El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, cuenta con competencias en el control de recursos naturales y minería y forma parte del Consejo de Dominio Energético de Trump. El mismo visitó Caracas en marzo de 2026. Fotografía: Presna Presidencial.
Guacamaya, 8 de septiembre de 2026. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió recientemente sus licencias generales para incluir al carbón dentro del régimen de excepciones mineras a las sanciones sobre Venezuela, mientras que varias empresas extranjeras empiezan a mostrar interés por los yacimientos del país.
Aunque el petróleo ocupa un rol protagónico en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, la minería también figura entre las prioridades de Washington. Este hecho ha sido confirmado por la visita del secretario del Interior, Doug Burgum, en marzo, y de docenas de ejecutivos norteamericanos de la industria minera a lo largo de este año.
Por otro lado, UCC Holding, una firma catarí, emerge como uno de los inversionistas pioneros en la nueva apuesta por el oro y la infraestructura de Venezuela. En este caso, reafirma la relación clave de Caracas con Doha, que, a su vez, sirve de bisagra discreta, aunque cada vez más visible, en la relación con la Casa Blanca del presidente Donald Trump.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el miércoles 2 de septiembre una actualización de tres licencias generales —51D, 54C y 55A— que incorpora por primera vez al carbón, hasta ahora fuera del alcance de estas autorizaciones. Las últimas versiones sustituyen a las licencias 51C, 54B y 55, aprobadas apenas a finales de agosto, y nombran directamente a Carbones del Zulia S.A. (Carbozulia) junto a la ya conocida CVG Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) como las empresas estatales con las que ahora pueden operar entidades estadounidenses.
La Licencia 51D autoriza transacciones ordinarias e incidentales de exportación, reexportación, compra, venta, transporte y almacenamiento de carbón y minerales de origen venezolano, siempre que las entidades estadounidenses involucradas estuvieran registradas antes del 29 de enero de 2025. La 54C habilita el suministro de bienes, servicios, tecnología y mantenimiento para operaciones de exploración y procesamiento, con la obligación de reportar cada 90 días ante los departamentos de Estado y del Interior. Y la 55A permite negociar y firmar memorandos de entendimiento y ofertas de intención para futuras inversiones, aunque cualquier ejecución efectiva queda condicionada a una licencia específica adicional.
Las tres licencias mantienen las mismas líneas rojas que ya regían para el resto del sector minero recalcando que cualquier disputa contractual debe resolverse en tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur; queda vetada la participación de personas, empresas o gobiernos de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China; y se prohíben los pagos en criptomonedas —incluido el Petro— así como los canjes de deuda o pagos en especie.
¿Por qué le importa el carbón a Washington?
La ampliación hacia el carbón puede parecer menor frente al peso simbólico del oro o del petróleo, pero responde a una lógica industrial concreta. El carbón sigue siendo, pese a décadas de transición energética, el insumo básico de dos cadenas de valor que Estados Unidos no puede sustituir con la misma velocidad con la que reduce su consumo eléctrico, dado que la generación termoeléctrica en buena parte del mundo en desarrollo y, sobre todo, la siderurgia. El coque metalúrgico —la variedad de carbón que aquí interesa, y que Venezuela produce en el Zulia a través de Carbozulia— es un componente casi insustituible en los altos hornos que producen acero primario; no hay, a escala industrial, un sustituto igual de eficiente para reducir el mineral de hierro.
Esa dependencia adquiere un peso geopolítico añadido en momentos de reindustrialización arancelaria y de competencia con China por cadenas de suministro de minerales críticos y metales.
Asegurar fuentes de coque y de minerales conexos fuera de la órbita china —y, por extensión, evitar que Rusia, Irán o Cuba capturen esos mismos yacimientos venezolanos, de ahí el veto explícito en las licencias— encaja con el objetivo declarado de la administración Trump de diversificar el acceso a insumos estratégicos en el hemisferio. El propio texto de las licencias, al vetar de forma nominal a esos cuatro países, delata que la apertura no es solo comercial es también un instrumento de contención, especialmente a la presencia China.
Catar, la bisagra que llegó antes que las petroleras
Es importante leer estos anuncios en conjunto al recién publicado reportaje de Foreign Policy firmado por Sam Skove sobre la oferta de empleo de UCC Holding para dirigir una “División de Oro” en Caracas, ya que la coincidencia no es un dato aislado en este escenario, es la confirmación empresarial de un vínculo político que se gestó antes del 3 de enero. Según una investigación de The Guardian publicada en enero, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, entonces vicepresidenta y presidente de la Asamblea Nacional respectivamente, habrían ofrecido cooperación tanto a funcionarios estadounidenses como cataríes desde el otoño de 2025, es una relación que incluso data desde los Acuerdos de Doha durante la administración Biden. Catar, señala esa investigación, actuó como intermediario discreto en los contactos entre Caracas y Washington, aprovechando los vínculos de Rodríguez con la élite gobernante de Doha.
Esa función de bisagra se mantuvo después de la captura de Maduro. Rodríguez, ya como presidenta interina, ha descrito el 3 de enero como un “punto de inflexión” que llevó al chavismo a retomar la vía diplomática con Estados Unidos, una estrategia que —según sus propias palabras en junio— considera que “ha sido el camino correcto”. En ese reacomodo, Catar no ha jugado un papel secundario y es que la firma UCC —controlada por los hermanos sirios Moutaz y Ramez Al-Khayyat— ya tenía presencia en la energía venezolana a través de una participación conjunta con BP en el campo gasífero Loran, y ahora extiende su huella hacia el oro.
No es casual que los Al-Khayyat combinen intereses en Venezuela con inversiones inmobiliarias en Albania junto a Jared Kushner e Ivanka Trump, ni que hayan cabildeado —con éxito, tras la derogación de la Ley César en diciembre— por el levantamiento de sanciones a Siria. El perfil de UCC ilustra un patrón donde el capital catarí se mueve en paralelo a la diplomacia de la Casa Blanca, entrando en mercados donde otros inversionistas occidentales todavía calculan el riesgo.
Esta conexión merece atención porque Kushner no es simplemente un empresario estadounidense cualquiera. Es el yerno de Donald Trump y fue uno de los principales asesores de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.
Los hermanos Al-Khayyat pertenecen a una élite empresarial catarí que ha crecido estrechamente vinculada al proceso de desarrollo económico del país. UCC consiguió numerosos contratos para proyectos estratégicos de Catar y participó en infraestructura relacionada con el Mundial de 2022. La propia compañía destaca que ha trabajado como contratista para proyectos de gran escala y entidades gubernamentales.
Hay además una relación interesante con el ecosistema institucional catarí. En 2020 UCC fue patrocinador principal de una conferencia sobre asociaciones público-privadas organizada por la Cámara de Catar, y el empresario fue reconocido públicamente por Sheikh Thani bin Ali Al Thani, miembro de la familia gobernante.
Los hermanos Al-Khayyat asistieron a la segunda toma de posesión de Donald Trump en enero de 2025.
UCC ha estado entrando en países que están atravesando procesos de reconstrucción o apertura económica.
En Siria, por ejemplo, UCC lideró un consorcio que en 2025 anunció un proyecto energético de aproximadamente 7.000 millones de dólares, destinado a construir plantas eléctricas de gas y una instalación solar.
En 2026 también se asoció con una empresa que tiene una presencia muy importante en Venezuela como Chevron,y la compañía estatal siria para explorar hidrocarburos offshore.
Adicionalmente, UCC está relacionada con Power International Holding, que además controla o participa en empresas de sectores tan diversos como agricultura, alimentos, inmobiliario, entretenimiento, salud, construcción y energía.
Lo de UCC se inserta en una tendencia más amplia de la política exterior venezolana bajo Rodríguez y se trata de la búsqueda de socios en los estados del Golfo como vía para diversificar el financiamiento y la inversión sin depender exclusivamente de Washington ni de Pekín o Moscú, ambos con márgenes de maniobra cada vez más estrechos por las propias condiciones que impone OFAC. El acuerdo entre BP, la emiratí XRG y la propia UCC para el desarrollo del campo Loran —la primera inversión de una monarquía del Golfo en la energía venezolana— ya había marcado ese giro meses antes. La llegada ahora de capital catarí al oro y a infraestructura aeroportuaria sugiere que Doha no busca un solo activo, sino una posición diversificada dentro de la economía venezolana en reconstrucción.
Para Caracas, esta orientación hacia el Golfo cumple una doble función, pues ofrece una fuente de capital con menor carga política que la estadounidense —y por tanto más maleable en la narrativa interna del chavismo— y, al mismo tiempo, refuerza ante Washington la imagen de un gobierno interino capaz de atraer inversión internacional ligada al entorno de Trump bajo las reglas que la propia OFAC ha ido flexibilizando. Si las licencias 51D, 54C y 55A abren una puerta jurídica, es Catar quien, hasta ahora, se ha mostrado más dispuesto a cruzarla.
Perspectivas a futuro
Venezuela cuenta con un importante potencial aurífero. Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estima que el país alberga unas 2.343 toneladas métricas de oro, una cantidad que lo colocaría entre los principales países del mundo en términos de recursos identificados.
Pese a esta riqueza, la participación de compañías internacionales en la explotación de oro venezolano continúa siendo limitada. Una de las excepciones es la canadiense Gold Reserve, que anteriormente operaba un proyecto en el país antes de que sus activos fueran confiscados en 2009 y que ahora ha anunciado su intención de retomar las actividades mineras. A ello se suma Trafigura, multinacional suiza dedicada al comercio de materias primas, que ha manifestado su disposición a trabajar junto con Minerven, la empresa estatal encargada de la producción aurífera.
El escaso interés mostrado por otras compañías extranjeras refleja las dificultades que todavía enfrenta Venezuela para convertir su potencial minero en una industria plenamente desarrollada.
El propio CSIS identifica varios obstáculos que deberán ser superados antes de que Venezuela pueda atraer inversiones de mayor escala como las dificultades de infraestructura y acceso, incertidumbre jurídica y problemas de seguridad. El potencial geológico del país tampoco se ha traducido en una producción proporcional. De las 24 minas de oro analizadas, 19 permanecen actualmente inactivas.
A estas limitaciones se suma el elevado grado de control estatal sobre la actividad minera. El Gobierno venezolano avanzó hacia la nacionalización del sector en 2011, reduciendo considerablemente el espacio para la participación privada y extranjera. Al mismo tiempo, la actividad aurífera en varias zonas del país se encuentra atravesada por economías informales e ilegales. Según el CSIS, grupos criminales y actores vinculados al propio aparato estatal ejercen control sobre una parte importante de estas operaciones, convirtiendo la seguridad y el control territorial en otros de los grandes desafíos para cualquier compañía que pretenda invertir en el sector.
