ONU fotos. Fotografía: Jean- Marc- Ferré
Guacamaya, 27 de junio de 2025. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó este viernes en Ginebra su informe anual, en el que expresó preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela, destacando detenciones arbitrarias y limitaciones a las libertades fundamentales. El gobierno venezolano calificó el informe de “selectivo” y cuestionó la falta de pronunciamiento sobre la situación de más de 250 ciudadanos venezolanos detenidos en El Salvador.
En su más reciente informe anual, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que al menos 58 personas vinculadas a la oposición venezolana —entre ellas periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios— habrían sido detenidas arbitrariamente. También se documentó el caso del candidato presidencial Enrique Márquez, del partido Centrados en la Gente, cuya detención en enero de 2025 se calificó como carente de debido proceso, luego de que cuestionara públicamente un fallo del Tribunal Supremo de Justicia.
El Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas a liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos, permitir investigaciones independientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos, y levantar las sanciones internacionales que, según el informe, afectan especialmente a sectores vulnerables de la población. Asimismo, recomendó restituir plenamente la oficina del ACNUDH en Caracas, que fue reducida a un solo funcionario en 2024.
En respuesta, el gobierno de Venezuela rechazó el contenido del informe, argumentando que el enfoque del organismo carece de equilibrio. Durante su intervención en Ginebra, el embajador venezolano ante la ONU, Alexander Yánez, criticó la falta de un pronunciamiento sobre la situación de más de 250 ciudadanos venezolanos que, según denunció, se encuentran detenidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
“El informe muestra una actitud selectiva y una diligencia desigual según el caso”, expresó el representante Yánez. Añadió que las madres de los afectados esperaban un pronunciamiento proporcional al sufrimiento vivido y cuestionó que, tras 56 días, no se haya emitido una declaración más clara sobre esta situación.
El informe y la reacción del gobierno reflejan la persistente divergencia entre las autoridades venezolanas y organismos internacionales en torno al enfoque y tratamiento de los temas de derechos humanos en el país.
