El sistema Metrobús desplegó este lunes un operativo especial con más de 90 unidades para atender la movilidad en las zonas de mayor afluencia en Caracas. Fotografía: Agencia Venezlana de Noticias.
Guacamaya, 16 de marzo de 2026. Caracas amaneció este lunes semiparalizada por un paro de transporte que desbordó las paradas, colapsó el Metro y volvió a exponer las diferencias entre el Ejecutivo, conductores y usuarios. Por un lado, el Gobierno minimizó la convocatoria y la calificó como un “intento de saboteo”, mientras los gremios insistieron en que la medida es la única forma de presionar por tarifas que hagan viable el servicio.
Desde tempranas horas, usuarios reportaron en redes sociales paradas sin unidades en zonas como Chacaíto, La Pastora, El Silencio, Caricuao, Antímano, Petare y Guarenas-Guatire, mientras largas filas de personas se extendían en los principales terminales y puntos de transferencia. La situación obligó a miles de personas a caminar largos trayectos o a buscar alternativas de movilidad.
El vacío dejado por las unidades superficiales se sintió con notoriedad en el Metro de Caracas, que se convirtió en la única opción masiva para atravesar la ciudad. Estaciones como Plaza Venezuela, Capitolio, Chacaíto y La California lucieron andenes abarrotados, con trenes al límite de su capacidad y tiempos de espera que superaron lo habitual debido a fallas recurrentes del sistema.
La presión sobre el subterráneo coincidió con el reciente aumento del pasaje del metro de 60 a 80 bolívares, aplicado sin previo aviso a los usuarios. La medida se sumó al ajuste “silencioso” del transporte superficial, que muchos usuarios encontraron ya en 100 bolívares este lunes, pese a que el gremio insiste en que la promesa original del Ejecutivo había sido llevarlo a 120 bolívares.
La convocatoria del domingo y las exigencias
El paro fue anunciado el domingo 15 de marzo a través de videos y audios que circularon en redes y grupos de mensajería, en los que dirigentes de líneas de Caracas llamaron a suspender el transporte desde primeras horas del lunes 16. La protesta se amparaba en la falta de respuesta oficial tras el aparente compromiso hace dos semanas de fijar en Gaceta Oficial el pasaje mínimo en 120 bolívares.
“Tenemos acuerdos pendientes con el Ministerio de Transporte que no se han cumplido”, señaló Nelson Vivas, presidente de la Asociación Civil Conductores La India, en un mensaje difundido el domingo. El vocero gremial, de la línea de conductores ubicada en La Vega, al suroeste capitalino, reclamó además la devolución de unidades retenidas “por trabajar con tarifas no autorizadas”.
Cabe destacar que desde el año pasado, el Comando Intergremial del Transporte, ha reiterado la demanda de anclar la tarifa a 0,50 centavos de dólar. Según cálculos propios, con la tasa oficial vigente al 16 de marzo, ese anclaje ubicaría el pasaje urbano en torno a 223 bolívares, muy por encima del aumento “de hecho” a 100 bolívares ($0,22) que comenzó a cobrarse en distintas rutas sin respaldo de Gaceta.
Sin embargo, dicho ajuste cobrado desde esta semana está muy cerca de los 130 bolívares que hoy sigue siendo el salario mínimo mensual. Para intentar cerrar esa brecha, los gremios han puesto sobre la mesa un bono de transporte entre 25 y 30 dólares para todos los usuarios. La lógica del sector se basa en que “debe haber un equilibrio entre quienes prestamos el servicio y los usuarios que lo pagan”.
La respuesta del ministro Aníbal Coronado
Desde el Ejecutivo, el rostro visible fue el ministro de Transporte, Aníbal Coronado, quien en un video difundido en sus redes calificó el paro como “un intento de saboteo y boicot” impulsado por “unas pocas líneas”. “Por ahí intentaron boicotear y sabotear, apenas unas pocas líneas de transporte urbano en la ciudad, pero este Gobierno salimos a la batalla. Déjeme decirles que fracasaron”, afirmó.
Coronado destacó el despliegue de unidades de Metrobús, la flota estatal Sitssa, jeeps oficiales e incluso vehículos de la Policía Nacional Bolivariana para mitigar el impacto de la paralización. Sin embargo, pese al tono triunfalista, el ministro también se mostró abierto a dialogar y confirmó reuniones con el Órgano Superior de Transporte para revisar la estructura de costos y las demandas del sector.
Capriles: macroeconomía desconectada del bolsillo
Desde la oposición, el dirigente de Unión y Cambio, y diputado Henrique Capriles interpretó el paro como un síntoma de un problema más profundo. “El paro de transporte que vemos hoy —al menos en la Gran Caracas— vuelve a mostrar una realidad que el país vive todos los días: la macroeconomía está completamente desconectada del ingreso de la gente”, escribió en sus redes.
Capriles subrayó la contradicción entre discutir un pasaje de 120 bolívares cuando salario mínimo y pensión siguen en 130 bolívares al mes: “un pasaje equivale prácticamente a todo un salario mínimo o una pensión”. A su juicio, no se trata de enfrentar transportistas con usuarios, sino de reconocer que ambos tienen razones para reclamar.
Usuarios denuncian abuso y deterioro
El malestar ciudadano se hizo eco nuevamente a través de las redes sociales. Muchos usuarios denunciaron que, incluso antes de la convocatoria a la paralización de actividades, un número importante de conductores ya había elevado el pasaje por encima de los montos acordados con el Ejecutivo, al aprovechar la urgencia de la gente por llegar a sus destinos, así como la ausencia de supervisión.
A las quejas por los aumentos arbitrarios se suman reclamos por el mal estado de las unidades —autobuses con asientos rotos o fallas mecánicas evidentes—, además del maltrato a sectores tradicionalmente protegidos como estudiantes y adultos mayores. Usuarios aseguran haber recibido insultados, obligados a pagar incrementos no oficiales, o dejados en las paradas en medio de discusiones por el costo.
La brecha que deja el paro
El paro de este lunes no solo dejó imágenes de gente caminando por las avenidas o colas abarrotadas en terminales de Caracas, situación que se extendió a La Guaira y partes de Miranda. También dejó claro que el transporte público -que es operado por privados- se resiste a desaparecer, pero lo hace en un terreno de indiferencia oficial y una economía que coloca a choferes y usuarios en aceras enfrentadas.
En el medio de la situación queda una ciudad que, para funcionar, depende de un sistema de movilidad fragmentado, costoso para los usuarios e ineficiente, en el que cualquier coyuntura de detención parcial desata un efecto dominó sobre el resto de los servicios. La discusión, más allá de las tarifas, interpela el modelo económico así como la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos.
