Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente sectorial de Economía y gobernador ante el Banco Mundial y el FMI, explicó que consta de cuatro pilares: crecimiento económico, sostenibilidad fiscal, reforzar el sector monetario y financiero y reforzar la gobernanza en la ExpoFedeindustria “Visión Global 2026”. Fotografía: Instagram / @bcodeltesoro.
Guacamaya, 22 de mayo de 2026. La administración venezolana anunció un programa basado en cuatro ejes estratégicos que busca estabilizar la economía, recuperar los sectores productivos, reordenar las finanzas públicas y abrir espacio para una nueva relación con organismos multilaterales y mercados internacionales.
A cuatro meses de asumir el poder, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez dio a conocer las líneas generales de su programa económico, una propuesta que intenta enviar señales de estabilización a inversionistas, empresarios y acreedores internacionales en medio del proceso de normalización política y financiera del país.
El anuncio fue realizado por Calixto Ortega Sánchez, quien explicó que la estrategia oficial estará estructurada en cuatro grandes pilares: recuperación productiva, sostenibilidad fiscal, estabilización monetaria y fortalecimiento institucional.
Durante su intervención en la ExpoFedeindustria “Visión Global 2026”, Ortega Sánchez sostuvo que la prioridad inmediata será impulsar el crecimiento económico a partir de la recuperación de las industrias extractivas, especialmente petróleo, gas y minería, consideradas esenciales para aumentar los ingresos del Estado y dinamizar el resto de la economía.
El funcionario señaló además que el Ejecutivo aspira a promover una diversificación progresiva del aparato productivo, incorporando sectores con mayor competitividad y reduciendo los niveles de informalidad que caracterizan actualmente a buena parte de la actividad económica venezolana. Según indicó, el objetivo es integrar al sector privado y a las distintas fuerzas productivas en una estrategia de reconstrucción económica de largo plazo.
Otro de los elementos centrales del plan es el reordenamiento de las cuentas públicas. El gobierno plantea mejorar la capacidad de captación de ingresos fiscales y reforzar la inversión en servicios esenciales como salud, educación, energía, transporte y telecomunicaciones, áreas que han sufrido un fuerte deterioro durante los últimos años.
En ese contexto, Ortega Sánchez reconoció que la normalización de la deuda pública será una pieza clave para avanzar en la agenda económica oficial. El gobierno considera prioritario reabrir el acceso a financiamiento internacional y obtener recursos concesionales que permitan sostener inversiones en infraestructura y programas sociales.
La estrategia también contempla medidas orientadas a estabilizar variables macroeconómicas sensibles, particularmente la inflación y el mercado cambiario. Para ello, el equipo económico trabajará en coordinación con el Banco Central de Venezuela con el objetivo de reforzar el sistema monetario y financiero, contener la volatilidad y recuperar confianza en la moneda.
El cuarto eje del programa está vinculado al fortalecimiento institucional y la gobernanza económica. El Ejecutivo asegura que buscará construir mecanismos más transparentes de formulación de políticas públicas y fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones estatales, en un intento por mejorar la credibilidad del país ante actores económicos nacionales e internacionales.
¿Qué significa para los mercados y el sector privado?
El anuncio representa la primera presentación estructurada de política económica por parte del nuevo gobierno y constituye una señal relevante para los mercados financieros, que durante meses esperaban definiciones sobre el rumbo económico de la administración interina.
La referencia explícita a la estabilización macroeconómica, la disciplina fiscal y la normalización de la deuda pública podría ser interpretada positivamente por acreedores, inversionistas y empresas interesadas en una eventual reapertura económica venezolana. Especialmente importante resulta el reconocimiento oficial de la necesidad de recuperar el acceso al crédito internacional y reconstruir relaciones financieras con el exterior.
Asimismo, el énfasis en la recuperación de industrias extractivas coincide con el creciente interés de empresas energéticas internacionales en el mercado venezolano, en un contexto marcado por la flexibilización parcial de restricciones y el aumento de la producción petrolera.
Para el sector privado nacional, el discurso también busca transmitir una mayor disposición a la cooperación público-privada, con referencias a la diversificación productiva, formalización económica y participación empresarial en la reconstrucción económica.
La conexión con organismos multilaterales
Uno de los aspectos más relevantes del plan es la alusión indirecta a una posible nueva etapa de cooperación con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
La insistencia en temas como gobernanza, sostenibilidad fiscal, transparencia institucional y financiamiento concesional se alinea con los criterios que tradicionalmente exigen las instituciones multilaterales para apoyar procesos de estabilización y recuperación económica.
La eventual normalización financiera de Venezuela podría abrir espacio para programas de asistencia técnica, líneas de crédito para infraestructura, apoyo presupuestario y mecanismos de alivio o reestructuración de deuda, especialmente si el país avanza en acuerdos políticos e institucionales más amplios.
Además, el enfoque planteado por el gobierno interino recuerda algunos programas de transición económica implementados en otros países que atravesaron procesos de crisis profunda, donde la combinación entre estabilización macroeconómica, reformas institucionales y financiamiento multilateral fue determinante para recuperar crecimiento y acceso a los mercados internacionales.
Aunque todavía no se han anunciado medidas concretas ni cronogramas específicos, la presentación de esta hoja de ruta parece orientada a construir confianza tanto dentro como fuera del país, en un momento en que Venezuela busca redefinir su relación con los actores financieros internacionales y sentar las bases de una nueva etapa económica.
Una economía que aún enfrenta profundas fragilidades estructurales
Pese a las señales de apertura y estabilización enviadas por el gobierno interino, la economía venezolana continúa enfrentando severos desafíos estructurales acumulados durante más de una década de crisis, sanciones, caída de la producción petrolera y deterioro institucional.
Aunque algunos indicadores muestran cierta recuperación parcial —especialmente en sectores vinculados al petróleo, comercio y servicios privados— amplias áreas del país siguen afectadas por problemas crónicos de infraestructura y servicios públicos que limitan cualquier proceso de reactivación económica sostenible.
La crisis eléctrica continúa siendo uno de los principales obstáculos para la recuperación productiva. En varias regiones del país persisten racionamientos diarios y apagones recurrentes que afectan hogares, industrias y comercios. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2025) indica que alrededor del 90% de los hogares venezolanos experimenta interrupciones eléctricas frecuentes o esporádicas.
El deterioro del sistema eléctrico tiene además un fuerte impacto económico. Las fallas de energía elevan los costos operativos de las empresas, obligan al uso de plantas eléctricas privadas y afectan la competitividad de sectores industriales y comerciales. Expertos venezolanos estiman que la recuperación integral del sistema requerirá inversiones multimillonarias y reformas estructurales profundas.
A esto se suma la crisis del suministro de agua potable. Datos recientes de Encovi muestran que apenas 19% de los hogares recibe agua de manera continua, mientras millones de personas dependen de camiones cisterna, almacenamiento doméstico o sistemas improvisados para cubrir necesidades básicas.
Las deficiencias en transporte, telecomunicaciones, gas doméstico, vialidad y recolección de desechos también continúan afectando la calidad de vida y la actividad económica. Diversos sectores empresariales han advertido que la precariedad de los servicios públicos se ha convertido en uno de los principales factores que frenan nuevas inversiones y limitan la expansión de la producción nacional.
En paralelo, Venezuela todavía enfrenta elevados niveles de pobreza multidimensional, migración masiva, debilidad institucional y restricciones de financiamiento externo. Aunque algunos inversionistas internacionales han comenzado a observar nuevamente oportunidades en el país, persisten importantes riesgos asociados a la incertidumbre política, la deuda externa acumulada y la fragilidad de la infraestructura nacional.
En ese contexto, el éxito del nuevo plan económico dependerá no solo de estabilizar variables macroeconómicas, sino también de la capacidad del Estado para reconstruir servicios básicos, recuperar confianza institucional y atraer inversiones de largo plazo capaces de sostener una recuperación más amplia e inclusiva.
