La reestructuración de la deuda venezolana, posible tras el proceso político catalizado por el 3 de enero, ya ha despertado controversias por su velocidad y la selección de los asesores del Gobierno. Imagen: Guacamaya.
Guacamaya, 14 de junio de 2026. Tras el 3 de enero, en Venezuela se abrió la oportunidad de realizar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana: se estaría considerando un valor que podría estar entre los 160.000 y 180.000 millones de dólares.
El 13 de mayo, el Gobierno de Venezuela anunció que inicia el proceso de reestructuración de su deuda pública externa, refiriéndose, por tanto, a los bonos emitidos en Nueva York, que hoy representan un valor nominal de alrededor de 100.000 millones de dólares.
El comunicado llegó una semana después de la introducción de la Licencia General 58 por parte de la administración Trump, que permitía al país contratar asesores financieros, un paso vital para este proceso. Esta labor cayó en manos de la banca de inversión Centerview Partners, aunque el proceso de contratación generó revuelo en la prensa internacional, siendo cuestionado en The Wall Street Journal, The Washington Post y Reuters.
El negocio de los bonos venezolanos ha atraído un gran interés entre los inversores internacionales, desde fondos de cobertura especializados hasta gigantes bancarios como JP Morgan, Jefferies y Citi. Este interés ha seguido creciendo desde enero, como bien muestra el mercado: su valor ha crecido un 60% desde el comienzo del año, y un 220% desde mayo de 2025.
La tarea que enfrenta la nación no es sencilla. Mientras las deudas han crecido, principalmente al acumular intereses, la economía ha enfrentado una de las peores crisis en la historia reciente, con una contracción del PIB del 75%. El país vuelve a levantarse, pero la economía sigue en alrededor de un tercio de los más de 300.000 millones de hace 15 años.
Por otro lado, Venezuela necesita desesperadamente reconectarse con el sistema financiero, acceder a fuentes de capital para hacer grandes inversiones en infraestructura y servicios públicos. Dicho de otra forma: sin deuda, difícilmente hay obras públicas. Volver a los mercados pronto es clave, pero el camino está lleno de riesgos.
La resolución de la deuda externa del país también está severamente condicionada por el Gobierno de Estados Unidos. Las sanciones bloquean incluso la posibilidad de negociar, y queda claro que los tiempos los marcarán las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Hacer una oferta muy baja puede derivar en litigios ante cortes internacionales, mientras que pagos muy altos pueden asfixiar al Estado, lo que incluso puede llevar a un nuevo episodio de crisis económica y bancarrota. Ir demasiado rápido y sin calcular bien las capacidades también puede tener un resultado devastador para Venezuela. No hay que mirar muy lejos: países como Ecuador y Argentina han tenido que renegociar sus deudas en repetidas ocasiones este mismo siglo.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas ya se ha declarado sobre este proceso el 12 de junio, pidiendo principalmente transparencia en todos los pasos. También afirmó que “la participación del FMI en la reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela es una condición necesaria para asegurar de la sostenibilidad y ganar la credibilidad de un eventual acuerdo con los acreedores”.
Una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana en la historia
¿De qué deuda estamos hablando? Durante años, la República de Venezuela, PDVSA, y Elecar emitieron bonos con un valor principal de 30.800 millones, 28.800 millones y 650 millones de dólares respectivamente. Esa deuda ha crecido con intereses de mora, es decir, la penalidad por no haber pagado a los acreedores desde 2017. Por lo que, de una deuda inicial de 60.200 millones de dólares, hoy en día esta ha subido a 103.500 millones de dólares, o un 72% más, según cálculos propios.
Cabe recordar que los bonos son el pedazo más grande, pero no la única deuda. Existen préstamos bilaterales con los miembros del Club de París por 9.000 millones de dólares —que incluye Europa Occidental, Norteamérica, Brasil y Rusia— y con China por 13.100 millones. También con organismos multilaterales, como la CAF, que suman unos 4.500 millones. Sin embargo, Moscú y Beijing tienen acuerdos de cobranza con Caracas, que pueden estar vinculados con el petróleo.
Las nacionalizaciones del gobierno de Hugo Chávez también generaron grandes laudos arbitrales, por un valor de 23.000 millones de dólares, con empresas como ConocoPhillips, Crystallex, Gold Reserve y Koch Industries. También tocará resolver facturas sin pagar a contratistas, como empresas de servicios petroleros. La deuda total podría rondar los 170.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que el tamaño del PIB venezolano se estima que se acerca a los 110.000 millones, según el FMI.
Las divisiones y jerarquías entre acreedores se han convertido en puntos de tensión en otras oportunidades, y no pueden ser ignoradas. Los acreedores oficiales —como bancos estatales y multilaterales— deben recibir un trato preferencial frente a los privados. En Zambia, los primeros rechazaron un primer acuerdo afirmando que debían absorber mayores pérdidas que los segundos, obligando la reanudación de las negociaciones.
La celeridad como prioridad: ¿Eso es una buena idea?
El 13 de mayo, el Gobierno de Venezuela anunció que se inicia el proceso de reestructuración de la deuda pública externa. Curiosamente, la celeridad es una de sus prioridades declaradas en este proceso. En principio, este mismo junio presentará cifras macroeconómicas y un análisis de sostenibilidad de deuda (DSA), es decir, una estimación de cuál sería un nuevo valor de la deuda que no sobrecargue a la nación, llevando a otra etapa de impago.
Varios acreedores han mostrado su preocupación, alegando que el Gobierno difícilmente podrá elaborar estimaciones adecuadas en tan poco tiempo y con capacidades técnicas tan limitadas. Usualmente, el DSA lo produce el FMI y es un proceso largo de varios meses. En este caso, no se espera que el organismo internacional se involucre en la reestructuración, aunque ha retomado el contacto con Caracas.
Los acreedores internacionales tampoco pueden entablar conversaciones con el Gobierno por el momento, debido a las sanciones estadounidenses: la Licencia General 58 solo autoriza que Caracas contrate a sus asesores.
Por lo general, los mercados esperan que una reestructuración más rápida implique una mayor quita o descuento (conocida en inglés como haircut). Esperar, por otro lado, daría espacio para que la economía crezca y para que el gobierno de turno construya mejores capacidades técnicas. En el caso venezolano, otro elemento clave es despejar el alto nivel de incertidumbre política actual. Cada momento tiene sus pros y sus contras, en un equilibrio entre cobrar antes o cobrar más. El problema, en todo caso, podría ser hacerlo demasiado apresuradamente, sin tiempo para tomar en cuenta todas las consideraciones.
Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, defiende que “necesitas hacer la reestructuración cuanto antes, volver a salir a los mercados financieros internacionales, porque tienes un sistema eléctrico que necesita que salgas a endeudarte, necesitas plata, en default no puedes conseguir el dinero. Y es mentira que vamos a poder usar los Derechos Especiales de Giro del FMI para invertir en infraestructura”.
Leonardo Vera, profesor de economía en la Universidad Central de Venezuela, advierte que “la celeridad parece interesarle mucho más a los acreedores que buscan una solución rápida, con un acuerdo que los favorezca, con una quita no muy significativa. En los mercados hay mucha miopía”.
El riesgo, dice Vera, sería “aceptar las desventajas que significarían para Venezuela, sin ni siquiera tener buenas estadísticas macroeconómicas, para conocer cuál es realmente la capacidad de pago del país hacia el futuro. Esto puede ser muy bueno para los mercados al principio, pero malo para todos al final, porque puede llevar a Venezuela a un nuevo default”.
Centerview: los asesores del Gobierno frente la reestructuración
En 2024, el Gobierno de Nicolás Maduro contrató a Rothschild & Co para iniciar el proceso de reestructuración, que incluye evaluar las deudas y la capacidad de pago del país. Sin embargo, ni se iniciaron negociaciones entonces, ni se supo exactamente qué estaba haciendo la firma.
Con el anuncio sobre el comienzo de la reestructuración en mayo de 2026, se dio a conocer quién será el asesor del Gobierno de Venezuela: el banco de inversión Centerview Partners. El equipo para Venezuela dentro de la firma está compuesto por Matthieu Pigasse, Hamouda Chekir y Charles Albinet. Los tres, de la oficina de París, convivieron en Lazard.
Esta historia apenas inicia. Después de que la prensa anglosajona cuestionase el proceso de contratación de Centerview, Bloomberg alegó que se le había prometido una comisión del 0,1% sin tope máximo, lo que representaría al menos 150 millones de dólares, además de honorarios de 750.000 dólares mensuales. Pocos días después, el mismo Lazard ofreció tomar su lugar por 25 millones, lo mismo que tomó en la reestructuración de Grecia hace poco más de una década—cuando aún contaba con Pigasse. Sin embargo, esta propuesta de último minuto podría llegar tarde si su rival ya ha firmado con Caracas.
Tomemos un instante para Pigasse, el perfil más mediático de la reestructuración, y por los momentos una de las figuras más importantes para el futuro de Venezuela. Ya cuenta con reportajes en las prensas de habla inglesa y francesa, y una entrevista en Le Figaro tras el anuncio. En la última, incluso declaró ambiciones presidenciales. El titular leía: “el banquero de la izquierda radical que sueña con una revancha contra Emmanuel Macron.”
El francés no es extraño en Venezuela. Durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Pigasse trabajó alrededor de Caracas para Lazard, en momentos en que el Estado todavía podía acceder a los mercados internacionales. Diversas versiones dentro del oficialismo llegaron incluso a atribuirle influencia indirecta en las disputas internas del poder económico chavista.
Pigasse lleva años desarrollando un discurso profundamente crítico hacia las recetas neoliberales, como las impulsadas por el FMI. A primera instancia, su ideología y profesión pueden parecer contradictorias, aunque encajan a la perfección: su trabajo se ha enfocado en la defensa de los intereses de Estados frente a capitales que buscan extraer ganancias y forzar políticas de austeridad.
Desde Lazard, asesoró a los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y Néstor Kirchner en Argentina, en momentos claros en que impulsaron discursos antineoliberales y nacionalistas de izquierda. Ese posicionamiento no es simplemente retórico. Tiene implicaciones directas para entender cómo podría aproximarse a una eventual reestructuración de la deuda venezolana.
Tras la crisis financiera global de 2008, Europa adoptó políticas de consolidación fiscal extremadamente severas, especialmente en países periféricos como Grecia, Chipre, Portugal y España. La lógica dominante sostenía que reducir déficits rápidamente mediante recortes del gasto público restauraría la confianza de los mercados y permitiría retomar el crecimiento.
Pigasse se convirtió en uno de los críticos más visibles de ese enfoque dentro del establishment financiero europeo. En sus libros, entrevistas y artículos denunció lo que denominó la austeridad como “barbarie”, argumentando que las políticas impuestas por Bruselas, Berlín y el FMI produjeron la destrucción de empleo; el aumento de la desigualdad; el debilitamiento del Estado social; la contracción económica prolongada; y la pérdida de legitimidad democrática.
Mauricio Claver-Carone: ¿un virrey no oficial de Trump?
Varios reportajes investigativos han señalado una influencia desproporcionada de parte del ex alto funcionario republicano Mauricio Claver-Carone, en la política estadounidense con respecto a Venezuela. The Washington Post lo llamó “el virrey no oficial de Trump”. Esta influencia habría servido, incluso, para impulsar la selección de Centerview como asesores de Caracas frente a la reestructuración, según versiones reportadas en estos artículos.
El periódico explicó que pudo revisar registros de vuelo venezolanos, donde la socia de Claver-Carone, Jessica Bedoya, con quien fundó el fondo LARA, viajó a Caracas en el mismo vuelo chárter que Matthieu Pigasse y Charles Albinet.
Por su parte, Claver-Carone afirmó que si bien recomendó Centerview Partners al Gobierno de Venezuela, no existe ningún tipo de conflicto de interés; que ni él ni LARA tienen inversiones en el país, ya que este no encaja con “el perfil de riesgo.”
Según sus propias declaraciones, mantiene una vía de comunicación directa tanto con el secretario de Estado, Marco Rubio, como con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Durante la primera administración Trump, sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional como director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental. Actualmente, no ocupa ningún cargo público.
Desde Caracas, el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, dijo a Reuters que Centerview “se distinguió por su profundo conocimiento de la situación,” la larga relación que sus altos ejecutivos bancarios han desarrollado con Venezuela y “su impecable trayectoria y la prudencia de su enfoque.”
Por su parte, un portavoz de Centerview declaró que Claver-Carone “no participó en nuestra propuesta para conseguir el negocio y no tenemos ninguna relación financiera ni de otro tipo” con él.
VCC: El comité de acreedores
Entre la comunidad de inversores en la deuda venezolana, destaca el Venezuela Creditor Committee (VCC), la principal agrupación de tenedores de bonos, que incluye fondos como Fidelity, T. Rowe Price, Mangart Capital Advisors y GMO. A estos los acompañan otros fondos observadores, conocidos como el “VCC Ad Hoc.”
En su mayoría son “fondos de cobertura” o hedge funds especializados en este tipo de situaciones, que compraron deuda a precios bajos con el inicio de las sanciones y la entrada en bancarrota del Estado venezolano. Por esta razón, llegan al campo de batalla con la experiencia de soldados veteranos.
El mismo VCC ha contratado, como su principal asesor, al banco de inversión independiente Houlihan Lokey. Curiosamente, su socio encargado del proyecto, David-Alexandre Gadmer, en el pasado trabajó en Lazard junto con los que ahora están en la orilla opuesta. El también banquero francés ha participado en las reestructuraciones de deuda soberana de países como Sri Lanka, Zambia, Ghana, Surinam, Sudán, Argentina, Ecuador y Ucrania.
¿Cómo se reestructurará la deuda?
Una de las grandes preguntas es si se tratará igual la deuda del Estado y de PDVSA. Hay argumentos financieros, políticos y legales de ambos lados, pero el mercado mayormente piensa que no: los bonos de PDVSA mantienen, en su mayoría, un descuento frente a los de la República.
En los bonos, es común aplicar una quita o haircut. Mientras que los tenedores de bonos asumen que será necesaria en Venezuela, la clave para ellos es encontrar un equilibrio. La quita debe ser lo suficientemente pequeña como para maximizar sus ganancias, pero lo suficientemente grande como para que la nueva deuda sea sostenible y el Estado no vuelva a entrar en bancarrota.
En el caso de Venezuela, se espera un descuento significativo, que puede superar el 50%, y el valor de mercado de la deuda lo refleja. Un bono de la República con madurez en 2027, comúnmente utilizado como referencia, tiene un precio de 55 centavos sobre el dólar. Considerando que con los intereses por mora lo han inflado un 76%, significa que los inversores esperan recibir un 30% de su valor nominal.
Los acreedores, por su parte, buscarían un mecanismo para aprovechar el crecimiento posreestructuración: un Instrumento de Recuperación de Valor (IRV). En las reestructuraciones de Argentina y Grecia se utilizaron garantías vinculadas al crecimiento del PIB, mientras que en Surinam se introdujo un mecanismo conectado con regalías petroleras futuras. En estos casos, los inversores solo reciben un cupón adicional si el PIB o regalías alcanzan un nivel mínimo.
Hans Humes, CEO de Greylock Capital, participó en el último experimento, con su próxima reestructuración en mente: “Cuando diseñamos el IRV de Surinam, estábamos pensando en un precedente para Venezuela.”
Greylock también ha participado en reestructuraciones soberanas en Mozambique, Irak, Grecia y Argentina. “En Venezuela, podríamos hacer un IRV no sólo con petróleo, sino con varias industrias. Partir de las regalías vuelve todo más sencillo y transparente, porque al final cada uno de estos sectores son los insumos que alimentan el PIB.”
En el caso de Venezuela, también se han pensado resoluciones en las que los acreedores introduzcan capital fresco, lo que podría contribuir al desarrollo económico, por ejemplo, si se utiliza en proyectos de infraestructura. La inhabilidad de acceder al capital internacional sigue siendo, hoy en día, uno de los principales factores detrás de la escasez de grandes obras públicas en la última década.
La resolución de la deuda será una de las batallas clave para Venezuela, con implicaciones para las próximas décadas. Mientras que es necesaria para volver a buscar financiamiento en los mercados internacionales, el cuándo y cómo no son cuestiones menores. Una reestructuración mal hecha puede llevar al Estado a la quiebra, poniendo en peligro a la recuperación económica del país.
Por su lado, los políticos venezolanos deben tomar en cuenta que gran parte de los acreedores tienen amplia experiencia y se han unido alrededor de sus objetivos financieros. Por eso mismo, deberían enfrentar la reestructuración con unidad nacional, y con los mejores equipos económicos detrás. Quedará por ver si estarán a la altura de semejante desafío.
Luis Alejandro Ruiz colaboró en la redacción de este artículo.
