Una publicación conjunta de Donald Trump con la Casa Blanca elevó el comentario de una estrategia discursiva a un acto de comunicación oficial, lo que ha redfinido el debate. / Imagen: Guacamaya.
Guacamaya, 13 de mayo de 2026. La idea de que Venezuela pueda convertirse en el estado 51 de Estados Unidos ha parecido, hasta la actualidad, una provocación o parte de la estrategia retórica propia de Donald Trump. No obstante, la discusión sobre el futuro estatus político de Venezuela ha cobrado relevancia tras nuevos pronunciamientos del mandatario y la más reciente publicación coordinada en redes sociales entre él y la Casa Blanca.
En un mensaje conjunto en X, se presentó una imagen del territorio venezolano bajo la bandera de los Estados Unidos con el rótulo “51st State” (Estado 51). Previo a ello, Trump había comunicado a un periodista de Fox News que está “considerando seriamente” la idea tras fundamentarse en que “allí hay 40 billones de dólares en petróleo” y en que “Venezuela ama Trump”, según palabras propias del presidente.
Esto ha reavivado el debate sobre una estabilidad del país sudamericano atada a una posible integración a la Unión Americana. No obstante, aunque el planteamiento ha generado una importante cobertura mediática, el mismo enfrentaría significativos desafíos constitucionales y diplomáticos. Entonces, cabe preguntarse si se trata de una posibilidad real o de otra maniobra discursiva diseñada para proyectar dominio.
La discusión ya mezcla energía, soberanía, derecho constitucional, mercado y geopolítica hemisférica. Además, Venezuela llega a este debate atravesada por una crisis política prolongada, una reconfiguración de poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y una administración encargada encabezada por Delcy Rodríguez que intenta proyectar estabilidad mientras resiste la presión externa.
Mientras tanto, el país sudamericano sigue siendo una pieza clave en el tablero energético global, especialmente ante un contexto de tensiones en Medio Oriente y de volatilidad en los mercados de hidrocarburos. En ese cruce entre necesidad estratégica y vacío institucional, la idea de la “estadidad” encuentra combustible discursivo, pero también un muro legal y político que no puede ignorarse facilmente.
El petroleo como imán
El presidente Donald Trump ha fundamentado la posibilidad de la integración en el valor estratégico de los recursos naturales de Venezuela. Su interés se centra en las reservas de hidrocarburos, que él mismo estima en unos 40 billones de dólares. Tras los hechos del 3 de enero, declaró que las petroleras estadounidenses planean invertir 100.000 millones de dólares en “reconstruir” la infraestructura de petróleo y gas.
Más recientemente la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizó a empresas como Chevron, Eni, Repsol, BP y Shell a retomar operaciones en Venezuela bajo una “supervisión regulatoria muy estricta”. A su vez, se ha reportado que ExxonMobil y ConocoPhillips han mantenido conversaciones confidenciales para regresar al mercado venezolano con “protecciones legales para su capital”.
Esa base de recursos debería convertir al país sudamericano en un actor privilegiado del mercado global; pero bajo condiciones de colapso institucional, la convierte en un espacio de disputa entre proyectos de poder. Ante la inestabilidad en el estrecho de Ormuz y las tensiones con Irán, la proximidad de Venezuela ofrece a Washington una fuente de energía geográficamente estratégica y segura.
De este modo, la disputa energética a escala internacional ha devuelto valor estratégico al hemisferio occidental. En ese contexto, Venezuela aparece no solo como proveedor potencial, sino como activo geopolítico cercano a la costa estadounidense, algo de interés para cualquier administración en Washington. El petróleo, pues, no solo mueve economía, también organiza narrativas de soberanía.
Las barreras de la estadidad
A escala constitucional, la estadidad no es un atajo ni una decisión unilateral. Estados Unidos no puede convertir un país extranjero en estado por simple voluntad presidencial. En el Artículo IV, Sección 3, de la carta magna estadounidense se prohíbe crear nuevos estados a partir del territorio de un estado existente sin el consentimiento de la legislatura estatal y del Congreso.
Si se aplica a Venezuela, implicaría como mínimo legislación local y, en la práctica, un acuerdo político y jurídico mucho más amplio. En concreto, Venezuela no solo tendría que consentir cualquier cambio de estatus, sino que además el sistema político estadounidense tendría que asumir los costos internos de incorporar un territorio nuevo, con las implicaciones electorales, culturales y fiscales que ello conlleva.
Como antecedentes de temporalidad, se pueden tener en cuenta las anexiones más recientes. Alaska, que fue el estado 49, fue admitido en 1959, 92 años después de su compra a Rusia en 1867. Hawái, el estado 50, agregado como territorio en 1898, fue admitido como estado en 1959, 61 años después. Así, pues, aguardar esa “solución” sería sacrificar al país a más años de incertidumbre institucional.
En este sentido, buena parte de la opinión pública ha insistido en que el comentario de Trump funciona más como un termómetro político o espectáculo mediático que como un programa ejecutable. La estadidad, en este caso, funciona casi como una excesiva metáfora, que expone más una forma de decir que Washington quiere, o de alguna forma ejerce, más control, más acceso y más influencia sobre Venezuela.
La posición desde Venezuela
“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La declaración la hizo desde La Haya, justo en el marco de audiencias orales, en la Corte Internacional de Justicia, por la disputa de la soberanía sobre el territorio Esequibo.
La reacción, aunque directa, ha sido contenida. Ese tono contrasta con el estilo habitual del chavismo más duro, que históricamente ha respondido a la presión estadounidense con retórica de combate, denuncias de agresión, comunicados diplomáticos y movilización simbólica. Pareciese que se optó por no escalar sin necesidad una declaración que, por ahora, no tiene viabilidad jurídica inmediata.
De igual modo, Delcy Rodríguez no elevó el tono porque en la actualidad está priorizando una etapa de cooperación, negociación y desescalada con Washington. De hecho, durante su intervención resaltó el rol la cooperación diplomática como principal vía para el entendimiento bilateral. “Hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación. Ese es el curso y ese es el camino”, apuntó.
En ese marco, una respuesta dura frente a la frase de Trump habría sido incoherente con la línea que ella misma ha venido construyendo tras el nuevo momento político. De este modo, el tono moderado se lee como un cálculo. Si el gobierno encargado está intentando sostener canales con Washington, cualquier escalada verbal podría complicar el terreno de negociación energética y diplomática.
La oposición venezolana, por su parte, no ha emitido una reacción clara o unificada. Sus dirigentes por individual tampoco han hecho eco del asunto. Ese silencio no necesariamente significa indiferencia; puede reflejar el mismo cálculo político, o prudencia o temor a quedar atrapados entre la narrativa oficialista y una idea que, aunque seductora para algunos, es alarmante para otros.
De hecho, María Corina Machado fue consultada en una entrevista con El País, específicamente sobre la idea de la anexión por parte Trump y, sin embargo, evitó pronunciarse directamente sobre el tema. En su lugar, prefirió enfatizar la necesidad del apoyo internacional para asegurar una transición electoral. Ese matiz refuerza la de querer mantener canales con Washington, sin validar propuestas extremas.
En concreto, las autoridades en Venezuela ya no responden con estridencia automática, mientras que la oposición no ha querido entrar en un terreno donde cualquier frase sería usada en su contra. De este modo, parecen que han internalizado que alimentar demasiado esa narrativa y debate podría otorgarle una dimensión política que aún no tiene.
¿Qué piensa la gente en ambos países?
En Venezuela, aunque no ha habido sondeos recientes al respecto, la opinión pública en redes ha sido especialmente intensa porque mezcla ironía, cálculo y propaganda. Algunas voces sostienen que la anexión, además de trasgredir la soberanía, es imposible sin una extensa secuencia jurídica y legal; mientras, otras voces la presentan como una salida “realista” frente al “colapso institucional”.
La sola discusión refleja algo más profundo y es que la crisis venezolana ha generado una disposición social a imaginar soluciones fuera del repertorio habitual. Cuando una parte del país ya no cree en elecciones competitivas, en instituciones confiables o en pactos efectivos, cualquier opción extrema empieza a circular como posibilidad de conversación, porque el horizonte local se percibe bloqueado.
Incluso, ya hay plataformas ciudadanas como 51state.online que proponen la estadidad como “una salida democrática basada en precedentes históricos”. La posición se nutre también de cierto reconocimiento a la figura de Donald Trump entre venezolanos, que según encuestas de AtlasIntel y Bloomberg mantiene, aunque con ligeros descensos, una imagen positiva alrededor del 50%.
No obstante, ese planteamiento tiene un problema de base y es que confunde deseo político con arquitectura constitucional. También omite que la estadidad no es una solución mágica a la crisis de Venezuela, sino una transformación radical de la soberanía, de la ciudadanía y del sistema de representación. De allí que muchas voces vean estas iniciativas como insuficientes para atender la realidad política actual.
Mientras tanto, en Estados Unidos, aunque tampoco hay encuestas disponibles sobre el tema, sí ha habido señales previas de desaprobación ante una intervención u ocupación. Tras los hechos del 3 de enero, una cobertura de ABC7 resume que casi la mitad de los estadounidenses se opone a que EE. UU. tome el control de Venezuela y un 90 % cree que el futuro del país lo deben decidir los venezolanos.
A su vez, un estudio de Reuters/Ipsos, indica que 72% teme un conflicto largo con Venezuela, y The Washington Post reporta que 63% cuestiona la legalidad de acciones sin aprobación del Congreso. Aunque si bien la opinión pública pueda dividirse según la afinidad partidista, no necesariamente el apoyo de ciertos sectores a la presión contra Venezuela, se traduzca en respaldo a una anexión formal.
Sin embargo, los mercados de predicción reaccionaron a la retórica de Trump. En Polymarket, la probabilidad de la anexión venezolana ha subido recientemente de un 4% a un 6%. Mientras, la plataforma Kalshi sitúa a Venezuela a la cabeza de los candidatos con un 6.5%, al superar a Puerto Rico (5.7%) y Canadá (2.7%). Pese a la especulación, el 93-94% de las apuestas se inclinan por el “No”, lo que refleja el escepticismo ante los complejos requisitos constitucionales, legales y políticos.
Una integración funcional más que una anexión
Dado el desarrollo abordado, el escenario más razonable, más allá de una anexión formal es el de una integración funcional más profunda. Esta situación implicaría mayor interdependencia energética, financiera, tecnológica y logística entre ambos países, con una erosión progresiva de las fronteras económicas, aunque no de las fronteras jurídicas.
Desde luego, la relación de dependencia sería muy asimétrica, pero no alteraría el mapa constitucional, ni desarrollaría mayores costos políticos y jurídicos internos para ninguna de las partes. La verdadera disputa, más allá del ámbito territorial, es sobre quién decide el destino de la renta, la infraestructura y el acceso al mercado, sobre los sectores estratégicos.
En concreto, la propuesta del “estado 51” enfrenta la resistencia de la administración encargada, así como la barrera constitucional que otorga la facultad exclusiva al Congreso de Estados Unidos y todas las implicaciones políticas, fiscales y culturales que ello conlleva. No obstante, la discusión evidencia dos contextos clave: la erosión institucional tras años de crisis en Venezuela y la reconfiguración del poder energético en el hemisferio.
