La decisión, respaldada por siete magistrados, revierte temporalmente un fallo que impedía anular el “parole humanitario” otorgado por Biden a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Fotografía: Archivo
Guacamaya, 30 de mayo de 2025. La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una decisión que afecta a muchos migrantes del país. Recientemente, respaldaron un plan que busca eliminar el programa de protección humanitaria que beneficiaba a más de 500.000 personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Esta decisión fue aprobada por siete de los magistrados del tribunal y revierte temporalmente un fallo anterior que mantenía la protección, la cual había sido establecida por la administración de Biden.
El tribunal decidió en respuesta a una solicitud urgente del Departamento de Seguridad Nacional. Con esta nueva medida, se pudo suspender la orden de una jueza federal en Massachusetts que había bloqueado la eliminación de lo que se conoce como el parole humanitario. Esta jueza argumentó que no era correcto que el Gobierno pudiera anular este tipo de protección a gran escala sin revisar los casos de cada persona de manera individual.
El programa que ahora está bajo revisión permitía a quienes cumplían ciertos criterios humanitarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal. Aunque la decisión de la Corte Suprema no resuelve el tema de fondo, sí permite que el Gobierno avance con la suspensión del programa mientras sigue el proceso judicial. Esto significa que muchas familias migrantes que habían encontrado en esta protección una forma legal de quedarse en el país están enfrentando una incertidumbre grave.
Entre los magistrados, las dos voces disidentes fueron las de Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Jackson, en particular, hizo un fuerte llamado a considerar el impacto humano de esta decisión, llamando a la acción del tribunal una chapuza”.
Mientras tanto, aquellos que se beneficiaban del programa de parole deberán permanecer a la espera de nuevas resoluciones judiciales. Las organizaciones civiles y defensores de los derechos de los migrantes están trabajando arduamente en preparar estrategias legales para intentar frenar la aplicación de esta medida. La lucha no ha terminado y el futuro de muchos sigue siendo incierto.
