La sede principal del Consejo Nacional Electoral en Caracas, Venezuela. Fotografía: Victor Bujosa Michelli.
Guacamaya, 31 de mayo de 2025. El desarrollo de los comicios legislativos y regionales acumularon una serie de irregularidades que comprometieron la integridad y transparencia del proceso. Con el anuncio oficial de los resultados resulta preciso hacer un repaso por las denuncias sobre varias inconsistencias.
Desde un inicio, la falta de transparencia y opacidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) marcaron el evento. La convocatoria no contó con una publicación formal del cronograma electoral ni en la Gaceta Oficial ni en los canales institucionales del ente rector. La página web del organismo permaneció inactiva antes, durante y después de la elección, lo que dificultó la posibilidad de acceder a información clave.
A su vez, se modificaron las fechas de la elección -inicialmente prevista para el 27 de abril- sin una convocatoria oficial conforme a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Además, datos clave sobre centros de votación y candidatos fueron dispersos, incompletos, y en ciertos casos, compartidos a través de enlaces de procedencia desconocida.
Asimismo, la falta de información también se evidenció en las auditorías previas. Con respecto a la revisión del Registro Electoral y del sistema de votación, no se publicaron informes, ni por la vía institucional, ni de manera independiente por los partidos. De hecho, fue el pasado 10 de mayo, durante el simulacro electoral, que se conoció la eliminación del código QR y de la concurrencia electoral de las actas.
Ante este escenario, no se podía esperar un comportamiento distinto del proceso en sí mismo y del anuncio de sus resultados. Garantías técnicas esenciales, como la auditoría de transmisión, la verificación ciudadana y la auditoría de datos electorales no se ejecutaron. Además, la observación independiente tampoco estuvo presente, otro factor más que hace cuestionar aún más la transparencia del proceso.
Anuncios anticipados y cifras contradictorias
Tras el anuncio oficial del primer boletín la noche del domingo 25 de mayo, se presentó una situación llamativa. Se esperaba, la mañana siguiente, de acuerdo a convocatoria institucional, una rueda de prensa del CNE para la adjudicación de cargos restantes. Sin embargo, el ente electoral suspendería el encuentro con los medios de comunicación sin ahondar en detalles.
En paralelo, Jorge Rodríguez, jefe de campaña del oficialismo y actual presidente de la Asamblea Nacional, anunciaba en televisión local que su fracción política había obtenido 256 de los 285 escaños del parlamento. La declaración llegó antes que cualquier actualización oficial del ente electoral, lo que profundizó la percepción de control político sobre el proceso y la falta de independencia institucional.
Aunque el CNE reportó una participación del 42,63%, el periodista de la fuente electoral, Eugenio Martínez, señaló que con base en el registro electoral de más de 21 millones de electores el número de votantes anunciados (más de 5.5 millones) debía representar el 25,63%.
En un cálculo realizado por el analista de datos y consultor, Javier Martucci, se comparó los porcentajes de participación reportados con los votos emitidos de las listas nacionales y las 24 elecciones a gobernador, pero los números no cuadran. La participación declarada debería coincidir con los votos emitidos, pero la diferencia entre ambas cifras es de casi 3 millones de votos.
Posteriormente, Martínez denunciaba que el ente electoral utilizó el concepto de “electores activos” para maquillar porcentualmente la cifra de participación. Dicha definición de “electores activos”, tal como lo afirma el periodista, no ha sido explicada por el CNE, y tampoco se contempla un instrumento normativo en el que se excluya de la totalización a los electores que se abstienen históricamente.
Falta de verificación y repuntes sospechosos
Otra irregularidad, pese a anunciarse el boletín definitivo, es la ausencia de datos desagregados por mesa y la imposibilidad de verificar actas o resultados ante la institución oficial. Este hecho fue el principal punto de discordia en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, asunto que no se ha resuelto tras 10 meses transcurridos desde aquellos comicios.
Con respecto a las elecciones presidenciales, el chavismo en estas elecciones habría obtenido más votos que en el evento del pasado 28 de julio. Con una cifra que supera el 83% de los sufragios (5.024.475 votos), el oficialismo alcanzaría alrededor de un millón de votos más que en las presidenciales. Este repunte es, como mínimo, sospechoso ante la disminución histórica del sufragio oficialista.
Otra participación atípica se registró en el estado Cojedes, única entidad en donde resultó electo un gobernador no oficialista. En las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, la participación en el estado Cojedes fue de 66,25%, de acuerdo a las actas totalizadas por la oposición. En contraste, en las elecciones regionales y legislativas, la participación reportada oficialmente en Cojedes fue de 70,54%.
Dada la tendencia nacional de abstención, enmarcada en un contexto de crisis, desmovilización y descontento social, el repunte de votos para el chavismo y la alza en la participación del estado Cojedes son comportamientos inconsistentes. Además, con la relevancia de los procesos, suele esperarse una menor participación en elecciones regionales respecto a las presidenciales.
La discrepancia en la distribución de escaños
Otra anomalía señalada es la desproporción entre votos y escaños adjudicados a la oposición. El analista Javier Martucci, cuestionó la asignación de curules en la lista nacional, al señalar que los votos reportados no corresponden con la distribución oficial de escaños. La situación ha generado sospechas sobre una posible manipulación del sistema electoral para proyectar una imagen de pluralidad.
Según los datos, el Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo 5.024.475 votos (83,42 %) y debería haber recibido 44 diputados, mientras que la Alianza Democrática, la Alianza UNTC Única y Fuerza Vecinal, con porcentajes mucho menores, recibieron asignaciones que no coinciden con el método proporcional D’Hondt establecido por la ley.
Por su parte, Eugenio Martínez señaló que la mala adjudicación podría deberse a tres causas: que la asignación no responde a los resultados reales; que el CNE habría usado un método distinto (Sainte-Laguë) al D’Hondt, en violación de la ley; o que la mayoría de los candidatos del PSUV ganaron en circuitos nominales y sus curules se distribuyeron a otras alianzas.
Desde irregularidades en la convocatoria, falta de transparencia, ausencia o secretismo de auditorías clave, y la desconfianza generalizada en los resultados oficiales, el proceso quedó marcado por la opacidad. El voto es cada vez menos visto como un instrumento de cambio, tras la amenaza de la manipulación que posa sobre él.
