Con un diputado oficialista adicional en la nueva comisión preliminar de 11 diputados, se matiza la representación civil de 12 integrantes. En paralelo, el Ejecutivo solicitó la despenalización de la cuestionada normativa que generó en sesión una comisión especial para su reforma. | Fotografía: Página web de la Asamblea Nacional.
Guacamaya, 29 de septiembre de 2026. La Asamblea Nacional dio un paso más en la ruta trazada por la negociación política al designar formalmente la nueva Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. En paralelo, el Parlamento también recibió la propuesta de “despenalización” de la cuestionada Ley contra el Odio enviada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y designó un Comité Especial para la reforma de la normativa.
En lo relativo a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, la designación parlamentaria, anunciada por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, marca el reinicio del procedimiento constitucional para seleccionar a los 32 magistrados del máximo órgano judicial. Según Rodríguez, la medida responde directamente a los acuerdos alcanzados en el marco de la Mesa de Diálogo nacional.
“Hoy corresponde la conformación del comité preliminar por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que proceda a cumplir con los plazos y los objetos establecidos en la Constitución para la designación del comité de postulaciones”, declaró el jefe del Parlamento al instruir la convocatoria inmediata del grupo de trabajo.
Reemplazos y una nueva correlación de fuerzas
Frente a la primera instancia conformada meses atrás, el grupo parlamentario aprobado presenta cambios significativos en su estructura y equilibrio interno. El nuevo nombramiento altera la correlación de fuerzas en el primer filtro del proceso legislativo. El chavismo pasa de tener 7 representantes a sumar 8 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dejando 3 escaños para las fuerzas opositoras o no oficialistas.
De la comisión salieron tres diputados que integraban el grupo inicial: Desirée Santos Amaral (PSUV), Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista) y Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz). En su lugar, ingresan los parlamentarios Jonathan García (PSUV), Liliana González (PSUV) y Luis Florido (Un Nuevo Tiempo). Los 11 diputados designados y sus perfiles parlamentarios son:
- Giuseppe Alessandrello (PSUV / La Guaira). Presidente.
- Pablo Pérez (Unión y Cambio / Nacional). Vicepresidente.
- Gloria Castillo (PSUV / Guayana Esequiba).
- José Óscar Villarroel (PSUV / Carabobo).
- María Gabriela Vega (PSUV / La Guaira).
- Fernando Bastidas (PSUV / Falcón).
- Carlos Mogollón (PSUV / Distrito Capital).
- Jonathan García (PSUV / Táchira).
- Liliana González (PSUV / Miranda).
- Luis Florido (Unión y Cambio / Nacional).
- Félix Freites (Fuerza Vecinal / Nacional).
La representación civil atenuada por el filtro político
En el marco del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), las delegaciones de la Mesa de Diálogo habían acordado ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales definitivo de 21 a 23 integrantes, al elevar la representación de la sociedad civil de 10 a 12 miembros. En teoría, este esquema paritario busca garantizar por primera vez una mayoría ciudadana en la preselección de candidatos.
Sin embargo, en la práctica, esta aparente ventaja civil puede verse fuertemente matizada por la nueva correlación interna del comité preliminar. Al haber sumado un diputado oficialista adicional dentro del grupo de 11 parlamentarios, el chavismo asegura el control operativo sobre la revisión inicial de la convocatoria y la selección de esos mismos 12 representantes de la sociedad civil.
El contrapeso técnico: Los 7 juristas del Consejo de Revisión de Credenciales
Como mecanismo previo de blindaje técnico gestado en la Mesa de Diálogo entre las delegaciones de la administración de Delcy Rodríguez y la AN de 2015, el pasado 25 de septiembre se anunció la conformación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos. Esta instancia de 7 juristas tiene la tarea exclusiva de diseñar el baremo público de evaluación que medirá a los aspirantes a magistrados.
De los siete integrantes elegidos por consenso en la mesa de negociación, cuatro poseen un perfil independiente y de reconocida trayectoria académica o en derechos humanos:
- Rogelio Pérez Perdomo: Doctor en Derecho por la UCV, máster por Harvard, profesor de Stanford e Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia.
- Belén Ramírez Landaeta: Exmagistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y presidenta de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (Funeda)
- María Bernardoni de Govea: Doctora en Derecho por LUZ, con posgrado en la Universidad de Roma La Sapienza, exministra del Trabajo y exdecana de la Universidad Monteávila.
- Bernardo Pulido Márquez: Abogado por la UCAB, máster por Stanford y doctor por Yale, con amplia experiencia en litigios de derechos humanos ante la CIDH y la ONU.
Los otros tres miembros tienen antecedentes vinculados a la gestión judicial o administrativa del oficialismo: Silio Sánchez Zerpa (exdirector de la Magistratura y magistrado suplente del TSJ), Deyanira Nieves Bastidas (exexpresidenta de la Sala de Casación Penal entre 2004 y 2015) y Federico Fuenmayor Gallo (doctor en Derecho penal y exmagistrado suplente).
La conformación de este consejo técnico generó reacciones favorables en el ámbito jurídico. El dirigente y preso político Perkins Rocha destacó el “alto grado académico, ciudadano y moral” de los cuatro juristas independientes, mientras que el abogado constitucionalista Juan Miguel Matheus afirmó que sus nombres “representan una garantía republicana para el país”.
Por su parte, el politólogo Benigno Alarcón consideró el acuerdo como un avance de reputación, aunque recordó que la prueba definitiva estará en el cumplimiento del baremo por parte de la AN. Asimismo, la ONG Acceso a la Justicia exigió la publicación íntegra de la metodología y las calificaciones para asegurar la credibilidad del proceso.
La comisión especial para la reforma de la Ley contra el Odio
Aunque la propuesta enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no figuraba originalmente en el orden del día publicado para la sesión ordinaria de este martes, la iniciativa fue formalmente dada a conocer ante la plenaria y derivó en la creación e integración inmediata de una Comisión Especial de 11 diputados para procesar el proyecto de reforma a la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.
La solicitud, remitida mediante misiva al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, plantea “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en la norma promulgada en 2017. Esta medida surge en el marco de los compromisos asumidos en las mesas técnicas del diálogo político en materia de libertad de expresión y derechos ciudadanos.
La nueva Comisión Especial quedó compuesta de la siguiente manera:
- Pedro Infante (PSUV / Miranda)
- Jorge Arreaza (PSUV / Nacional)
- América Pérez (PSUV / Nueva Esparta)
- Carolina García Carreño (PSUV / Lara)
- Willy Medina (PSUV / Táchira)
- Tania Díaz (PSUV / Nacional)
- Jehyson Guzmán (PSUV / Nacional)
- Nicolás Maduro Guerra (PSUV / Distrito Capital)
- Amelia Belisario (Unión y Cambio / Aragua)
- Luis Romero (Avanzada Progresista / Nacional)
- Rubén Limas (Acción Democrática / Distrito Capital)
Un elemento político clave en la conformación de este equipo es que tres de sus miembros (Pedro Infante, Jorge Arreaza y América Pérez) forman parte directa de la delegación oficial del Gobierno en la Mesa de Diálogo con la AN de 2015, lo que vincula de manera estrecha el trabajo de esta comisión parlamentaria con los acuerdos de la negociación.
La delegación de la Asamblea Nacional de 2015 que participa en la mesa de negociación emitió un pronunciamiento reconociendo el paso como parte de las discusiones para la reinstitucionalización y garantías democráticas. No obstante, enfatizó que la norma ha funcionado desde 2017 como “un instrumento de persecución” y expresó su respaldo a las más de 160 víctimas afectadas por su aplicación.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtió que eliminar las penas de prisión sería “un avance importante”, aunque “no suficiente” si se mantienen disposiciones que restringen la labor de los medios. En la misma línea, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) reiteró que el texto debe ser derogado en su totalidad por violar de origen la libertad de expresión.
Asimismo, Óscar Murillo, coordinador general de Provea, en conjunto con las ONG Espacio Público y VE sin Filtro, advirtieron que mantener los poderes administrativos de censura digital no garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales. “Exigimos cambios genuinos y creíbles”, sentenció Murillo al exigir la abrogación definitiva de la ley.
Entre la búsqueda de garantías institucionales y el debate en torno al control político del proceso, la renovación judicial entra en una etapa crucial. La efectividad de los cambios no se medirá en el discurso, sino en si el peso técnico logra prevalecer sobre los cálculos políticos.
