Los movimientos del ala más a la izquierda del Partido Demócrata, entre ellos el DSA, han crecido sustancialmente en las últimas primarias para decidir quién se presentará en las elecciones de medio término este noviembre. Fotografía: Conian Houston.
Guacamaya, 5 de agosto de 2026. Hay una escena que se repite en cada noche de primarias de este ciclo preliminar para las midterms: una multitud coreando las tres letras “D-S-A” mientras un candidato hasta hace poco desconocido derrota a un titular con décadas de aparato político detrás.
La oleada no se limita al DSA —los Democratic Socialists of America— sino que otros candidatos también están adoptando un giro a la izquierda, y ganando. El último caso emblemático es la victoria de Abdul El Sayed en una primaria para la elección al Senado por Michigan. Aunque se autodefine como “capitalista”, apoya eslóganes progresistas, como la cobertura sanitaria universal, mientras que ha sido crítico con Israel.
En Michigan, en Nueva York, en Washington D.C., el guion es el mismo, y el Partido Demócrata —dividido, envejecido y sin un mensaje unificado tras la derrota de 2024— parece no tener respuesta. Lo que empezó como una curiosidad de nicho hace una década, es hoy tal vez la facción con más impulso dentro del partido de oposición en Estados Unidos. Y trae consigo, entre otras cosas, una postura sobre Venezuela que ningún aspirante presidencial demócrata podrá seguir ignorando.
De “outsider” a maquinaria: la genealogía de las victorias
Para entender la magnitud del momento actual hay que remontarse a junio de 2018, cuando una camarera de 28 años llamada Alexandria Ocasio-Cortez derrotó al congresista Joseph Crowley, el número cuatro de la jerarquía demócrata en la Cámara y un nombre que se mencionaba como posible sucesor de Nancy Pelosi. Fue, según lo documentan analistas del propio movimiento, la primera gran victoria del DSA a nivel federal, y sentó un precedente que el ala izquierda de los demócratas tardaría en repetir.
El patrón resurgió con fuerza en 2022, cuando Summer Lee se impuso en las primarias del distrito 12 de Pensilvania y Greg Casar hizo lo propio en el distrito 35 de Texas, ambos sobre plataformas explícitamente socialistas y con el respaldo del DSA. En ese ciclo, la bancada congresional de la organización creció a más de media docena de miembros, pese a que comités rivales como Justice Democrats invirtieron más de 11 millones de dólares tratando de moldear el resultado a su favor.
Pero el verdadero salto cualitativo llegó en 2025 con Zohran Mamdani, entonces un asambleísta estatal de 33 años, prácticamente desconocido fuera de Queens. Derrotó al exgobernador Andrew Cuomo en la primaria demócrata por la alcaldía de Nueva York, con un 56% de los votos por orden de preferencia. Fue la primera vez que el DSA conquistaba el puesto ejecutivo de una gran ciudad estadounidense, y su elección lo convirtió, de la noche a la mañana, en el rostro nacional del socialismo democrático.
Aquella victoria fue también un ensayo general de la maquinaria territorial que Mamdani construyó para ganar la alcaldía —voluntarios de base, financiamiento pequeño, presencia constante en video vertical—, la misma que, un año después, se desplegó para elegir a tres congresistas en Nueva York y ayudar a decidir un Senado en Michigan.
Esta oleada no ha estado exenta de reveses, algo que conviene no omitir. En 2024, dos de las figuras más visibles del “Squad” —Jamaal Bowman en Nueva York y Cori Bush en Misuri, ambos miembros del DSA y críticos frontales de la ofensiva israelí en Gaza— perdieron sus primarias frente a candidatos respaldados masivamente por AIPAC, el influyente lobby pro-Israel en Estados Unidos, en las campañas más costosas jamás dirigidas contra congresistas en ejercicio.
Sin embargo, esas derrotas, lejos de frenar al movimiento, terminaron funcionando como material de campaña: el propio DSA las usó para argumentar que el dinero de un lobby extranjero había comprado dos escaños, una narrativa que sus candidatos de 2026 explotaron sin matices.
El ciclo 2026: Michigan y Nueva York como laboratorios
Ese es el telón de fondo sobre el que se recorta el ciclo actual. En Michigan, Abdul El-Sayed, médico y exfuncionario de salud pública, venció en las primarias al Senado por un margen de apenas 1,8 puntos —48,9% contra 47,1%— frente a Haley Stevens, quien contó con 60 millones de dólares en gasto externo, de los cuales más de 30 millones provenían de AIPAC y sus filiales: la mayor inversión de la organización en primarias en toda su historia.
En el mismo estado y la misma noche, Donavan McKinney, también respaldado por el DSA, derrotó al congresista en ejercicio Shri Thanedar, quien se había distanciado del movimiento progresista tras los ataques del 7 de octubre en Israel.
En Nueva York, el barrido fue más limpio. Los tres candidatos respaldados por Mamdani —Darializa Ávila Chevalier, Claire Valdez y Brad Lander— ganaron sus primarias para el Congreso, desalojando a dos titulares y capturando un escaño abierto.
Ávila Chevalier, activista propalestina en la Universidad de Columbia que nunca antes había ocupado cargo público, derrotó a Adriano Espaillat, entonces presidente del Caucus Hispano del Congreso, después de una campaña centrada en denunciar la financiación de AIPAC recibida por su rival.
Esas victorias se sumaron a la de Janeese Lewis George, miembro del DSA, en la primaria demócrata a la alcaldía de Washington D.C. —lo que, en la práctica, coloca a miembros del DSA a las puertas de gobernar simultáneamente la capital del país y su ciudad más poblada.
El caso más reciente, y el que mejor resume la trayectoria del ciclo, llegó en Colorado a finales de junio: Melat Kiros, una demócrata socialista de apenas 29 años, derrotó a la representante Diana DeGette, quien llevaba representando el primer distrito del estado desde 1997.
Fue, según el propio recuento del DSA, la victoria número 35 de la organización en lo que va del ciclo —de 150 candidatos respaldados a nivel nacional, 35 avanzaron o ganaron sin oposición, frente a 34 derrotas, con resultados aún pendientes en varias contiendas—, y bastó para que la organización pasara de tener dos legisladores en el Congreso hace apenas un año a tener, con la elección de noviembre aún por delante, al menos cinco asegurados. Esa cifra, más allá de lo simbólico, es la que ha llevado a la propia dirigencia del DSA a hablar abiertamente, por primera vez, de una candidatura presidencial competitiva para 2028.
El común denominador: AIPAC como enemigo declarado
Lo que unifica a casi todos estos triunfos, del Squad original a la generación de Mamdani, es una narrativa de movilización contra el dinero, con Israel como epicentro simbólico. Un candidato del establishment recibe financiamiento de AIPAC; el candidato del DSA lo convierte en el eje de su campaña, presentándose como la alternativa incorruptible frente a un lobby extranjero.
La fórmula ha demostrado ser notablemente resistente, incluso ante un gasto récord: en Michigan, los 60 millones de dólares, invertidos en su mayoría por AIPAC, no alcanzaron para salvar a Stevens. Bernie Sanders, arquitecto discursivo de buena parte de esta estrategia, lo dejó dicho sin rodeos durante la campaña: el verdadero adversario no era la candidata rival, sino el dinero detrás de ella.
Ese eje se entrelaza, inevitablemente, con la postura de cada candidato sobre Gaza. Brad Lander, que había roto con el DSA por sus diferencias sobre cómo la organización caracterizó los ataques de Hamás del 7 de octubre, terminó ganando su primaria solo después de virar hacia una crítica explícita a Israel, llegando a calificar la estrategia de Joe Biden hacia Netanyahu de “fracaso catastrófico” que convirtió a Washington en cómplice de un genocidio.
El detalle no es menor, cuando incluso los candidatos que se distancian orgánicamente del DSA terminan adoptando su vocabulario sobre Israel para sobrevivir en distritos donde ese electorado se ha vuelto decisivo.
El otro frente: la confrontación con el tecnofeudalismo
Si países como Israel y Venezuela definen la política exterior de este sector, hay un tercer eje que define cada vez más su discurso económico interno, y que sus propios teóricos han empezado a nombrar con una palabra que hace apenas un lustro sonaba a jerga académica: “tecnofeudalismo”.
El término, popularizado por el economista griego Yanis Varoufakis y por el sociólogo francés Cédric Durand, describe un capitalismo mutado en el que un puñado de plataformas —Amazon, Meta, X, Google, Palantir— ya no compite en un mercado abierto, sino que extrae renta mediante el control monopólico de datos, infraestructura digital e inteligencia artificial, en una lógica que sus críticos comparan, con matices, a la del señor feudal que cobra tributo por el mero acceso a la tierra.
Ese lenguaje se volvió carne política en la llamada gira “Fighting Oligarchy” (Combatiendo la Oligarquía), que Sanders y Ocasio-Cortez recorrieron por todo el país reuniendo a decenas de miles de personas —36.000 solo en Los Ángeles, en uno de los mítines más multitudinarios del ciclo—, con un mensaje que fusiona el viejo vocabulario antimonopolio con una crítica específica al poder de los magnates tecnológicos convertidos en actores políticos.
Sanders no ha escondido a quién apunta. Cuando Elon Musk lo acusó por redes de llevar años hablando de oligarquía, el senador respondió sin matices que la diferencia era que ya no hablaba de una amenaza futura, sino de una descripción del presente. La imagen que ambos legisladores repiten en cada mitin —que un puñado de multimillonarios deciden, sin haber sido elegidos por nadie, cuestiones que afectan a millones de personas— es, en esencia, la misma tesis que describen Varoufakis y Durand, aplicada esta vez no a un tratado académico sino a un discurso de campaña.
Migración: la otra línea de confrontación frente a Trump
El segundo terreno donde este sector ha convertido la confrontación en política de gobierno, no solo en discurso, es la migración. Mamdani ha hecho de la defensa de las comunidades inmigrantes uno de los ejes centrales de su primer año de alcaldía, en un choque directo y creciente con la Casa Blanca.
En febrero, firmó una orden ejecutiva que impide a los agentes de ICE ingresar a propiedades municipales sin una orden judicial firmada por un juez, y en julio, tras el despliegue de un operativo federal ampliado en Queens y Long Island, su administración reiteró que no permitiría que las comunidades haitiana y siria de la ciudad fueran “aterrorizadas”, ofreciendo asistencia legal gratuita a través de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes.
Mamdani ha sido un firme defensor del TPS, al que se apegaron alrededor de 600.000 venezolanos. Este estatus migratorio ha estado bajo ataque prácticamente desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, en su campaña para estigmatizar a la diáspora venezolana, vinculándola con bandas criminales, principalmente con el Tren de Aragua.
El discurso que Mamdani pronunció el 3 de julio, en la víspera del 250 aniversario de la independencia estadounidense y desde el propio escritorio de George Washington, resumió el tono que ha adoptado todo el sector: acusó a “demasiados” líderes del país de abandonar la idea de Estados Unidos como refugio para los perseguidos, y describió a los agentes de ICE como una fuerza que irrumpe en los barrios de la ciudad sin preguntar “cuánto tiempo llevan viviendo aquí ni qué documentos tienen”.
La tensión no ha sido solo retórica: en mayo, un incidente en un hospital de Bushwick, donde agentes de ICE detuvieron a un inmigrante indocumentado nigeriano y lo llevaron esposado a recibir tratamiento médico, derivó en protestas de cerca de 200 personas y obligó a la alcaldía a revisar sus protocolos de respuesta ante operativos migratorios en instalaciones municipales.
Esta postura conecta, otra vez, con el resto del programa del sector. Así como en Gaza y en Venezuela el DSA denuncia lo que llama imperialismo estadounidense hacia afuera, en migración denuncia lo que describe como un aparato punitivo hacia adentro, dirigido contra las mismas poblaciones —centroamericanas, caribeñas, de Medio Oriente— que su política exterior dice defender en el plano internacional. Es, para sus simpatizantes, una coherencia ideológica que distingue a este sector del resto del partido; para sus críticos, sigue siendo una coherencia que se detiene, de forma selectiva, en la frontera de Caracas.
¿Qué esperar de este giro a la izquierda para Venezuela?
La postura a Venezuela se puso a prueba de forma dramática el 3 de enero de 2026, cuando la “Operación Resolución Absoluta” extrajo a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, del territorio venezolano. El DSA reaccionó en horas con un comunicado que calificó la acción de guerra abiertamente imperialista destinada a entregar los recursos petroleros venezolanos a empresas estadounidenses, y exigió el retiro de activos militares del Caribe, el fin de las sanciones y la reapertura de la embajada en Caracas.
Mamdani, ya como alcalde de Nueva York, calificó la operación de un acto de guerra y violación del derecho internacional. Ocasio-Cortez fue más lejos en el terreno discursivo enmarcó el arresto no como un asunto de narcotráfico sino de control petrolero y cambio de régimen, y lo vinculó a la cobertura del “caso Epstein” y al alza de los costos de salud, en un ejercicio de disciplina de mensaje que privilegió la economía doméstica incluso frente a un evento de esa magnitud geopolítica
Cabe esperar que, a medida que la bancada de la izquierda crezca en enero de 2027, sus miembros interpelen directamente a las petroleras y a cualquier otro actor cercano a Trump que se beneficie del nuevo negocio venezolano. Podrían hacer esto mediante cartas de la Comisión de Supervisión de la Cámara, solicitudes de auditoría a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) y pedidos de comparecencia a ejecutivos —el mismo repertorio que este sector ya ha usado contra otras industrias—, aunque los detalles concretos de esas pesquisas están, a la fecha de este análisis, aún por concretarse.
Esa combinación de antiimperialismo hacia Caracas y antioligarquía hacia Washington es, probablemente, el terreno donde el DSA intentará demostrar que su crítica al poder corporativo no se detiene en la frontera, sino que conecta ambos frentes en una sola narrativa de captura corporativa del Estado —con el riesgo, previsible, de que la Casa Blanca y sus aliados en el Congreso denuncien esas pesquisas como una instrumentalización política más que como fiscalización genuina.
Conviene, sin embargo, ser precisos y no caer en la caricatura de un bloque monolíticamente silencioso, porque los hechos son más matizados de lo que sugiere el reflejo crítico habitual. Las tres figuras más visibles de este ciclo sí han condenado, en distintos momentos, al chavismo como régimen autoritario.
Mamdani ha calificado explícitamente tanto al gobierno venezolano como al cubano de dictaduras, incluso mientras critica las sanciones estadounidenses como instrumento de castigo colectivo.
Ocasio-Cortez, aunque centró su reacción a la captura de Maduro en el trasfondo petrolero de la operación, no ha negado el carácter represivo del chavismo. Y Sanders zanjó la ambigüedad hace ya varios años cuando en 2019 llamó a Maduro “tirano” sin usar la palabra “dictador”, pero para 2020 ya lo llamaba directamente “dictador” en entrevistas televisadas, calificando a Venezuela, Cuba y Nicaragua como “sociedades autoritarias” que él “por supuesto” no apoya.
El liderazgo nacional del movimiento, en otras palabras, sostiene hoy una posición de doble filo. Condena el carácter, a su juicio, no democrático del chavismo, pero rechaza con la misma firmeza cualquier forma de intervención militar o de cambio de régimen impuesto desde Washington.
Ese matiz, sin embargo, no se sostiene de manera uniforme en las bases del movimiento. Secciones locales del DSA —como las de Madison o Pinellas, citadas en sus comunicados tras la captura de Maduro— han mantenido un discurso mucho más cercano a la defensa sin reservas del chavismo como proyecto de resistencia frente a Washington, hablando de “Revolución Bolivariana” y de las “conquistas” de la era Chávez con un tono que la dirigencia congresional del DSA rara vez replica en público.
Esa brecha entre la cúpula visible y las bases orgánicas es, en sí misma, reveladora mientras Mamdani, Sanders y Ocasio-Cortez calculan sus palabras pensando en un electorado nacional que en su mayoría rechaza al chavismo, capítulos locales sin esa misma exposición mediática siguen operando con el vocabulario más romántico —y menos crítico— de la solidaridad tercermundista de los años setenta y ochenta.
Lo más probable, de cara a los próximos años, es que la posición del DSA en el Congreso converja hacia algo parecido al modelo que ya ensaya Lula da Silva en Brasil, es decir, ni condena vacía ni respaldo acrítico, sino una fórmula de ambigüedad calculada que permite condenar el autoritarismo sin legitimar la intervención.
Pero el efecto más duradero probablemente no se mida en votos individuales, sino en el desplazamiento del centro de gravedad del debate. Durante casi dos décadas, la política exterior bipartidista hacia Venezuela fue, con matices, uniformemente hostil al chavismo. Esa uniformidad ya no existe del todo.
Con Mamdani como alcalde de la ciudad más influyente del país, con Ocasio-Cortez mencionada cada vez con más insistencia como aspirante presidencial para 2028, y con una bancada del DSA en crecimiento estructural, la postura de “no intervención, fin de sanciones, restablecimiento de relaciones” ha dejado de ser una rareza de nicho para convertirse en una opción real dentro del menú de política exterior de un futuro candidato presidencial demócrata. Es, dicho sin exageración, un cambio que hace apenas un ciclo electoral hubiera sido difícil de imaginar.
El reparto de Venezuela en la mira
Si hay un terreno en el que la crítica al tecnofeudalismo y la posición histórica del DSA sobre Venezuela colisionarán de forma directa con la Casa Blanca en los próximos meses, es el del reparto corporativo del petróleo venezolano tras la caída de Maduro.
La secuencia ya está a la vista: apenas seis días después de la Operación Resolución Absoluta, Trump reunió en la Casa Blanca a ejecutivos de 17 compañías petroleras, entre ellas Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips —las tres con litigios de arbitraje pendientes contra el Estado venezolano por la nacionalización de 2007—, además de Shell, Repsol, Eni y firmas de servicios como Halliburton y SLB, prometiéndoles “completa seguridad” si invertían en el país.
En mayo, el propio Trump se reunió de nuevo con los presidentes de Chevron y ExxonMobil para discutir la marcha de esas inversiones, mientras celebraba en público que el ingreso de divisas petroleras tenía a los venezolanos “muy contentos bailando en las calles”.
A ese mapa corporativo se suma, con un perfil distinto pero igual de sensible para este sector, la entrada de Elon Musk. Starlink ofreció conectividad gratuita en Venezuela durante el mes posterior a la captura de Maduro, en un gesto que la propia compañía enmarcó como “apoyo al pueblo venezolano” y que replicaba la estrategia que SpaceX ya había usado en Ucrania; siete meses después, en julio, el regulador de telecomunicaciones del propio Gobierno Encargado venezolano formalizó con ejecutivos de SpaceX los términos para operar la red de forma regularizada en todo el territorio nacional, cerrando así el ciclo entre el gesto humanitario inicial y la consolidación de un negocio de infraestructura digital a largo plazo.
También el posible interés de Palantir y Peter Thiel de hacer Venezuela su próximo episodio en América Latina tras “Próspera” en Honduras y el proyecto en la Patagonia de Argentina. Es exactamente el tipo de secuencia —magnate cercano a Trump, ayuda de emergencia presentada como filantropía, contrato comercial de fondo— que el vocabulario del “tecnofeudalismo” que manejan Sanders y Ocasio-Cortez está diseñado para nombrar.
