¿Se privatiza el Sistema Eléctrico? Los alcances y desafíos de la nueva Ley

A pesar de estos avances legislativos y acuerdos con empresas internacionales como GE Vernova, la ejecución de obras de infraestructura se ha visto frenada por retrasos en los pagos gubernamentales. Fotografía: Página web de la Asamblea Nacional

Guacamaya, 11 de noviembre de 2026.  En una sesión ordinaria marcada por la celeridad del tramo final, la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó por unanimidad la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. El instrumento legal, que consta de 119 artículos, abre formalmente el sector eléctrico al capital privado y extranjero, lo que pone fin a casi 20 años de monopolio y centralización estatal.

La aprobación de esta legislación representa el viraje regulatorio más significativo en la materia desde la ola de estatizaciones de 2007 impulsada por Hugo Chávez —que incluyó la adquisición de la electricidad de Caracas— y la posterior promulgación de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico de 2010, la cual reservó al Estado la totalidad de la cadena de valor energética.

En los últimos meses, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha registrado récords históricos de demanda de hasta 15.579 megavatios (MW), frente a un déficit operativo constante que supera los 2.000 MW. Esta brecha se traduce en racionamientos severos y cortes prolongados que en ocasiones hasta superan las 12 horas en diversos estados del país.

En tanto, el texto legal sancionado se produce en un contexto crítico para la población y la economía venezolana. El déficit energético afecta no solo a las comunidades residenciales, sino también a núcleos de producción petrolera e industrial en la Faja del Orinoco y la cuenca del Lago de Maracaibo.

El trayecto desde el debate hasta la sanción final

El proceso de tramitación parlamentaria de la reforma atravesó distintas etapas políticas y técnicas a lo largo de 2026, lo que la terminó extendiendo por más de cinco meses desde su consignación formal hasta la votación definitiva. El recorrido dio inicio el pasado 2 de junio con la aprobación en primera discusión del proyecto de reforma original de 42 artículos (31 modificaciones y 11 nuevos propuestos).

El proceso de consulta pública dio inicio una semana después, el 10 de junio. en la sede del Ministerio de Energía Eléctrica en San Bernardino, Caracas, en el que se integraron trabajadores del Sistema Eléctrica Nacional, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), gobernadores, alcaldes, ingenieros, mesas técnicas de energía y sectores empresariales.

El arranque de la segunda discusión en la Asamblea Nacional se vio postergado varios meses tras los trágicos eventos telúricos que afectaron diversas infraestructuras del país a mediados de año. Sin embargo, en el inicio del debate artículo por artículo que se dio en plenaria el 22 de octubre, se aprobaron los primeros 13 artículos del proyecto.

Luego de avances en las discusiones, con la inclusión de observaciones técnicas elevadas por parlamentarios de la oposición (Grupo Libertad y Alianza Democrática), el 3 de noviembre se aprobaron 21 modificaciones, epígrafes y supresiones normativas reportadas por la Comisión Permanente de Administración y Servicios presidida por el diputado Pedro Carreño.

El 5 de noviembre, el avance se caracterizó por una reestructuración sustancial, con la aprobación de 70 preceptos normativos hasta el artículo 95, en un texto que derogó 61 artículos de la ley de 2010 e incorporó 65 nuevos. Finalmente, en la cuarta y última jornada de la segunda discusión, este 10 de noviembre, la plenaria completó la revisión del articulado restante y remitió al Ejecutivo Nacional.

Las novedades de la Ley 

En relación a la participación privada y mixta, se declara el servicio público, pero habilita la participación de empresas mixtas (Estado con >50% del capital social) y empresas privadas nacionales o extranjeras en generación y comercialización. Mientras tanto, el Estado mantiene la rectoría exclusiva sobre cuencas hidroeléctricas, la red troncal de transmisión y el despacho nacional.

Las concesiones son otorgadas por el ente ministerial rector en materia de energía eléctrica por hasta 15 años, prorrogables por 15 años y, al finalizar, el Estado opera la reversión gratuita de activos construidos a Corpoelec. Sobre la autogeneración energética, se establece un régimen especial para actividades primarias de hidrocarburos, con despacho prioritario de excedentes al SEN.

Pero uno de los cambios más significativos está en la creación de la Tarifa Técnica de Costo Eficiente, indexada a la moneda de mayor valor publicada por el BCV. Se agrega la discriminación explícita de tarifa, subsidio y monto neto en factura. También habrá una Superintendencia del SEN encargada de calcular tarifas, emitir habilitaciones, supervisar la calidad del servicio y aplicar sanciones administrativas.

La ley endurece de forma severa el catálogo de penalizaciones pecuniarias y administrativas. Para autogeneradores e industriales hay multas de 1.000 a 10.000 veces la moneda de mayor valor del BCV en caso de negar suministro durante estados de emergencia. Los propietarios de plantas superiores a 2 MW que nieguen apoyo en estados de excepción sufrirán la revocatoria directa de su habilitación.

Para usuarios generales, faltas como conexiones no autorizadas, alteración de medidores o reventa de energía serán sancionadas con multas que oscilan entre 50 y 50.000 veces el tipo de cambio oficial. Además, se establecen penas de prisión de 4 a 8 años para quien ocasione intencionalmente la interrupción del servicio, y 1 a 5 años de prisión para comercios e industrias que alteren o manipulen medidores.

La narrativa oficial en defensa de la ampliación

Tras la sanción de la norma, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció declaraciones a los medios en el Palacio Federal Legislativo para fijar la postura del bloque oficialista y responder a los cuestionamientos sobre una eventual privatización. “La ley no promueve en modo alguno la privatización del Sistema Eléctrico Nacional”, apuntó.

El jefe del Parlamento aseveró que con los avances legislativos se está logrando es “la ampliación de la prestación del servicio”. “El Estado mantiene la obligación permanente de garantizar el servicio a la población y a las zonas vulnerables, pero se abre el espacio para que el privado genere, autogenere o importe electricidad para los grandes consumidores, como industrias y centros comerciales”, agregó.

Rodríguez recordó que en 2007 la nacionalización de la Electricidad de Caracas no constituyó un despojo, sino una “transacción comercial de compra a sectores privados conocidos”. Asimismo, enfatizó que la creación de la Superintendencia garantizará la fiscalización contra ofertas engañosas y fallas del servicio, mientras que la indexación tarifaria permitirá la autosustentabilidad sin descuidar el subsidio.

La mirada crítica que analiza la reforma

Frente al entusiasmo gubernamental, voceros políticos y expertos en políticas públicas y derecho administrativo han expresado serias reservas sobre la eficacia real del texto legal sancionado.

Jesús Armas, ingeniero industrial, dirigente político y director de la organización Monitor Ciudad, cuestionó con dureza el planteamiento de la ley a través de su cuenta en la red X. “Rodríguez dice que no promueve la privatización, pero aunque reconocen el fracaso del modelo centralista, no sueltan el control. El Ministerio se convierte en una alcabala y Corpoelec seguirá intacto”, sostuvo.

A juicio del especialista, la ley configura un esquema donde el Ejecutivo actúa como juez y parte al nombrar al superintendente regulador, fijar las tarifas, otorgar discrecionalmente las concesiones y compite directamente con los privados a través de su propia empresa, Corpoelec. “Con esas reglas no llega la inversión seria; llega la que tiene padrinos, es decir, los enchufados”, expresó.

Por su parte, José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista, consultor en riesgo regulatorio y profesor universitario, ofreció un análisis técnico a través de sus canales digitales sobre el texto sancionado. Hernández reconoció que la ley sancionada representa una mejora sustancial, al destacar como un acierto la regulación de la autogeneración para aliviar las restricciones de suministro.

Sin embargo, el jurista enfatizó que la ley padece de una falla de diagnóstico estructural. “La ley no introduce ninguna medida estructural que mejore la gobernanza ni que permita estabilizar el sistema a través de contratos de operación eficaces. Por ello, más allá de ser una medida paliativa, la nueva ley no prevé instrumentos que en el corto plazo logren estabilizar el sector”, agregó. 

El choque con la realidad: la brecha financiera

El debate legislativo contrasta drásticamente con las cifras de la crisis eléctrica. De acuerdo con proyecciones de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM) y consultoras del sector energético, la recuperación integral del SEN exige una inversión mínima de entre 24.000 y 40.000 millones de dólares, articulada en un plan maestro de reconstrucción a 10 años.

La viabilidad práctica del nuevo marco legal encuentra su primer gran obstáculo en el caso de la corporación estadounidense GE Vernova Inc. En septiembre de 2026, la firma firmó una alianza estratégica con Corpoelec y Pdvsa para la rehabilitación de subestaciones, red de transmisión y parques de generación térmica en el país, acuerdo concretado tras la visita a Caracas del secretario de Energía, Chris Wright.

Posteriormente, en octubre, Carlos Mousadi, presidente de GE Vernova Venezuela, reveló tras enviar una misión de técnicos e ingenieros a las plantas venezolanas que la condición de las turbinas y subestaciones es “bastante precaria” debido a la imposibilidad de ejecutar mantenimientos bajo estándares de los fabricantes durante años, valorando no obstante la capacidad del personal local.

Sin embargo, la ejecución física de las obras quedó paralizada. El CEO global de GE Vernova, Scott Strazik, confirmó públicamente a la agencia Bloomberg que las reparaciones en Venezuela se encuentran congeladas a la espera de pagos. “A pesar de haber seleccionado a los contratistas y concluido la ingeniería y planificación, este no es un entorno de mercado en el que vayamos a actuar sin recibir el pago antes de comenzar a realizar el trabajo”, dijo.

De este modo, las demoras en la reestructuración de los mecanismos de pago de la administración encargada de Delcy Rodríguez han frenado el inicio de los contratos individuales de reparación, lo que demuestra que la sola promulgación de leyes no garantiza el flujo de capitales si no existen liquidaciones financieras oportunas.

Las encrucijadas de la reforma ante el déficit

La sanción de la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico marca un punto de no retorno en la política económica del parlamento venezolano. Ante la incapacidad fiscal del Estado para financiar la reconstrucción del SEN, el chavismo ha tenido que ceder pragmáticamente terrenos que mantuvo estatizados durante dos décadas.

Sin embargo, la distancia entre el texto promulgado y su aplicación práctica se anticipa compleja. Con plazos reglamentarios de 180 días para la adscripción del Centro Nacional de Despacho y la promulgación del reglamento general, un año para el fondo de subsidios y dos años para el censo de usuarios, el marco normativo enfrenta el desafío de generar confianza en el mercado.

Para el usuario común y el sector productivo, la incógnita inmediata radica en si las tarifas indexadas y la entrada de autogeneradores privados lograrán detener la ola de apagones que paraliza al país, o si la persistencia del control político y la falta de salvaguardas independientes terminarán por frustrar la prometida modernización del sistema eléctrico nacional.