Aunque las entidades estatales chinas solo representan una porción relativamente pequeña de la deuda soberana venezolana, disponen de un esquema de cobro mediante crudo y podrían invocar un poder de veto. Imagen: Guacamaya.
Guacamaya, 4 de agosto de 2026. La decisión del gobierno venezolano de iniciar una reestructuración integral de la deuda pública externa y de PDVSA trasciende el ámbito estrictamente financiero. El anuncio, hecho el 13 de mayo, coincidió con la visita del presidente Donald Trump a China, en medio de crecientes tensiones entre Washington y Pekín en torno a comercio, energía y seguridad económica. Ese cruce de calendarios no es casual, ya que sitúa el proceso venezolano dentro de una disputa mucho más amplia por el control de los flujos energéticos y las fuentes de financiamiento globales.
Funcionarios estadounidenses han empezado a presentar la política hacia Venezuela como una pieza más de la competencia con China por el acceso a recursos energéticos. Esa lectura sugiere que el futuro de la deuda venezolana —y de su sector petrolero— estará cada vez más condicionado por la rivalidad entre las dos principales potencias del mundo.
China: un acreedor con poder de veto
China posee una porción relativamente modesta de la deuda externa venezolana. Según varias estimaciones, está entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, frente a un total aproximado de 170.000 millones—un cálculo extremo la lleva a 240.000 millones—si incluimos bonos, laudos arbitrales, facturas sin pagar y otros tipos de deuda.
Gran parte de esa exposición, sin embargo, está garantizada con envíos de petróleo, lo que le da a Pekín una vía de cobro directamente conectada al principal activo exportador del país. En este tipo de repago, se considera el valor nominal entero, sin hacer una quita, que sería común en una reestructuración. Esa estructura le permite retrasar o complicar una renegociación integral de la deuda, sobre todo si prefiere seguir cobrando en crudo antes que aceptar una quita.
Y plantea un problema de fondo para cualquier negociación bajo el paraguas del FMI: el principio de “trato comparable”, que busca impedir que algunos acreedores conserven mecanismos de cobro privilegiados mientras el resto asume pérdidas.
Rachel Lyngaas, investigadora principal de RAND Corporation y execonomista jefe de sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., describe el proceso venezolano como incipiente: “Si bien el anuncio del 13 de mayo sobre una reestructuración integral fue un paso importante y ya observamos la movilización de un comité de acreedores, en la práctica el proceso no ha avanzado mucho más allá de eso”.
Lyngaas advierte, en comentarios para Guacamaya, sobre el hermetismo del proceso: “El hecho de que estas conversaciones se estén llevando a cabo fuera de los canales formales del FMI y bajo un hermetismo casi total, implica una falta de transparencia crítica. A día de hoy, no hay elementos concretos que permitan precisar cuál será el enfoque definitivo de China o cómo está gestionando internamente esta negociación”.
Ante ese vacío, la investigadora propone mirar los precedentes recientes: “Al no contar con información pública detallada, debemos remitirnos a los precedentes de reestructuración en países como Zambia o Sri Lanka. En esos casos, quedó claro que China no aborda estos procesos exclusivamente desde una óptica financiera; siempre los procesa a través de una lente profundamente geopolítica”.
Los precedentes son importantes: lecciones de Zambia, Sri Lanka y Ghana para Venezuela
China pasó, en dos décadas, de ser un actor marginal en el financiamiento soberano a convertirse en el principal acreedor bilateral del mundo en desarrollo, sobre todo a través de infraestructura, energía y materias primas. A diferencia de los acreedores tradicionales del Club de París —Estados Unidos, Francia, Japón—, Pekín opera con una arquitectura más fragmentada: bancos estatales, fondos de desarrollo y contratos frecuentemente opacos, muchos respaldados por recursos naturales o ingresos futuros.
Esa diferencia institucional ha generado fricciones crecientes en los procesos de reestructuración soberana, porque China no acepta automáticamente los parámetros que promueven el FMI y el Club de París.
Zambia es el caso más emblemático. El país cayó en default en noviembre de 2020 con China como su mayor acreedor bilateral. El FMI condicionó su rescate a que los acreedores oficiales ofrecieran “garantías de financiamiento” —compromisos creíbles de una reestructuración ordenada—, pero las negociaciones se extendieron más de dos años por desacuerdos sobre el “perímetro de la deuda”, es decir, sobre qué préstamos debían incluirse y cuáles China consideraba deuda comercial y no oficial.
Este país africano ofrece el ejemplo más representativo de las dificultades que pueden surgir cuando China es el principal acreedor bilateral. Tras caer en default en 2020, el país debió esperar más de dos años para obtener un acuerdo integral de reestructuración debido a desacuerdos entre China, el Club de París y otros acreedores sobre qué préstamos debían incluirse y cómo repartir las pérdidas.
El retraso postergó el desembolso pleno del programa del FMI, limitó el acceso a nuevo financiamiento y prolongó la incertidumbre para la inversión y la recuperación económica. Solo después de que China aceptó coordinar la negociación bajo el Marco Común del G20 y se alcanzó un entendimiento sobre el tratamiento de la deuda oficial, fue posible avanzar con la reestructuración y estabilizar gradualmente las perspectivas financieras del país.
Sri Lanka, tras el colapso económico de 2022, vivió un problema similar, China se mostró reacia a aceptar quitas explícitas y prefirió extensiones de plazo, lo que retrasó meses el destrabe del programa del FMI.
En Sri Lanka, el principal obstáculo para activar el programa del FMI tras el default de 2022 fue obtener garantías de los acreedores bilaterales, especialmente China, que concentraba cerca del 52 % de la deuda bilateral del país. Mientras el Club de París y otros acreedores aceptaban avanzar hacia una reestructuración con reducción del valor presente de la deuda, China evitó respaldar quitas explícitas y propuso principalmente extender plazos y refinanciar vencimientos.
Esa divergencia retrasó durante varios meses el acuerdo de financiamiento del FMI, prolongando la escasez de divisas, las restricciones a las importaciones y la recesión económica. Solo cuando China emitió garantías de financiamiento consideradas suficientes por el Fondo, en marzo de 2023, pudo aprobarse el programa de asistencia por $2.900 millones, permitiendo iniciar la estabilización macroeconómica y las negociaciones con los acreedores.
Ghana entró en default en diciembre de 2022 en medio de una inflación récord de 54,1%, y se acogió al Marco Común del G20 para reestructurar su deuda. China, su mayor acreedor bilateral con 1.700 millones de dólares (cerca del 80% de la deuda fuera del Club de París), copresidió el comité oficial de acreedores junto a Francia y, tras darle garantías de financiamiento al FMI en diciembre de 2023, firmó en mayo de 2024 el acuerdo para reestructurar 5.400 millones de dólares de deuda bilateral.
Ese pacto activó el principio de trato comparable, obligando a los bonistas privados a igualar las condiciones favorables de China, lo que llevó a Ghana a cerrar en abril de 2024 un recorte de 37% sobre 13.000 millones de dólares en bonos
El patrón tiene un costo económico concreto y es que cuanto más tiempo permanece un país atrapado en negociaciones sin resolver, más profunda es la contracción, mayor la fuga de capitales y más lenta la recuperación de la inversión. Para la administración Trump, que necesita presentar la estabilización venezolana como un éxito de su doctrina de seguridad hemisférica, ese riesgo de estancamiento es una amenaza directa a su relato político.
Aunque la deuda venezolana con China es menor en términos relativos, su componente petrolero y colateralizado le da a Pekín herramientas de presión mucho mayores que las que sugiere el tamaño de su acreencia. No es descabellado pensar que China repita, con matices, el guion de Zambia o Sri Lanka, no hablamos de bloquear abiertamente un acuerdo, pero sí retrasarlo o condicionarlo lo suficiente como para afectar la viabilidad de un programa respaldado por el FMI.
Un actor decisivo, incluso sin ser el mayor acreedor
Lo que distingue a China no es el tamaño de su deuda, sino su mecanismo de cobro, a través de cargamentos petroleros. Ese peso se explica también por el contexto de las sanciones a PDVSA, Venezuela perdió compradores tradicionales y quedó cada vez más dependiente de China, que pasó a ser el principal comprador, aunque el volumen absoluto de cargamentos cayó.
A esto se suma la permanencia de empresas mixtas como Sinovensa y Petromonagas —vinculadas a China y Rusia— que, según la economista Tamara Herrera, en su capítulo del libro Sobre las Sanciones en Venezuela, han mantenido casi constante su aporte, en torno al 20% de la producción nacional. Pekín se consolidó así como comprador de última instancia y acreedor con influencia directa sobre los ingresos petroleros del país, ya no es solo hablamos de una inversión energética, sino un mecanismo de presión financiera y geopolítica.
“Este diseño financiero confiere a China una influencia desproporcionada sobre la capacidad de pago real de Venezuela, lo que en una reestructuración convencional obligaría al FMI a asegurar la participación de Pekín para poder avanzar”, señala Lyngaas. “Sin embargo, el caso venezolano es atípico: hoy, el Fondo está fuera de escena y el proceso descansa, en gran medida, sobre la gestión de Centerview Partners”.
Para la investigadora, ese modelo de “reestructuración fuera de programa” es un arma de doble filo: “Si bien la ventaja evidente es la celeridad, mi gran preocupación radica en la transparencia. Una reestructuración requiere, por definición, una evaluación de sostenibilidad de la deuda que sea común y aceptada por todas las partes; históricamente, es el FMI quien garantiza esa credibilidad técnica. Soy muy escéptica de que un asesor privado pueda producir un análisis de ese calibre que resulte vinculante o creíble para un grupo tan heterogéneo de acreedores”.
Hay, sin embargo, una salida paradójica. Como plantea Lyngaas: “Al operar al margen del marco del FMI —y por tanto, al no estar estrictamente sujetos al principio de trato comparable—, el proceso podría permitir que el resto de los acreedores avancen sin China. En ese supuesto, si Pekín decide mantenerse al margen, simplemente quedaría fuera del esquema de pagos. Paradójicamente, esto anularía su capacidad de bloqueo y sus tácticas de demora procedimental”.
La apuesta de Washington: diversificar los compradores
En un artículo publicado en enero de 2026 en The Sanctions Age titulado: “How to Ensure China Doesn’t Spoil Venezuela’s Debt Restructuring”, Lyngaas sostiene que “Estados Unidos debería reducir el peso de la influencia china sobre la recuperación venezolana disminuyendo la dependencia de Caracas respecto al mercado chino como destino casi exclusivo de sus exportaciones petroleras”.
A su juicio, el principal riesgo para los intereses estadounidenses radica en que Pekín se consolide como “comprador residual” del crudo venezolano durante una eventual transición política y económica, lo que le permitiría preservar mecanismos de pago preferenciales vinculados a la deuda petrolera. Para evitarlo, propone fomentar una diversificación temprana de los compradores de petróleo venezolano y diseñar un esquema transparente de reestructuración que limite acuerdos paralelos o mecanismos opacos de repago, además de ofrecer a los acreedores instrumentos financieros de largo plazo ligados a una eventual recuperación de la producción petrolera, de manera que China pueda aceptar quitas sin necesidad de mantener acceso privilegiado a los flujos de exportación.
Al evaluar el panorama actual, Lyngaas señala: “Creo que es evidente que, tanto al allanar el camino hacia el reconocimiento de la autoridad venezolana bajo Delcy Rodríguez, como al facilitar un reenganche entre el gobierno venezolano y la comunidad internacional, se ha abierto un nuevo espacio de interacción. Hemos observado cómo instituciones como el Fondo Monetario Internacional y, a mi juicio, también el Banco Mundial, han adoptado una línea de acercamiento similar.
De manera paralela, la administración estadounidense ha otorgado licencias a empresas petroleras para reiniciar operaciones en el país, lo que deja claro que existe una intención estratégica de incrementar la participación de actores de Estados Unidos en el sector petrolero venezolano”.
La lógica es simple y es que cuanto menos diversificado esté el mercado petrolero venezolano, mayor será la capacidad de China de usar su doble condición de acreedor y comprador como herramienta de presión frente al FMI y otros acreedores. Una mayor apertura de mercados, en cambio, reduce el margen para acuerdos bilaterales opacos.
Las piezas en el tablero: empresas occidentales, el mercado de India y la diplomacia “Donroe“
Esa tesis se refleja en los movimientos recientes del sector energético venezolano: por un lado, se fomenta la entrada de grandes multinacionales occidentales como BP, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil y ConocoPhillips, junto con la expansión de Repsol y Eni; por el otro, Washington también apoya la entrada de “wildcatters” exclusivamente estadounidenses como HKN, Hunt Oil, Crossover Oil, Aspect Holdings y Continental Resources.
La línea conecta las licencias otorgadas a Chevron bajo Biden con el enfoque actual de Trump: reabrir el mercado hacia Estados Unidos, Europa e India reduce la dependencia de China y su capacidad de influir sobre una eventual reestructuración respaldada por el FMI. Cuantos más compradores tenga el crudo venezolano, menor será el poder de presión de un solo acreedor, en este caso, China.
En el libro Sobre las Sanciones en Venezuela, los economistas Asdrúbal Oliveros y Jesús Palacios sostienen que las sanciones, lejos de debilitar a China y Rusia, fortalecieron esquemas irregulares de comercialización y consolidaron circuitos opacos para colocar el crudo venezolano, sin reducir los precios internacionales del petróleo. La actual flexibilización de sanciones y el regreso de compañías occidentales están, según esa misma lógica, revirtiendo los incentivos que durante años favorecieron esa concentración en intermediarios alternativos.
Un ejemplo concreto de esta estrategia es el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e India en 2026 para facilitar el acceso de refinadoras indias al crudo venezolano bajo licencias estadounidenses, en un contexto de presión sobre Nueva Delhi para que reduzca sus compras de petróleo ruso. Para India, el acuerdo significa diversificación de suministro; para Washington, reduce la dependencia india de Rusia y amplía la base de compradores del crudo venezolano.
Las declaraciones del secretario del Interior, Doug Burgum, sobre impedir que China adquiera petróleo venezolano e iraní a bajo costo, resumen esta lógica: el crudo venezolano deja de ser solo un producto de exportación para convertirse en un activo estratégico dentro de la competencia entre Washington y Pekín.
En esa misma arquitectura encaja la designación de John Barrett como representante de Estados Unidos en Caracas. Su experiencia previa en Panamá, donde ayudó a limitar la influencia china sobre el Canal y su infraestructura logística, lo perfila como un diplomático especializado en la competencia entre grandes potencias. Su llegada puede leerse como la fase de “gestión operativa” de la estrategia basada en asegurar que la apertura energética venezolana derive en una red fragmentada de compradores encabezada por Estados Unidos, y no en una mayor dependencia de China.
Transparencia: la pieza que todavía falta
A esa arquitectura diplomática y comercial se suma el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre auditores externos para supervisar los flujos petroleros, parte de la “apertura controlada” que Washington construye en el sector energético. El nuevo marco de supervisión —auditorías externas, control de licencias y monitoreo de flujos— busca reducir el margen para pagos ocultos y generar la confianza institucional necesaria para estabilizar la reestructuración, sobre todo de cara a un eventual programa del FMI.
Sin embargo, informes legislativos estadounidenses señalan que la falta de un acuerdo definido sobre auditoría, junto con la complejidad de los circuitos financieros —cuentas de custodia, licencias de la OFAC, estructuras de intermediación—, limita la efectividad real de estos controles. Un reciente artículo del New York Times apunta en la misma dirección: pese a las promesas de mayor transparencia de Caracas y Washington, persiste la opacidad, desde la estructuración de los contratos hasta la circulación final de los ingresos. El hecho de que buena parte de los bonos venezolanos esté regida por la ley de Nueva York, no obstante, refuerza la capacidad de Washington de influir sobre el ecosistema financiero del país.
Para Lyngaas, un mecanismo de monitoreo independiente es preferible a la alternativa: “Desde la perspectiva de Venezuela, implementar un mecanismo de monitoreo independiente es, a largo plazo, mucho más preferible que quedar supeditado a la gestión de un único actor en el control de sus ingresos. No se trata solo de una conveniencia para el gobierno; es un paso que también redunda en el interés de los acreedores que aspiran a ser repagados, de la comunidad internacional y, fundamentalmente, de cualquier actor que valore un mínimo de transparencia”.
Pero advierte que la efectividad de cualquier programa depende de evitar pagos paralelos y estructuras de repago fuera de balance, sobre todo frente a acreedores con acceso privilegiado a los flujos de exportación, como China. El petróleo, señala, opera simultáneamente como activo comercial, instrumento de sanciones y herramienta de competencia entre potencias, lo que limita estructuralmente incluso a los mecanismos de control más sofisticados.
El nudo del “trato comparable”
Otro punto de fricción recurrente es el principio de trato comparable, bajo el cual China suele exigir garantías de que los acreedores privados —tenedores de bonos, comercializadoras— asuman pérdidas equivalentes a las que se le piden a Pekín.
Lyngaas lo describe así: “El principio de trato comparable es, en efecto, uno de los puntos de quiebre más recurrentes en las negociaciones de deuda soberana; es una preocupación sistémica de la comunidad internacional, no un fenómeno exclusivo de Venezuela. La gran incógnita que persiste es cómo garantizar esa equidad cuando algunos acreedores poseen instrumentos vinculados a materias primas o garantías específicas que los colocan en una posición privilegiada”.
Según la investigadora, la reticencia de otros actores financieros está plenamente justificada: “Es comprensible que los acreedores que intentan participar en la reestructuración sean cautelosos. Si no hay claridad sobre el valor y la prelación de esos activos colateralizados, es muy difícil que acepten avanzar bajo las condiciones actuales”.
Lyngaas concluye sobre este punto con una reflexión sobre los límites de la pericia actual: “Honestamente, no existen soluciones fáciles para este nudo gordiano. Más allá de potenciar la transparencia y los mecanismos de aceleración que hemos discutido, estamos ante un desafío de ingeniería financiera de alta complejidad.
Hay académicos e investigadores profundizando en este tema actualmente, y creo que la respuesta definitiva sobre cómo armonizar estos intereses contrapuestos aún está en proceso de construcción”.
Otros actores también juegan: el caso del Congo
“No debemos caer en el error de señalar únicamente a China como el actor obstructivo por excelencia; los acreedores privados pueden ser igual o más determinantes, como ya vimos en el caso de la República del Congo”, aclara Lyngaas.
En ese caso, los acreedores privados fueron el mayor obstáculo en la reestructuración de la deuda congoleña. Las comercializadoras Glencore y Trafigura, que habían financiado al país con préstamos garantizados por futuros cargamentos de crudo por unos 1.700 millones de dólares combinados, se resistieron durante años a aceptar quitas, llegando incluso a suspender entregas de petróleo como forma de presión en 2020. Mientras China cerró su propia reestructuración en 2019, Trafigura solo finalizó su acuerdo en marzo de 2021 y Glencore tardó aún más, retrasando por más de dos años el desembolso completo del programa de rescate que el FMI había aprobado para el país.
Sobre las lecciones de este caso para Venezuela, Lyngaas advierte: “Sin embargo, si tuviera que ofrecer un consejo a las autoridades venezolanas, diría que este enfoque de operar fuera del FMI puede ser una vía de doble filo: si bien facilita la velocidad y permite construir consensos entre la mayoría de los acreedores —reduciendo la capacidad de bloqueo de actores individuales—, el verdadero desafío es la credibilidad”.
Para la académica, el mayor riesgo de esta estrategia radica en el vacío de información: “La capacidad de Venezuela para presentar estadísticas que sean aceptadas como veraces por la comunidad internacional y el sector privado es el obstáculo real. Esto es extremadamente difícil de lograr sin el sello técnico del Fondo Monetario Internacional”.
Un camino intermedio
Lyngaas propone una vía intermedia para Caracas: “Considero vital que el personal del FMI tenga su presencia en el terreno, avanzando en la actualización de estadísticas y en la eventual publicación de un informe del Artículo IV, algo que no ocurre en dos décadas. Incluso si el gobierno decide no entregar al Fondo las llaves del comité de acreedores, lograr que el organismo emita una Evaluación de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) otorgaría la legitimidad necesaria para poner en marcha el proceso de manera definitiva”.
Sobre China en particular, no anticipa una resistencia frontal: “Al final del día, hablamos de una cifra relativamente modesta para China, estimada entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en reclamaciones pendientes. No imagino que este sea un escenario donde Pekín decida resistirse frontalmente a una quita, especialmente si el resto de los acreedores está aceptando condiciones similares bajo un marco de equidad”.
Pero traslada la discusión a un plano hemisférico más profundo: “Es difícil proyectar con exactitud cuál será la trayectoria futura de China en América Latina. No obstante, es evidente que la postura mucho más asertiva que está adoptando el gobierno de Estados Unidos en los asuntos del hemisferio está alterando las reglas del juego. Estamos ante una fase de reconsideración estratégica”.
Y cierra observando un cambio de tono en los círculos de poder asiáticos: “De hecho, ya he identificado en la literatura académica china una discusión incipiente sobre la necesidad de adoptar un enfoque mucho más cauteloso en su despliegue financiero y diplomático en la región”.
Sobre las garantías petroleras que sostienen buena parte de la deuda china, Lyngaas es tajante: “Las garantías respaldadas por cargamentos de petróleo son inherentemente riesgosas en cualquier acuerdo de deuda. La volatilidad en los precios de las materias primas es un factor muy difícil de predecir. Aunque el entorno actual de precios altos pueda parecer prometedor para los flujos de caja, los precios pueden caer drásticamente de la noche a la mañana. No considero que estos mecanismos sean, en última instancia, el interés superior del país deudor; deben abordarse con extrema cautela”.
Un mismo sistema interdependiente
La reestructuración de la deuda venezolana no puede leerse como un proceso exclusivamente financiero. Es una intersección entre economía, energía y competencia geopolítica, donde la centralidad del petróleo como activo de pago, la fragmentación de los acreedores y la presencia de mecanismos colateralizados han convertido la sostenibilidad macroeconómica del país en una función tanto de la coordinación técnica del FMI como de los equilibrios de poder entre grandes potencias. China no actúa solo como acreedor bilateral, pues es un actor estructural con capacidad de incidir en los tiempos, condiciones y arquitectura del acuerdo final.
La creciente diversificación de compradores, el retorno de empresas energéticas occidentales y el uso del petróleo venezolano como instrumento de ajuste dentro de la política energética estadounidense añaden una capa adicional de complejidad. Deuda, petróleo y sanciones operan hoy como partes de un mismo sistema interdependiente, donde cada decisión financiera tiene implicaciones directas sobre la distribución de influencia global.
El desenlace de la reestructuración venezolana dependerá, en última instancia, no solo de la capacidad técnica del país para cerrar un acuerdo, sino de cómo se resuelva la competencia entre los modelos de inserción internacional que hoy se disputan el control —directo o indirecto— de sus principales flujos energéticos. Es una discusión que trasciende los números y las finanzas de Venezuela, con implicaciones para la soberanía del país y su futuro.
