La iniciativa, respaldada de forma unánime por los parlamentarios, busca recuperar la confianza institucional del órgano judicial y se caracteriza por una ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23 miembros, con mayoría de representación ciudadana. | Foto: Asamblea Nacional.
Guacamaya, 27 de agosto de 2026. Luego de dos semanas del histórico acuerdo entre el Gobierno y la AN 2015, que puso sobre la mesa la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Reforma de la LOTSJ. Este pacto, alcanzado al cierre del primer ciclo de conversaciones, representa un giro importante frente al proceso parcial que el Parlamento venía gestionando de manera unilateral.
El compromiso de las partes implica rediseñar por completo las reglas de juego y reiniciar el proceso desde cero. Sin embargo, la gran interrogante que se cierne sobre la opinión pública no es solo de carácter técnico, sino profundamente político, y se trata de si es posible edificar un Poder Judicial independiente en una sociedad fracturada por la polarización o si se reformará a partir de un reparto de cuotas.
Borrón y cuenta nueva para 32 magistrados
El acuerdo de este ciclo de negociaciones declara implícitamente nulo y “en cero” el procedimiento que la Asamblea Nacional había iniciado previamente entre mayo y junio de 2026. Aquel proceso inicial, que se vio forzado por la jubilación de ocho magistrados afines a la anterior administración de Nicolás Maduro y Cilia Flores, había logrado convocar a 561 aspirantes.
Entre los candidatos del máximo tribunal se encontraban figuras sumamente polémicas y cuestionadas, como la actual rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Acmé Nogal; la abogada sancionada por Estados Unidos, Katherine Harington; y Carolina García Carreño, comisionada de la Gran Misión Cuadrantes de Paz y sobrina del diputado Pedro Carreño.
Ahora, tras el consenso político del 12 de agosto, todo ese “esfuerzo” legislativo ha quedado desestimado. El nuevo esquema no se limitará a llenar las vacantes dejadas por las jubilaciones forzadas, sino que abarcará la selección total de los 32 magistrados, tras una reforma en mayo de este año que elevó el número de plazas desde las 20 que regían anteriormente.
La batalla por el Comité de Postulaciones
La bisagra que determinará la legitimidad de las futuras designaciones es el Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano encargado por mandato constitucional de preseleccionar a los postulados. Históricamente, las leyes orgánicas del TSJ han colocado al comité bajo el control del Parlamento, al establecer una mayoría de diputados en lugar de dar un rol predominante a la sociedad civil.
El nuevo acuerdo busca subvertir esta dinámica mediante una ampliación del Comité de 21 a 23 integrantes, al asegurar por primera vez una mayoría de la sociedad civil. Según los negociadores, la relación de fuerzas se establecería en 12 representantes de la ciudadanía y 11 diputados de la Asamblea Nacional (aunque algunas versiones de la mesa hablan de una relación de 13 a 10).
El abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, enfatiza que, para cumplir con el artículo 270 de la Constitución, el órgano debe estar integrado principalmente por representantes de la sociedad civil, academias y facultades de derecho. Asimismo, constitucionalistas como Ángel Alberto Bellorín señalan que la Carta Magna no menciona la participación de diputados, una “distorsión legalizada” bajo el artículo 65 de la vigente LOTSJ.
En contraste, el comité anterior —juramentado el 19 de mayo— contaba con 21 miembros, de los cuales 11 eran diputados (lo que les otorgaba el control absoluto del quórum) y solo 10 provenían de la sociedad civil. Dicho comité estuvo presidido por el diputado oficialista Giuseppe Alessandrello (PSUV), con la vicepresidencia del diputado opositor Pablo Pérez (Un Nuevo Tiempo).
Desde el lado parlamentario, el Comité también lo integraban los diputados Gloria Castillo (PSUV), Desiree Santos Amaral (PSUV) y María Gabriela Vega (PSUV), Carlos Mogollón (PSUV), Fernando Bastidas (PSUV), José Villarroel (PSUV), Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista), Félix Freites (Fuerza Vecinal) y Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz).
Por su parte, 9 de los 10 representantes de la sociedad civil seleccionados para ese proceso anterior fueron Ana María Alves (economista), Sonia Boyer (abogada), Maribel Bustamante (enfermera y abogada), Gabriela Merchán (abogada), Isabella Pacheco (politóloga), Omar Alzahabi (abogado), Mauro Herrera (médico cardiólogo y urólogo), Reinaldo Rangel (psicólogo y docente) y José Virla (abogado). El décimo nombre no fue dado a conocer.
Para dar viabilidad legal al nuevo mecanismo paritario de 23 miembros, será indispensable que la Asamblea Nacional apruebe una nueva modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ). Precisamente, este jueves 27 de agosto, en lo que representó la cuarta sesión de la AN celebrada luego del doble terremoto de junio, fue aprobado en primera discusión el proyecto de reforma.
El doctor en Derecho Constitucional, Andrés Mora Martínez, ha resaltado que un requisito indispensable es la publicación íntegra de un baremo público de evaluación calibrado en una escala de 1 a 100 puntos. El experto propone exigir una puntuación mínima de 80 puntos para reducir la “discrecionalidad política” y garantizar que se elijan especialistas idóneos en cada materia judicial.
Un candado de “doble filtro” y el consejo de los 7 juristas
Un bloque de más de 20 organizaciones de la sociedad civil —entre ellas Aula Abierta, Civilis, Caleidoscopio Humano y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB— ha exigido formalmente que el proceso vinculante del Comité de Postulaciones Judiciales cuente con el acompañamiento de especialistas nacionales e internacionales y sea objetiva del cumplimiento de los baremos.
Como una de las innovaciones más notables del proceso, los negociadores también habían pactado una especie de “válvula de seguridad” externa para blindar la evaluación técnica de los candidatos. Se trata de la conformación de un consejo integrado por 7 juristas de “altísimo nivel”, entre académicos y exmagistrados. Allí también pudiera contemplarse el acompañamiento extranjero.
Todo lo anterior atendería directamente a las demandas de coaliciones de derechos humanos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Provea, Acceso a la Justicia y CEPAZ. Estas organizaciones han insistido en la urgencia de establecer criterios objetivos y transparentes que sustituyan las prácticas de opacidad que históricamente han facilitado la cooptación partidista del TSJ.
Tiempos legales vs. urgencia política
A pesar de la trascendencia del anuncio político, existe una brecha alarmante entre el discurso de los negociadores y la realidad legislativa. El cronograma informal acordado en la mesa de diálogo tiene como meta política, según voces negociadoras, que los nuevos 32 magistrados sean juramentados en noviembre de 2026, pero no fue sino luego de dos semanas que el punto fue incluido en agenda.
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, ha estimado ante prensa local, que un proceso transparente requiere al menos dos meses. “Si esa reforma va primero… el proceso puede demorarse mucho más”, advierte, dado que requiere lapsos de debate parlamentario. Si la reforma de la Ley no avanza con celeridad, la meta de juramentar a los nuevos magistrados en noviembre se convertirá en mera ilusión.
Para ejecutarse plenamente, el procedimiento incluye el debate y sanción legislativa de la reforma de la LOTSJ, la convocatoria y conformación pública del nuevo Comité de Postulaciones, un lapso de recepción de documentos de candidatos de al menos 30 días y un periodo de entrevistas públicas, publicación del baremo de evaluación y lapsos de impugnación ciudadana.
Viabilidad entre un TSJ “Independiente” y un TSJ “Equilibrado”
La reestructuración del TSJ abre un debate conceptual profundo en el gremio de abogados, la academia y la ciudadanía venezolana: ¿Es posible lograr un TSJ “independiente” (basado en el estricto aferramiento a los principios) o, por otro lado, el país se encamina hacia la conformación de un TSJ “equilibrado” (un pacto de reparto institucional entre polos políticos)?
Un TSJ “independiente” requeriría magistrados cuya única lealtad sea la Constitución y su propia conciencia, inmunes a las presiones del poder. El abogado Juan Berríos, profesor de la Universidad del Zulia (LUZ), argumenta que “es vital que los elegidos sean vistos como independientes de la política; de lo contrario, los ciudadanos no les tendrán confianza”.
Sin embargo, en la práctica, la mesa de diálogo opera bajo un diseño híbrido, sobre un acuerdo político que garantice un TSJ orientado al equilibrio, en el que ambas fuerzas garanticen que ninguna de las facciones usará el poder judicial para la aniquilación política de la otra. Así pues, jueces basados puramente en principios resultarían “incómodos” y de altísima resistencia para el sector oficialista.
Si bien un diseño equilibrado reduce los incentivos de veto en el corto plazo, organizaciones como Transparencia Venezuela alertan sobre su peligro de fondo. Institucionalizar la partidización del tribunal debilitaría la percepción de justicia real de los ciudadanos cuando el tribunal deba pronunciarse sobre controversias electorales o violaciones de derechos humanos de alta sensibilidad.
Por otro lado, la representación de la oposición añade un factor de complejidad adicional al proceso. La oposición que negocia debe lograr canales de consulta reales para evitar el canibalismo por cuotas de candidaturas de facciones en el canje de magistraturas. Por ello, paradójicamente, debe mantener una disciplina monolítica en torno al baremo técnico y la honorabilidad académica.
La delegación de la AN-2015, compuesta solo por PJ y VP, debe superar el obstáculo de legitimarse ante las alas excluidas. María Corina Machado evaluará el proceso estrictamente por “resultados concretos”, mientras que los vigentes diputados adversarios al Gobierno encaran el desafío de legislar la reforma, designar el nuevo Comité y aprobar los próximos magistrados.
Con una mayoría civil formal en el Comité de 23 integrantes, los partidos opositores deben ser celosos en velar que la selección de esos representantes de la sociedad civil sea transparente. Con protestas de sectores sindicales en Caracas que exigen transparencia y la inclusión de demandas sociales —como la liberación de los presos políticos—, evidencian la legitimidad del TSJ también debe guiarse por el mérito.
