En Venezuela, el mando ha sido asumido de forma interina por Delcy Rodríguez, en medio de un escenario de gran incertidumbre sobre el futuro reconocimiento del liderazgo nacional. | Imagen: Guacamaya.
Guacamaya, 22 de julio de 2026. El proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha alcanzado un punto crítico tras la tercera audiencia celebrada en Manhattan, Nueva York. Aunque el tribunal ha fijado para el 1 de junio de 2027 la fecha para el inicio del juicio, la defensa prepara una ofensiva legal que cuestiona la competencia de los tribunales estadounidenses para juzgar al exmandatario venezolano.
En paralelo, el gobierno de Donald Trump ha solicitado formalmente a un tribunal de los Estados Unidos que garantice la “inmunidad diplomática” de la actual líder de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el fin de que se desestimen los cargos en su contra en una demanda civil presentada en Florida. La petición se fundamenta tras el reconocimiento formal a Rodríguez, desde el pasado 5 de marzo, como la jefa de Estado en funciones.
El posible giro del caso: Jurisdicción e inmunidad
Aun el proceso de Maduro podría dar un vuelco significativo debido a que los tribunales de Estados Unidos podrían decidir que no tienen autoridad legal para llevar el caso. Esta tesis, sostenida por expertos legales como Michael Rips, se fundamenta en un tratado de extradición de 1922 entre Estados Unidos y Venezuela, el cual estipula que cualquier diferencia sobre su ejecución debe decidirse por arbitraje internacional.
Los abogados defensores, liderados por Barry Pollack, buscan la desestimación de los cargos, al argumentar justamente que Maduro goza de inmunidad diplomática como jefe de Estado soberano. Por su parte, la fiscalía sostiene que desde 2019 Washington no reconoce a Maduro como presidente, por lo que carecería de tal estatus.
Cronología de las audiencias de la pareja presidencial
En contexto, el proceso judicial contra Nicolás Maduro en Nueva York ha estado marcado por hitos importantes.
En la primera audiencia del 5 de enero, el exmandatario se declaró “no culpable” de los cargos de narcoterrorismo y conspiración, además de definirse como un “prisionero de guerra”.
Asimismo, durante la segunda comparecencia el 26 de marzo, el juez Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de la defensa para desestimar el caso, la cual argumentaba que el bloqueo de fondos venezolanos por las sanciones de Estados Unidos impedía costear una defensa adecuada.
Finalmente, en la tercera sesión del 22 de julio, se ratificó el calendario que fija el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027, en una jornada breve donde llamó la atención el aspecto físico de Maduro, quien apareció visiblemente más delgado.
La próxima audiencia está fijada para el 17 de noviembre, en la que se prevé que el juez evalúe la moción de la defensa que buscará desestimar el caso al invocar inmunidad presidencial.
Tendencias en el mercado de predicciones: Polymarket
El sentimiento público y las apuestas en plataformas como Polymarket reflejan la alta incertidumbre del caso. A pesar de su detención, a la fecha de la actual publicación, en cuanto al reconocimiento oficial, el mercado asigna un 81 % de probabilidad a que Nicolás Maduro siga siendo reconocido como el líder de Venezuela a finales de 2026, frente a un 12 % para Delcy Rodríguez.
En relación a su detención, las apuestas son bajas para una excarcelación este año, con un 8 % para Maduro y un 31 % para Cilia Flores. Sobre la sentencia, el 36 % apuesta por un desenlace “sin tiempo en prisión”, mientras un 29 % prevé una condena de más de 60 años y el resto prevé condenas intermedias. Además, solo un 24 % de los operadores cree que Maduro será declarado culpable de todos los cargos.
Estas tendencias sugieren que, aunque el camino judicial está trazado hasta 2027, las complejas defensas legales basadas en tratados internacionales mantienen abierta la posibilidad de que el caso sea desestimado antes de llegar a juicio.
El contraste en el tratamiento con Maduro y Delcy
Existe una marcada diferencia entre el trato legal que recibe Delcy Rodríguez y el de la antigua pareja presidencial. Mientras que contra Maduro y Cilia Flores se aplica una política de “mano dura”, a Rodríguez se la trata con un “guante de seda”, al mantener una comunicación fluida con altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio.
Esta cooperación ha incluido coordinaciones en políticas económicas y reformas legales, a pesar de que Rodríguez ha criticado públicamente el operativo militar que llevó a la captura de Maduro. De acuerdo con los mercados de predicción, se estima un 91 % de probabilidad de que Rodríguez se mantenga como la líder de facto del país a finales de 2026.
Por su parte, el tratado de extradición de 1922 emerge como la pieza más disruptiva de la defensa de Maduro. Si el tribunal se ve obligado a remitir el caso a un arbitraje independiente para evaluar si la captura en Caracas fue ilegal, el proceso judicial federal podría detenerse por completo, lo que obligaría a Estados Unidos a liberar a su cautivo.
En conclusión, el futuro de la pareja presidencial venezolana depende de si el tribunal prioriza la jurisdicción nacional basada en la seguridad de sus ciudadanos o el cumplimiento estricto de tratados internacionales centenarios que podrían invalidar todo el operativo de captura.
