Azruddin Mohamed, candidato presidencial en Guyana. Fotografía: redes sociales
Guacamaya, 1 de julio de 2025. El candidato presidencial guyanés Azruddin Mohamed negó categóricamente tener vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que el congresista estadounidense Carlos A. Giménez lo calificara como un “títere pro-Maduro”. La acusación, según Mohamed, fue promovida por una firma de lobby contratada por el gobierno de Guyana, lo que ha desatado una tormenta política sobre el uso de fondos públicos para influir en legisladores extranjeros y desacreditar a un contendiente electoral. El trasfondo: la creciente tensión regional en torno al territorio del Esequibo.
La contienda electoral en Guyana ha escalado a un nuevo nivel de confrontación internacional. El candidato presidencial Azruddin Mohamed acusó al gobierno del Partido Progresista del Pueblo (PPP) de orquestar una campaña de difamación en su contra mediante el uso de una firma de lobby estadounidense, con el objetivo de retratarlo falsamente como un agente del régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Mohamed, sancionado en junio de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por presunta evasión de impuestos relacionados con el comercio de oro, sostiene que las recientes acusaciones de ser un “títere pro-Maduro” no solo son infundadas, sino peligrosas para su seguridad y la de su familia.
“El Gobierno de Guyana ha utilizado fondos de los contribuyentes para pagar a una firma de cabildeo extranjera con el propósito de atacarme. Esto no es política exterior, es una persecución política internacional”, afirmó Mohamed en un comunicado, en el que señaló que evalúa acciones legales contra el Estado.
¿Cuál es el papel de la firma Continental Strategy?
Según documentación presentada bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos (FARA), la firma Continental Strategy LLC, contratada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana por $50.000 mensuales, habría enviado información y borradores de tuits al congresista republicano Carlos A. Giménez. En dichos mensajes, Mohamed era vinculado con la influencia venezolana y señalado como una amenaza para la democracia.
Giménez, representante del 28.º distrito de Florida, publicó en Twitter que la postulación de Mohamed constituía un intento del “régimen de Maduro” de socavar la democracia en el hemisferio occidental. Hasta el momento, la oficina del congresista no ha presentado pruebas que sustenten tales afirmaciones.
El contrato original con la firma de lobby, firmado el 13 de diciembre de 2024, tenía una duración de seis meses y, según el ministro de Asuntos Exteriores Hugh Todd, no está claro si fue renovado. El documento establecía como funciones principales promover la inversión en EE.UU., apoyar reformas del sistema financiero y mejorar la imagen internacional del país, pero no contempla campañas políticas ni declaraciones públicas contra opositores.
El trasfondo: el Esequibo en disputa
Esta controversia se produce en un contexto de fuerte tensión geopolítica entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo, un extenso territorio rico en recursos naturales que ha sido objeto de disputa durante más de un siglo. Venezuela reclama soberanía sobre el área, basándose en argumentos históricos y en la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, mientras Guyana defiende la validez de ese laudo y mantiene control administrativo sobre el territorio.
Mohamed, por su parte, ha sido enfático en rechazar cualquier afinidad con Caracas: “Mi padre nació en el Esequibo. Nunca traicionaría la tierra donde están mis raíces. Siempre he defendido y defenderé la soberanía de Guyana”, declaró.
El reclamo de Venezuela sobre la región del Esequibo se basa en la afirmación de que el Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó el territorio a la entonces Guayana Británica, es nulo por haber sido producto de un arreglo entre potencias coloniales sin la participación efectiva de Venezuela. En 1962, Venezuela presentó formalmente su objeción ante la ONU, y en 1966 firmó con el Reino Unido y Guyana el Acuerdo de Ginebra, que reconoce que la disputa no ha sido resuelta y establece mecanismos para una solución pacífica.
Desde entonces, Venezuela ha sostenido que el territorio —de unos 160.000 km², rico en minerales, petróleo y biodiversidad— le pertenece históricamente. Guyana, por su parte, defiende que el laudo es vinculante y que ejerce soberanía plena y continua sobre la región.
En 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aceptó su competencia para juzgar el caso, a pesar del rechazo de Caracas a ese proceso. Actualmente, la CIJ evalúa los méritos del reclamo venezolano, pero no ha emitido aún un fallo definitivo. En resumen: el reclamo de Venezuela tiene una base histórica reconocida por el Acuerdo de Ginebra.
La denuncia de Mohamed plantea interrogantes sobre el uso de recursos estatales con fines electorales. Mientras que el gobierno del PPP insiste en que su accionar busca proteger los intereses del país ante actores sancionados y potencialmente vinculados a estructuras internacionales opacas, la oposición denuncia un patrón preocupante de instrumentalización de la política exterior y los canales diplomáticos para silenciar rivales internos.
El caso también subraya cómo las disputas locales en América Latina y el Caribe pueden escalar rápidamente hacia escenarios de tensión hemisférica, en especial cuando se entrelazan con conflictos territoriales históricos y actores influyentes del escenario político estadounidense.
Llamado a la vigilancia ciudadana
Mohamed concluyó su declaración con un mensaje dirigido a todos los guyaneses: “Si pueden hacerme esto a mí, pueden hacérnoslo a cualquiera. No debemos permitir que este peligroso precedente se mantenga. El 1 de septiembre tenemos la oportunidad de elegir un camino distinto”.
En los próximos meses, la campaña electoral en Guyana se verá marcada no solo por temas domésticos como la economía y la corrupción, sino también por la sombra del conflicto regional y el papel cada vez más polémico de actores internacionales en la política nacional