El Estado, por iniciativa del Ejecutivo, busca transitar de medidas excepcionales hacia un sistema de justicia penal permanente, pero aún con la resistencia ciudadana a la confianza institucional | Fotografía: Prensa Presidencial
Sleither Fernández
Guacamaya, 01 de junio de 2026. Como iniciativa que busca reestructurar profundamente el sistema legal venezolano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró este lunes 1 de junio el lanzamiento de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal. Así marca el comienzo de un despliegue nacional que pretende integrar propuestas ciudadanas en la modificación de códigos y leyes fundamentales del ámbito judicial.
El evento principal, realizado en el Coliseo de La Urbina en Petare y marcado por un fuerte componente técnico y social, tuvo como uno de sus anuncios centrales la activación de la plataforma 0800-EXTORSIÓN. La herramienta fue diseñada como una línea de atención directa para erradicar “malas prácticas” y “proteger” tanto a la ciudadanía como a los “funcionarios honestos”.
“No es justo que policías honestos paguen por aquel que extorsiona al ciudadano. No es justo que fiscales honestos paguen por fiscales que cobran al ciudadano… quiero acabar con la matraca y la extorsión”, afirmó Rodríguez. El objetivo declarado es, pues, depurar las instituciones mediante un mecanismo de control ciudadano seguro y eficiente.
No obstante, tras un monitoreo de opinión pública en redes sociales, la nueva línea de atención, así como la propia consulta, enfrenta el reto de superar la desconfianza institucional. A pesar del discurso de transparencia, persisten dudas sobre la independencia del sistema, por lo que su efectividad dependerá de si el ciudadano sentirá seguridad al denunciar o de si incluso va a temer por persecución al hacerlo.
Marco estratégico y participantes
La comisión encargada de dirigir este proceso fue instalada el 23 de abril de 2026 en el Palacio de Miraflores. El equipo multidisciplinario incluye a figuras como Larry Devoe, fiscal general y secretario de la consulta; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; y Egleé González Lobato, defensora del Pueblo, además de representantes del sector académico y organizaciones de derechos humanos.
Larry Devoe precisó que el debate se estructurará sobre nueve ejes estratégicos para alcanzar una “transformación integral”.
- Política criminal del siglo XXI.
- Acceso a la justicia y participación ciudadana.
- Coordinación e integración del sistema.
- Ética, autonomía e independencia.
- Garantías del debido proceso y celeridad procesal.
- Eficiencia y calidad organizativa.
- Talento humano.
- Infraestructura y equipamiento.
- Herramientas tecnológicas.
Devoe señaló que la meta es construir un “diagnóstico compartido sobre los retos, debilidades y fortalezas del Sistema de Justicia Penal” para diseñar una hoja de ruta hacia un sistema más justo.
La finalidad última de la consulta, según Rodríguez, es saldar una “deuda histórica” y establecer un sistema judicial que “siente las bases verdaderas para cuando intenten sacudir la tranquilidad y la paz de Venezuela”. El proceso recorrerá ahora diversos sectores sociales, al incluir a campesinos, trabajadores y movimientos feministas, para recabar los datos técnicos necesarios para las nuevas políticas.
La simbología del espacio
El lugar elegido para el lanzamiento, el Coliseo de La Urbina, posee una carga simbólica importante en la política de “justicia restaurativa” impulsada por la presidenta encargada. Este recinto, que funcionaba como sede de la Policia del Municipio Sucre y centro de privación de libertad, será transformado ahora en un espacio para el deporte y la cultura de la comunidad de Petare.
En este sentido, se dispuso asegurar la operatividad del recinto, al encomendar a la Misión Venezuela Bella la ejecución inmediata de planes para su recuperación estética y estructural. «Doy la orden a la Misión Venezuela Bella para que ponga este coliseo hermoso y lo entregue completamente adaptado a las comunidades de este municipio Sucre», aseveró Rodríguez.
Esta acción replica la medida aplicada con El Helicoide, cuyo cierre definitivo como prisión fue anunciado el 30 de enero de 2026 para ser convertido en un centro social, deportivo y cultural. Para el Ejecutivo, estas reestructuraciones representan la materialización de un enfoque preventivo frente al sistema penal tradicional, al sustituir espacios de confinamiento por áreas de “encuentro vecinal y paz”.
La transición institucional de la Amnistía a la reforma permanente
Desde una perspectiva analítica, este lanzamiento no es un evento aislado, sino que se enmarca en una transición institucional significativa. La instalación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, el pasado 23 de abril, coincidió con el cierre de un ciclo marcado por la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la cual estuvo vigente hasta ese día.
Tras el fin de este régimen excepcional, que benefició a más de 8.600 personas, según cifras oficiales, el Estado busca ahora canalizar las demandas de justicia a través de reformas estructurales permanentes. Cabe destacar que este proceso también corre en paralelo con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que tras una reforma legal ampliará su composición de 20 a 32 magistrados.
