Una turbina de IMPSA en la Planta Hidroeléctrica de Yacyretá, en Paraguay. Fotografía: IMPSA.
Guacamaya, 9 de junio de 2026. La posible reactivación de proyectos hidroeléctricos paralizados durante más de una década, junto con conversaciones para obtener financiamiento internacional y atraer inversiones en energías renovables, apunta a convertirse en uno de los ejes de la estrategia venezolana para enfrentar la crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La empresa energética IMPSA avanza en la renegociación de un contrato con Corpoelec que podría permitir la incorporación de hasta 672 megavatios (MW) adicionales al Sistema Eléctrico Nacional durante los próximos meses, según informó el presidente de la compañía, Jorge Salcedo, en declaraciones a Reuters.
El acuerdo original, firmado hace más de una década entre IMPSA y la estatal venezolana Corpoelec, quedó paralizado debido a problemas de financiamiento, retrasos en los pagos y las sanciones estadounidenses. Como consecuencia, equipos ya fabricados permanecieron almacenados durante años en instalaciones de la empresa en Mendoza, Argentina.
Ahora, gracias a una licencia otorgada por Estados Unidos a principios de este año, ambas partes negocian una adenda contractual que permitiría exportar e instalar turbinas hidráulicas y equipos electromecánicos destinados a dos de los proyectos hidroeléctricos más importantes del país: Tocoma y Macagua, ubicados en el estado Bolívar.
En el caso de Tocoma, el objetivo es poner en funcionamiento dos unidades de generación que forman parte de una central diseñada para aportar más de 2.000 MW cuando esté completamente terminada. Según IMPSA, cerca del 60 % de los equipos ya fueron fabricados, por lo que la culminación de esta primera etapa podría concretarse entre 14 y 19 meses después de la firma definitiva del acuerdo.
Paralelamente, la rehabilitación de tres unidades en la central Macagua permitiría recuperar capacidad de generación en un plazo mucho más corto. Dos de las unidades, con una potencia combinada de 160 MW, podrían volver a operar entre 90 y 100 días después de la aprobación del contrato complementario.
La importancia de estos proyectos radica en la situación actual del sistema eléctrico venezolano. De acuerdo con cifras del sector, el país dispone de una capacidad instalada total de 33.202 MW, distribuidos entre 18.031 MW de generación termoeléctrica y 15.171 MW de generación hidroeléctrica. Sin embargo, la capacidad realmente operativa es considerablemente menor.
Actualmente, las centrales térmicas aportan 3.489,41 MW, mientras que el parque hidroeléctrico genera alrededor de 9.500 MW, lo que sitúa la capacidad efectiva de generación en aproximadamente 12.989,41 MW. Esta cifra se encuentra por debajo de la demanda nacional estimada en 15.579 MW.
En términos prácticos, esto significa que el sistema enfrenta un déficit cercano a 2.590 MW, equivalente a más del 16 % de la demanda nacional. Asimismo, el país está aprovechando apenas alrededor del 39 % de su capacidad instalada total, una situación que refleja el deterioro acumulado de la infraestructura eléctrica durante los últimos años. Esta brecha entre la energía requerida y la disponible se traduce en racionamientos, interrupciones recurrentes del servicio y limitaciones para la expansión de la actividad económica.
En ese sentido, la recuperación de capacidad a través de proyectos como Tocoma y Macagua resulta particularmente relevante porque contribuiría a reducir parte de este déficit y a fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Un suministro eléctrico más estable no solo beneficia a los hogares, sino también a sectores estratégicos como la industria petrolera, la minería, la siderurgia, el comercio y la manufactura, cuyo desempeño depende directamente de la disponibilidad de energía para incrementar la producción y atraer nuevas inversiones. En muchos casos, las empresas deben detener operaciones o buscar generadores propios, aumentando costos
La industria petrolera, principal fuente de divisas del país, depende de manera crítica de la electricidad para operar campos de producción, estaciones de bombeo, sistemas de inyección, mejoradores de crudo extrapesado, refinerías y terminales de exportación. Por ello, la recuperación del sistema eléctrico es vista como una condición indispensable para cualquier estrategia orientada a aumentar la producción de hidrocarburos y consolidar la recuperación económica nacional.
Además de los equipos almacenados en Argentina, IMPSA informó que existen componentes relacionados con estos proyectos ubicados en Estados Unidos, Alemania y Paraguay. La empresa ha iniciado a Reuters la realización de un proceso de inventario para recuperar y actualizar piezas, sustituyendo aquellas que ya no se consiguen o que fueron desarrolladas con tecnologías actualmente obsoletas.
La recuperación del sistema eléctrico también forma parte de conversaciones más amplias entre Caracas y Washington. Según diversas fuentes, ambas partes exploran mecanismos para desbloquear recursos venezolanos retenidos en el extranjero y destinarlos a proyectos prioritarios de infraestructura energética.
En ese contexto, la Asamblea Nacional aprobó recientemente en primera discusión una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, cuyo objetivo es facilitar nuevas inversiones y modernizar el marco regulatorio del sector. Esta llega simultáneamente con la discusión de una nueva ley sobre el sector, que permitirá por primera vez en 15 años la participación 100% privada.
Desde el sector privado venezolano también han surgido propuestas para financiar la recuperación del SEN. El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, planteó utilizar parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que Venezuela mantiene en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar deudas pendientes con la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según su propuesta, el pago de aproximadamente 4.000 millones de dólares a ambos organismos multilaterales podría abrir la puerta a nuevos financiamientos de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares destinados exclusivamente a la reconstrucción del sistema eléctrico nacional.
Rodríguez sostiene que la magnitud de la crisis requiere una estrategia coordinada entre varias empresas internacionales especializadas, entre ellas General Electric, Siemens y Toshiba, debido a que ninguna compañía podría asumir por sí sola la recuperación integral de la infraestructura energética venezolana en un plazo corto. El Gobierno explora financiamiento internacional, reformas legales y alianzas con empresas como Siemens y General Electric.
Mientras tanto, el Gobierno venezolano continúa explorando nuevas alianzas internacionales para diversificar la matriz energética. Durante su visita oficial a India, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo reuniones con directivos de Essar Group, uno de los principales conglomerados industriales de ese país con presencia en sectores como energía, infraestructura, minería, metales y tecnología.
El encuentro estuvo orientado a evaluar oportunidades de inversión en proyectos energéticos y estudiar alternativas para incorporar tecnologías de generación eólica, solar y de biomasa al sistema venezolano. La iniciativa busca reducir la dependencia de las fuentes tradicionales de generación y fortalecer la resiliencia del SEN a mediano y largo plazo.
Rodríguez ha impulsado durante su agenda en India una estrategia orientada a captar inversiones que permitan modernizar la infraestructura energética venezolana. En este contexto, la cooperación con empresas como Essar Group podría complementar los esfuerzos de recuperación de la generación hidroeléctrica mediante el desarrollo de fuentes renovables capaces de diversificar la matriz energética nacional.
La combinación de proyectos hidroeléctricos pendientes, posibles mecanismos de financiamiento internacional, reformas regulatorias y nuevas inversiones en energías renovables perfila una estrategia de recuperación gradual para un sistema eléctrico que continúa siendo uno de los principales desafíos para la economía venezolana. El éxito de estas iniciativas será determinante no solo para mejorar la calidad del servicio eléctrico, sino también para impulsar la actividad industrial, fortalecer la producción petrolera y crear condiciones más favorables para el crecimiento económico del país.
