La historia de Irán en el siglo XX deja dos precedentes para la Venezuela de hoy. Imagen: Guacamaya.
Guacamaya, 10 de septiembre de 2026. Una vez, un profesor en el extranjero me dijo que Irán y Venezuela tenían mucho más en común de lo que parecía. A primera vista, resulta difícil imaginar dos países tan distantes, uno en Oriente Próximo y otro en el Caribe. Pero basta con seguir el rastro del petróleo para descubrir un vínculo mucho más profundo. La historia de Venezuela se cruza, inevitablemente, con la de Irán, Libia, Egipto y otros países cuya trayectoria quedó marcada por la explotación de un recurso que transformó economías, financió guerras y sostuvo buena parte del desarrollo industrial de Occidente.
El petróleo no solo cambió la riqueza de estos países; también moldeó sus Estados, sus sociedades y sus relaciones con el mundo. Durante décadas, las potencias extranjeras encontraron en sus reservas un recurso demasiado estratégico para quedar completamente al margen de sus intereses. Concesiones, empresas internacionales, golpes de Estado, nacionalizaciones, sanciones y conflictos terminaron formando parte de una misma historia y esa no es otra que la disputa por quién controla el petróleo y, con él, una parte sustancial de la soberanía nacional.
Desde esa perspectiva, Caracas y Teherán están mucho más cerca de lo que su geografía sugiere. Sus historias no son idénticas, pero ambas permiten entender cómo el petróleo puede convertirse, al mismo tiempo, en fuente de prosperidad, instrumento de poder y origen de profundas tensiones con las grandes potencias. Esta es la historia de ese paralelismo.
Cien años después de que Londres convirtiera a la Anglo-Persian Oil Company en un instrumento de Estado, Washington ensaya en Venezuela una arquitectura similar —con una diferencia decisiva y es que no solo busca el control del recurso, sino de la propia continuidad del poder político que lo administra. El precedente iraní, con su modelo corporativo de 1914, su invasión de 1941 y su nacionalización fallida de 1951-53, ofrece una guía incómoda de hacia dónde puede derivar el actual arreglo petrolero venezolano.
Toda comparación histórica seria entre Irán y Venezuela debe distinguir dos procesos que, aunque están entrelazados, obedecen a lógicas distintas por un lado, el control del recurso petrolero —cómo una potencia extranjera se asegura el acceso a un activo que ha dejado de tratarse como mercancía para tratarse como cuestión de seguridad nacional—; por otro, la continuidad del poder político tras una intervención —cómo esa misma potencia evita el vacío institucional sustituyendo al gobernante depuesto por una figura de transición dócil, en lugar de ocupar el país u imponer una administración directa. Irán ofrece un precedente nítido para ambos ejes, separados por casi tres décadas: el control corporativo del petróleo se construyó en 1914 y se reconfiguró en 1954; la sustitución del gobernante ocurrió en 1941. En Venezuela, ambos procesos se están desarrollando de manera casi simultánea, lo que agrava —y acelera— el paralelismo.
El precedente iraní: el petróleo como activo de seguridad pasando del control accionario a la gobernanza corporativa
La Anglo-Persian Oil Company nació en 1909 a partir de la concesión otorgada al empresario William Knox D’Arcy y del hallazgo de petróleo en Masjed Soleimán. Durante sus primeros años fue una operación comercial ordinaria. Todo cambió en 1913, cuando Winston Churchill, como Primer Lord del Almirantazgo, promovió la decisión de que la Royal Navy sustituyera el carbón por petróleo, lo que exigía “asegurar fuentes de suministro confiables” y no dejar esa disponibilidad exclusivamente en manos de una empresa privada. El Parlamento aprobó que el gobierno británico invirtiera 2,2 millones de libras a cambio del 51% de las acciones de la compañía, con representación en el directorio y mecanismos de veto sobre decisiones estratégicas. La Corona ratificó el convenio en agosto de 1914, ocho días antes de que estallara la Primera Guerra Mundial.
Lo decisivo de este episodio no es solo la cifra de control accionario, sino el mecanismo elegido, pues Londres no nacionalizó los yacimientos persas ni desplegó una administración colonial directa sobre el sector petrolero. Utilizó una compañía formalmente privada como vehículo para alcanzar un objetivo de Estado. El poder no residía únicamente en la propiedad física del crudo, sino en la capacidad de decidir quién dirigía la empresa, qué contratos podía firmar y bajo qué condiciones se comercializaba la producción. Esa arquitectura demostró ser duradera, puesto que la compañía, rebautizada Anglo-Iranian Oil Company en 1935, siguió operando bajo ese esquema de control corporativo durante casi cuatro décadas, hasta la nacionalización de 1951.
El paralelismo venezolano: Nabep y el control sin propiedad
Ese mismo mecanismo —control estratégico sin necesidad de propiedad mayoritaria formal— parece estar tomando forma en torno de North American Blue Energy Partners, la empresa de Alejandro Betancourt, en Venezuela. Si Washington utiliza a esta compañía como vehículo para asegurar el acceso a una parte estratégica de la producción petrolera venezolana, reservándose al mismo tiempo instrumentos de gobernanza —capacidad de veto sobre nombramientos, presencia de ciudadanos estadounidenses en la estructura directiva, mecanismos de supervisión sobre decisiones fundamentales—, entonces el paralelo con 1914 no es solo retórico.
En ambos casos, una empresa formalmente comercial se convierte en instrumento de un objetivo que trasciende su propia rentabilidad: garantizar a una potencia extranjera el acceso seguro y permanente a un recurso energético estratégico.
No olvidemos que, en el caso de la Anglo-Persian Oil Company, el imperio británico se reservó el derecho de designar dos directores en la junta, con poder de veto sobre asuntos relacionados con los contratos de combustible del Almirantazgo y sobre decisiones políticas de mayor envergadura. La Cámara de los Comunes aprobó la medida el mismo día y, en agosto de 1914 —recordemos que ocho días después estalló la Primera Guerra Mundial—, la Corona ratificó el convenio. El acuerdo anunciado por Estados Unidos también implica vetos al nombramiento de la junta directiva de la compañía, que ahora será una punta de lanza en el mercado energético venezolano.
Existe, sin embargo, una diferencia de mecanismo que conviene precisar. En 1914, Gran Bretaña optó por la propiedad accionaria directa y compró el 51% y se convirtió formalmente en accionista mayoritario. El esquema que rodea a Nabep parece apuntar, en cambio, hacia una modalidad más sofisticada y se basa en el control mediante gobernanza corporativa —veto, supervisión, composición de la dirección— sin que ello implique necesariamente una participación accionaria mayoritaria estadounidense.
La Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra mantiene un esquema de garantías sobre el 35% de las acciones de Nabep, sin participación directa. Es una evolución del mismo concepto basado en que no hace falta poseer la mayoría de las acciones para tener capacidad de decisión sobre una empresa estratégica; basta con controlar los puntos fundamentales de su estructura de gobierno.
La eventual participación del Pentágono en el diseño de ese esquema reforzaría precisamente esa lectura, debido a que cuando el aparato de defensa interviene en la arquitectura de un acuerdo petrolero, el recurso deja de ser una simple mercancía y pasa a integrarse en la planificación de seguridad nacional del Estado que ejerce la influencia.
Cuando el control por gobernanza no basta: el consorcio de 1954
El caso iraní ofrece además un segundo momento que conviene sumar a esta comparación, porque muestra qué ocurre cuando el control por gobernanza corporativa resulta insuficiente y una potencia decide renegociar directamente su porción del negocio. Tras el golpe de Estado de 1953 que derrocó a Mohammad Mossadegh, la Anglo-Iranian Oil Company reclamó la restitución íntegra del monopolio que tenía antes de la nacionalización de 1951. Washington, sin embargo, calculó que devolverle ese monopolio absoluto a una sola compañía británica reencendería el nacionalismo iraní recién sofocado, y tomó la conducción del reparto. El Departamento de Estado encargó a Herbert Hoover Jr. armar un consorcio internacional, llegando a suspender la aplicación de sus propias leyes antimonopolio para lograrlo.
El resultado, formalizado en el Acuerdo de Consorcio de 1954, fue una fractura exacta del antiguo monopolio con un 40% para la compañía británica —rebautizada British Petroleum ese mismo diciembre—, 14% para Shell, 6% para la francesa CFP, y un 40% repartido entre cinco petroleras estadounidenses recién llegadas al negocio iraní. De un control británico del 100%, Londres pasó a retener menos de la mitad; Washington, ausente hasta entonces, entró con una porción idéntica. El mecanismo revela una lógica de fondo y es que Gran Bretaña necesitaba a Estados Unidos para legitimar y sostener una operación que su propio desgaste imperial ya no le permitía ejecutar en solitario, y Washington cobró esa mediación con una participación equivalente a la de quien lo había convocado.
Cabe recordar que la antigua Anglo-Persian, luego British Petroleum, llegó a convertirse en la BP que conocemos hoy. Figura entre las “supermajors” energéticas y entre las empresas de mayor facturación del mundo, con operaciones en Asia, África, Europa y las Américas.
El paralelismo contemporáneo: desplazar a China y Rusia
Ese mismo patrón —Washington decidiendo unilateralmente qué porción del negocio petrolero conservan terceros actores— es el que se observa hoy en la manera en que Estados Unidos está tratando las posiciones chinas y rusas en Venezuela.
Más que disimular su objetivo, este es el discurso que promueve la Casa Blanca: que el acuerdo con Nabep sirve para desplazar a operadores chinos y rusos en varios de los proyectos involucrados. Entre los campos reasignados había dos en manos de China Concord Resources —sancionada por Washington en 2019 por comerciar con crudo sancionado de Irán— y, presuntamente, otros campos operados por Sinopec, la China National Petroleum Corporation y una empresa rusa. Estas últimas, sin embargo, habrían dejado de participar en los campos ahora bajo el control de Nabep años antes del acuerdo.
Paradójicamente, Alejandro Betancourt operó en Petrozamora durante años mediante un esquema con la entidad estatal rusa Gazprombank, que figuraba como socio accionario de PDVSA en la empresa mixta. En 2022, el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, puso fin a ese acuerdo, dejando a Betancourt temporalmente fuera del negocio de los hidrocarburos. Fue en 2024 cuando volvió de la mano del empresario de Florida, Harry Sargeant III, tras la caída de El Aissami. El estadounidense, sin embargo, fue presionado para abandonar su sociedad con Betancourt poco antes del anuncio del acuerdo con el Pentágono.
El gobierno venezolano, por su parte, otorgó a Nabep derechos por al menos 25 años sobre los diecisiete campos asignados, que suman 65.000 millones de barriles de crudo. Aunque, según la Casa Blanca, el plazo de las concesiones es realmente de 100 años.
El frente financiero se mueve en paralelo al operativo. Pekín exigió públicamente, a través de su Ministerio de Exteriores, que se salvaguardaran sus intereses en Venezuela ante la posibilidad de que el nuevo acuerdo afecte los campos donde operan sus empresas estatales, aunque ninguna versión oficial ha especificado en qué operaciones se están desplazando estas.
Un punto clave en el que el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela sí afecta los intereses de Pekín es la deuda soberana. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien confirmó desde Caracas que los ingresos de la nueva producción petrolera no se destinarán a pagar la deuda venezolana con China, y que su gobierno “trabaja en reestructurar” esos compromisos financieros sin precisar aún el mecanismo.
Es una repetición casi literal del patrón de 1954. En aquel entonces, Washington decidió qué parte del negocio conservaba Londres tras dos décadas de extracción; hoy decide qué parte de la deuda venezolana con Pekín —acumulada durante veinte años de acuerdos de petróleo a cambio de financiamiento— será honrada y con qué crudo. Ese tipo de acuerdo otorgaba a China un poder de veto enorme para una futura reestructuración de la deuda venezolana.
El desplazamiento ya es visible en las cifras de comercio. Según datos recogidos por Reuters, China fue desplazada como principal destino del crudo venezolano apenas iniciado el control estadounidense sobre las exportaciones —los envíos cayeron a 156.000 barriles diarios—, mientras Rusia perdió por completo el monopolio que sostenía como proveedor de nafta, insumo clave para diluir el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco. Documentos de PDVSA citados por Reuters muestran que parte de los cargamentos que Venezuela usaba informalmente para pagar intereses de su deuda con Pekín quedaron “atrapados” bajo la nueva supervisión estadounidense sobre las exportaciones.
La diferencia con el precedente iraní es de grado, no de naturaleza, dado que en 1954 Washington negoció una cesión parcial con un aliado formal; en Venezuela impone unilateralmente los términos a un gobierno que depende de su respaldo político para sobrevivir, y lo hace no solo sobre el reparto de utilidades sino sobre la propia arquitectura de la deuda soberana.
La continuidad del poder tras la intervención militar
Otro aspecto clave es la conservación del poder tras la intervención de una potencia extranjera y aquí es clave referirnos al precedente iraní con la invasión de 1941 y el ascenso al poder del hijo heredero y la caída de su padre.
El segundo eje de comparación no trata sobre el recurso, sino sobre qué hace la potencia interviniente con el gobernante depuesto —y con quien lo sustituye. El acercamiento de Reza Shah a la Alemania nazi no fue un giro ideológico repentino, sino una estrategia de equilibrio frente a Gran Bretaña y la Unión Soviética, dos potencias que desde comienzos de siglo se repartían esferas de influencia sobre Persia.
Hacia 1940, Alemania se había convertido en el principal socio comercial iraní —casi la mitad de las importaciones del país procedían de allí—, y cientos de técnicos alemanes participaban en los proyectos de modernización del Sha. A diferencia de Londres y Moscú, Berlín no arrastraba un historial de ocupación directa, lo que lo volvía, a ojos de Reza Shah, un socio menos amenazante para sus ambiciones de recuperar soberanía sobre el petróleo que Gran Bretaña controlaba desde 1914. A esa lógica utilitaria se sumó una vanidad ideológica, pues según historiadores iraníes el régimen se sintió halagado por la retórica nazi sobre la superioridad aria, al punto de que el cambio de nombre del país, de Persia a Irán en 1935, quedó asociado a esa narrativa de origen común.
El pretexto que Londres y Moscú esgrimieron en 1941 fue la negativa del Sha a expulsar a los técnicos alemanes; el motivo real era otro. Ambas potencias, ya aliadas tras la invasión alemana a la URSS, temían que un avance del Eje por el Cáucaso no se detuviera en la frontera iraní, y necesitaban con urgencia el Ferrocarril Transiraní para abastecer al frente soviético —además de proteger, una vez más, los yacimientos petroleros bajo control británico. El 16 de agosto de 1941 entregaron un ultimátum exigiendo la expulsión del personal alemán; ante la negativa persa, invadieron el país diez días después con una fuerza soviética de unos 400.000 hombres avanzando desde el Cáucaso y tropas británicas desde Irak. La resistencia iraní colapsó en cuestión de días.
El 11 de septiembre, el enviado británico Sir Reader Bullard exigió al primer ministro iraní la abdicación de Reza Shah en favor de su hijo Mohammad Reza Pahlavi, considerado favorable a Londres. Cinco días después, el 16 de septiembre de 1941, el Sha abdicó y fue enviado al exilio —primero a Mauricio, luego a Johannesburgo, donde murió en 1944 sin ser jamás procesado—, mientras su hijo de 21 años ascendía al trono bajo tutela aliada. Los aliados no desmontaron la monarquía ni instalaron una administración directa, prefirieron mantener una fachada de continuidad institucional mientras el control real sobre el recurso estratégico permanecía firmemente en manos extranjeras.
La historiografía más reciente matiza el relato oficial de la época y señala que Reza Shah fue, ante todo, un nacionalista autoritario jugando a equilibrar potencias, y la amenaza de una “quinta columna” alemana probablemente fue exagerada frente a los objetivos estratégicos reales de los aliados, que eran ante todo el corredor de suministro y los yacimientos petroleros bajo control británico.
El paralelismo venezolano: la captura y la sucesora
El 3 de enero de 2026, un operativo militar estadounidense capturó a Nicolás Maduro. A diferencia del caso persa, aquí no hubo invasión de un territorio completo ni ocupación militar sostenida —el instrumento fue una operación dirigida contra el jefe de Estado—, pero el resultado estructural es análogo, pues Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, asumió la presidencia encargada, respaldada de inmediato por Washington como interlocutora principal. El paralelo con Mohammad Reza Pahlavi no es forzado, dado que en ambos casos la potencia interviniente evitó el vacío de poder y el desmantelamiento institucional completo, prefiriendo dejar en el cargo a una figura de continuidad —el hijo del monarca depuesto, la vicepresidenta del gobierno depuesto— cuya legitimidad interna es limitada pero cuya utilidad para gestionar el poder, la estabilidad y garantizar el flujo de crudo es alta.
Las negociaciones posteriores se desarrollaron dentro de un plan diseñado por Estados Unidos, estructurado en tres etapas —estabilización, recuperación y transición política—, un esquema que institucionaliza, con nombre y apellido, lo que en Persia se hizo de manera menos explícita en 1941. Washington impulsó además modificaciones a las leyes petrolera y minera venezolanas para facilitar la participación privada, flexibilizó parcialmente las sanciones y asumió un papel central en la administración de los ingresos generados por la venta del petróleo.
La pregunta abierta: ¿hay un Mossadegh venezolano en el horizonte?
El precedente iraní no terminó con el hijo instalado en el trono ni con el acuerdo petrolero que lo sostuvo durante una década. Terminó en una reacción nacionalista que, aunque derrotada en 1953 —cuando Mossadegh nacionalizó la AIOC y Londres respondió con un boicot internacional hasta que Washington y Londres orquestaron su derrocamiento mediante la Operación Ajax—, dejó una herida que reapareció con fuerza mucho mayor en 1979.
La pregunta que el caso persa obliga a formular sobre Venezuela no es si el actual arreglo con Delcy Rodríguez es sostenible en lo inmediato —los primeros meses sugieren que sí, con el propio Trump elogiando públicamente su gestión—, sino qué fuerza política, dentro o fuera del chavismo, puede eventualmente capitalizar el descontento que ya generan las cesiones petroleras. Dentro del propio chavismo hay sectores que califican el acuerdo como “la mayor traición petrolera de la historia”, una frase que no sería ajena al vocabulario con el que la prensa iraní describió el convenio de 1933 que sostuvo a la AIOC durante los años del joven Sha.
Dos ejes, una misma doctrina
Lo que ambos episodios comparten, en el fondo, no es solo la mecánica del control corporativo ni la fórmula de la sucesión dócil, sino la doctrina que los justifica, la cual se basa en que el petróleo dejó de tratarse como una mercancía sujeta a las reglas ordinarias del mercado en el momento en que una potencia decidió que su suministro era un asunto de seguridad nacional. Churchill lo dijo sin rodeos en 1913 al hablar de “fuentes de suministro confiables” para la Royal Navy; hoy el lenguaje de Washington sobre Venezuela —corredores de suministro estratégico, arquitectura de seguridad hemisférica, supervisión directa del gabinete de Caracas— es la traducción contemporánea del mismo principio.
La diferencia decisiva —y la que explica porqué la intervención estadounidense en Venezuela “va más allá” del precedente iraní— es que en Persia ambos procesos estuvieron separados por casi tres décadas y ejecutados por una potencia formalmente distinta en cada caso. El control corporativo del petróleo lo construyó Gran Bretaña en 1914; la sustitución del gobernante, una coalición anglo-soviética en 1941. En Venezuela, es un mismo actor —Estados Unidos— quien diseña simultáneamente la arquitectura corporativa sobre el recurso (Nabep) y la arquitectura política de la nación con Delcy Rodríguez, lo que sugiere una influencia sobre el aparato estatal más profunda y más rápida que la ejercida sobre Persia en 1941. Si el patrón histórico se repite, la lección de Abadán es que ese tipo de control, precisamente por su profundidad, tiende a generar el tipo de reacción nacionalista que termina por desbordarlo.
Sin embargo, hoy en Venezuela ninguna fuerza política parece encarnar ese pensamiento nacionalista con fuerza. En la oposición venezolana han existido apoyos al acuerdo y a la intervención estadounidense del país y los cuestionamientos no son por la presencia e influencia estadounidense, se deben principalmente a que Washington ha elegido a Delcy Rodríguez como interlocutora y no a María Corina Machado o a otra figura de la oposición.
Teherán y Caracas nunca se conocieron. Están separadas por un océano, por una cultura y por más de un siglo de historia. Pero hay algo que las une y es el petróleo.
En Teherán, el petróleo convirtió a Persia en un territorio demasiado importante para quedar al margen de las grandes potencias. Primero llegó la compañía extranjera. Después, el Estado decidió que aquel recurso era demasiado estratégico para dejarlo únicamente en manos privadas. Vinieron los acuerdos, los vetos, las intervenciones, los cambios de gobierno y, finalmente, la nacionalización.
En Caracas, la historia parece comenzar de nuevo, aunque con otros nombres y en otro siglo. El petróleo vuelve a ser mucho más que una mercancía, ya que vuelve a ser una cuestión de poder. Una compañía se convierte en instrumento de una estrategia nacional, mientras una potencia extranjera participa simultáneamente en la reorganización del sector energético y en la arquitectura política del país.
Teherán y Caracas nunca se conocieron. Pero sus etapas petroleras parecen haberse encontrado en el mismo campo de batalla.
Y para entender hacia dónde puede dirigirse Venezuela, quizá haya que mirar primero hacia atrás, hasta las calles de una ciudad que jamás estuvo en el mismo continente, pero que ya recorrió buena parte del camino que Caracas comienza a transitar.
