El CDH aprobó la continuidad del mecanismo con 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones, pese al rechazo de Caracas. La decisión llega semanas después de que la propia Misión advirtiera que el aparato represivo del Estado sigue intacto tras el cambio político de enero. Fotografía: ONU.
Guacamaya, 8 de octubre de 2026. La supervisión internacional de los derechos humanos en el país seguirá activa al menos dos años más gracias a la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
El 6 de octubre de 2026, durante su 63.º período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó prorrogar hasta 2028 el mandato de la Misión, así como el de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país.
El texto, identificado como A/HRC/63/L.18, obtuvo 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones. Aunque no fue unánime, logró el mayor respaldo desde la creación de la Misión.
¿Quién votó qué?
El grupo de países que impulsó la iniciativa estuvo encabezado por Chile, Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, y recibió el respaldo de varias democracias de Europa Occidental, de América Latina y de Asia. Entre ellas figuran Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Alemania, Suiza y Japón, además de Estados de otras regiones como Costa de Marfil, Chipre, Chequia, Países Bajos, Corea y Eslovenia. Los cinco rechazos vinieron de China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi.
Entre las abstenciones destacan las de Brasil y Bolivia. La delegación brasileña reconoció “avances recientes” en la situación venezolana, pero consideró que el proyecto era parcial, desequilibrado y excesivamente condenatorio y prescriptivo, y que una resolución con ese tono no ayudaría ni a mejorar las condiciones del país ni a promover el diálogo.
La posición de Bolivia resulta llamativa por el contraste con el rumbo político del país. El gobierno de Rodrigo Paz ha tomado distancia del chavismo y sin embargo su delegación no acompañó una resolución que respaldan, entre otros, Estados Unidos, Argentina, Chile y Paraguay. La abstención supone, además, un giro respecto de 2022, cuando, según la prensa de la época, Bolivia se pronunció en contra de prorrogar la comisión bajo la administración de Luis Arce.
¿Qué dice la resolución y qué responde Caracas?
El texto reconoce avances recientes, entre ellos las excarcelaciones de personas presas por motivos políticos y el restablecimiento de la relación entre Venezuela y la OACNUDH, pero mantiene la preocupación por violaciones y abusos graves que continúan. Insta además al gobierno venezolano a restaurar el Estado de derecho mediante negociaciones sustantivas y de buena fe sobre reformas electorales y judiciales, algo que puede interpretarse como un respaldo implícito al proceso de negociación abierto entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional electa en 2015. Pide a la Misión que presente informes en las sesiones de otoño de 2027 y 2028.
La delegación venezolana rechazó la renovación. Sostuvo que el mecanismo opera sin el consentimiento del Estado, puso en duda la objetividad y la metodología de sus informes, y planteó que había llegado la hora de avanzar hacia su cierre y de privilegiar la cooperación técnica con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos universales. La Misión, por su parte, defendió ante el Consejo que los cambios sobre el terreno hacen todavía más necesario un monitoreo independiente que garantice la rendición de cuentas.
Lo que la Misión dijo ante el Consejo
La renovación llegó apenas dos semanas y media después de que la presidenta de la Misión, Sofía Macher, presentara el informe anual ante el pleno, el 18 de septiembre. El documento cubre el período entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, un lapso partido en dos por la intervención militar de Estados Unidos del 3 de enero, que condujo a la captura de Nicolás Maduro y que la Misión calificó de contraria al derecho internacional.
Macher explicó que, entre septiembre y diciembre de 2025, las violaciones continuaron a una escala y con patrones coherentes con los ya documentados. Desde enero, en cambio, el gobierno interino introdujo cambios en el gabinete, en el alto mando militar y en la composición del Tribunal Supremo, moderó el discurso político y abrió un proceso de excarcelaciones que, desde finales de febrero, se sostiene en una nueva Ley de Amnistía.
La Misión detectó desde fines de enero una caída significativa de las detenciones arbitrarias de larga duración y de las desapariciones forzadas, y reconoció que esos cambios tienen efectos reales en muchas familias.
Pero la presidenta advirtió límites concretos. Los nombres de los liberados no se han divulgado, de modo que la cifra sigue siendo incierta; la Misión estima que entre 800 y 1.000 personas salieron de prisión en ese período.
Aun así, documentó al menos 17 nuevas detenciones arbitrarias en los primeros ocho meses del año, junto con un aumento de arrestos breves usados como forma de intimidación, y recordó que, según las ONG, entre 379 y 500 personas permanecen detenidas por razones políticas.
La tortura, añadió, sigue siendo endémica en varios recintos, en particular la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro, y la Misión recogió métodos que no había registrado antes.
La conclusión central del informe es que no hay indicios suficientes de una ruptura genuina y sostenible con el gobierno de Maduro ni con sus patrones de represión. Según Macher, la estructura del aparato represivo «ha permanecido completamente intacta». Lo explicó con cinco rasgos: el mismo andamiaje jurídico, la ausencia de reforma en los cuerpos de policía, seguridad e inteligencia, la falta de rendición de cuentas, las restricciones a organizaciones civiles, medios y partidos, y la vigilancia y el control social sobre la población. Quizá la señal más elocuente, dijo, es que los responsables de la represión siguen presentes en la jerarquía civil y militar.
Como ejemplo de la fragilidad de la apertura, la presidenta citó dos hechos de la víspera: el anuncio del restablecimiento formal del acceso a plataformas digitales, en el marco del diálogo político, y la detención, durante cinco horas, del exalcalde opositor Javier Oropeza, quien había regresado al país tres días antes tras un exilio iniciado en 2024. Fue liberado después de protestas ciudadanas.
El comunicado que acompañó la presentación resumió la idea en una frase de Macher: la reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero “de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”.
Uno de los dos documentos de sesión que acompañan el informe se dedica a los grupos civiles armados conocidos como colectivos. La Misión tiene motivos razonables para creer que apoyan la represión con tareas de vigilancia y señalamiento de objetivos, y que participan en el control de protestas y en acciones selectivas de persecución política, en un clima de impunidad casi total. Su presencia cotidiana en los barrios les permite, además, intervenir en la distribución de alimentos, combustible, servicios y beneficios sociales, y mediar en conflictos mediante la coacción.
Entre los vínculos con el Estado, la Misión documentó el respaldo público de altas autoridades, el acceso a recursos y financiamiento, la incorporación de miembros de estos grupos a instituciones públicas y cuerpos de seguridad, y la delegación expresa o implícita de funciones de orden público y control social.
El comunicado de prensa añade que hay motivos razonables para creer que el gobierno les suministró de forma regular armas, municiones, motocicletas, teléfonos y equipos de radio. Los colectivos no son órganos formales del Estado, precisó Macher, pero ciertas conductas de sus integrantes sí son atribuibles a él, y el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar.
Macher cerró su intervención con un mensaje dirigido a las autoridades: Venezuela tiene hoy la oportunidad de un cambio real, pero ello exige reformar las instituciones y leyes vinculadas a la represión política de la última década, que los perpetradores de violaciones graves rindan cuentas ante la justicia y que las víctimas sean reconocidas y reparadas.
Los rostros de la Misión
La misión está compuesta y comandada por dos nombres clave que conviene conocer a detalle, la peruana Sofía Macher y el canadiense Alex Neve.
Macher, la presidenta de la Misión, es socióloga y defensora de derechos humanos con más de tres décadas de trayectoria en justicia transicional, reparaciones y enfoque de género. Es doctora y magíster en Sociología y Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En su país formó parte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que investigó la violencia del conflicto armado interno, y presidió el Consejo de Reparaciones, el órgano encargado de diseñar y administrar el registro de víctimas y los programas de reparación. Ha asesorado a comisiones de la verdad y a mecanismos de la ONU, ha trabajado con la Organización de los Estados Americanos, el PNUD y ONU Mujeres, y ocupó puestos de liderazgo en comisiones de la verdad vinculadas a Libia, Yemen, Colombia y las Islas Salomón.
El presidente del Consejo de Derechos Humanos la designó presidenta de la Misión el 20 de abril de 2026, en sustitución de la jurista portuguesa Marta Valiñas, cuyo mandato había concluido a comienzos de año.
Alex Neve es abogado especializado en derechos humanos y refugiados, fue secretario general de Amnistía Internacional Canadá entre 2000 y 2020. Ha participado en más de cuarenta misiones de investigación, dentro y fuera de su país, y ejerció como abogado de refugiados tanto en la práctica privada como en una clínica jurídica comunitaria. Integró la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá y enseñó en la Facultad de Derecho de Osgoode Hall.
Hoy es profesor visitante y adjunto de derecho internacional de los derechos humanos en las universidades de Ottawa y Dalhousie, e investigador principal de la Escuela de Posgrado de Asuntos Públicos e Internacionales de Ottawa. Es licenciado en Derecho por Dalhousie, tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex y es Oficial de la Orden de Canadá. En 2025 dictó las conferencias CBC Massey, tituladas «Renovando los Derechos Humanos en un Mundo Fracturado». Se incorporó a la Misión en diciembre de 2025.
¿Cómo funciona la Misión y qué mandato tiene?
La Misión no es un tribunal ni una instancia con poder sancionador. Es un órgano de investigación independiente creado por el Consejo de Derechos Humanos el 27 de septiembre de 2019, mediante la resolución 42/25, inicialmente por un año, para evaluar presuntas violaciones cometidas desde 2014. Sus integrantes son expertos designados por la presidencia del Consejo que actúan a título individual, no representan a ningún Estado y rinden cuentas al propio Consejo, ante el que presentan informes en diálogos interactivos.
Su mandato original abarca cuatro ámbitos: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para atribuir hechos, la Misión aplica el estándar de «motivos razonables para creer», más bajo que el exigido en un proceso penal, y evalúa lo ocurrido a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho penal internacional y de las propias garantías del derecho venezolano.
Su labor consiste en reunir y preservar pruebas, identificar patrones y estructuras y, cuando procede, señalar a presuntos responsables, con el fin de que esa documentación pueda servir a futuros procesos nacionales o internacionales.
Tras el establecimiento de la Misión en Venezuela en septiembre de 2019, en 2024 la extensión encomendó prestar atención especial a la situación previa, durante y posterior a las elecciones presidenciales de 2024 y a la violencia de los llamados “colectivos”.
Ahora, en octubre de 2026, la Misión vuelve a ser renovada por otros dos años. Según la presentación de la propia Misión, cada ciclo se apoya en entrevistas con víctimas y testigos, análisis de documentos y recepción de información de organizaciones de la sociedad civil, y respeta el derecho de rectificación de las personas mencionadas en sus informes. Buena parte de ese trabajo se hace sin presencia en el territorio venezolano.
Los informes de 2026
El ciclo de este año produjo tres documentos. El primero fue el 17 de agosto de 2026 con el Informe anual al Consejo (A/HRC/63/57), sobre el período de septiembre de 2025 a agosto de 2026.
El segundo, el 15 de septiembre de 2026, fue titulado “Los grupos civiles armados llamados ‘colectivos’ y sus vínculos con el Estado”, un documento de sesión que examina su papel dentro de la represión.
El tercero se produjo el 17 de septiembre de 2026, titulado como “La continuidad del aparato represivo del Estado”, el cual es un documento de sesión que analiza qué ha cambiado y qué no desde el 3 de enero.
¿Qué significa la renovación?
Para las organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Provea, la prórroga mantiene un canal para documentar violaciones, preservar evidencias y acompañar a las víctimas mientras el país atraviesa transformaciones políticas cuya solidez está en disputa. Varios medios consignaron que el resultado de 25 votos fue el mayor respaldo registrado desde la creación de la Misión.
La paradoja que deja la votación es nítida: el mecanismo continúa porque, según su propia evaluación, las estructuras que investiga no han sido desmanteladas, y Caracas insiste en que ya no hace falta. La respuesta se medirá en los informes de 2027 y 2028.
