Varios diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 siguen controlando activos del Estado venezolano en el exterior aún en 2025. Organizan sesiones parlamentarias a través de videollamadas con plataformas como Zoom.
Gucamaya, 1 de junio de 2025. Las organizaciones de la oposición venezolana conocidas como el “Gobierno Interino” y la “Asamblea Nacional del 2015” habrían desviado más de 320 millones de dólares de cuentas del Banco Central de Venezuela (BCV) en Estados Unidos, desde 2019.
Estas entidades controladas por partidos de oposición se autoadjudicaban préstamos con fondos del BCV resguardados en la Reserva Federal de Nueva York, por una suma de 322.544.350 de dólares hasta la fecha del 30 de abril de 2025. Esta información vendría de un reporte interno del BCV “Ad Hoc”, que maneja estas cuentas en EE. UU.
Según exfuncionarios del gobierno estadounidense, no existía ningún tipo de control o monitoreo sobre el uso de estos recursos. Se desconoce cómo han sido usados específicamente los fondos del “BCV Ad Hoc”.
Al reconocer el “Gobierno Interino” de Juan Guaidó en 2019, la primera administración de Donald Trump entregó activos del Estado venezolano a partidos de la oposición, como la refinadora Citgo y varias cuentas bancarias con reservas del BCV. Estos partidos eran conocidos como el “G4”, siendo Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Acción Democrática (AD).
Según el economista Francisco Rodríguez, el Gobierno Interino podría estar usando estos fondos violando la Constitución, ya que esta prohíbe que el banco central financie políticas fiscales deficitarias. El Gobierno Interino, y la AN 2015, no cuentan con otras vías formales de ingresos para pagar estos préstamos.
La Constitución también establece que el BCV no puede financiar directamente al Ejecutivo. Por tanto, la directiva temporaria del BCV, que fue nombrada por la Asamblea Nacional de 2015, encontró la manera de prestar dinero al Gobierno Interino, sorteando en sus ojos la norma prevista por el artículo 320.
Por otro lado, la situación de “PDVSA Ad Hoc”, la matriz de Citgo que también es controlada por la oposición, es diferente al disponer de recursos propios que provienen de sus filiales internacionales. A pesar de tener cierto control sobre estos fondos, no se ha visto que se hayan realizado transferencias directas desde PDVSA Ad Hoc al Gobierno Interino o a la Asamblea Nacional.
La gestión de estos fondos en el exterior, manejados por ciertos partidos de la oposición, ha sido ampliamente cuestionada. Existen acusaciones tanto formales e informales de desvío de estos fondos públicos para usos partidistas como apropiación indebida para beneficio personal.
En el año 2023, un grupo de 130 organizaciones sociales y 57 activistas de 15 estados del país pidieron tanto al Gobierno oficial como a la oposición que pusieran en marcha el Fondo de Protección Social, un acuerdo que se había discutido en la mesa de negociación en México en noviembre de 2022. En una carta abierta, mencionaron que se podía acceder a parte de los fondos que ya estaban en la Reserva Federal, siempre y cuando se siguieran ciertas pautas mínimas.
Ese fondo debía ser manejado por la ONU para asegurar que todo fuera transparente y que el dinero no se malgastara. Por desgracia, las disputas políticas y algunas barreras legales han retrasado su implementación. A pesar de que las organizaciones civiles presentaron ideas claras y posibles para ponerlo en marcha, no han podido avanzar en esto.
Este tema del manejo de los fondos por parte de la oposición ha reavivado una conversación importante sobre la legalidad, transparencia y la legitimidad de las estructuras que han surgido en medio de la crisis institucional que enfrenta Venezuela. La discusión sigue abierta, y la situación continúa evolucionando, dejando a muchos ciudadanos en la espera de respuestas y soluciones efectivas.
