Enmarcado en el plan “Venezuela Renace”, el Gobierno no solo busca levantar edificios, sino impulsar un marco legal moderno que permita al país recuperarse eficazmente de la tragedia. Imagen: Web Asamblea Nacional
Guacamaya, 19 de julio de 2026. La realidad habitacional de Venezuela ha sufrido un golpe drástico tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, calificado como la peor catástrofe del país en el último siglo. Ante esta contingencia, que ha dejado un saldo de 5.119 fallecidos y miles de hogares reducidos a escombros, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera discusión dos reformas legales críticas que buscan no solo reconstruir, sino transformar la estructura del mercado inmobiliario nacional.
El impacto de los sismos incluso obligó al Parlamento a sesionar en una sala accidental, el Centro de Convenciones de La Carlota, debido a los daños estructurales del Palacio Federal Legislativo. Según el primer vicepresidente de la Asamblea, diputado Pedro Infante (PSUV), el esfuerzo inicial se centró en tres fases estratégicas: búsqueda y rescate —que logró salvar a 6.462 personas—, asistencia humanitaria y, la actual, reconstrucción y adaptación bajo el “Plan Venezuela Renace”.
Actualmente, al menos 21.470 venezolanos permanecen en campamentos transitorios y 17.907 se encuentran sin viviendas, mientras se activan soluciones definitivas. En este escenario, la diputada Grecia Colmenares (PSUV) subrayó: “Hemos llorado pérdidas irreparables… esta catástrofe natural tocó el alma profunda de los venezolanos”. Por su parte, el diputado Tomás Guanipa enfatizó la necesidad de que los recursos para la reconstrucción sean manejados con “transparencia y contraloría real”.
Reforma a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria: Flexibilidad para construir
La propuesta de reforma busca “destrabar los nudos críticos” que, según los ponentes, asfixiaban la viabilidad financiera de los proyectos de construcción. Las principales novedades incluyen:
- Libertad de precios y plazos: Se elimina el esquema de precios rígidamente fijos para permitir mecanismos de estabilización basados en las fluctuaciones reales del mercado de materiales. Asimismo, se suprime el límite de 24 meses para terminar las obras, lo que deja el cronograma al mutuo acuerdo entre las partes.
- Rescisión por impago: Para proteger el flujo de caja del constructor, se faculta la rescisión directa del contrato si el comprador incurre en sesenta días consecutivos de impago, lo que elimina la espera previa de 90 días y trámites administrativos lentos.
- Reactivación del crédito bancario: Se suprime la responsabilidad solidaria de las instituciones bancarias en los proyectos, para buscar así que la banca retorne como un agente facilitador de recursos sin riesgos regulatorios desproporcionados.
El diputado Rigel Sergent explicó que el objetivo es que el sector privado tenga un “acceso más flexible al financiamiento” para acelerar la oferta de techos seguros.
Ley del Régimen Especial de Arrendamiento: Un mercado para la juventud
Este nuevo marco legal está diseñado para atraer la inversión privada y formalizar el alquiler de viviendas, especialmente para la juventud y trabajadores que hoy ven limitada su emancipación e independencia. La Ley solo regirá para nuevos contratos suscritos tras su vigencia, lo que mantiene los acuerdos previos bajo la normativa de 2011 y evita vulnerar situaciones ya consolidadas. Entre las novedades están:
- Cánones indexados y garantías: Se permite la autonomía para acordar el canon y su indexación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se autorizan depósitos en garantía o pólizas de seguro de hasta tres meses, con la obligación de reintegrarlos en 15 días tras finalizar el contrato.
- Desjudicialización del conflicto: Se apuesta por la mediación y el arbitraje comercial como vías expeditas para resolver controversias, para así buscar aliviar la carga del sistema de justicia ordinario.
- Habitabilidad estricta: Queda formalmente prohibido arrendar en zonas de alto riesgo o estructuras precarias, una medida considerada vital tras los recientes eventos sísmicos.
¿Por qué es importante avanzar en materia inmobiliaria ahora?
El avance de estas reformas es imperativo no solo por la emergencia humanitaria generada tras los terremotos, sino por la necesidad de devolver la confianza técnica y financiera al sector inmobiliario. La rigidez de las leyes anteriores, aunque buscaba proteger al usuario, terminó por contraer la oferta de viviendas en un momento donde el país más las necesita.
Ante una contingencia que ha destruido miles de hogares, el Estado no puede ser el único constructor; necesita de un sector privado dinámico y de un mercado de alquileres formalizado. Como señaló el diputado José Gregorio Correa (AD), el desafío actual es “ser más fuertes” y legislar para que cada familia afectada pase de la vulnerabilidad de un campamento a la seguridad de un hogar propio o alquilado “bajo reglas claras y justas”.
