El nuevo escenario configura un país que ha cambiado su dependencia de anteriores potencias aliadas por un nuevo vínculo pragmático con el gobierno de Donald Trump. | Imagen: Ministerio de Hidrocarburos.
Guacamaya, 04 de septiembre de 2026. El anunciado «pacto petrolero del siglo» entre la administración de Donald Trump y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha sacudido la opinión pública nacional. Tras conocerse la noticia el pasado 28 de agosto desde Washington, el asunto se ha transformado en una compleja arquitectura de negocios, concesiones de larga duración y contradicciones narrativas no solo en el oficialismo, sino en sus tradicionales adversarios.
A medida que se revelan los detalles contractuales, la incorporación del polémico empresario venezolano Alejandro Betancourt como pieza operativa central y la tibia respuesta de una dirigencia opositora tradicional, que parece temer la confrontación con su principal aliado del norte, configuran un panorama de desconcierto en la población y realineamientos pragmáticos en la política interior y exterior.
Las conocido hasta ahora de un acuerdo sin precedentes
Confirmado oficialmente entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, el convenio binacional concede a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP), propiedad de Alejandro Betancourt registrada en Barbados en 2024, el derecho exclusivo de explotar 17 campos estratégicos en la Faja Petrolífera del Orinoco y la cuenca del Lago de Maracaibo.
Estos yacimientos albergan aproximadamente 65.000 millones de barriles de crudo de reservas probadas, lo que equivale a poco más de una quinta parte del patrimonio petrolero de Venezuela. La estructura financiera y corporativa develada por la Casa Blanca desafía cualquier precedente histórico nacional.
El acuerdo establece un plazo de explotación de 100 años (aunque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo ha limitado discursivamente a un período base de 25 años prorrogables). A cambio del acuerdo y «sin costo alguno para el contribuyente estadounidense», la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono recibe una participación del 35 % en la matriz de NABEP.
Además, el gobierno estadounidense tendrá capacidad de veto sobre la junta directiva de la compañía —cuya mayoría de miembros deberán ser ciudadanos estadounidenses— y el contrato quedará sujeto exclusivamente a las leyes y tribunales federales de Estados Unidos.
A su vez, el Departamento de Estado de Estados Unidos tendrá el derecho garantizado de comprar el 20 % de la producción a precio de costo para rellenar su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés), contando además con el derecho de primera opción de compra sobre el 80 % restante.
Por último, NABEP ha anunciado un plan de inversión privada de hasta 100.000 millones de dólares para recuperar la afectada infraestructura venezolana y proyecta pagar más de 209.000 millones de dólares en regalías e impuestos al fisco nacional durante los primeros 25 años.
Alejandro Betancourt: El polémico empresario en el centro del negocio
La designación de Alejandro Betancourt López, de 46 años, como director ejecutivo y principal accionista de NABEP es el punto más inflamable de la controversia. Betancourt llegó a incluirse por la opinión pública en los denominados «bolichicos», un grupo de jóvenes de familias acomodadas que amasaron fortunas vertiginosas durante la presidencia de Hugo Chávez.
A través de su empresa Derwick Associates, fundada en 2009, Betancourt habría obtenido 12 contratos multimillonarios de Corpoelec y Pdvsa para importar plantas generadoras de electricidad durante la emergencia energética. Los efectos, sin embargo, habrían heredado al país una crisis de apagones crónicos que aún hoy paraliza la productividad nacional.
Investigaciones independientes de Transparencia Venezuela y el Proyecto de Información sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) determinaron que el gobierno pagó un sobreprecio estimado del 138% (más de 2.900 millones de dólares) por equipos sobrefacturados que solo llegaron a producir el 20% de la energía prometida.
Pese a este historial, y a enfrentar desde 2019 procesos judiciales penales abiertos por la Fiscalía de Zúrich (Suiza) y en la Audiencia Nacional de España por presunto blanqueo de capitales procedentes de Pdvsa, Betancourt nunca ha sido formalmente imputado en ningún tribunal.
En mayo de 2026, la justicia de Zúrich retiró de manera abrupta la solicitud de extradición que mantenía sobre el empresario en el Reino Unido tras una discreta pero intensa intervención de los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos ante las autoridades suizas y británicas.
Posteriormente, en junio, Washington emitió un visado de entradas múltiples que le permitió viajar libremente a Palm Beach y Caracas para cerrar el ahora conocido trato petrolero.
Una oposición moderada y tímida de antagonizar con el Norte
La reacción de la oposición tradicional venezolana ante un acuerdo que pone a disposición el control operativo de una quinta parte de las reservas patrias a una potencia extranjera ha sido notablemente moderada, tímida y fragmentada. Acostumbrados por décadas a combatir ferozmente cada decisión del Ejecutivo, los principales liderazgos parecen haber caído en una especie de shock.
Analistas, como el economista e investigador Francisco Rodríguez, apuntan a que la participación directa de Washington en el sostenimiento institucional del interinato de Delcy Rodríguez ha convertido a Venezuela en un protectorado de facto. Como son los estadounidenses quienes determinan la viabilidad del poder en Caracas, ningún político local aspira a enemistarse con la administración de Donald Trump.
Por un lado, María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, mantuvo un prolongado silencio antes de publicar un video en redes sociales el 3 de septiembre. Si bien expresó sentir «tristeza, rabia y ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros», evitó oponerse frontalmente al acuerdo.
En su lugar, la dirigente enfocó sus reclamos hacia las exigencias de transparencia y licitaciones competitivas. «Por supuesto que los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico, pero los enemigos de Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores. Ganar-ganar requiere trabajar de forma sostenida bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia», apuntó.
Mientras tanto, Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial respaldado por Machado, lanzó una advertencia sobre la distribución de la renta petrolera. «¿Esta vez el petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos? ¿O solo la de algunos? La recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir», dijo a través de X.
Por otra parte, partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) compartieron comunicados separados. Acción Democrática, por un lado, manifestó su «profunda preocupación» ante el acuerdo, mientras que Primero Justicia pidió «transparencia y mayor información».
Desde los sectores más moderados, también hubo críticas directas al pacto, aunque señalando propiamente al Gobierno. El diputado Henrique Capriles (Unión y Cambio) fustigó la opacidad cambiaria y de recursos. «Los venezolanos no tenemos ninguna confianza en quienes administran la hacienda pública y la única manera de que eso cambie es que gente nueva y sin vicios asuma dicha administración», expuso a través de redes sociales.
Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del 1 de septiembre, convocada para respaldar el Convenio Energético Binacional, la bancada opositora optó por abstenerse de votar a favor de la alianza energética. El diputado Luis Emilio Rondón, en representación del Grupo Parlamentario Libertad, argumentó el descontento técnico sin romper lanzas contra el gobierno de Trump.
«No estamos en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, no podemos suscribir un acuerdo que no conocemos… tenemos la necesidad de saber los vericuetos del contrato», señaló Rondón durante la sesión parlamentaria.
La única voz de peso netamente favorable de este sector fue la de Antonio Ecarri, quien defendió abiertamente la articulación comercial con Washington. «Venezuela necesita inversión estadounidense, y nuestro objetivo es claro: reintegrar plenamente nuestro país en el Hemisferio Occidental y construir una nueva era de cooperación económica, inversión y prosperidad».
La única voz de peso netamente favorable de este sector fue la de Antonio Ecarri, quien defendió abiertamente la articulación comercial con Washington. «Venezuela necesita inversión estadounidense, y nuestro objetivo es claro: reintegrar plenamente nuestro país en el Hemisferio Occidental y construir una nueva era de cooperación económica, inversión y prosperidad», señaló a través de X.
La timidez de las élites contrasta con el descontento de las bases sociales. El 3 de septiembre, miembros de la Coalición Sindical intentaron marchar de forma pacífica hacia el Hotel Marriott de Caracas, donde se hospeda la misión diplomática de Estados Unidos, en franco rechazo al acuerdo. La movilización, sin embargo, fue duramente bloqueada e impedida por funcionarios de Polichacao.
El abogado del grupo sindical, Fernando Giménez, resumió vehemente lo que argumentó como la percepción ciudadana de la entrega del recurso natural. «Nosotros queremos que se llevaran a los chavistas y nos dejaran el petróleo. Ellos lo que están haciendo es llevarse el petróleo y nos están dejando a los chavistas», expuso en medio de la manifestación.
Los expertos lideran las principales voces críticas
Ante el silencio y la cautela de las cúpulas partidistas, la principal vocería crítica y fiscalizadora ha recaído sobre los hombros de economistas, analistas y líderes de opinión pública.
Francisco Rodríguez, economista e investigador del Center for Economic and Policy Research, ha liderado el desmontaje técnico y legal del acuerdo, al calificarlo de descaradamente inconstitucional a la luz del artículo 150 de la Constitución Nacional. El economista ha equiparado las concesiones de 100 años a las peores prácticas de entrega soberana del siglo pasado.
«Las concesiones de 100 años concedidas por el gobierno venezolano a North American Blue Energy Partners son el doble de largas que las concesiones más largas concedidas por el país desde el inicio de la exploración petrolera… Venezuela empieza a enviar petróleo a precio de costa para reponer la Reserva Estratégica de Estados Unidos antes de recibir ni un céntimo del acuerdo petrolero de Trump».
El economista agregó: «Durante los últimos 25 años, Venezuela entregó a Cuba 640 millones de barriles de petróleo mediante ventas por debajo del precio de mercado. Durante los próximos 25 años, Venezuela cederá a Estados Unidos 2.100 millones de barriles de petróleo mediante ventas a precio de coste».
Rodríguez también develó que, bajo estas condiciones preferenciales, NABEP obtendrá beneficios totales de 305.000 millones de dólares, equivalentes a casi tres años del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela.
Por su parte, el economista Alejandro Grisanti, director y socio fundador de Ecoanalítica, advirtió sobre los peligros de transitar del monopolio de un Estado ineficiente a la formación de una descomunal oligarquía de intereses privados nacionales. «Si el 65 % restante permanece concentrado en manos de un solo propietario, estaríamos hablando, bajo estos supuestos, de una participación que eventualmente podría valer US$36-53 mil millones», advirtió en X.
Grisante agregó que tal escenario «colocaría potencialmente a una sola persona entre las mayores fortunas de América Latina y al frente de una compañía que podría producir cerca del 50 % del petróleo venezolano». «No deberíamos sustituir la concentración de poder del Estado por una extraordinaria concentración de poder económico privado alrededor de nuestro principal recurso natural», dijo en X.
El también economista y profesor y directivo de investigación de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, arremetió de forma directa contra el secretario Rubio por pactar la entrega de activos a costa de la legalidad institucional venezolana, abordando así el campo ético y de transición política. «Secretario Marco Rubio: Acaban de perder toda la confianza que los venezolanos habían tenido en ustedes, y eso les perseguirá. Optaste por usar el poder estadounidense, no para liberar venezolanos, sino para acostarte con nuestros opresores», señaló.
En su fuerte mensaje, Haussmann añadió contra Rubio: «Optaste por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno opresor ilegítimo, en lugar de usar el liderazgo estadounidense para restablecer primero el gobierno constitucional y la democracia… No es de extrañar que estés usando criminales buscados —como Alejandro Betancourt— para cerrar este vergonzoso acuerdo».
Finalmente, el abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Juan Carlos Apitz, deconstruyó el verdadero significado de la cesión del 35% accionario al Pentágono: «El 35% de EEUU en NABEP no es una posición económica. Aceptaron erosionar el valor de su propia participación con tal de asegurar los barriles. Esa permuta solo tiene sentido si los dividendos nunca fueron el objetivo. Es una posición de control. China puso dinero y recibe dividendos. Estados Unidos no puso dinero y recibe control».
La paradoja oficialista: Discurso de soberanía ante la «traición» interna
Para el oficialismo, el pacto petrolero ha obligado a archivar décadas de retórica antiimperialista y consignas como el «Yankee Go Home». Tanto la mandataria Delcy Rodríguez como la dirección nacional del PSUV han cerrado filas para justificar el acuerdo bajo premisas pragmáticas de «reactivación económica» y «bienestar nacional».
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, incluso defendió el rol de Betancourt, al calificar las investigaciones periodísticas de juicios mediáticos desprovistos de sustento legal. «En Venezuela fue sobreseído hace años y no tiene causa en Estados Unidos. (…) Muchas veces una persona es juzgada antes en los medios que en los tribunales», expresó ante medios locales y extranjeros.
Por su parte, su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ratificó la legalidad de los contratos basados en la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP) previstos en la reformada Ley de Hidrocarburos. «Lo que viene es producción petrolera a unos niveles nunca vistos y a los que utilicen uno de esos dólares para robárselo, figurativamente, se les vamos a quemar las manos y los vamos a meter en la cárcel», destacó en sesión legislativa.
No obstante, las fracturas dentro de la base chavista y sus sectores históricos son inocultables. El exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, hoy exiliado, fustigó duramente la transacción. «Ciertamente pasará a la historia por entreguista y por abrir las puertas al nuevo colonialismo de los EEUU. Un acuerdo de espaldas al país, evidentemente inconstitucional, que cede el control del territorio y del petróleo a una potencia extranjera», dijo en X.
De igual forma, la histórica diputada chavista, Iris Varela, advirtió que el pacto se suscribe bajo una coacción directa generada por el «secuestro» de Nicolás Maduro en prisiones neoyorquinas. En el plano legislativo, el exdiputado oficialista William Rodríguez tildó la entrega de los yacimientos de la Faja del Orinoco como «la mayor traición petrolera de la historia».
La postura de Washington: Negocios por encima de la idealización
Desde la Casa Blanca, la defensa del pacto ha sido pragmática y sin matices morales. Donald Trump ha celebrado lo que considera el mayor triunfo energético de su mandato, al señalar que las reservas de la Faja eran un valor que estaba «dormido» y que ahora Estados Unidos «va a quedarse con todo eso», aunque no haya un aval oficial que lo confirme.
El secretario de Estado, Marco Rubio, artífice de la aproximación, ha minimizado los cuestionamientos hacia Betancourt. En una entrevista con el periodista venezolano, Sergio Novelli, Rubio defendió el rol de NABEP por su capacidad real de refinación y producción en el occidente venezolano.
«No existía ninguna investigación dentro de nuestro sistema (en contra de Betancourt). Es un individuo que apoyó mucho, por ejemplo, durante la época de Juan Guaidó y quedó en un lugar muy malo con Maduro porque se supo que él estaba apoyando a elementos de la oposición en aquel 2019», expresó.
Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, quien viajó a Caracas el 2 de septiembre para supervisar la ampliación de operaciones de Chevron y la modernización de la red eléctrica por GE Vernova, definió a Betancourt de manera llana: «Ha demostrado ser un operador muy competente… Alejandro tuvo ciertos conflictos con el régimen anterior… lo que hizo que apareciera en las noticias».
Frente a las críticas éticas de la prensa norteamericana, un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense zanjó la discusión bajo condición de anonimato. «No estoy pidiendo la canonización de nadie. Solo digo que esta es una persona que en el pasado ha sido útil al gobierno de Estados Unidos. La geopolítica, con frecuencia, no va de elegir entre lo ideal y lo imperfecto. A menudo se trata de decidir cuál es el mejor resultado, y tienes que trabajar con lo que hay».
Pragmatismo en conveniencia de ambos gobiernos
Para el gobierno de Rodríguez, la alianza con Washington y la incorporación de un operador con puentes directos hacia los pasillos republicanos como Alejandro Betancourt representan un salvavidas de supervivencia financiera y blindaje frente a la persecución internacional.
Para la administración de Trump, apremiada por reponer sus mermadas reservas energéticas en medio de una escalada bélica en el estrecho de Ormuz, la toma de control de los hidrocarburos venezolanos a precio de costo es un triunfo en favor de la campaña electoral y estratégico redondo en el marco de la Doctrina Monroe.
Al transar con un gobierno no electo y marginar de las decisiones estratégicas al Parlamento, la administración estadounidense envía la perturbadora señal al país de que el flujo de barriles estables y baratos de crudo parece ser un objetivo prioritario que ha desplazado las históricas exigencias de elecciones libres y democratización.
En consecuencia, la gran perdedora de este replanteamiento de fuerzas parece ser la institucionalidad democrática venezolana o, al menos, sus defensores narrativos. La timidez de las principales fuerzas partidistas locales revela el alto costo político de la dependencia externa: en la Venezuela tutelada de 2026, la soberanía nacional es un concepto maleable que se define y se cobra en las oficinas de Washington.
