El instrumento legislativo plantea una reingeniería del citado servicio básico para superar sus limitaciones estructurales mediante una apertura controlada que también permite autogeneración independiente. | Fotografía: Asamblea Nacional.
Guacamaya, 03 de junio de 2026. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes, en primera discusión y por unanimidad, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. El instrumento, al que también se le otorgó carácter orgánico, busca una “reingeniería institucional” que permita al Estado captar capital privado, por primera vez en más de 15 años, aunque sin ceder el control estratégico del sector.
El proyecto fue presentado por el diputado oficialista Orlando Miranda, miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios. El parlamentario planteó, bajo iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, una diversificación de los actores en la cadena del servicio, que contempla la generación, transmisión, distribución y comercialización del insumo eléctrico.
Los fundamentos y novedades del nuevo marco legal
Durante su intervención, Miranda leyó fragmentos de la exposición de motivos, al subrayar que el modelo actual “ha mostrado limitaciones estructurales y financieras para responder con la agilidad y prontitud la demanda del pueblo venezolano”. En respuesta, la reforma abre la puerta a la inversión de empresas mixtas (con más del 50% estatal), empresas con participación pública minoritaria autorizadas y privadas nacionales.
Como reglas del juego, por un lado, se establecen plazos de concesiones para empresas mixtas de hasta 25 años, con una posible prórroga de 15 años. Mientras tanto, al finalizar, regirá la “cláusula de reversión”, en el que toda la infraestructura y activos pasarían al Estado a “costo cero” y en buen estado, para asegurar la continuidad del servicio.
En relación a la autogeneración, también se legaliza que grandes consumidores, incluidas las petroleras, operen sus propias plantas de forma independiente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). No obstante. las instalaciones de 2 MW o más requerirán habilitación del Ministerio de Energía Eléctrica para la prosecución de operaciones en el territorio nacional.
Por otra parte, se introduce una lógica de tarifas orientadas a cubrir costos reales con “rentabilidad razonable”, atada a criterios de eficiencia. Asimismo, se establecen sanciones que permiten multas de hasta el 10% de los ingresos brutos e investigaciones dirigidas directamente contra los miembros de las juntas directivas de las empresas operadoras en caso de infringir la Ley.
Voces en el hemiciclo exigieron mejores condiciones
A pesar de la aprobación unánime, las fracciones opositoras condicionaron su respaldo a la necesidad de cambios estructurales. El diputado Ezio Angelini (UNT/Zulia) denunció el centralismo y la corrupción, al afirmar que esta ley debe funcionar “si y solo si” se incluye la descentralización real para devolverle a los estados y los municipios la gestión y distribución del servicio.
Por su parte, José Gregorio Correa (AD/Nacional) defendió la creación de la figura de un “Contralor y Defensor de la Eficiencia Eléctrica” para servir de vínculo entre el Estado y los ciudadanos que padecen los apagones. En una línea más crítica, el diputado Omar Veracierto (FV/Nueva Esparta) sostuvo que la propuesta es insuficiente si no se pasa de un “Estado controlador a un Estado promotor y productivo” que brinde seguridad jurídica.
El panorama y los desafíos del sistema eléctrico
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2025, confirmó que la electricidad sigue entre los principales factores de precariedad del hogar venezolano, con interrupciones continuas en 9 de cada 10 viviendas. El impacto se siente con más fuerza en el interior del país y en zonas como Maracaibo y otras ciudades golpeadas por racionamientos prolongados.
Según reportes de Reuters, las empresas Siemens y General Electric ya habían adelantado negociaciones con el Estado venezolano para la recuperación del sistema eléctrico. No obstante, existe una marcada desconfianza fundamentada en compromisos financieros no resueltos y en la ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de pagos futuros por parte de las autoridades.
Por otra parte, según información obtenida por Bloomberg, Venezuela establecería nuevas regulaciones para obligar a petroleras internacionales a construir sus propias plantas eléctricas para operar de forma independiente. Al exigir la autogeneración energética, las autoridades intentan blindar la producción de crudo y gas sin que la actividad sobrecargue el frágil sistema que abastece a la población.
Como conclusión, la propuesta de reforma legal busca modernizar el sistema eléctrico venezolano mediante la integración de capital privado y mixto, tras más de 15 años de control estatal. Si bien el oficialismo propone una apertura controlada, la oposición y los inversionistas insisten en que la reforma debe corregir el centralismo, y la opacidad, así garantizar la seguridad jurídica.
