La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mantiene un régimen de sanciones y licencias generales sobre las industrias petrolera y minera de Venezuela, así como sobre sus finanzas públicas. Fotografía: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Guacamaya, 10 de junio de 2026. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) modificó el miércoles siete licencias generales que había emitido sobre los hidrocarburos y la minería en Venezuela, para clarificar y resolver fricciones con la legislación local.
Tras el 3 de enero, la administración Trump ha introducido una multitud de licencias generales para abrir la inversión y el comercio con PDVSA, Minerven—hoy absorbida por la Corporación Venezolana de Minería, o CVM—y sus filiales.
En su última acción, modifica las licencias 46, 47, 48, 50, 51, 52 y 54 con nuevos matices, centrándose en la aplicación de la ley gobernante y los mecanismos de resolución de conflictos, que anteriormente canalizaban todos estos aspectos hacia la jurisdicción de los Estados Unidos.
Los avances en autorizaciones de la OFAC se han movido casi en tándem con las reformas de la Asamblea Nacional. Cambian radicalmente el escenario regulatorio al abrir espacios mucho mayores para el capital privado, en particular en dos industrias clave para Venezuela: los hidrocarburos y la minería.
Inicialmente, las licencias exigían que los contratos con empresas estatales, como PDVSA y Minerven, deben ser regidos por las leyes de los Estados Unidos. Las últimas modificaciones clarifican que la legislación venezolana siempre aplicará a los contratos, en cuanto a las actividades que se lleven a cabo dentro del país, mientras que la ley estadounidense aplica a la provisión contractual.
Sobre la resolución de conflictos, las primeras licencias imponían que cualquier resolución de disputas sobre contratos petroleros y mineros debería tener lugar en los Estados Unidos. Ahora, también se incluyen las jurisdicciones de Reino Unido, Francia y Singapur.
Esto no representa una mayor libertad para PDVSA o el Estado venezolano, ni tampoco una relajación de sanciones. Es el resultado de la puesta a prueba del nuevo marco de licencias, que ha llevado a varios matices y clarificaciones.
La OFAC también actualizó sus “preguntas frecuentes”, hablando tanto de estos cambios como sobre la Licencia General 30B, donde se confirma que los vuelos privados y comerciales sí pueden recibir servicios en Venezuela sin violar las sanciones.
Siguen existiendo contradicciones entre el marco de sanciones y la legislación venezolana, que deberán ser resueltas a través de reformas en cualquiera de los dos lados, mientras existen intereses convergentes y en oposición.
Ambos buscan aumentar las inversiones en petróleo y minería, pero mientras Washington prioriza el control de flujos de divisas a través de licencias, Caracas se enfoca en mantener el mayor nivel de poder sobre los recursos naturales de la nación.
