Las salidas impulsadas por el nuevo contexto político post-Maduro dejan salas como Constitucional, Penal, Civil y Social con mayorías de suplentes / Fotografía: Referencial | Tribunal Supremo de Justicia.
Guacamaya, 29 de abril de 2026. El Tribunal Supremo de Justicia se encuentra a las puertas de una reestructuración profunda, o al menos ese parece ser el objetivo tras recientes movimientos marcados por el nuevo momento político. Según fuentes judiciales, la Sala Plena aprobó este lunes 27 de abril la jubilación de ocho de sus 20 magistrados titulares que, sumada a cuatro vacantes previas por ausencias absolutas, genera 12 plazas disponibles en el Poder Judicial.
Este cambio masivo, que deja más de la mitad del máximo tribunal en manos de suplentes temporales, responde al nuevo contexto político con una finalidad implícita de depurar figuras vinculadas a la pareja Maduro-Flores y de intentar restaurar credibilidad en la justicia. La Asamblea Nacional (AN) ya había activado un proceso de reemplazos, en medio de un ambiente de expectación y escepticismo.
Por eso, este escenario no surge de la nada, pues se alinea con anuncios recientes como el nombramiento de la comisión preliminar por la AN para formar el Comité de Postulaciones Judiciales. Además, se destaca la instalación por Delcy Rodríguez de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, que busca erradicar “vicios y desviaciones de poder” acumulados durante años.
La magnitud de las salidas muestra una purga selectiva de magistrados asociados a la pareja presidencial detenida, para abrir la puerta a un Poder Judicial renovado que podría influir en casos pendientes de corrupción, derechos humanos y disputas políticas, al menos desde la narrativa oficialista. El movimiento que ha sacudido el sistema judicial configura un proceso de reestructuración de pocos precedentes.
Jubilaciones confirmadas: perfiles de una era que culmina.
La sesión de la Sala Plena ratificó las jubilaciones de ocho magistrados clave, cada uno con un historial que ilustra la influencia oficialista en el TSJ especialmente durante los años más recientes. Estas jubilaciones, impulsadas por el “nuevo momento político”, dejan salas como Penal, Civil, Político-Administrativa y Social operando provisionalmente con suplentes hasta las designaciones definitivas
Uno de los jubilados es Maikel Moreno, expresidente del TSJ (2017-2022) y miembro de la Sala Penal, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea al ser señalado contribuir con el socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Además, por él, Washington ofrece una recompensa de USD 5M por su supuesto rol en el crimen organizado, sobornos y lavado de dinero
Otras jubilada es Elsa Gómez, presidenta de la Sala Penal y tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores. Gómez ha sido señalada por impulsar persecuciones judiciales, lo que deja un legado de críticas por abusos procesales. En 2013, cuando era jueza de la Corte de Apelaciones de Caracas, benefició a un general del Ejército condenado por corrupción, hecho cuestionado por el propio TSJ.
Edgar Gavidia, presidente de la Sala Social y hermano del primer esposo de Cilia Flores, se había garantizado una permanencia en el Poder Judicial de 20 años, tras ser ratificado en 2022, pero fue jubilado 4 años después. Luis Fernando Damiani Bustillos, de la Sala Constitucional, quien autorizó la sentencia 343 del 25 de marzo para la prohibición de desalojos penales, también cesaría sus funciones.
A su vez, Henry Timaure, presidente de la Sala Civil y general de la FANB (de la misma promoción de Diosdado Cabello) representa la fusión de poder militar y judicial en esa instancia. Junto a él, también en la Sala Civil, fue jubilada Carmen Alves, luego de ser electa en 2022, y haber logrado con ese proceso permanecer como magistrada por al menos de 19 años tras ingresar a la instiutición en 2015.
En la Sala Político-Administrativa, su presidente Malaquías Gil Rodríguez también se despide de sus funciones. Venía de ser magistrado desde 2010 y fue sancionado en 2018 por Canadá por presunta corrupción y violación de derechos humanos. De la misma Sala, Juan Carlos Hidalgo Pandares, militar de la misma promoción de Vladimir Padrino López, también fue cesado en sus funciones.
Notablemente, la Sala Electoral permanece intacta, al preservar su composición original en medio de la ola de jubilaciones. La decisión, tomada en sesión matutina con testigos presentes, habría remitido un informe formal a la Asamblea Nacional (AN), para acelerar el trámite de reemplazos. Mientras se designan nuevos titulares, las salas quedarán operando con suplentes.
Vacantes adicionales: las ausencias que precedieron la sacudida
Más allá de las ocho jubilaciones frescas, Transparencia Venezuela documenta cuatro vacantes por “falta absoluta” desde 2024. En la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez se jubiló tras ser designada embajadora en España, y Calixto Ortega no regresó luego de dejar su rol como representante de Venezuela ante la Corte Penal Internacional en La Haya, pese a haber obtenido una “licencia” para asumir el cargo.
La Sala Político-Administrativa perdió a Bárbara César Siero en opacidad total, tras la detención de sus hermanos militares por presuntas conspiraciones; sin conocerse si su salida fue bajo la figura de jubilación o renuncia. En la Sala Social, por su parte, Carlos Alexis Castillo asumió como ministro del Trabajo el 18 de marzo bajo Delcy Rodríguez, con un suplente temporal que no resuelve la plaza principal.
Esta acumulación de ausencias, prolongada por inacción previa, evidencia una ralentización en la reforma judicial ahora forzada a una reconfiguración integral, con el TSJ remitiendo el informe oficial a la AN para acción inmediata. Organizaciones como Transparencia Venezuela destacan que esta “renovación” llega solo cuatro años después de cambios previos, al subrayar la inestabilidad política del tribunal.
Opciones para sustitutos: rumores y expectativas
Fuentes judiciales y redes sociales ventilan nombres para las vacantes de las jubilaciones, pero ciertos perfiles distan de ser menos polarizados. Estos candidatos, aún no confirmados, despiertan el debate sobre si se tratan de actores independientes o meros reemplazos funcionales. Ante ello, el proceso del Comité de Postulaciones será clave para validar su idoneidad.
Para la Sala Penal, suena con fuerza Katherine Harrington. Harrington, actual esposa del ministro de la Defensa, Gustavo González López, viene de ser jubilada como presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y es recordada por intentar ingresar al Ministerio Público en la maleta de un carro en 2017, tras una cuestionada designación como vicefiscal por parte del TSJ.
La otra vacante de la Sala Penal, sería ocupada por Heriberto Peña, quien actualmente es juez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En la Sala Social, suena Edelio González, quien vendría de ser presidente del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
Jaime Báez y Juan Cuenca serían los sucesores en la Sala Civil, ambos actualmente en ejercicio como magistrados suplentes, al igual que Emilio Ramos, quien ocuparía uno de los puestos disponibles en la Sala Político-Administrativa. En esta última sala, estaría ocupando la otra vacante Luis Emilio Rondón, |exrector del CNE e hijo del actual diputado opositor del mismo nombre por la Fracción Libertad.
El marco legal: conformación del TSJ y el proceso de designación
La Constitución (artículo 264) y la Ley Orgánica del TSJ (LOTSJ, reformada en 2022) establecen que el TSJ se compone de 20 magistrados titulares en la Sala Plena, distribuidos en cinco salas: Constitucional (5 miembros), Penal (3), Civil (3), Político-Administrativa (3), Social (3) y Electoral (3), cada una presidida por un titular y complementada por suplentes o accidentales designados por la Sala Plena.
Para vacantes, la AN forma una comisión preliminar (los 11 diputados ya nombrados) que convoca sociedad civil para los 10 restantes del Comité de Postulaciones Judiciales, y así totalizar 21 miembros. Este Comité evalúa aspirantes, realiza entrevistas y formula ternas para votación final en plenaria. La convocatoria actual, está vigente hasta el 1° de mayo, en el Museo Bolivariano.
La Ley fija estándares rigurosos para ser magistrado: venezolano por nacimiento sin otra nacionalidad; reconocida honorabilidad, ética y competencia jurídica; plena capacidad mental; sin condenas penales firmes; y renuncia a militancias partidistas. Las alternativas profesionales incluyen 15 años de abogacía con postgrado jurídico, docencia universitaria titular en derecho o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente.
El Comité de Postulaciones verifica solvencia moral y experiencia, como un mecanismo de independencia. Los magistrados duran 12 años sin reelección inmediata, elegidos por la AN con 2/3 de votos de la lista remitida por el Comité, previamente verificada por el Poder Ciudadano. Esta depuración podría revitalizar el TSJ, aunque su éxito dependerá de la pluralidad del Comité y la consulta nacional.
