Las peticiones ciudadanas reflejan una crisis multidisciplinaria en todo el país. | Imagen: Provea
Guacamaya, 24 de septiembre de 2026. En las últimas horas, una ola de manifestaciones ha tomado tanto el centro de Caracas como diversas regiones del interior del país. Entre colapsos eléctricos de hasta 16 horas, marchas gremiales que rompieron piquetes policiales y movilizaciones ciudadanas por elecciones, Venezuela vive la primera gran escala de conflictividad por participación política tras los acontecimientos del 3 de enero.
Mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ofrecía su intervención ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York prometiendo que “en Venezuela habrá elecciones”, las calles venezolanas registraron múltiples focos de movilización. La falta de concreción sobre la fecha de los comicios ha alimentado el malestar de sectores opositores que señalan la falta de representatividad.
Al panorama se suma la controversia por el reingreso al país de la líder opositora María Corina Machado. Desde Panamá, su equipo denunció que ha enfrentado al menos siete intentos frustrados de retorno a territorio nacional por vías aéreas y marítimas. En paralelo, las conversaciones de diálogo entre el Ejecutivo y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 avanzan en medio de escepticismo ciudadano.
La crisis eléctrica desata cacerolazos y cierre de vías
El detonante más extendido e inmediato del descontento popular en las provincias ha sido el colapso del Sistema Eléctrico Nacional. Durante las noches del 22 y 23 de septiembre, comunidades enteras salieron a las calles a protestar con cacerolas, pitos y quema de cauchos ante apagones que en varias zonas se han prolongado entre 8 y 16 horas continuas sin información ni cronogramas de racionamiento.
En Portuguesa, en el municipio Páez, manifestantes trancaron la avenida Circunvalación. En Araure, vecinos de San José II, Baraure y Prados del Sol bloquearon avenidas tras largas horas sin servicio. En Píritu (municipio Esteller) y Turén, ciudadanos denunciaron acumular hasta tres días seguidos sufriendo cortes de más de ocho horas, exigiendo al menos un cronograma claro.
En Aragua, en Maracay, residentes de comunidades como El Paseo, Rosario de Paya, Las Acacias, Fundación Mendoza, Río Blanco y la avenida Fuerzas Aéreas ejecutaron cacerolazos. En Matacaballo (municipio Santiago Mariño), los vecinos salieron a la calle a exigir la restitución del servicio.
En Guárico, en Las Garcitas (Valle de la Pascua), los habitantes trancaron vías y quemaron neumáticos para exigir la sustitución de un transformador averiado desde hace una semana. Reportes similares de cortes superiores a las 12 horas diarias se registraron en Zaraza, Calabozo, Camaguán y Tucupido.
En Nueva Esparta, en Porlamar, trabajadores del sector público y gremios de la salud y educación (como el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud y el Sindicato Unitario del Magisterio de Nueva Esparta) denunciaron la inoperatividad de los ambulatorios por falta de agua y luz, además de la imposibilidad de los docentes para cubrir el costo del transporte.
En otras regiones como Anzoátegui, Carabobo y Zulia, también se presentaron protestas. En Barcelona (Anzoátegui), la ciudadanía protestó ante las fallas del suministro en presencia de efectivos de seguridad. En Guacara (Carabobo) se reportó el cierre de vías y quema de objetos, mientras que en Maracaibo y sectores del Zulia los racionamientos mantuvieron la tensión social en niveles críticos.
El reclamo por el retorno de María Corina y elecciones
En lo político, la exigencia de participación democrática se tradujo en movilizaciones de calle organizadas por sectores vinculados al Comando Con Venezuela y Vente Venezuela. En Caracas, la marcha partió desde Plaza Venezuela y avanzó hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) y tramos de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, frente a la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Entre pancartas y banderas, los manifestantes entonaron consignas como “¡María Corina, vente, te estamos esperando!” y “¡Elecciones ya!”, incluso bajo intensas lluvias que azotaron la capital. El exdiputado Williams Dávila desde la movilización expresó: “El que impidan que un venezolano entre a su país solamente en dictaduras ocurre”.
Por su parte, el coordinador nacional juvenil de Vente Venezuela, Carlos Fernández, expuso lo que ha impulsado a seguidores del movimiento político a manifestarse. “Estamos esperando aquí en Venezuela. El país está desplegado. Hemos prendido el país entero porque María Corina cuenta con un país desplegado”, aseveró el dirigente político.
Las protestas también tuvieron réplicas en otros puntos del país, como Maiquetía, en La Guaira, donde estudiantes de la UCV protestaron en la terminal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para exigir el libre tránsito de Machado. A su vez, en la sede regional del CNE en Maracaibo, Zulia, para solicitar la apertura del Registro Electoral para los jóvenes y la publicación del calendario de comicios.
La vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV), Rosa Cucunuba, también dirigente juvenil de Vente Venezuela, señaló desde Maiquetía: “Exigimos el retorno seguro de María Corina Machado a Venezuela sin amenazas, sin restricciones y sin amedrentamiento”. En la actividad también estuvo Miguelángel Suárez, presidente de la instancia estudiantil.
La marcha laboral y el choque con la PNB
De forma simultánea a la agenda política, la protesta social y gremial tuvo su propio epicentro en el centro de Caracas. Convocados por la Federación Venezolana de Maestros (FVM), la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y centrales sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), cientos de docentes, trabajadores universitarios, jubilados y pensionados se concentraron en Parque Carabobo.
A pesar de la presencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cerca del Ministerio del Trabajo, los manifestantes marcharon por la Avenida Este 6 —a la altura de la sede de la Asamblea Nacional en Pajaritos— y lograron romper la barrera policial para ingresar a la Plaza Caracas.
Los manifestantes reclamaron que el salario mínimo se mantiene congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022 y rechazaron la política de bonificación que destruye las convenciones colectivas a través del Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y el Memorándum 2792. A la par, marchas de trabajadores se replicaron en al menos 16 estados del país.
La secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Leyla Escobar, reclamó que “bono no es salario” como parte de su exigencia de salario “justo y digno” para todos los trabajadores. A su vez, el secretario general de la UCV, Pedro Eusse, se sumó al cuestionamiento del sueldo por bonificaciones y exigió la restitución de los derechos contractuales.
Por su parte, Gregorio Afonso, presidente de la APUCV, exclamó: “No es posible que todos los días se anuncien nuevas inversiones, y los beneficiarios sean todos menos quienes generan valor a la sociedad, que son los trabajadores”. Todo esto frente a la nueva realidad del país y la apertura hacia el mercado internacional.
ONGs de derechos humanos se manifestaron
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció a través de X la dura realidad del sector laboral: “Desde marzo de 2022, el monto de salarios y pensiones permanece congelado, mientras se ha impuesto una agresiva política de bonificación del ingreso y demolido la institucionalidad de las convenciones colectivas”.
Por otro lado, Un Mundo Sin Mordaza emitió una alerta sobre la crisis eléctrica y denunció que en diversas zonas pasan hasta más de 17 horas sin electricidad. Sobre las protestas políticas, manifestó que las movilizaciones registradas en la capital “marcan una exigencia por la fijación inmediata de un cronograma para elecciones presidenciales libres, transparentes y competitivas, articuladas bajo la conducción política de la líder opositora María Corina Machado”.
La radiografía del conflicto en Venezuela
Las cifras de los organismos independientes confirman una acentuada escalada en la conflictividad social.
Según el reporte del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en agosto de 2026 se documentaron 652 protestas, lo que representa un promedio de 21 manifestaciones diarias; cifra que casi cuadruplica las 168 protestas registradas en agosto de 2025 y supone un incremento del 28,1% respecto a julio de 2026.
El 77% de los reclamos (501 protestas) correspondieron a Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), impulsados por el colapso de los servicios públicos (electricidad y agua) y las demandas salariales.
En su balance preliminar del 24 de septiembre, el OVCS contabilizó 29 protestas en 17 estados del país (Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, La Guaira. Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia), que abarcaron exigencias de participación política, reclamos laborales, agua, vivienda y liberación de personas encarceladas.
Una alternativa que pasa a formar parte del tablero
Las protestas apuntan a un escenario de profunda polarización y desgaste estructural. Lo visto entre el 22 y el 24 de septiembre no es una manifestación aislada, sino la convergencia de tres crisis simultáneas que retroalimentan el descontento popular: la quiebra de los servicios públicos esenciales, el colapso del poder adquisitivo de la clase trabajadora y la parálisis del calendario democrático.
Por un lado, la estrategia del Ejecutivo encargado de buscar legitimación diplomática en Nueva York e intentar suplir el salario con bonos resulta insuficiente frente a una población del interior que padece apagones de hasta 16 horas. Por el otro, el retorno frustrado de María Corina Machado y la falta de una fecha certera para las elecciones han transformado la exigencia de participación política.
Mientras el discurso oficial intenta proyectar una normalización institucional, la reactivación simultánea de los gremios y las comunidades demuestra que la tranquilidad social no se decreta. Sin un cronograma electoral transparente y sin respuestas a los servicios básicos, la calle podría ser un escenario oportuno de articulación ciudadana en el país.
