadie.
Insisto que eso tiene mucho que ver con revertir el daño que el conflicto político destructivo le ha hecho a nuestra economía, a nuestra sociedad y al futuro de los venezolanos. Porque para sanar a nuestra economía, lo que necesitamos es un acuerdo en el cual las partes acepten dejar de pelear con estrategias de tierra arrasada, que lo que han hecho es convertir a la economía venezolana en un campo de batalla política. Lo central y prioritario es minimizar el daño que se le hace a los venezolanos.
Y creo que el rol que debería jugar no solo la comunidad internacional, sino todos los que quieran ayudar a Venezuela, es propiciar un entendimiento en torno a una serie de reglas básicas que los protejan a los venezolanos de los efectos colaterales del conflicto político. Reglas que impidan que los venezolanos sigan siendo utilizados como piezas de ajedrez descartables en medio de una lucha por el poder. Y que se entienda que nuestro futuro no se puede construir sobre las cenizas de un país incendiado por quienes pregonan una guerra sin cuartel.
