La actividad minera ilegal ha llevado al fortalecimiento de grupos criminales, así como a la devastación del medio ambiente. Fotografía: Net Worth Magazine.
Guacamaya, 10 de junio de 2026. El martes 9 de junio inició un fuerte despliegue militar en las áreas mineras del estado Bolívar. Aun sin vocería oficial detallada, marca un punto de inflexión en la gestión del Arco Minero del Orinoco.
Reportes locales y evidencia en redes sociales confirman operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en zonas críticas con grandes depósitos auríferos como Las Claritas y el Km 88, en el municipio Sifontes.
Las operaciones que incluso, según reportes, habían iniciado a comienzos de semana, involucran a comandos especiales de la FANB y a la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM. El objetivo sugiere ser el desalojo de grupos que ocupan tierras ilegalmente, principalmente mineros artesanales e informales, para “limpiar” áreas controladas por estructuras criminales y diversos “sindicatos”.
En el municipio El Callao, por ejemplo, se reportó la presencia inédita de un contingente conjunto de militares venezolanos y personal estadounidense uniformado que habría tomado el control de 41 plantas recuperadoras de oro, aunque lo último no ha sido confirmado. Entre las ocupaciones destaca el complejo estratégico El Chocó, administrado por la Corporación Venezolana de Minería (CVM).
El giro hacia la inversión privada
Dos líneas de eventos clave llevaron a este punto: por un lado, la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Minas, en abril de 2026, que deroga la Ley de 1999 y abre la puerta a concesiones privadas. Los modelos usados en la última década, como las empresas mixtas con el Estado y las alianzas estratégicas, quedan obsoletos frente al mayor atractivo de los nuevos contratos para el capital.
Por otra parte, altos funcionarios de Estados Unidos se han reunido con el Gobierno de Venezuela en distintas ocasiones, mostrando preocupación por la situación de inseguridad y el control de grupos irregulares en las zonas mineras.
Entre estas reuniones, podemos ver las visitas del secretario del Interior, Doug Burgum el 4 de marzo; el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Dan Caine, el 3 de junio; y la última visita del Jefe del Comando Sur (SOUTHCOM), el General Francis Donovan, el 23 de mayo. También fue objetivo de una conversación reciente entre el encargado de negocios, John Barrett, y Héctor Silva, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico.
Estas discusiones habrían llevado a Caracas a actuar en el Arco Minero, para facilitar la llegada de grandes inversiones extranjeras. Estas podrían traer maquinaria, tecnología, talento humano y formalidad, aumentando la productividad y reconfigurando las dinámicas económicas y sociales de la región.
Actores y empresas en el tablero
Mientras las gigantes multinacionales esperan por más cambios, algunas empresas ya están logrando avances para acceder a los depósitos minerales en Venezuela.
Heeney Capital y Mercuria Energy Group ya han asegurado acuerdos con Venezuela, apoyados por la Casa Blanca. Contarían con un contrato de exportación de minerales, con un valor de hasta US$ 2.200 millones anuales, respaldado por compromisos de inversión asociados.
A su vez, la corporación Gold Reserve, busca retornar a Venezuela a través de su nueva filial estadounidense American Heralds, con sede en Miami y yacimientos en Alaska —su intención es, por tanto, alinearse con los objetivos de la administración Trump.
Conocida por una historia reciente de expropiaciones y laudos arbitrales, Gold Reserve aún posee un 45% de la empresa mixta Siembra Minera, que cubre uno de los mayores depósitos auríferos del mundo, justamente en la zona del Km 88.
El tesoro en disputa: reservas y minerales críticos
En cuanto al oro, según el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), Venezuela alberga entre 2.200 y 8.000 toneladas de oro, lo que situaría al país como la segunda reserva mundial de este metal. Sin embargo, hay pocos depósitos con certificación internacional.
Siembra Minera —donde Gold Reserve tiene intereses— cuenta con reservas certificadas de 52,2 millones de onzas (1.480 toneladas), además de 5.000 millones de libras (2,3 millones de toneladas) de cobre. En Isidora y La Camorra (antiguos activos de Rusoro), se verificaron 925.000 onzas de oro (26 toneladas).
El país cuenta también con grandes reservas de otros minerales, varios de ellos clasificados como “críticos” según el Gobierno de Estados Unidos. Venezuela tiene 14.721 millones de toneladas de hierro probadas, convirtiéndose en la octava reserva mundial, así como 321 millones de toneladas de bauxita y 3.000 millones de toneladas de carbón.
También existen depósitos notables, pero sin certificar, de coltán, níquel, estaño, diamantes. Principalmente, se conocen sus yacimientos por actividades de minería informal, que apenas extraen de la superficie —llegando, usualmente, a no más de 15 metros de profundidad.
También existe un potencial significativo en el Cerro Impacto y en recursos asociados a la bauxita, como el galio, esencial para tecnologías de defensa y semiconductores.
Un reto humanitario y ambiental
No obstante, mientras se negocian millones, International Crisis Group destaca que en el terreno reina la violencia, el desplazamiento de comunidades indígenas y un desastre ambiental. El aumento del precio del oro en el mercado global ha aumentado la actividad irregular e ilegal en toda la región amazónica, así como en el sur de Venezuela. Esto ha fortalecido a bandas criminales venezolanas, mientras ha atraído grupos extranjeros.
La operación en el Arco Minero se ve marcada por la opacidad, sin comunicados oficiales. Podrían llevarse a cabo graves violaciones de derechos humanos, según denuncias desde el terreno a través de redes sociales.
Por otra parte, podría ser una oportunidad para transformar la industria minera de la región en una actividad formal, que debe seguir las leyes y regulaciones. La actividad informal es también particularmente destructiva para el ambiente por sus métodos, como el uso de mercurio en ríos vitales como el Caroní y el Cuyuní.
El actual despliegue militar en Bolívar parece ser la fase operativa de una estrategia estatal para ofrecer “seguridad y previsibilidad” al capital transnacional, mientras que todavía no existe información oficial clara.
Elías Ferrer colaboró en la redacción de este artículo.
